Autonomía de auditorías estatales

21 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColEsta semana tuve oportunidad de compartir una reunión con el auditor superior de Veracruz, uno de los pocos que van a concluir su gestión, así como con el futuro auditor de Chihuahua, quien fue electo con la participación de una comisión ciudadana conformada por académicos, empresarios y especialistas, la cual se encargó de diseñar una herramienta de evaluación para los candidatos, aceptada por el Congreso local, lo cual puede marcar un hito virtuoso respecto a la selección de los titulares de los organismos de fiscalización superior de los congresos locales, cuya independencia de los poderes locales y su compromiso con la calidad del trabajo fiscalizador deben ser parte fundamental de su desempeño.

No es un tema nuevo hablar de la dependencia que han tenido muchas de las ASOFIS respecto a la influencia que tiene sobre ellos el poder político, sobre todo en el espacio local. Incluso en el caso de los delegados federales ha sido evidente como los gobernadores, excepciones honrosas las hay, por supuesto, determinan quienes han sido los delegados de las dependencias federales, que muchas veces han sido más operadores políticos, y el peso que tienen al proponer a los congresos locales la terna o al candidato para ser el titular del órgano fiscalizador.

También es reconocido que la mayoría de ellos no han terminado los siete años que deberían estar, ya que, con los cambios de gobierno estatal, son obligados a renunciar, y cuando se resisten se han dado muchas presiones para que lo hagan: les meten segundos mandos, los aprietan presupuestalmente e incluso han llegado a desaparecer la Auditoría Superior del estado, creando un órgano alterno con otro nombre.

Ese tipo de actuación ha sido multicolor, lo cual es un obstáculo para el fortalecimiento institucional y un buen resultado de las revisiones que realicen las auditorías superiores de los estados.

En principio deben de ser independientes de los gobiernos estatales, ya algunos lo son; sin embargo, aún faltan muchos para que cumplan adecuadamente con sus responsabilidades. Existen la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la ASOFIS, que preside el auditor superior de la Federación. Juntos participan con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que encabezados por la Secretaría de la Función Púbica conforman el Sistema Nacional de Fiscalización, una de las estructuras que forman el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se requiere, por tanto, que las ASOFIS tengan autonomía de gestión y autonomía presupuestal, que sean electos a partir de propuestas en que participen los ciudadanos e incluso la propia ASF, encontrando mecanismos que les den seguridad presupuestal.

Esta es una práctica recomendada por la OCDE y el INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, con 192 Auditorías Superiores de pleno derecho, de la que forma parte la ASF, la cual además preside las OLACEFS, a nivel latinoamericano. Esta última una organización autónoma, independiente y apolítica.

Para avanzar en el enfoque preventivo, es necesario que desde su selección se use la tecnología y la transparencia en el proceso de selección, y que los nuevos gobernadores y congresos locales comprendan la importancia de que a los auditores se les respete su independencia, y entonces sí a revisar y a prevenir.

La ASOFIS además de tener un esquema de reuniones regionales de manera periódica, son seis zonas, con tareas específicas, celebra reuniones ordinarias privadas de la comisión permanente, que por cierto próximamente celebrará una de ellas.

La coordinación intergubernamental es un instrumento fundamental del federalismo como forma de gobierno. Lo real es que somos un país federalista a medias con muchos espacios centralistas, tenemos que rescatar este concepto y fortalecerlo en todos los ámbitos de la política pública. La auditoría gubernamental es uno de los más importantes.

David Colmenares Páramo


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La pobreza y desigualdad

14 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColHacia 1993, en el Congreso Nacional de Economistas de ese año, escribí un texto sobre la estructura nacional de la desigualdad, teniendo frescos los resultados del trabajo de Coplamar, que era la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Marginadas, que realizó un estudio sobre la insatisfacción de las necesidades esenciales en México, agrupado en siete volúmenes, que se publicaron en 1982: alimentación, educación, vivienda, salud, geografía de la marginalidad y macroeconomía de las necesidades esenciales en México. El séptimo fue Necesidades esenciales y estructura productiva en México. Para profundizar en el tema sugiero leer los diversos trabajos realizados por Julio Boltvinik, quien inclusive llegó a analizar con detalle las fallas del Ramo 33, particularmente del FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Lo anterior porque en el combate contra la corrupción uno de los obstáculos a vencer son las cifras de la pobreza y la marginalidad.

Somos un país de extremos, por ejemplo, de los dos mil 445 municipios, la mayoría se encuentra en umbrales de alta y muy alta marginalidad, mayoritariamente concentrados en el sur sureste. Otro ejemplo, de los 570 municipios de Oaxaca, 500 son rurales y solamente 10 urbanos. En tanto, Aguascalientes, las Baja Californias y Campeche no tienen municipios rurales, y Chiapas, de los 118, sólo cuenta con cuatro urbanos.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza y la pobreza extrema en entidades federativas es de dos quintas partes; sin embargo, comparando dos estados con la misma población, alrededor de cinco millones de habitantes, en Nuevo León es de 14 por ciento y en Chiapas de 77 por ciento. Es más, según la misma Coneval, de 2014 a 2016, la pobreza se reduce en Nuevo León un 28 por ciento, esto es que 285 mil personas superaron la pobreza, mientras que en Chiapas la misma aumentó en 153 mil personas.

Adicionalmente, revisando la distribución de los recursos federalizados, las transferencias no condicionadas, esto es las participaciones que son recursos propios, y las transferencias condicionadas, como los recursos de salud, educación, combate a la pobreza y seguridad, en 2018 está programado que reciba más recursos por esta vía Chiapas que Nuevo León. Como las participaciones se distribuyen por población domiciliada, reciben más o menos lo mismo. En las transferencias condicionadas recibe más Chiapas que Nuevo León, la diferencia está en el gasto federalizado; sin embargo, no ha sido suficiente para remontar la pobreza extrema en ese estado del sureste; por un lado, porque no se ha revisado con claridad el destino de los recursos condicionados, y, por el otro, por el elevado grado de abuso local en el ejercicio del gasto público, tanto estatal, como federal. Lo mismo pasaría si comparamos Oaxaca con Jalisco, etcétera.

Seguimos viendo la concentración, por ejemplo en el caso de la deuda pública, en la mitad de la deuda subnacional de cinco estados, con todos los vicios que se generan en aquellos que han abusado de este mecanismo de financiamiento alternativo o complementario, como han sido los casos evidentes de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y otros, que se han endeudado más para hacer negocios que infraestructura o desarrollo económico.

La vida tiene contrastes a lo largo de la historia, lo vemos en la literatura y en la realidad. No es posible que, entre los mexicanos, sólo por el hecho de nacer en uno u otro estado, algunos sean de primera o de segunda. La injusticia y la desigualdad han llegado a extremos inaceptables en un país como el nuestro. Combatir la pobreza y la corrupción son dos vías para superar la desigualdad y tener un mejor país.

David Colmenares Páramo


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Reflexiones sobre el gasto en educación básica

07 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColLos Fondos de Aportaciones, inscritos en el Ramo 33 del PEF, están en la Ley de Coordinación Fiscal desde 1998, seis años después del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica de principios de 1992, igual que un decreto firmado por gobernadores y los líderes del SNTE y la SEP, que formalizó las malas prácticas de los logros alcanzados por cada sección sindical en los estados. En ese momento, alrededor de la mitad de las entidades federativas tenían un sistema, hoy le llaman subsistema de educación básica estatal, pagado con recursos estatales, siendo en varios estados abrumador, como en Chihuahua, Baja California, Edomex y Veracruz, que destinaban más de la mitad de sus ingresos de participaciones, el 60 por ciento en algún caso, contando con facultades impositivas de bajo potencial recaudatorio, debido a la concentración de facultades impositivas en el gobierno federal a partir de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que nació en 1980, dejando en suspenso impuestos que la Constitución les permite utilizar. Y lo hicieron porque se intentaba también un mejor reparto de los recursos de libre disposición, en apoyo a los estados de menor desarrollo económico y social. La entidad que tenía el sistema educativo estatal más grande era el Estado de México; sin embargo, desde 2005 se le empieza a ayudar, dejando que los recursos que le sobraban en el subsistema federal pudiesen gastarlo en el subsistema estatal.

Desde 2008, apenas 16 años después de la creación del acuerdo, se crea una fórmula para la distribución de los recursos del FAEB, en 2008, totalmente regresiva para los estados de menor desarrollo económico, que favorecía a las entidades con mayor población y que tenían subsistema estatal, principalmente al Estado de México, a costa de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros que no recibían correctamente los recursos pactados desde 1992.

Debe quedar claro que ni el FAEB ni ninguno de los recursos de los fondos del Ramo 33 son concurrentes, de ahí la equivocación de quienes hablan de que algunos estados aportan más recursos que otros. Subrayo, lo gastan en los subsistemas estatales, como en el caso de Oaxaca: la administración anterior decidió gastar 500 millones al año en uniformes y se registró como gasto en educación, pero nunca concurrente al FAEB, hoy FONE.

Uno de los factores para ayudar a los estados con sistemas propios fue que la fórmula seguida distribuía otros factores: la población en edad escolar, no sólo la matrícula de las escuelas públicas financiadas por el FAEB, además sumaba a los niños de escuelas del subsistema estatal y las privadas, lo que constituía un subsidio a los subsistemas estatales, particularmente del Estado de México y en mucho menor medida Puebla. Hubiera sido positivo si esto se hacía con recursos federales adicionales y no a costa del gasto de los estados en el subsistema federalizado. Adicionalmente, el 20 por ciento de “calidad educativa”, concepto que nunca se definió, se sumó al indicador de la población.

Incluso en la aplicación de la fórmula para el presupuesto no se hacía con la del final del proceso, que incluía la inflación y los aumentos salariales, polarizando aún más la distribución de los recursos entre las entidades con más gasto propio e incrementando los déficits de los gobiernos estatales y, por lo tanto, las observaciones de la ASF a los mismos por el retraso en los pagos a terceros institucionales.

Es un tema que tendrá que revisarse en el futuro, ya que hoy con el FONE, que está vivo desde 2015, tienen cuatro subfondos, uno de ellos es para compensar a los estados que “perdieron con el cambio de fórmula” al centralizarse las nóminas en la SEP, lo que no incluyó a los maestros estatales, pero la compensación se concentra en un solo estado.

David Colmenares Páramo


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