La deuda estatal no creció en 2019

21 / Ene / 2020

Foto ASF-David ColRespecto a las finanzas estatales se ha dicho que han sido forzadas a subir impuestos locales. Al respecto, ya comenté hace una semana que se trata fundamentalmente de incrementos en algunos impuestos ‘al vicio’, a juegos y sorteos, casinos y ligeros aumentos en el impuesto al hospedaje, en pocos estados. Como sabemos, el principal ingreso de libre disposición de los estados y municipios son las participaciones en impuestos federales, normada su operación en la Ley de Coordinación Fiscal, y se trata de recursos distribuidos de acuerdo a una serie de fórmulas, que hoy están vinculadas fundamentalmente a los porcentajes de población; existe incluso una correlación casi perfecta respecto a este porcentaje y el coeficiente del Fondo General de Participaciones.

Este año se tuvieron que utilizar recursos del FEIEF, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, para compensar la diferencia entre las participaciones programadas y las efectivamente pagadas, por el comportamiento de la recaudación federal participable. El saldo está de acuerdo a lo programado.

Sí, es notable la dependencia de las haciendas públicas estatales y municipales de las transferencias federales, incluidas las participaciones, debido al bajo potencial recaudatorio de los impuestos locales y al desinterés de la mayoría para recaudar, prefiriendo esperar a recibir el impacto del esfuerzo fiscal del SAT.

En los últimos años, especialmente desde 2007, la deuda de los estados se incrementó notablemente, ya que en lugar de estimular el esfuerzo recaudatorio y revisar la distribución de potestades, se crearon mecanismos adicionales para hacer más fácil el endeudamiento de los gobiernos locales, se recurrió a las reestructuras que solamente disparan la deuda hacia adelante para que la paguen las generaciones futuras, con una curva de reducción en el servicio de la misma, pero programada para que cada seis años, en los estados más endeudados, se tenga que reestructurar.

En 2006, por ejemplo, la deuda total de estados y municipios era de 160 mil millones de pesos; para 2012 creció 172 por ciento, para llegar a 435 mil millones; después, a 2018 crece 38 por ciento, siendo ya de 601 mil millones, y al tercer trimestre de 2019 baja a 580 mil millones, menos 3.6 por ciento. Si la inercia persiste, la reducción puede ser un poco mayor. Así se puede concluir que en 2019 se revierte la tendencia creciente del endeudamiento estatal y municipal observada de 2006 a 2018.

Pero no es un fenómeno que abarque a todos los estados, ya que sólo 10 entidades federativas deben tres cuartas partes de la deuda registrada; sólo cinco a septiembre de este año, un poco más de la mitad de la deuda. Las cinco entidades más endeudadas son la CDMX, Nuevo León, Chihuahua, México y Veracruz.

Tradicionalmente la información oficial ha comparado la deuda total respecto a las participaciones, después respecto a los ingresos propios y por tanto a los ingresos totales, restando las participaciones pagadas a los municipios –mínimo 20 por ciento.

Algunos comentarios: La CDMX aparece como la de mayor monto, sin embargo, casi duplica con ingresos propios las participaciones, y cuando se compara el mismo respecto a los recursos de libre disposición, está en el lugar 13.

Así, el coeficiente de Coahuila es de 16 por ciento; Chihuahua, 15.6; Quintana Roo, 14.5; Baja California, 15.5, y –como sorpresa– Oaxaca, 13.3 por ciento. La Ciudad sólo 7.5 por ciento, igual que Zacatecas y Nayarit.

La deuda no es mala en sí; por el contrario, pero como está negociada, está hecha para que no se pague y solo se reestructure, lo que significa que puede ser –como se dijo alguna vez– eterna y a las generaciones futuras les tocará encontrarle salidas.

No obstante, es sano que el año pasado no haya seguido el crecimiento casi exponencial de 2007 a 2018.

David Colmenares Páramo



Confusiones respecto a las finanzas estatales

10 / Ene / 2020

Foto ASF-David ColUn tema recurrente y repetido tiene que ver con lo referente a la recaudación de impuestos estatales. Debería ya saberse que desde que se crea el actual sistema nacional de coordinación fiscal en 1980, se firma un Pacto Fiscal a través del cual se elimina una jungla de impuestos federales y estatales al consumo, entra en vigor el IVA sustituyendo al de ingresos mercantiles, que era un impuesto en cascada, y dejan en suspenso una serie de facultades tributarias que la Constitución no les prohíbe, a cambio de recibir participaciones de la recaudación que hace el gobierno federal a través hoy del SAT. Uno de los temas recurrentes es cómo se distribuye la recaudación federal participable, y cómo se distribuyen las facultades tributarias.

Un tema criticado siempre ha sido la baja recaudación de ingresos propios en los estados, por la falta de cuadros capacitados y su renuencia a recaudar, al optar más por lo que “se les dé”. En los medios se repite cíclicamente el tema y la desorientación. Por ejemplo, se quiere que disminuya la dependencia de ingresos de los estados, algunos quieren mayores responsabilidades recaudatorias, pero la mayoría ha declinado asumir su responsabilidad fiscal, bajo la creencia de que “recaudar tiene un costo político”.

Es más inocente al nivel municipal, por ello en los ÚLTIMOS AÑOS se profundizó un centralismo recaudatorio sin parangón, entre otras razones porque la mayoría de las haciendas estatales se han negado a recaudar. Ahí está el ejemplo lamentable del impuesto a la tenencia que tan buenos ingresos daba a las entidades federativas, con su por lo menos 20 por ciento a los municipios. Por razones político electorales muchas lo dejaron de recaudar, algunas le han dado la vuelta con derechos de control vehicular, reemplacando, etcétera. Pero luego lo querían resolver, pidiendo un apoyo extraordinario del Ramo 23. Hoy el Fondo de Fortalecimiento Financiero, ya no existe, aunque en 2018 tuvo 50 mil millones de pesos.

Algunas de las pocas entidades que han mantenido la tenencia son la CDMX, y quizás Nuevo León, y otras 14 más.

Otro en el nivel municipal es el impuesto predial, ya lo comentaré en otro momento.

Por otra parte, sin hacer antes una segunda Convención Hacendaria, como ha planteado el diputado Ramírez Cuéllar, hay pocas opciones, por ejemplo, los impuestos conocidos como “al vicio”: bebidas alcohólicas, cerveza y tabaco.

Es buena oportunidad, por ejemplo, para gravar mejor las loterías y sorteos, los juegos con apuestas o los casinos, como en Sinaloa.

El impuesto sobre nóminas no es un buen impuesto, pero da un margen para ligeros incrementos, de medio punto como en Puebla, Aguascalientes, Baja California, entre otros.

En el impuesto al hospedaje, los estados tienen tasas diferentes, y es poco probable que los turistas o quienes viajan por negocios dejen de hacerlo por uno o dos puntos de incremento en el mismo.

Si vemos las estadísticas, la recaudación por estos conceptos es marginal, la dependencia de los estados y municipios de las transferencias federales está entre el 80 y 90 por ciento, variando en cada entidad.

Hay una terrible confusión, respecto a que las participaciones no son producto más que del comportamiento de la recaudación participable, derivada del esfuerzo fiscal que se realiza en el orden federal y que pocos estados y municipios cumplen con esta responsabilidad, como se ve en la colaboración administrativa en materia fiscal federal.

Sí, es necesaria una nueva Convención, una Ley de Coordinación Hacendaria o de Ingreso Gasto, pero partiendo de la base de la corresponsabilidad fiscal y de un ejercicio del gasto público estatal, eficiente y transparente. El orden subnacional y el local deben realizar un esfuerzo adicional.

Sin los desvíos, derroche y corrupción que tanto han lastimado al federalismo fiscal mexicano.

David Colmenares Páramo



Deuda social y/o deuda pública

13 / Dic / 2019

Foto ASF-David ColEs indudable que la nación tiene una deuda eterna con las clases y las regiones de menores ingresos, que la deuda social acumulada es inmensa; lo ejemplifican las cifras de pobreza, la estructura nacional de la desigualdad y el deterioro derivado de políticas económicas poco afortunadas. Las políticas de ajuste instrumentadas en casi toda Latinoamérica, en México por supuesto, acentuaron la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, dieron facilidades para la corrupción, y se privilegió el pago del servicio de la deuda externa e interna, la centralización de la política de ingresos y se descuidó el desarrollo municipal.

A principios de los años ochenta, en un evento de la Cepal se definió el concepto “deuda social”, entendido éste como el déficit del Estado en las necesidades esenciales, a saber: salud, educación, empleo, acceso a bienes productivos y sociales, el fortalecimiento democrático; en suma, los niveles de bienestar de las clases sociales más desfavorecidas. Como ejemplo, la población rural, mayoritariamente indígena, el desarrollo municipal como es el caso de más de la mitad de los municipios en el sureste –concentrados en cinco entidades federativas– y los desequilibrios regionales, etcétera. Fue en la época que en México surgieron programas como el de Coplamar y en el Banco Mundial, el llamado enfoque de necesidades básicas, impulsado por la gestión de Robert Mac Namara.

Se hablaba ya de la Geografía de la Marginalidad y de la Estructura Nacional de la Desigualdad, uno de los programas sociales mejor estructurados.

En los años anteriores a 2018, el gasto público para el desarrollo social tuvo un crecimiento real cercano al 2.0 por ciento, un poco más al de menos de 1.0 por ciento del gasto en general.

Por otro lado, el costo financiero de la deuda pública, que constituye erogaciones no productivas, creció 9.0 por ciento real, en virtud del incremento de la deuda pública, la paridad cambiaria y las tasas de interés. Esto significa que el costo financiero de la deuda pública, superó el gasto de inversión física en esos años.

En los estados la situación es diversa, pero en general los mismos de siempre: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, presentan niveles de pobreza superiores al 60 por ciento. Chiapas con el 76 por ciento en 2018, y no hablemos de pobreza extrema. Al margen de analizar las políticas, como se está haciendo con las auditorías de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación y su Centro de Estudios Económicos y Sociales, la asimetría entre el costo financiero de la deuda pública y el gasto en desarrollo social ha sido muy evidente.

Por ejemplo, el Ramo 20, gasto social, que incluyó hasta 2018 programas como apoyo a adultos mayores, Prospera, comedores comunitarios y estancias infantiles, entre otros, ejerció un gasto superior a los 600 mil millones de pesos, mientras el pago de intereses de la deuda pública resultó más de tres veces mayor en el mismo periodo.

Se apostó más a la deuda que a la función de recaudar más con una mejor estructura tributaria. Hay que cumplir con los compromisos internacionales, pero sin descuidar el desarrollo interno. Como se ha visto, la impunidad favoreció niveles altos de corrupción.

En suma, es prioritario recuperar los niveles de desarrollo, desde las regiones, atendiendo y superando las causas de la desigualdad y la pobreza. No podemos crecer siendo un país desigual y sin considerar la participación ciudadana.

Por ello, en la ASF se están revisando los programas sociales en 2018, tanto en cumplimiento financiero, como en desempeño, desde el diseño de los programas y fondos, como los del Ramo 33, hasta su impacto social, de forma tal que se fiscalicen en tiempo real o adelantado, no sólo para evitar que se gaste en lo que no funciona y se ha desviado, sino para crecer con igualdad.