Hitos presupuestales para un país desigual

14 / Dic / 2018

Foto ASF-David Col

En esta semana Coneval presentó “Pobreza y derechos sociales en México”, obra coeditada con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que revisa cuáles son los principales desafíos, las limitaciones y las oportunidades que habría que considerar en la medición de la pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos.

La investigación se desarrolló a partir del vínculo normativo entre medición de la pobreza y los derechos sociales señalados en el artículo 6º de la Ley General de Desarrollo Social, donde se menciona que estos derecho son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación, la cual nos recuerda el estupendo trabajo de Coplamar, que hablaba de las necesidades esenciales en México y la Geografía de la Marginalidad.

El INEGI dio a conocer el PIBE 2017, donde se puede observar que cinco entidades tienen el 45 por ciento del mismo: CDMX, Edomex, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, históricamente los estados con mayores niveles de desarrollo.

Tlaxcala, Colima, Nayarit, Baja California Sur y Zacatecas apenas significan el 3.6 por ciento del PIBE nacional, es importante comentar que Baja California Sur fue el estado que mayor crecimiento tuvo respecto al año anterior, con un 11.4 por ciento, y los tres estados con mayor marginación, Guerrero con cero crecimiento, mientras que el PIBE de Chiapas y Oaxaca cayó alrededor del 3.0 por ciento; estos mismos también presentan las tasas de informalidad más altas del país, por encima del 78 por ciento.

Estos documentos nos dan un marco de referencia de la estructura nacional de la desigualdad, así como de la prioridad para atender los derechos sociales de cada ciudadano. Sin embargo, las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados, por ello la elaboración del Presupuesto cobra gran importancia, con el fin de atender las verdaderas prioridades y para evitar vicios del pasado.

Esta semana el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló con razón, que las condiciones de la economía nacional obligan a no poner en “riesgo” la estabilidad de las finanzas públicas, que no habrá “bolsas” de recursos o partidas presupuestales a disposición de diputados o senadores, y que la distribución estará basada en prioridades sociales, honestidad, transparencia y responsabilidad hacendaria.

Esto es que tiene que cambiar la negociación presupuestal, no más pasarelas de gobernadores o alcaldes. Para este proceso deben evitarse prácticas de discrecionalidad, opacidad y clientelismo en la asignación de recursos. Deberán atenderse la inversión en infraestructura, que está en los niveles de los años 40, y los programas sociales que generen empleo productivo.

En el caso de la coordinación fiscal deberá atenerse a prácticas de transparencia presupuestales, basadas en resultados y con una rendición de cuentas oportuna, considerando siempre el impacto presupuestal, ambiental, social y fiscal.

La ASF tiene facultades para auditar las participaciones, no sólo sobre como distribuyen las mismas a los municipios o alcaldías; podemos auditar rubros como los subsistemas estatales de educación básica, gastos como los de comunicación social, entidades desconcentradas de los gobiernos estatales. Esto es todo aquello en que se gasten las participaciones, que son ciertos ingresos propios de los estados; sin embargo, deben ser ejercidos correctamente.

El Presidente anunció que llegó a un acuerdo para que la Federación asuma el control de la salud en ocho estados del sur-sureste, que aumentará el presupuesto para salud en esas entidades, y que iniciará un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en hospitales públicos.



Prevención de la corrupción

Foto ASF-David ColConcluye la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII 2018) en Lima, Perú, organizada por la Contraloría de la República del Perú. Se destacó la necesidad de contar con una política de integridad y la ventaja de privilegiar una visión de prevención de la corrupción, respecto al costo de remediarla.

Antes es necesario precisar los orígenes de la corrupción, lo cual no es un tema sencillo. Por supuesto que no es un problema de idiosincrasia ni menos exclusivo de un país. Es un fenómeno mundial que tiene un origen multifactorial, y las causas tienen mucho que ver con las condiciones políticas, sociales y económicas.

La corrupción es hoy la preocupación más importante de los ciudadanos en el mundo. En el caso del Perú, más de la mitad de los ciudadanos le dan prioridad, incluso por encima del desempleo y la inseguridad, según datos de los organizadores de la conferencia.

Esto es una realidad en la región. Por ejemplo, en el Perú su anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, cayó por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Además han pasado o están en la cárcel Fujimori y su hija, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su esposa, y le acaban de negar el asilo en Uruguay a Alan García.

La corrupción se ha convertido en un peligro para la democracia, ya que ha contaminado todos los espacios públicos, independientemente si el sistema es federal o unitario, no importa si es un país desarrollado o inmerso en la pobreza. La región latinoamericana ha sido inestable políticamente por la corrupción.

En México tenemos cinco jinetes del apocalipsis: la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, que han rebasado los límites que los ciudadanos pueden tolerar, lo cual se manifestó en su voluntad de cambio.

El estudio de la desigualdad tiene aportaciones importantes, como las de OXFAM con el estudio de Gerardo Esquivel, o el informe sobre la impunidad que elabora la Universidad de las Américas Puebla.

La pobreza se ha profundizado, igual que la estructura de la desigualdad. La impunidad ante casos evidentes de corrupción es vista por los ciudadanos, por el pueblo, que observan que en otros países hay consecuencias.

El tema de la conferencia es la prevención, pero en los casos de corrupción la impunidad es inaceptable y se requieren resultados y castigos ejemplares.

Los niveles de impunidad y la violencia criminal no tienen precedentes; en las principales actividades públicas de los tres órdenes de gobierno encontramos prácticas corruptas, como en la reconstrucción de los sismos 2017. No es casual que, en el proceso electoral, los ciudadanos se hubieran manifestado por un cambio, convencidos de que la corrupción se debe combatir con eficacia. Quieren resultados.

LA CONFERENCIA

En el evento de Lima, Prevención contra la Corrupción: de un Estado reactivo a uno proactivo, participamos auditores o contralores superiores de los países miembros de la OLACEFS –la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores–, lo mismo que académicos y representantes de a la sociedad civil, del continente y de España.

En las plenarias se consideró oportuno analizar la integridad pública y la prevención de la corrupción; la inversión en políticas para el desarrollo, y la articulación de esfuerzos para prevenir la corrupción con periodistas, empresarios y ciudadanos.

Se abordaron temas vinculados a la promoción de la integridad en los gobiernos locales; la educación para la integridad, así como transparencia, gobernanza y rendición de cuentas. Otro tema fue la promoción de inversión en políticas de prevención para el desarrollo.

A principios del próximo año todos los auditores superiores de América Latina compartiremos experiencias sobre el caso Odebrecht.

David Colmenares Páramo



La violencia fomenta la corrupción

30 / Nov / 2018

Foto ASF-David ColLa inseguridad y la violencia en contra de los alcaldes son obstáculos importantes en la lucha contra la corrupción. Fueron muchos los muertos en años recientes. La violencia en el proceso electoral, en el que además de la Presidencia de la República y de nueve gobernadores, cambiaron cerca de mil 451 presidentes municipales, sin considerar los 417 de usos y costumbres de Oaxaca. Los asesinatos de alcaldes se dan ya no sólo en municipios pequeños de alta marginalidad, enclavados en zonas donde la delincuencia tiene más fuerza que las instituciones, donde tiene capacidad para amedrentar o eliminar a las autoridades municipales que se resisten. Hoy ha sido generalizado.

Ha sido frecuente en los últimos años que esto suceda, particularmente en los estados del sur-sureste, donde se encuentran la mayor parte de municipios del país, la mayoría en situaciones de pobreza y asolados por la delincuencia, e incluso en Colima, Zacatecas y estados del norte como Tamaulipas y Durango.

Hoy ser alcalde en estos municipios es un riesgo, porque ante la mayor presión federal contra las bandas, estas han diversificado sus operaciones a lo local y ahora han encontrado nuevas oportunidades de negocio, como el asalto a los trenes, el contrabando, la extorsión a los negocios (incluso a los más pequeños), los secuestros y el robo de gasolina, en los que vuelven cómplices a los pobladores y a las autoridades municipales. Si alguien se opone, lo hacen a un lado.

Pero lo contrario de lo que ha pasado en el ámbito público, donde se ha buscado centralizar todo, la delincuencia se ha descentralizado, como ha señalado Alejandro Hope, buscando las razones de la siniestralidad entre los alcaldes.

La atomización municipal, así como la precariedad de sus fuentes fiscales a pesar del impuesto predial, hace que los recursos municipales sean insuficientes para contar con una policía medianamente capacitada y, por lo tanto, son objeto seguro de extorsión y manipulación.

Sabemos que muchos de los ediles han sido amenazados, exigiéndoles los recursos presupuestales que manejan, como son los fondos de aportaciones que vienen etiquetados o incluso de participaciones que son de libre disposición, así como recursos del gasto federalizado, que son estrictamente auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual en caso de detectar desvíos, pueden, más hoy, sancionar a las autoridades municipales que desvíen esos recursos; esto es, que los utilicen para algo para lo que no están destinados.

No respetan por lo general las normas presupuestales ni el destino de los recursos federalizados, no atienden la rendición de cuentas y cuando se enteran es porque ya tienen requerimientos personales para que reintegren esos recursos; no saben qué hacer y yo he visto llorar a algunos después de cinco años de no pelar el asunto.

Así, ante las amenazas, o renuncian o se juegan la vida, y vemos que ya son decenas los asesinados en los últimos años. No tienen recursos y si los desvían corren el riesgo de ser castigados, pero si no, pueden ser asesinados.

La oportunidad del cambio de gobierno, la legitimidad con que llega al poder y el discurso del Presidente electo en contra de la corrupción y la impunidad deberá ser exitosa, para que las autoridades municipales cumplan con sus responsabilidades en materia de aplicación correcta de los recursos, lo cual implica que la coordinación fiscal, el fortalecimiento del federalismo y la participación ciudadana impidan sucesos como los comentados.

Esperamos que la capacitación que se genere y en la que en la ASF se está trabajando –para generar códigos de ética precisos, mecanismos sencillos para la aplicación de los recursos y una revisión correcta de los programas sociales y del gasto federalizado al reducir la corrupción– límite la inseguridad.

México tiene una oportunidad que inicia el 1 de diciembre.

David Colmenares Páramo