Necesaria, una ley del gasto federalizado

23 / Mar / 2018

Foto ASF-David ColEs necesario revisar las bases del dilema entre centralización y descentralización, más allá del tema del federalismo centralizado. Es claro que el fortalecimiento de los gobiernos locales es necesario para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. La experiencia latinoamericana muestra que hubo ciclos en los que sí se dieron avances en la descentralización, lo cual fortaleció a los gobiernos estatales, pero a costa de la debilidad de los gobiernos municipales, que en nuestro país son dos mil 445 municipios, la mayoría de alta marginalidad.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, creado en 1980 con la adhesión de las entidades federativas al mismo, surge en un entorno en que había que unir lo que estaba disperso, unificar a través de que los estados dejaran en suspenso las facultades impositivas que la Constitución les permitía, cobrando el gobierno federal los impuestos, lo cual funcionó en una primera etapa.

La centralización de la recaudación parecería un retroceso; sin embargo, ante la jungla fiscal que existía, fue un paso adelante que trajo consigo la eliminación de cientos de impuestos estatales y federales, así como las sustitución del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles por el IVA, un mejor impuesto, de más fácil recaudación y que permitiría la colaboración administrativa; esto es que los estados apoyaran los esfuerzos en materia de auditoría fiscal, que por cierto ha dado buenos resultados.

Se fortaleció a los estados, pero no así a los municipios. Es común escuchar que no se les pagan las participaciones completas, contrario a lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal. Afortunadamente hoy ya la Auditoría Superior de la Federación puede auditar la aplicación de las fórmulas de distribución estado-municipio, así como del gobierno federal a los estados. Eso es un avance inmediato de las nuevas facultades que tiene la ASF de poder auditar las participaciones, aunque no debemos dejar de reconocer que se trata de recursos propios, de libre disponibilidad, presupuestados por los congresos locales.

El estado de las finanzas públicas es fundamental para la política de desarrollo. La coordinación intergubernamental se tiene que fortalecer, no sólo en la política recaudatoria, fundamentalmente en el ejercicio del gasto público y un manejo adecuado de la deuda pública.

Se habla mucho de que los estados no recaudan: por un lado sí hay pereza fiscal, por otro sus facultades impositivas son insuficientes, de ahí el poder regresarles facultades importantes, que las entidades que mejores esfuerzos han realizado, han planteado. Sin embargo, la mayoría no aprovechan sus facultades impositivas, es el caso del Impuesto a la Tenencia, que muchos han dejado de cobrar, para después acudir a pedir apoyos del Ramos 23, para cubrir su faltante derivado de la eliminación de dicho impuesto. Lo cual es irresponsable.

El riesgo es la existencia de fisuras en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), ya que muchas entidades federativas que pueden y quieren recaudar sus impuestos podrían dejarlo, ya que recaudarían más de lo que reciben de participaciones. De ahí la importancia de crear una Ley del Gasto Federalizado, que integre en un solo proyecto las transferencias condicionadas, aportaciones, subsidios y convenios, las no condicionadas de libre disponibilidad y la deuda pública, así como elementos de la armonización contable, la disciplina financiera y la disciplina fiscal.

David Rogelio Colmenares Páramo


Etiquetas:    


La ASF y lo que viene

16 / Mar / 2018

Ayer fui electo Auditor Superior de la Federación, después de un proceso apegado a la ley, donde de 41 aspirantes a quienes se nos entrevistó, quedamos tres que debíamos haber sido votados en diciembre del año pasado. No hubo acuerdos parlamentarios y el proceso quedó suspendido hasta el día de ayer.

Hubo mucha especulación, que si se bajaba la terna, que si entraban otros tres; sin embargo, era claro que cualquier procedimiento no establecido, llevaría este proceso a convertir a la terna en eterna.

Afortunadamente se pusieron de acuerdo y ayer, por una mayoría abrumadora, con votos de todos los partidos, fui electo y la toma de protesta se dio ante el pleno. Mi compromiso es con el Poder Legislativo, con las fracciones parlamentarias, con los diputados y diputadas, que representan al pueblo. Desde luego mis respetos a Arturo Orcí y a Ángel Trinidad, los otros integrantes de la terna.

El reto no es pequeño y mi compromiso es trabajar en tener una Auditoría Superior fortalecida.

Los temas fundamentales: Fortalecer el enfoque preventivo, evitar la recurrencia, esto es que los mismos rubros observados hace 10 años se repitan o los comentan todos los estados.

Significa que no hemos logrado influir en la definición misma de los programas o los fondos, en su normativa y su clasificación programática.

Tenemos que crear un servicio fiscalizador de carrera, evitando que los auditores tengan condiciones de incertidumbre laboral, fortaleciendo su capacitación y sancionando cualquier acto de corrupción.

Los reintegros no deben ser meta, menos con el enfoque tradicional de su regreso a los mismos fondos. Ya hay algunos programas que se reintegran a Tesofe.

Un tema central es que hoy ya podemos auditar las participaciones, que son recursos de libre disponibilidad de los estados, recursos propios que se clasifican como gasto no programable. No conozco el detalle, pero será una de mis primeras acciones. Tengo la impresión de que no conocen todavía nuestros auditores la diferencia entre el gasto federalizado condicionado y las participaciones, o los ingresos derivados de la colaboración administrativa, que no son participaciones.

Estas últimas son recursos que se derivan del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados se adhirieron firmando un Convenio de Adhesión, donde dejan de recaudar impuestos que la Constitución les permite, a cambio de recibir participaciones de la recaudación federal. A partir de la recaudación federal participable de impuestos coordinados se determina un porcentaje que se distribuye a través de las participaciones.

Por cierto, he comentado que en los últimos tres años éstas han estado encima de lo recaudado y las finanzas estatales han recibido recursos crecientes.

Tenemos que hacer auditorías eficientes, capacitando a nuestros auditores.

La Auditoría Superior es parte fundamental de los tres sistemas: el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia. En uno de ellos participa en la coordinación institucional la Secretaría de la Función Pública, con la que debe existir una estrecha coordinación institucional, los auditores de los estados y los contralores estatales.

Ahí hay otro reto: el de fortalecer la independencia de las auditorías de los estados, muchas de ellas limitadas y presionadas a renunciar en los cambios de gobierno. El sistema debe avanzar en su fortaleza e independencia. Hay muchos casos de presión a los auditores estatales. Aspiro y ofrezco una relación de pares, buscando un estrecho trabajo de coordinación en la lucha contra la corrupción, siempre con un enfoque preventivo.

Lo que viene, los retos a los que nos comprometimos. No podemos fallar a ningún compromiso institucional.

David Rogelio Colmenares Páramo


Etiquetas:        


El significado de la labor de la ASF

02 / Mar / 2017

El mes de febrero tradicionalmente ha sido significativo para la Auditoría Superior de la Federación, puesto que enteramos a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados respecto al resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública.

En nuestros informes se consignan las observaciones y acciones derivadas de la revisión de un conjunto sustancial de entidades públicas, programas y políticas gubernamentales.

Asimismo, contamos con la oportunidad de dirigirnos, de una manera más directa, a un amplio auditorio —integrado por legisladores, ciudadanos, instituciones académicas y de investigación, medios de comunicación y formadores de opinión— a través de la publicación del documento denominado Informe General, en el que ofrecemos un diagnóstico de la situación de la administración pública en el país a partir de un análisis de riesgos y áreas vulnerables en la gestión gubernamental, mismo que está disponible en nuestro sitio web.

Necesariamente, tras la ejecución de mil 643 auditorías, se genera un importante número de hallazgos; sin embargo, es preciso poner estas cifras de la fiscalización en un contexto adecuado, así como entender esta primera presentación como parte de un proceso que no se agota con su presentación ante los diputados y que prevé plazos legales para que las partes involucradas puedan manifestar lo que a su derecho convenga y solventar las observaciones correspondientes.

Para quienes conocen de manera más cercana el proceso de la auditoría gubernamental esto puede parecer claro, sin embargo, el ciudadano común que accede a esta información puede verse abrumado por un volumen enorme de datos, o tener la percepción de que existen severas deficiencias en todos los renglones de la vida pública y que éstas, en la mayoría de los casos, quedan impunes. Considero impreciso concebir el ejercicio fiscalizador como un mero generador de escándalos mediáticos vinculados con la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia, en términos de avanzar hacia una administración más eficiente y orientada a favor de satisfacer las necesidades de la población.

El objetivo de llevar a cabo este tipo de revisiones no busca condenar, a priori, a los ejecutores del gasto, ni basarse en el prejuicio de que, seguramente se encontrarán irregularidades.

Una auditoría busca establecer si existen brechas entre el mandato que se le da a una institución y los resultados obtenidos; se intenta definir si el ente cumplió a cabalidad con la normativa; si se alcanzaron los objetivos de determinado plan; si se generó correctamente la documentación probatoria; si los recursos presupuéstales se aplicaron debidamente. No se presupone nada; son los datos los que hablan.

El deber del auditor es consignar, de manera clara y precisa, lo que se desprende de la revisión efectuada; no tiene por consigna encontrar irregularidades o errores. Asimismo, el auditor tiene como línea de base la defensa del interés del ciudadano; no puede hacer caso omiso de ninguna situación que comprometa el bien común.

Constantemente se habla de la necesidad de dotar a la Auditoría de capacidades judiciales para que sancione, de manera inmediata, cualquier desvío observado; esta concepción no toma en cuenta que no se puede ser fiscal y juez al mismo tiempo, so pena de caer en serios conflictos de interés o de actuar a impulsos de lo que determinados sectores de opinión sostienen. El pretendido “tribunal” de la opinión pública no puede constituirse como parámetro válido para juzgar si una auditoría cumplió o no su cometido en función de si resultó en la aplicación de sanciones “ejemplares”.

La fiscalización superior, para ser creíble, debe mantener una línea absolutamente clara respecto a su actuación y a los límites de ésta; representa un importante patrimonio para entender, de manera objetiva y basada en hechos, que está operando correctamente, o dónde existen problemas que sea preciso atender. Confiamos en el poder del ejercicio público y de las instituciones gubernamentales para tener una sociedad más justa y que ofrezca mejores oportunidades a través de revisar de manera crítica su actuación y señalar con claridad los obstáculos existentes.


Etiquetas: