Compras y APP: oportunidad

12 / Oct / 2018

Foto ASF-David ColEsta semana se ha desarrollado en Buenos Aires la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que preside la Auditoría Superior de la Federación de México. Con tal representación revisamos una agenda amplia, destacando la integridad en las compras públicas y la fiscalización superior de empresas del Estado y Asociaciones Público Privadas (APP), analizando riesgos y obstáculos.

Es necesario renovar la visión de la fiscalización superior en los países de la región, considerando las exigencias ciudadanas para contar con información sobre cómo utilizan los gobiernos los recursos públicos, partiendo de la base de las diferencias naturales de nuestros países, con niveles de desarrollo y estructura económica y política diferentes. En la lucha contra la corrupción es muy útil compartir experiencias y los riesgos a que nos enfrentamos.

Fue relevante la participación del presidente de la INTOSAI, nuestra organización internacional, presidida por el titular de los Emiratos Árabes Unidos.

Pudimos compartir con los colegas latinoamericanos el proceso de fortalecimiento y reestructuración que se ha emprendido al interior de la Auditoría Superior de la Federación. Ha llamado la atención el establecimiento del área encargada de darle seguimiento a las acciones de auditoría, separada de los equipos auditores, como una medida que reduce los riesgos de corrupción en el trabajo de fiscalización, que ha sido calificada por la OCDE como una buena práctica en materia de fiscalización. De la misma forma, ha generado una buena recepción el enfoque multidisciplinario que se imprime a las actividades sustantivas de la institución.

En las discusiones técnicas de la Asamblea se tocó el tema de compras públicas y el rol de las entidades fiscalizadoras superiores. Se ha subrayado la relevancia que tienen las adquisiciones en el sector público, como un medio para satisfacer las necesidades ciudadanas que sólo pueden ser atendidas por el Estado.

Al respecto, se puede destacar la necesidad de que las entidades fiscalizadoras superiores promuevan la implementación de procesos de planeación en las compras públicas, ya que sin una adecuada planeación, las compras estarán alejadas de los objetivos planteados. Otro aspecto relevante es la importancia del concepto de integridad en el ámbito de las compras públicas, lo que debe ser visto como un factor presente en la operación cotidiana de las instituciones.

Se puso énfasis en la necesidad de la profesionalización efectiva en el área de las compras gubernamentales, que el servicio fiscalizador o profesional de carrera no sea un concepto abstracto.

En la sesión de ayer consideramos el tema de las Asociaciones Público Privadas, presentadas por Uruguay. Quedan claras nuestras facultades para fiscalizarlas, aunque como en el caso mexicano se pueden presentar resistencias, pero lo cierto es que al generar obligaciones financieras automáticamente son sujetas de fiscalización.

Vimos la importancia de los lineamientos para la mejor práctica en la auditoría del financiamiento público/privado y concesiones, con sus diferentes etapas que van desde la definición del proyecto, su licitación, el contrato y la fase operativa, y los obstáculos, como la falta de determinación de riesgos financieros, deficiente control interno y de calidad del gasto público, contratos directos a consultorías, gestión y promoción de proyectos deficientes o inadecuados, y retraso en el avance de los proyectos.

En la experiencia de las APPS en la Comunidad Europea, se observa que no siempre se lograron sus beneficios potenciales de manera eficaz, hubo casos de análisis inadecuados y enfoques poco idóneos, y el marco institucional y jurídico aún no está adecuado correctamente.

David Colmenares Páramo



De la heterogeneidad a la homogeneidad

05 / Oct / 2018

Foto ASF-David ColAunque en la Constitución somos un país federal, en algunos espacios de las políticas públicas tendemos a ser un país cada vez más centralizado. Por razones centrales, pero también por descuido de los propios congresos estatales, muchas facultades las han ido perdiendo o las han abandonado; y a pesar de que tienen una organización de congresos locales, no han reaccionado a temas centrales para el desarrollo municipal y de las finanzas públicas en particular.

Durante mucho tiempo fue frecuente escuchar que los estados y municipios, al ejercer su gasto público, no eran fiscalizados; sin embargo, claro que sí lo eran, por los órganos de fiscalización de los congresos locales. Por lo anterior me resulta interesante la difusión, en agosto de este año, del Informe Legislativo 2018 del IMCO.

Quienes hemos vivido en alguna entidad federativa sabemos del potencial que puede y debe tener el desempeño de los congresos locales, el cual muchas veces está lejos de que lo alcancen, con honrosas y respetadas excepciones. Desgraciadamente también han sido espacios de opacidad y de desatención de los temas fundamentales del trabajo legislativo, y se han dedicado a ejercer recursos en “gestión social”, que como señala el IMCO, “representan el 14 por ciento del gasto de las legislaturas locales. Es decir, los diputados de 25 congresos locales ejercieron mil 915 millones de pesos, en 2017, en tareas ajenas a atribuciones parlamentarias”.

Para fortalecer el federalismo es necesario fortalecer a los congresos locales, hay temas que muestran la necesidad de homologar las prácticas y reglamentos interiores de los congresos, así como la legislación estatal, armonizándola con la federal.

Por ejemplo, el número de comisiones: en algunos estados hay muchas ordinarias que sobrepasan lo razonable, en algún estado es de 42 comisiones y en otro son 24, pocas de ellas tienen que ver con la realidad de la entidad; en Coahuila sería razonable una Comisión del Desierto, pero en Guerrero, no.

Por ello, la reconstrucción del federalismo requiere de un gran esfuerzo local y federal que mantenga la homogeneidad en el Poder Legislativo local.

También está el tema de los catálogos de cuentas a nivel local y estatal, que ha legislado cada congreso local, diferentes a los federales, a pesar del gran esfuerzo en materia de armonización contable. Esto se vigila desde la ASF.

Ya mencionaba lo referente al concepto de gestión social o a favor de terceros, recursos que son administrados y ejercidos directamente por los diputados, que son destinados a grupos sociales, con una alta dosis de interés político. Pero se ejercen sin diagnóstico, planeación, registro de beneficiarios; en suma, con alto grado de discrecionalidad y opacidad, lo que introduce dudas entre los ciudadanos de su correcto uso.

El tema de transparencia debe ser la punta de lanza para la evaluación del desempeño legislativo. Lo anterior al margen de que sería importante que los propios órganos técnicos de fiscalización revisasen la veracidad de la información.

Si en los gobiernos estatales y más en los municipales carecen de una administración pública moderna, es evidente destacar la necesidad de que se trabaje en temas como el impulso al servicio profesional de carrera en los congresos locales y la creación de centros de estudios, entre otros aspectos.

Otro tema es de la homologación legislativa, esto es de sus leyes, reglamentos y normas, como lo que ya se ha hecho en algunos estados, respecto a la legislación ambiental.

Por ello, en la ASF se ha creado una Unidad de Homologación Legislativa, con la que se busca tener una incidencia técnica en el impulso y participación en la homologación de la legislación de las entidades y municipios que se relacione con la fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.

David Colmenares Páramo



El otro lado del espejo, la oportunidad

28 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColAun en tiempos difíciles para el crecimiento económico, pero con tasas moderadas de inflación, la administración tributaria puede ser útil en la medida que se reduzcan la evasión y la ilusión fiscal, un gran reto para el futuro. Al respecto habrá que fortalecer las capacidades recaudatorias de los estados y municipios, implementar políticas eficientes y austeras de su gasto público, así como la fiscalización gubernamental de la misma por parte de la ASF, que ya tiene facultades para ello.

De acuerdo con las estadísticas internacionales, la carga fiscal del país es aún limitada a pesar de que se ha incrementado, todavía las necesidades de recursos para la política social y la creación de infraestructura son insuficientes. Es necesario para el futuro pensar en regresar ciertas facultades a las entidades federativas, considerando, por supuesto, su nivel de desarrollo y sin descuidar las vocaciones.

Los impuestos más importantes forman parte de la recaudación federal participable, que es la base para el cálculo de las participaciones que se pagan derivado de la adhesión de cada una al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal desde 1980. Habrá que revisar por supuesto las fórmulas de reparto de las mismas.

Es reconocido que el esfuerzo fiscal de los dos órdenes de gobierno, elestatal y local, ha sido muy limitado, llevando la contra a quienes apuestan por una descentralización de más responsabilidades recaudatorias, ya que aún hoy persisten deficiencias al respecto en muchos estados y no se diga de los municipios. Pero hoy se presenta la oportunidad de que realicen un esfuerzo renovado, ya que se tendrá que revisar la política fiscal para ver el peso que tiene la recaudación de los impuestos indirectos en la estructura tributaria nacional.

Hay elementos de confianza para lo que viene, las participaciones en los últimos tres o cuatro años han crecido por encima de lo programado, lo que ha permitido que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) tenga hoy más de 70 mil millones de pesos para cualquier contingencia, esto es que la recaudación estuviese por debajo de lo programado. Son recursos de los estados, cuyo beneficio se puede optimizar, con una política eficiente y transparente del gasto público, que reduzca igual como será en el gobierno federal, gastos innecesarios, como los de comunicación social y la revisión de sus propios programas sociales, evitando redundancias o cualquier otra intención que no sea el beneficio de la gente.

Es evidente que las posibilidades de recaudación de ingresos propios son limitadas, sus fuentes de ingresos impositivos son de bajo potencial recaudatorio, como es el caso del impuesto al hospedaje, el de nóminas con muchos gastos tributarios, el impuesto a la tenencia con subsidios altos e incluso en algunos estados no se cobra.

Los ingresos propios de los estados son muy bajos con notorias excepciones, destacando la CDMX, pero hay varios que andan por el 2.0 o 3.0 por ciento y son la mayoría.

En el caso de los municipios ya sabemos que nuestra carga fiscal es la más baja respecto de países de similar nivel de desarrollo. Mucho tiene que ver con el hecho de que una gran parte de los mismos, más de la mitad, están en situaciones de pobreza.

Es necesario fortalecer las facultades tributarias locales, se pueden mejorar las finanzas estatales con una mejor política de gasto público, con gran responsabilidad moral para evitar los abusos que atentan contra la población de menores ingresos, con crecimiento económico, con reformas en los sistemas de administración tributaria de los estados, pero sobre todo con una fiscalización de resultados. En ello el papel de la ASF es fundamental, así como el de las auditorías locales.

David Colmenares Páramo