Sistema Nacional Anticorrupción

23 / Abr / 2018

Foto ASF-David ColEl enojo de los ciudadanos ante los altos niveles de corrupción y la impunidad generó la necesidad de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que esta semana tuvo la segunda reunión ordinaria del Comité Coordinador, que tiene la responsabilidad de la aprobación, diseño y promoción de la política nacional, así como su evaluación periódica. En el mismo participaron el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

No es posible abocarse sólo al ámbito de las sanciones, lo cual limitaría la consecución de las metas para las que fue creado. Pero como he insistido, debemos priorizar, en el caso de la Auditoría Superior, el enfoque preventivo de las auditorías, teniendo como base una mayor calidad de las mismas, no importa que sean menos, pero sí más precisas, para que la parte jurídica presente mejores resultados.

Mediáticamente se buscan castigos, pero no olvidando las virtudes de la prevención, la cual se dará en la medida que interactúen de manera efectiva la fiscalización externa y la auditoría interna.

Avanzar en la transparencia y acceso a la información y con el fortalecimiento de la armonización contable. Un elemento importante será la desregulación o ventanilla única. Por supuesto nada de esto se podría consolidar sin la participación ciudadana. De hecho, todos los programas sociales incluyen un apartado de la participación social. Al respecto, la ASF le ha dado seguimiento a su adecuada implementación, para evitar que sea letra muerta, incluso se ha elaborado un informe integral con un análisis e investigación en campo de esta figura.

Es claro que los grandes males que más preocupan a nuestra sociedad tienen que ver con la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la violencia, así como la pobreza y la desigualdad, de ahí que en la medida que se fortalezca el Sistema Nacional Anticorrupción podremos derrotarlos con mayor eficacia.

Es un gran logro su existencia, falta aún su implementación integral y su consolidación. Es importante que no se pierda tiempo en ello, y a eso están abocadas las instituciones responsables.

Un logro importante de esta segunda reunión es la apertura, la interacción entre los actores involucrados y su vinculación con los otros dos sistemas, el de Transparencia y el de Fiscalización, lo cual implica un trabajo permanente de intercambio de experiencias, información y creación de capacidades. Asimismo, es fundamental la coordinación intergubernamental, el Sistema de Fiscalización con la interacción de los contralores estatales y los titulares de las auditorías superiores de las entidades federativas, así como la de la Secretaría de la Función Pública y la ASF, en cuyo caso se está avanzando con firmeza. No olvidemos que se trata de un sistema que significa interacción de todas las partes.

Se están buscando mejores mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucional, de forma tal que, en la siguiente reunión del Comité Coordinador, en julio, esperamos avanzar para tener las bases para el tratamiento de asuntos coyunturales de potencial corrupción.

EL FMI acaba de difundir su monitor fiscal correspondiente abril, donde recomienda a los países con un nivel de endeudamiento público superior a 50 por ciento del PIB, la reducción paulatina de la misma, tal como se hizo en México a principios de los 90 hasta antes de la crisis que se inició en 1998, lo que permitirá reducir el costo del servicio de la misma. Para ello se necesitan medidas fiscales adecuadas, no gastar más de lo que se puede, y eficientar los aparatos recaudatorios.

David Rogelio Colmenares Páramo


Etiquetas:  


La ASF y lo que viene

16 / Mar / 2018

Ayer fui electo Auditor Superior de la Federación, después de un proceso apegado a la ley, donde de 41 aspirantes a quienes se nos entrevistó, quedamos tres que debíamos haber sido votados en diciembre del año pasado. No hubo acuerdos parlamentarios y el proceso quedó suspendido hasta el día de ayer.

Hubo mucha especulación, que si se bajaba la terna, que si entraban otros tres; sin embargo, era claro que cualquier procedimiento no establecido, llevaría este proceso a convertir a la terna en eterna.

Afortunadamente se pusieron de acuerdo y ayer, por una mayoría abrumadora, con votos de todos los partidos, fui electo y la toma de protesta se dio ante el pleno. Mi compromiso es con el Poder Legislativo, con las fracciones parlamentarias, con los diputados y diputadas, que representan al pueblo. Desde luego mis respetos a Arturo Orcí y a Ángel Trinidad, los otros integrantes de la terna.

El reto no es pequeño y mi compromiso es trabajar en tener una Auditoría Superior fortalecida.

Los temas fundamentales: Fortalecer el enfoque preventivo, evitar la recurrencia, esto es que los mismos rubros observados hace 10 años se repitan o los comentan todos los estados.

Significa que no hemos logrado influir en la definición misma de los programas o los fondos, en su normativa y su clasificación programática.

Tenemos que crear un servicio fiscalizador de carrera, evitando que los auditores tengan condiciones de incertidumbre laboral, fortaleciendo su capacitación y sancionando cualquier acto de corrupción.

Los reintegros no deben ser meta, menos con el enfoque tradicional de su regreso a los mismos fondos. Ya hay algunos programas que se reintegran a Tesofe.

Un tema central es que hoy ya podemos auditar las participaciones, que son recursos de libre disponibilidad de los estados, recursos propios que se clasifican como gasto no programable. No conozco el detalle, pero será una de mis primeras acciones. Tengo la impresión de que no conocen todavía nuestros auditores la diferencia entre el gasto federalizado condicionado y las participaciones, o los ingresos derivados de la colaboración administrativa, que no son participaciones.

Estas últimas son recursos que se derivan del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados se adhirieron firmando un Convenio de Adhesión, donde dejan de recaudar impuestos que la Constitución les permite, a cambio de recibir participaciones de la recaudación federal. A partir de la recaudación federal participable de impuestos coordinados se determina un porcentaje que se distribuye a través de las participaciones.

Por cierto, he comentado que en los últimos tres años éstas han estado encima de lo recaudado y las finanzas estatales han recibido recursos crecientes.

Tenemos que hacer auditorías eficientes, capacitando a nuestros auditores.

La Auditoría Superior es parte fundamental de los tres sistemas: el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia. En uno de ellos participa en la coordinación institucional la Secretaría de la Función Pública, con la que debe existir una estrecha coordinación institucional, los auditores de los estados y los contralores estatales.

Ahí hay otro reto: el de fortalecer la independencia de las auditorías de los estados, muchas de ellas limitadas y presionadas a renunciar en los cambios de gobierno. El sistema debe avanzar en su fortaleza e independencia. Hay muchos casos de presión a los auditores estatales. Aspiro y ofrezco una relación de pares, buscando un estrecho trabajo de coordinación en la lucha contra la corrupción, siempre con un enfoque preventivo.

Lo que viene, los retos a los que nos comprometimos. No podemos fallar a ningún compromiso institucional.

David Rogelio Colmenares Páramo


Etiquetas:        


Ciudadanos y Anticorrupción: equilibrio necesario

12 / Oct / 2017

ASFHe mencionado en distintos foros una analogía que me parece ilustra cabalmente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. En el contexto actual de la implementación de esta estrategia del Estado mexicano, el componente que presenta un grado mayor de vulnerabilidad son los treinta y dos Sistemas Locales Anticorrupción.

Recordemos que, en la Ley General del SNA, se determinó que instancias y mecanismos implementados para estos fines a nivel federal, debían replicarse en el ámbito estatal, y se fijó un plazo para su creación, así como para la adecuación de leyes indispensables para su funcionamiento.

La fecha determinada pasó, y vemos con preocupación que algunos estados siguen en proceso de cumplir este mandato, lo que es una situación delicada, pero igualmente preocupante resulta el hecho de que, en distintos estados se ha registrado una distorsión en los alcances de la órbita civil que van más allá del importante papel que se le atribuyó a la participación ciudadana.

En efecto, el rol central de la sociedad como interlocutor y contrapeso de las instituciones del SNA representa un avance inédito en términos del valor que se le otorga a la visión de quienes pueden ser objeto de manejos irregulares. Mucho se ha dicho acerca del costo de la corrupción, por ello se consideró indispensable empoderar a la ciudadanía para que coadyuvase a combatir este problema con las instancias competentes.

Sin embargo, debido a la relativa novedad del concepto en nuestro contexto político, a lecturas inexactas o sesgadas de la normativa del SNA y a la dinámica propia de algunos grupos organizados de la ciudadanía, distintos actores locales pretenden crear una realidad paralela en la que instancias-sombra de las gubernamentales lleven a cabo, por ejemplo, actividades de fiscalización al margen de las vías institucionales. Esto se debe en gran parte a una imagen negativa de la acción de las instituciones del gobierno.

El confiar a representantes de la sociedad civil la tarea de dirigir la coordinación de los Sistemas Locales Anticorrupción no implica que el Estado haya claudicado en cumplir sus funciones, o que a través de esta estrategia se pretenda dotar a la representación ciudadana de facultades paralegales. Cabe señalar que la falta de observancia de la ley es, precisamente, uno de los factores que generan las condiciones para la comisión de actos en contra del interés común.

La sujeción a la ley representa un factor de estabilidad en la gestión gubernamental y entraña la posibilidad de que el servidor público incurra en responsabilidades sancionadas a nivel administrativo y penal; la participación ciudadana opera bajo supuestos distintos, pero que no le confieren, per se, un aura de infalibilidad; asimismo, en casos extremos, podría alinearse a una agenda de grupo o a intereses particulares, que no necesariamente son los de sus representados.

El establecimiento y la operación de los Sistemas Locales representan importantes factores de riesgo para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Quienes formamos parte de este esfuerzo común debemos estar atentos al desarrollo de esta delicada etapa y hacer de la Ley el punto de referencia obligado de cualquier decisión que se tome en el ámbito estatal. Hay que ceñirse estrictamente al marco jurídico aplicable; es demasiado lo que está en juego.


Etiquetas: