Muchas revisiones no significan más calidad

25 / May / 2018

Foto ASF-David ColComo he comentado, la Auditoría Superior de la Federación es una institución fuerte, con un prestigio institucional destacado; sin embargo, existen áreas de mejora y en estos días hemos explorado algunos de los espacios importantes, como la coordinación intergubernamental.

En los tres sistemas eje de las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas: el Anticorrupción, el de Fiscalización y el de Transparencia, en los que participa la ASF, la institución más importante en la lucha contra la corrupción, se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para hacer mejores auditorías, con resultados efectivos.

En el Sistema Nacional de Fiscalización, tanto la Auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, desempeñan el papel de ejes rectores, en la coordinación respectiva con las auditorías superiores de los congresos locales, ASOFIS y las contralorías de los gobiernos estatales, respectivamente.

Los resultados que comentaré se dan antes de ejercer las nuevas facultades que tiene la Auditoría Superior, como fiscalizar participaciones y obligaciones financieras.

El tamaño del desafío es tal, que sólo considerando que las participaciones significan un monto mayor que las aportaciones del Ramo 33, con el hecho de que la diferencia es que más del 90 por cierto del gasto de las mismas, al tratarse recursos de libre disposición, se destinan al gasto corriente, fundamentalmente nóminas. Sólo alrededor del cinco por ciento se destina a inversión, otro tanto igual con la CDMX.

Para ello, considero indispensable robustecer vínculos e intercambios de experiencias entre el ente fiscalizador federal y quienes se ocupan de la gestión gubernamental en estados y municipios. Ya lo he mencionado, pero no está demás precisarlo: de las mil 865 auditorías que se realizaron en 2016, mil 390 correspondieron al gasto federalizado, esto es alrededor de tres cuartas partes, incluyendo las transferencias condicionadas, aun sin incluir la fiscalización a las participaciones, que implicarían más recursos humanos y presupuestales.

Todo mundo realiza auditorías en el ente fiscalizador, incluso en áreas de investigación. En el gasto federalizado existen las llamadas auditorías coordinadas, donde la entidad local realiza la auditoría y los pliegos los hace la ASF, con resultados que habrá que revisar. En algún momento surgió la idea de que, aumentando la cobertura de la fiscalización, se garantizaría un mejor uso de los recursos federales transferidos, en materias como educación, salud, seguridad y combate a la pobreza, entre otros. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes.

Como muestra, si revisamos las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, los PRAS, de 2008 a 2016, su total fue de 16 mil 58. De estos PRAS, tres quintas partes correspondieron a estados y municipios, mientras que el otro 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal, al Judicial, órganos autónomos e Instituciones Públicas de Educación Superior. Sin embargo, cantidad no significa calidad, ni mejores resultados. Es todo lo contrario, generalmente.

En el caso de los órdenes subnacional y local, quedan pendientes por concluir alrededor del 30 por ciento. Es importante señalar que se considera concluido un PRAS cuando ha quedado promovido ante la instancia de control competente, generalmente las contralorías estatales, pero en muchos casos queda pendiente que estas últimas, al término del procedimiento, emitan la resolución de cada uno de los asuntos turnados. Cuando ya hay resolución definitiva, sólo son procedentes 405 PRAS, los otros son no procedentes o quedan si resolución definitiva.

Para ello se acaba de realizar la Asamblea de la ASOFIS con todos los auditores estatales, y para apoyarlos tuvimos una participación en la reciente Conago.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Necesaria, una ley del gasto federalizado

23 / Mar / 2018

Foto ASF-David ColEs necesario revisar las bases del dilema entre centralización y descentralización, más allá del tema del federalismo centralizado. Es claro que el fortalecimiento de los gobiernos locales es necesario para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. La experiencia latinoamericana muestra que hubo ciclos en los que sí se dieron avances en la descentralización, lo cual fortaleció a los gobiernos estatales, pero a costa de la debilidad de los gobiernos municipales, que en nuestro país son dos mil 445 municipios, la mayoría de alta marginalidad.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, creado en 1980 con la adhesión de las entidades federativas al mismo, surge en un entorno en que había que unir lo que estaba disperso, unificar a través de que los estados dejaran en suspenso las facultades impositivas que la Constitución les permitía, cobrando el gobierno federal los impuestos, lo cual funcionó en una primera etapa.

La centralización de la recaudación parecería un retroceso; sin embargo, ante la jungla fiscal que existía, fue un paso adelante que trajo consigo la eliminación de cientos de impuestos estatales y federales, así como las sustitución del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles por el IVA, un mejor impuesto, de más fácil recaudación y que permitiría la colaboración administrativa; esto es que los estados apoyaran los esfuerzos en materia de auditoría fiscal, que por cierto ha dado buenos resultados.

Se fortaleció a los estados, pero no así a los municipios. Es común escuchar que no se les pagan las participaciones completas, contrario a lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal. Afortunadamente hoy ya la Auditoría Superior de la Federación puede auditar la aplicación de las fórmulas de distribución estado-municipio, así como del gobierno federal a los estados. Eso es un avance inmediato de las nuevas facultades que tiene la ASF de poder auditar las participaciones, aunque no debemos dejar de reconocer que se trata de recursos propios, de libre disponibilidad, presupuestados por los congresos locales.

El estado de las finanzas públicas es fundamental para la política de desarrollo. La coordinación intergubernamental se tiene que fortalecer, no sólo en la política recaudatoria, fundamentalmente en el ejercicio del gasto público y un manejo adecuado de la deuda pública.

Se habla mucho de que los estados no recaudan: por un lado sí hay pereza fiscal, por otro sus facultades impositivas son insuficientes, de ahí el poder regresarles facultades importantes, que las entidades que mejores esfuerzos han realizado, han planteado. Sin embargo, la mayoría no aprovechan sus facultades impositivas, es el caso del Impuesto a la Tenencia, que muchos han dejado de cobrar, para después acudir a pedir apoyos del Ramos 23, para cubrir su faltante derivado de la eliminación de dicho impuesto. Lo cual es irresponsable.

El riesgo es la existencia de fisuras en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), ya que muchas entidades federativas que pueden y quieren recaudar sus impuestos podrían dejarlo, ya que recaudarían más de lo que reciben de participaciones. De ahí la importancia de crear una Ley del Gasto Federalizado, que integre en un solo proyecto las transferencias condicionadas, aportaciones, subsidios y convenios, las no condicionadas de libre disponibilidad y la deuda pública, así como elementos de la armonización contable, la disciplina financiera y la disciplina fiscal.

David Rogelio Colmenares Páramo


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La ASF y lo que viene

16 / Mar / 2018

Ayer fui electo Auditor Superior de la Federación, después de un proceso apegado a la ley, donde de 41 aspirantes a quienes se nos entrevistó, quedamos tres que debíamos haber sido votados en diciembre del año pasado. No hubo acuerdos parlamentarios y el proceso quedó suspendido hasta el día de ayer.

Hubo mucha especulación, que si se bajaba la terna, que si entraban otros tres; sin embargo, era claro que cualquier procedimiento no establecido, llevaría este proceso a convertir a la terna en eterna.

Afortunadamente se pusieron de acuerdo y ayer, por una mayoría abrumadora, con votos de todos los partidos, fui electo y la toma de protesta se dio ante el pleno. Mi compromiso es con el Poder Legislativo, con las fracciones parlamentarias, con los diputados y diputadas, que representan al pueblo. Desde luego mis respetos a Arturo Orcí y a Ángel Trinidad, los otros integrantes de la terna.

El reto no es pequeño y mi compromiso es trabajar en tener una Auditoría Superior fortalecida.

Los temas fundamentales: Fortalecer el enfoque preventivo, evitar la recurrencia, esto es que los mismos rubros observados hace 10 años se repitan o los comentan todos los estados.

Significa que no hemos logrado influir en la definición misma de los programas o los fondos, en su normativa y su clasificación programática.

Tenemos que crear un servicio fiscalizador de carrera, evitando que los auditores tengan condiciones de incertidumbre laboral, fortaleciendo su capacitación y sancionando cualquier acto de corrupción.

Los reintegros no deben ser meta, menos con el enfoque tradicional de su regreso a los mismos fondos. Ya hay algunos programas que se reintegran a Tesofe.

Un tema central es que hoy ya podemos auditar las participaciones, que son recursos de libre disponibilidad de los estados, recursos propios que se clasifican como gasto no programable. No conozco el detalle, pero será una de mis primeras acciones. Tengo la impresión de que no conocen todavía nuestros auditores la diferencia entre el gasto federalizado condicionado y las participaciones, o los ingresos derivados de la colaboración administrativa, que no son participaciones.

Estas últimas son recursos que se derivan del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados se adhirieron firmando un Convenio de Adhesión, donde dejan de recaudar impuestos que la Constitución les permite, a cambio de recibir participaciones de la recaudación federal. A partir de la recaudación federal participable de impuestos coordinados se determina un porcentaje que se distribuye a través de las participaciones.

Por cierto, he comentado que en los últimos tres años éstas han estado encima de lo recaudado y las finanzas estatales han recibido recursos crecientes.

Tenemos que hacer auditorías eficientes, capacitando a nuestros auditores.

La Auditoría Superior es parte fundamental de los tres sistemas: el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia. En uno de ellos participa en la coordinación institucional la Secretaría de la Función Pública, con la que debe existir una estrecha coordinación institucional, los auditores de los estados y los contralores estatales.

Ahí hay otro reto: el de fortalecer la independencia de las auditorías de los estados, muchas de ellas limitadas y presionadas a renunciar en los cambios de gobierno. El sistema debe avanzar en su fortaleza e independencia. Hay muchos casos de presión a los auditores estatales. Aspiro y ofrezco una relación de pares, buscando un estrecho trabajo de coordinación en la lucha contra la corrupción, siempre con un enfoque preventivo.

Lo que viene, los retos a los que nos comprometimos. No podemos fallar a ningún compromiso institucional.

David Rogelio Colmenares Páramo


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