Fórmulas ineficientes, gasto municipal opaco

11 / May / 2018

Foto ASF-David ColUna parte importante de nuestro arreglo fiscal es que los municipios reciben, desde 1980, participaciones derivadas de la recaudación centralizada de los llamados impuestos federales coordinados, que se les pagan a través de las secretarías de finanzas de los estados. La Ley de Coordinación Fiscal establece tiempos para el pago completo, oportuno y en efectivo de las participaciones de los estados hacia los municipios, a más tardar a los cinco días, si no se pagan intereses. Sin embargo, lo cierto es que muchas veces se les pagan incompletas e incluso no se les pagan.

Muchos estados les hacen sus guardaditos, lo que está fuera de la ley, les pagan menos de lo que debe ser, no les pagan los ajustes cuatrimestrales ni los fondos de estabilización, etcétera.

Sólo un caso de reclamo de los municipios ha prosperado, cuando el presidente de Acapulco, que era Zeferino Torreblanca, lo promovió contra el gobierno de Guerrero, que les retenía el 15 por ciento de las participaciones para pagarlas al finalizar el año. Ganaron la controversia, pero el gobernador que la pago fue ¡Zeferino Torreblanca!

La historia comienza con la definición de las fórmulas con las que se les distribuyen las participaciones, las cuales son aprobadas por los congresos locales a propuesta de los gobiernos estatales. Las mismas son muy heterogéneas, algunas utilizan los componentes de la fórmula federal de 2008, particularmente población. Sin embargo, uno de los defectos de la fórmula federal basado en la población domiciliada, es que no incluye ningún incentivo a la recaudación de ingresos propios del municipio, particularmente en el caso del impuesto predial. Las fórmulas, suponiendo que se aplican correctamente –que no es así–, no ayudan a los municipios con altos niveles de población flotante, como son los turísticos, los puertos o los de la frontera norte, y aunque no los tiene, la CDMX.

Se han dado, como ya mencioné, muchos casos de abuso por parte de los estados en el pago de las transferencias a los municipios, pero también es cierto que la mayoría de los mismos no usan los recursos adecuadamente. En épocas de incremento de las participaciones por razones de coyuntura, como fue el caso de los llamados excedentes petroleros, o cuando recibieron recursos derivados de la privatización de la banca nacionalizada, empezaron a contratar más gente, pero es una política equivocada porque son ingresos extraordinarios, a veces de única vez, y después el peso de sus nóminas es muy alto y no lo pueden sostener e incumplen con sus obligaciones tributarias. Además, no pueden prestar con eficiencia los servicios públicos, como la recolección de basura.

Sin embargo, ese es el mal menor. El mayor es el del desvió de los recursos a abusos de las autoridades, esto es a la corrupción.

Estamos entonces frente a dos males: el que las autoridades estatales realizan al no pagarles completas sus participaciones, y al no cumplir con sus obligaciones recaudatorias; esto es, no ejercen los recursos con probidad ni transparencia.

En el primer caso es necesario revisar las fórmulas estatales, la mayoría no han sido revisadas desde su creación y son muy deficientes u opacas.

Hay casos extremos: Chihuahua distribuye las participaciones a los municipios con base en los porcentajes de participación que anualmente fija el Congreso, si revisamos hacia atrás, pasó lo mismo, es muy opaca; el caso de San Luis Potosí, todos los fondos se distribuyen con base en el 95 por ciento de la población.

Es interesante revisar un primer análisis sobre las fórmulas estatales de distribución de participaciones a los municipios, que a principios de este año elaboró la Auditoría Superior de la Federación.

Hoy, recordemos, la ASF audita ya las participaciones pagadas a estados y municipios. Todo un reto.

David Rogelio Colmenares Páramo


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