La pobreza y desigualdad

14 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColHacia 1993, en el Congreso Nacional de Economistas de ese año, escribí un texto sobre la estructura nacional de la desigualdad, teniendo frescos los resultados del trabajo de Coplamar, que era la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Marginadas, que realizó un estudio sobre la insatisfacción de las necesidades esenciales en México, agrupado en siete volúmenes, que se publicaron en 1982: alimentación, educación, vivienda, salud, geografía de la marginalidad y macroeconomía de las necesidades esenciales en México. El séptimo fue Necesidades esenciales y estructura productiva en México. Para profundizar en el tema sugiero leer los diversos trabajos realizados por Julio Boltvinik, quien inclusive llegó a analizar con detalle las fallas del Ramo 33, particularmente del FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Lo anterior porque en el combate contra la corrupción uno de los obstáculos a vencer son las cifras de la pobreza y la marginalidad.

Somos un país de extremos, por ejemplo, de los dos mil 445 municipios, la mayoría se encuentra en umbrales de alta y muy alta marginalidad, mayoritariamente concentrados en el sur sureste. Otro ejemplo, de los 570 municipios de Oaxaca, 500 son rurales y solamente 10 urbanos. En tanto, Aguascalientes, las Baja Californias y Campeche no tienen municipios rurales, y Chiapas, de los 118, sólo cuenta con cuatro urbanos.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza y la pobreza extrema en entidades federativas es de dos quintas partes; sin embargo, comparando dos estados con la misma población, alrededor de cinco millones de habitantes, en Nuevo León es de 14 por ciento y en Chiapas de 77 por ciento. Es más, según la misma Coneval, de 2014 a 2016, la pobreza se reduce en Nuevo León un 28 por ciento, esto es que 285 mil personas superaron la pobreza, mientras que en Chiapas la misma aumentó en 153 mil personas.

Adicionalmente, revisando la distribución de los recursos federalizados, las transferencias no condicionadas, esto es las participaciones que son recursos propios, y las transferencias condicionadas, como los recursos de salud, educación, combate a la pobreza y seguridad, en 2018 está programado que reciba más recursos por esta vía Chiapas que Nuevo León. Como las participaciones se distribuyen por población domiciliada, reciben más o menos lo mismo. En las transferencias condicionadas recibe más Chiapas que Nuevo León, la diferencia está en el gasto federalizado; sin embargo, no ha sido suficiente para remontar la pobreza extrema en ese estado del sureste; por un lado, porque no se ha revisado con claridad el destino de los recursos condicionados, y, por el otro, por el elevado grado de abuso local en el ejercicio del gasto público, tanto estatal, como federal. Lo mismo pasaría si comparamos Oaxaca con Jalisco, etcétera.

Seguimos viendo la concentración, por ejemplo en el caso de la deuda pública, en la mitad de la deuda subnacional de cinco estados, con todos los vicios que se generan en aquellos que han abusado de este mecanismo de financiamiento alternativo o complementario, como han sido los casos evidentes de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y otros, que se han endeudado más para hacer negocios que infraestructura o desarrollo económico.

La vida tiene contrastes a lo largo de la historia, lo vemos en la literatura y en la realidad. No es posible que, entre los mexicanos, sólo por el hecho de nacer en uno u otro estado, algunos sean de primera o de segunda. La injusticia y la desigualdad han llegado a extremos inaceptables en un país como el nuestro. Combatir la pobreza y la corrupción son dos vías para superar la desigualdad y tener un mejor país.

David Colmenares Páramo


Etiquetas:    


Reflexiones sobre el gasto en educación básica

07 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColLos Fondos de Aportaciones, inscritos en el Ramo 33 del PEF, están en la Ley de Coordinación Fiscal desde 1998, seis años después del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica de principios de 1992, igual que un decreto firmado por gobernadores y los líderes del SNTE y la SEP, que formalizó las malas prácticas de los logros alcanzados por cada sección sindical en los estados. En ese momento, alrededor de la mitad de las entidades federativas tenían un sistema, hoy le llaman subsistema de educación básica estatal, pagado con recursos estatales, siendo en varios estados abrumador, como en Chihuahua, Baja California, Edomex y Veracruz, que destinaban más de la mitad de sus ingresos de participaciones, el 60 por ciento en algún caso, contando con facultades impositivas de bajo potencial recaudatorio, debido a la concentración de facultades impositivas en el gobierno federal a partir de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que nació en 1980, dejando en suspenso impuestos que la Constitución les permite utilizar. Y lo hicieron porque se intentaba también un mejor reparto de los recursos de libre disposición, en apoyo a los estados de menor desarrollo económico y social. La entidad que tenía el sistema educativo estatal más grande era el Estado de México; sin embargo, desde 2005 se le empieza a ayudar, dejando que los recursos que le sobraban en el subsistema federal pudiesen gastarlo en el subsistema estatal.

Desde 2008, apenas 16 años después de la creación del acuerdo, se crea una fórmula para la distribución de los recursos del FAEB, en 2008, totalmente regresiva para los estados de menor desarrollo económico, que favorecía a las entidades con mayor población y que tenían subsistema estatal, principalmente al Estado de México, a costa de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros que no recibían correctamente los recursos pactados desde 1992.

Debe quedar claro que ni el FAEB ni ninguno de los recursos de los fondos del Ramo 33 son concurrentes, de ahí la equivocación de quienes hablan de que algunos estados aportan más recursos que otros. Subrayo, lo gastan en los subsistemas estatales, como en el caso de Oaxaca: la administración anterior decidió gastar 500 millones al año en uniformes y se registró como gasto en educación, pero nunca concurrente al FAEB, hoy FONE.

Uno de los factores para ayudar a los estados con sistemas propios fue que la fórmula seguida distribuía otros factores: la población en edad escolar, no sólo la matrícula de las escuelas públicas financiadas por el FAEB, además sumaba a los niños de escuelas del subsistema estatal y las privadas, lo que constituía un subsidio a los subsistemas estatales, particularmente del Estado de México y en mucho menor medida Puebla. Hubiera sido positivo si esto se hacía con recursos federales adicionales y no a costa del gasto de los estados en el subsistema federalizado. Adicionalmente, el 20 por ciento de “calidad educativa”, concepto que nunca se definió, se sumó al indicador de la población.

Incluso en la aplicación de la fórmula para el presupuesto no se hacía con la del final del proceso, que incluía la inflación y los aumentos salariales, polarizando aún más la distribución de los recursos entre las entidades con más gasto propio e incrementando los déficits de los gobiernos estatales y, por lo tanto, las observaciones de la ASF a los mismos por el retraso en los pagos a terceros institucionales.

Es un tema que tendrá que revisarse en el futuro, ya que hoy con el FONE, que está vivo desde 2015, tienen cuatro subfondos, uno de ellos es para compensar a los estados que “perdieron con el cambio de fórmula” al centralizarse las nóminas en la SEP, lo que no incluyó a los maestros estatales, pero la compensación se concentra en un solo estado.

David Colmenares Páramo


Etiquetas:       


Recursos y federalismo

31 / Ago / 2018

Foto ASF-David ColEsta semana se reunieron la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas que comentaron, según los medios de comunicación tiene que ver con su preocupación sobre la existencia de los coordinadores estatales, que sustituyen la figura de las delegaciones estatales, con una preocupación manifiesta sobre el federalismo. En lo personal comente en reciente entrevista que yo no lo veía mal, tanto para ahorrar recursos presupuestales, como para evitar que persistiera una figura nociva, como era la dependencia de los delegados de la mayor parte de los gobernadores.

De hecho, hoy los delegados de Gobernación son los jefes de los delegados federales y generalmente han sido nombrados con el palomazo o la recomendación de los gobernadores en turno, con lo que de hecho se convierten en operadores políticos de los mismos. Yo mismo llegué a ser no delegado, sino representante en materias de administración tributaria a nivel regional, así como de una institución de banca de desarrollo y fui objeto de intentos de veto por parte de dos gobernadores, lo que afortunadamente no prospero, pero en casi todas las delegaciones de las dependencias federales, generalmente así sucede.

Es evidente y así lo veo he comentado, que las delegaciones, no manejaran recursos, las participaciones porque son recursos propios, en efectivo de los gobiernos estatales que son producto del pacto fiscal que hizo que dejaran en suspenso el cobro de impuestos importantes que la Constitución no les prohíbe, recibiendo a cambio una participación de la cobranza que hace el gobierno federal, hoy a través del SAT. Pero hoy las puede auditar la ASF. Además dijo el Presidente electo que las delegaciones federales actuaran con absoluto respecto a la soberanía de los estados y no estarán p0r encima de las autoridades locales.

Las aportaciones que sí son recursos federales condicionados destinados a salud, educación, seguridad, combate a la pobrez,a esto es las aportaciones del Ramo 33 y subsidios como el seguro popular serán siendo ejercidas por los estados, pero ahora con una vigilancia preventiva por parte del personal técnico de la coordinación regional federal, lo que ayudara a inhibir conductas incorrectas.

A nivel municipal las acciones centralistas que padecen son mayores, por ejemplo en la parte fiscal, en muchos casos sus participaciones no son pagadas de acuerdo a Lay de Coordinación Fiscal, esto es en tiempo y forma, completas, en efectivo y no condicionadas, hay toda una historia de ejemplos de abusos estatales contra los municipios, a pesar de que hubo un momento que 22 gobernadores habían sido antes ex presidentes municipales.

Por otra parte haciendo un recuento presupuestal, con datos de la CP 2017, la que se esta auditando, para el uso de las delegaciones de SAGARPA, su costo fue de 3,296 millones de pesos y la de las de SEDESOL de 3,269 millones, siendo no homogéneo el costo por supuesto. En muchos estados hay mas de 60 delegaciones actualmente, el fin será reducirlas.

Por supuesto habrá que diferenciar aquellas que dan servicio directo al público, que no son delegaciones, por del SAT que nunca ha tenido delegados, pero si las Administraciones Locales de Recaudación, Auditoria Fiscal, Jurídico y Aduanas, o las que dan servicios como los de Relaciones Exteriores, entre otros, así como los que ejecutan obra directamente.

Por otro lado, es cierto los estados tienen sus oficinas de representación en la CDMX y en los municipios, a nivel regional muchos tienen delegaciones de gobierno.

Por otra parte, todavía no conocemos el proyecto definitivo, pero lo que apunta, creo será positivo y ayudará a mejorar y ser más transparentes en el ejercicio del gasto y en la inhibición de conductas indebidas, lo cual es un apoyo a la fiscalización superior.

David Colmenares Páramo


Etiquetas: