Cero es mejor que 10

15 / Nov / 2019

Foto ASF-David ColEn la escuela, a quienes sacan 10 les va mejor que a quienes están por debajo del 5; al respecto, recuerdo en mis tiempos de la preparatoria –algunos años atrás– que obtener 10 era aplaudido por todos y envidiado por tus compañeros. El maestro De la Borbolla que nos daba matemáticas, cuando estabas mal nos ponía ceros y dos frases contundentes dependiendo de que fueras niño o niña.

Pero en la fiscalización, si eres auditado y sales con ninguna observación, puedes presumirlo, como hace poco vimos, comenté en una reunión de trabajo en Querétaro, felicitando a las entidades que hasta el segundo informe parcial de la revisión de la CP 2018, llevan menos observaciones, destacando que en este caso es mejor sacar cero que 10.

Se trata de un universo amplio: 32 estados y potencialmente auditables más de dos mil 545 municipios, aunque solo se audita alrededor de 200, principalmente las capitales políticas y económicas de los estados, así como muchos derivados de solicitudes o denuncias de miembros del Congreso, ciudadanos y los diversos medios de comunicación, correspondiendo el resto a los órganos de fiscalización de los congresos locales.

Son muy importantes los recursos transferidos a estados y municipios, un poco más de la tercera parte del presupuesto federal, ya sea de manera condicionada como es el caso de las aportaciones con un fin específico, como educación básica, salud, seguridad, infraestructura social municipal, etcétera, y las participaciones, que son recursos de libre disponibilidad, distribuidos en el presupuesto por el Congreso local.

En 2018, que es la Cuenta Pública que está en proceso de fiscalización, el gasto federalizado ascendió a casi dos billones de pesos; en suma, más de dos terceras partes del PEF.

Así, de ese monto, un billón 124 mil millones de pesos correspondieron a gasto programable, etiquetado, como las aportaciones, los convenios de descentralización y de reasignación y los subsidios, así como 844 mil millones de las participaciones.

La fiscalización de las aportaciones y las participaciones es facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual es importante para cualquier análisis al respecto.

Las participaciones o Ramo 28, son el principal ingreso corriente de estados y municipios, más del 90 por ciento en promedio, de ahí pagan conceptos como las aportaciones a educación media superior y superior, otros pari passus y subsidios locales, las transferencias al gasto de los otros poderes, el gasto corriente, incluida la nómina estatal. Es significativa la dependencia de los gobiernos locales de las transferencias federales, de ahí que muchos de ellos, han desviado el destino de los recursos y generado prácticas corruptas que no siempre han sido sancionadas, pero esto está cambiando y más en el futuro inmediato.

La revisión integral del proceso de gestión de los recursos, que incluye su ejercicio, es prioritaria: hoy representan casi tres cuartas partes de las auditorías practicadas por la entidad fiscalizadora.

De ahí la importancia del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para la determinación de prácticas de riesgo en el manejo de recursos públicos a través del análisis de bases de datos. Así, en esta segunda entrega se presentaron 486 auditorías, que incluyen 32 al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera. El monto observado es cercano a los 30 mil millones de pesos, siendo el fondo más observado el FORTAFIN del Ramo 23, cuyo monto ascendió a 50 mil millones de pesos, de uno original de 2.5 mil millones, un crecimiento extraordinario, con mucha opacidad. Los estados con menor monto observado de las 486 auditorías presentadas, con montos sujetos de aclaración, son Querétaro y Sonora; claro, en función del concepto o fondo revisado cambian, por ejemplo, Colima es el más observado en participaciones.

David Colmenares Páramo



Recuperar el tiempo perdido

08 / Nov / 2019

Foto ASF-David ColHace días presentamos ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la segunda entrega del informe de resultados de la CP 2018, rebasando más de la mitad de lo programado, con un incremento –239 más– en el número de auditorías, cuando la intención era reducirlas para poner énfasis en la relevancia temática y en los montos susceptibles de aclaración. Calidad, más que cantidad; resultados más precisos y sanciones cuando existan, con mayor efectividad.

Sin embargo, ha surgido una cantidad importante de solicitudes y denuncias de ciudadanos, de legisladores y del seguimiento de los medios de comunicación, por lo que hemos tenido que agregar más auditorías al programa, que por primera tiene un enfoque estratégico.

La ASF es una entidad cuyo actuar se rige por los principios de imparcialidad, probidad y de una autonomía de gestión. Pero no podemos ser insensibles a lo social, nuestro trabajo no es solo técnico, sino buscar mejores resultados para poder hacer a los auditados propuestas de mejora en la política pública, en la política económica y por supuesto en el manejo transparente y honesto de los recursos.

Conocer y entender sus retos, y cómo se expresan los desafíos y las prioridades de la sociedad en la búsqueda de mejores niveles de bienestar, de reducción de la pobreza y la desigualdad y como hemos repetido, terminar con la corrupción y la impunidad.

A casi 20 años de la creación de la ASF, es necesario visualizar nuevas formas de fiscalizar, nuevas técnicas y aprovechar el desarrollo tecnológico, así como nuevos mecanismos para comunicar los resultados, nuestro objetivo es que el Plan Anual de Auditoría esté georeferenciado y pueda ser consultado en la APP ciudadana.

Para ello en materia de fiscalización, se debe contar con las leyes adecuadas, para hacer frente a fenómenos tan complejos, cuyas manifestaciones han evolucionado en cuanto a su sofisticación y alcance.

Ante ello, en la ASF se están expandiendo las capacidades fiscalizadoras a niveles que antes hubieran parecido inverosímiles, gracias a la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a la fiscalización.

Pero también se requiere llevar a cabo una revisión amplia de diversas disposiciones legales que nos ayuden a agilizar procesos e incrementar su presencia y alcance tanto a nivel federal como local.

Un tema relevante: hoy auditamos CP 2018, terminamos en febrero de 2020, el proceso de aclaraciones se puede prolongar hasta octubre, demasiado tarde.

Por ello la Auditoría debe contar con facultades para poder realizar auditorías verdaderamente en tiempo real, con lo cual, además se lograría incrementar la eficiencia y efectividad en cuanto a la promoción de las acciones legales, acortar los tiempos de procuración de justicia y apoyar mejores decisiones en materia presupuestal y fiscal.

Los resultados que se presentaron y que corresponden al ejercicio 2018 entran en un proceso de notificación para el efecto de que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes, y posteriormente se realice el proceso de seguimiento para el efecto de determinar si las observaciones se solventan o no.

Esto evidentemente trae como consecuencia que las denuncias penales se han presentado, una vez agotadas esas etapas, esto es las denuncias presentadas no corresponden a las auditorías en proceso.

En ese sentido, es urgente realizar los ajustes legales para tener facultades fortalecidas y atender de manera expedita los temas que involucren recursos importantes para evitar que se cometan irregularidades.

Hoy estamos trabajando en las propuestas legislativas y ajustes reglamentarios, para lograr ese fortalecimiento, empezando por auditar en tiempo real. Ya afortunadamente encontramos el camino de una buena coordinación con la Fiscalía General y con su Fiscalía Anticorrupción.

David Colmenares Páramo



Cobertura de la educación superior

01 / Nov / 2019

Foto ASF-David ColDe acuerdo con datos de la UNESCO, la tasa de cobertura en materia de educación superior en nuestro país es de 39.7 por ciento de la población, por debajo de la de países como Costa Rica, que tienen una tasa de 55 por ciento, claro es un país con menos población. Australia cubre al 100 por ciento, Estados Unidos y España 88 por ciento, Rusia 81, Argentina 90 por ciento, Corea 94.3, por supuesto estas diferencias tienen que ver con los niveles de desarrollo, así como la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en cada país y los antecedentes de cada Universidad. La UNAM está clasificada entre las mejores del mundo.

En México, en cuadro presentado por la ANUIES, el promedio nacional, el mencionado 39.7 por ciento, incluye grandes desigualdades, por ejemplo en Oaxaca es 21 por ciento, Guerrero y Chiapas 23 por ciento, la CDMX llega al 96 por ciento, no lejos de Australia como país, Nuevo León 48, Sinaloa 54 por ciento, Yucatán 38 y Tabasco 37 por ciento.

Jaime Valls, secretario ejecutivo de ANUIES, destacó que Oaxaca está 18 puntos por debajo de la media nacional, pero este no es el único caso de retroceso, por lo cual muchos estados se están rezagando y la desigualdad permea en la educación superior.

Es un gran desafío mejorar sustantivamente la reducción de la brecha nacional en esta materia respecto al promedio mundial, importante es observar que no es solo un asunto presupuestal, influyen la marginalidad y la pobreza, la crisis acumulada de muchas universidades respecto a sus sistemas de pensiones, el descuido en muchas ellas de la investigación y la difusión cultural, etcétera.

En México, el financiamiento de la educación superior es tripartita, una aportación generalmente mayoría de recursos federales, un pari passu estatal que varía dependiendo de los niveles de desarrollo e ingreso en las entidades federativas, así como ingresos propios de las universidades. Claro, temas que han ocurrido es que no tener recursos suficientes, no debe ser pretexto para incurrir en actos fuera de la ley, como es el caso de la llamada ‘estafa maestra’, que fue el abuso del artículo primero de la Ley de Adquisiciones y prestarse a actos terribles de corrupción en algunas universidades, que no en todas por supuesto. Ya hemos comentado que es ridículo que una universidad no tenga áreas de investigación. Un ejemplo de buenas prácticas son los estudios que cada año concursa el SAT entre ellas sobre evasión fiscal.

Al respecto, un tema que han señalado la mayoría de los rectores, es el de irregularidades en el pago del subsidio que corresponde pagar a los gobiernos estatales, en muchos casos no se les ministra a tiempo, o no se les paga completo el subsidio, de ahí que la ASF realizará una revisión, antes de terminar el año, sobre los incumplimientos en el pago completo de estos subsidios, tanto en 2018 como en 2019. Es lo mismo que se presenta en el pago completo y oportuno, como señala la Ley de Coordinación Fiscal respecto de las participaciones a los municipios, éstos sufren de ‘jineteos’ cuando bien les va o de plano no se les pagan completas. Hay un caso exitoso de controversia hace algunos años.

Esto implica responsabilidades, y como se trata de recursos federales, son auditados los pagos por la ASF.

El Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior, realizado en espacios de la UNAM e inaugurado por el rector Enrique Graue, estuvo encabezado por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Adela Piña; el senador Rubén Rocha, así como el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro; el titular de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, y la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla; asimismo fue invitada la Auditoría Superior de la Federación.

David Colmenares Páramo