Cuenta Pública 2016: segunda entrega

09 / Nov / 2017

El pasado 31 de octubre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso a consideración de la Cámara de Diputados y de la ciudadanía en general, el segundo paquete de auditorías correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. De las mil 865 auditorías previstas para dicho periodo, en esta ocasión se rindieron 664 Informes Individuales: 482 de ellos se vinculan con gasto federalizado, 93 con desarrolló económico, 49 con la función gobierno y 40 con desarrollo social; de este conjunto de revisiones se desprendieron mil 587 recomendaciones, 796 pliegos de observaciones, 798 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 238 solicitudes de aclaración y 41 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria.

Los números, por sí mismos, tal vez no representen para el lector un indicador que refleje con claridad la importancia de la función, fiscalizadora en el contexto del mejoramiento de la administración pública, o bien, las cifras resultantes no corresponden a las expectativas ciudadanas en cuanto a la detección y sanción de prácticas irregulares en el manejo de los recursos presupuéstales. Es cierto que, pese al esfuerzo real que se ha llevado a cabo para hacer más asequibles nuestros informes, la auditoría gubernamental sigue siendo un proceso técnico-jurídico que demanda conocimientos mínimos de administración pública y del marco legal que la rige.

Sin embargo, los medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos, retoman los resultados de las auditorías vinculadas con temas de actualidad y presentan un panorama general de los hallazgos derivados de la fiscalización, con el fin de ilustrar, con datos oficiales, la gestión de distintos entes, privilegiando aquella información que se refiere a fallas y problemáticas recurrentes en la ejecución de programas y políticas públicas.

Ciertamente, uno de los principales objetivos de la fiscalización es revelar aquellas situaciones en las que existen espacios de oportunidad, en aquellas que se puede presumir un manejo inadecuado del presupuesto, o las que presentan incumplimientos en sus objetivos. Es relevante reiterar que los resultados que se presentan ante la Cámara de Diputados tienen carácter preliminar, de conformidad con el marco legal aplicable, ya que los entes auditados cuentan con 30 días hábiles para proporcionar información que permita solventar las observaciones emitidas.
Por otra parte, en las auditorías también se mencionan los aciertos de las entidades revisadas, los avances —que existen— en cuanto a un mejor ejercicio del gasto y la reversión de tendencias negativas respecto al número de observaciones; estos elementos permiten proporcionar una visión equilibrada y objetiva de lo alcanzado. Es por ello que debemos tener en cuenta que la sanción, por sí misma, no garantiza una mejora en la gestión gubernamental, y que ésta debería ser, en última instancia, el foco de interés ciudadano, puesto que se traduce en la generación y entrega de bienes y servicios de mayor calidad para la población.

De ahí que una lectura correcta de los informes de auditoría demanda una visión que trascienda el corto plazo y se centre en buscar una mayor comprensión del funcionamiento de una maquinaria compleja como lo es el Estado federal mexicano.

Cabe mencionar que esta entrega se inscribe en el cierre de la actual administración de la ASF. A lo largo de los últimos ocho años he tenido el privilegio de conducir una de las instituciones más importantes de la República. El objetivo ha sido, en todo momento, privilegiar una visión técnica, neutral y basada en evidencia documental en la conducción de auditorías la credibilidad de nuestros resultados depende enteramente de que esta labor sea percibida como llevada a cabo por profesionales de la auditoría gubernamental. A la fecha, considero que este objetivo ha sido logrado.



Ciudadanos y Anticorrupción: equilibrio necesario

12 / Oct / 2017

ASFHe mencionado en distintos foros una analogía que me parece ilustra cabalmente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. En el contexto actual de la implementación de esta estrategia del Estado mexicano, el componente que presenta un grado mayor de vulnerabilidad son los treinta y dos Sistemas Locales Anticorrupción.

Recordemos que, en la Ley General del SNA, se determinó que instancias y mecanismos implementados para estos fines a nivel federal, debían replicarse en el ámbito estatal, y se fijó un plazo para su creación, así como para la adecuación de leyes indispensables para su funcionamiento.

La fecha determinada pasó, y vemos con preocupación que algunos estados siguen en proceso de cumplir este mandato, lo que es una situación delicada, pero igualmente preocupante resulta el hecho de que, en distintos estados se ha registrado una distorsión en los alcances de la órbita civil que van más allá del importante papel que se le atribuyó a la participación ciudadana.

En efecto, el rol central de la sociedad como interlocutor y contrapeso de las instituciones del SNA representa un avance inédito en términos del valor que se le otorga a la visión de quienes pueden ser objeto de manejos irregulares. Mucho se ha dicho acerca del costo de la corrupción, por ello se consideró indispensable empoderar a la ciudadanía para que coadyuvase a combatir este problema con las instancias competentes.

Sin embargo, debido a la relativa novedad del concepto en nuestro contexto político, a lecturas inexactas o sesgadas de la normativa del SNA y a la dinámica propia de algunos grupos organizados de la ciudadanía, distintos actores locales pretenden crear una realidad paralela en la que instancias-sombra de las gubernamentales lleven a cabo, por ejemplo, actividades de fiscalización al margen de las vías institucionales. Esto se debe en gran parte a una imagen negativa de la acción de las instituciones del gobierno.

El confiar a representantes de la sociedad civil la tarea de dirigir la coordinación de los Sistemas Locales Anticorrupción no implica que el Estado haya claudicado en cumplir sus funciones, o que a través de esta estrategia se pretenda dotar a la representación ciudadana de facultades paralegales. Cabe señalar que la falta de observancia de la ley es, precisamente, uno de los factores que generan las condiciones para la comisión de actos en contra del interés común.

La sujeción a la ley representa un factor de estabilidad en la gestión gubernamental y entraña la posibilidad de que el servidor público incurra en responsabilidades sancionadas a nivel administrativo y penal; la participación ciudadana opera bajo supuestos distintos, pero que no le confieren, per se, un aura de infalibilidad; asimismo, en casos extremos, podría alinearse a una agenda de grupo o a intereses particulares, que no necesariamente son los de sus representados.

El establecimiento y la operación de los Sistemas Locales representan importantes factores de riesgo para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Quienes formamos parte de este esfuerzo común debemos estar atentos al desarrollo de esta delicada etapa y hacer de la Ley el punto de referencia obligado de cualquier decisión que se tome en el ámbito estatal. Hay que ceñirse estrictamente al marco jurídico aplicable; es demasiado lo que está en juego.


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El Sistema Nacional de Fiscalización ante desastres

14 / Sep / 2017

La semana pasada se presentaron diversos fenómenos naturales que nos han hecho recordar el alto grado de exposición de nuestro país a una gran variedad de eventos geológicos e hidrometeorológicos que se pueden traducir en pérdidas económicas y humanas muy considerables. En esto, como en la totalidad de las actividades sociales, el riesgo puede ser minimizado en la medida en que existan mecanismos de prevención, preparación y atención de emergencias.

Es importante mencionar que la presencia de auditores gubernamentales donde se llevan a cabo las labores de rescate y auxilio a la población, podría entorpecer el buen desarrollo de las mismas; se requiere, por lo mismo, una actitud prudente y con sentido de oportunidad, ello en ningún modo se puede traducir en pasividad.

A primera vista, el papel de los entes fiscalizadores, en estos casos, se limitaría a la mera revisión del cumplimiento de las metas de protección civil, así como a la verificación de la gestión de los recursos en las etapas posteriores al siniestro, con el fin de cerciorarse que fueron utilizados bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

En este contexto, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), que es presidido de manera dual por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió, como parte de sus estatutos, la gestión de temas emergentes, entre los que se puede considerar la participación de la auditoría gubernamental en la fase preventiva, de atención y reconstrucción, relacionadas con un desastre natural.

Una práctica innovadora y con visión proactiva que la ASF propone desarrollar, junto con la SFP, es la implementación de un programa de creación de capacidades para los responsables de las acciones ulteriores a los eventos del huracán Katia y el sismo del 7 de septiembre de 2017.

En particular, se pretende promover capacitación expedita a los gobiernos estatales y municipales involucrados, con el fin de proporcionarles referencias técnicas y operativas concretas que, al ser implementadas, minimicen la posibilidad de desvíos, sobrecostos y asignación ineficiente de recursos, entre otras problemáticas potenciales.

Podemos destacar, por ejemplo, la definición y aplicación de tabuladores homogéneos de mano de obra; el establecimiento de procedimientos adecuados para la facturación de materiales; la necesidad de fijar especificaciones mínimas de calidad con sustento técnico; la estandarización de formas de pago de los trabajos a desarrollarse, así como las medidas pertinentes de control para el seguimiento y supervisión de las obras.

Eventos tan desafortunados como los que hoy ocupan el interés de la opinión pública han sido percibidos como espacios en los que, para mayor agravio de las víctimas, se pueden registrar manejos irregulares ante la ausencia de un ambiente de control que conlleve la detección de los mismos y, en su caso, la aplicación de medidas correctivas.

Estas situaciones no deben producirse, puesto que minan el esfuerzo auténtico que muchas organizaciones e instituciones públicas desean hacer para ayudar a quienes resultan damnificados. Por ello, la máxima transparencia en el manejo de recursos y el establecimiento de esquemas que permitan su mejor uso debe ser la norma para enfrentar este tipo de contingencias. El SNF debe constituirse en un foro que atienda esta temática.


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