Recursos para desarrollo municipal

16 / Nov / 2018

Foto ASF-David ColEl combate a la pobreza y la desigualdad es preocupación creciente de la sociedad mexicana. Desafortunadamente la política y, sobre todo, la falta de recursos suficientes, han evitado que sigamos siendo uno de los países con indicadores que muestran todavía una carencia importante en pobreza y pobreza extrema. A ello sumamos la pereza fiscal de los municipales con posibilidades de estructura para recaudar.

Este Fondo, en su vertientes estatal y municipal, es un elemento recurrente en la conformación del Programa Anual de Auditorías de la ASF, ya que sus fines se vinculan directamente con las condiciones de bienestar de la población y con la cobertura de atención a renglones de infraestructura social básica, particularmente en aquellas zonas en donde se detectan los mayores déficits de atención en la materia.

Además de que constituye la principal fuente de los municipios para inversión en infraestructura social, ya que las participaciones que rebasan ligeramente el monto de este fondo, tienen como fin apoyar el desarrollo de la administración pública municipal, la cual se pulveriza en estados con mayores niveles de pobreza y mayor número de municipios.

En el combate contra la corrupción uno de los obstáculos a vencer son las cifras de la pobreza, la marginalidad y la dispersión municipal.

El reto crece, así tenemos que al acceso de la población a servicios básicos, como educación, salud y vivienda, aún es inexistente o insuficiente para un gran número de mexicanos.

La existencia de varios Méxicos se mantiene, ya que mientras en algunos estados la pobreza se ha reducido, en otros el porcentaje de su población en niveles de pobreza creció a niveles mayores al 70 por ciento.

Un papel central en el combate a la pobreza es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que forma parte del Ramo 33.

Algunos de los antepasados del FAIS comienzan a fines de los años ochenta, cuando el fondo se llamó Solidaridad y Desarrollo Regional, el cual se dedicó a la infraestructura social municipal, infraestructura para el desarrollo social y a programas productivos para impulsar el desarrollo de las zonas rurales.

En el gobierno de Zedillo cambia su nombre por Superación de la Pobreza, con tres subfondos: Fondo de Infraestructura Municipal, Fondo de Prioridades Estatales y Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación. Dos años después se reducen a dos fondos; y después de otras denominaciones, en 1998 se crea el Ramo 33, como parte del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, creándose el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (el FAIS) con dos subfondos: el FISM, para la infraestructura social municipal, y el FISE, para infraestructura estatal.

Este Fondo del Ramo 33, para 2018, tiene programados 73 mil millones de pesos, un crecimiento promedio de 8.0 por ciento anual, equivale al 2.25 por ciento de la recaudación federal participable.

La mitad del FAIS se concentra en cinco entidades, las de mayores niveles de pobreza: Chiapas. Con 16.5 por ciento; Veracruz, 10.8; Oaxaca, 10.0; Guerrero, 8.4, y Puebla, 7.4 por ciento. Si vemos algunos de ellos tienen una macrocefalia de primer mundo, pero son estados con altos niveles de pobreza y desigualdad.

Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa estos fondos a alrededor de 150 municipios, con la carga adicional de revisar las participaciones. Hasta 2016 y lo que va de la Cuenta Pública 2017, la recurrencia de las observaciones se concentran en subejercicios, falta de documentación comprobatoria, el no cumplimiento de los objetivos del fondo o transferencias a otras cuentas. Estamos trabajando para incluir y medir los impactos presupuestales, ambientales y sociales, temas que se están incluyendo a seis meses de la renovación institucional del órgano fiscalizador.

David Colmenares Páramo



Fondos de estabilización

09 / Nov / 2018

Foto ASF-David ColEn marzo de 2001 se crea el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), conformado con un porcentaje de los ingresos excedentes, con el fin de revertir el impacto presupuestal de cambios bruscos en los ingresos petroleros de exportación. Posteriormente, en 2006, el Congreso aprueba la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la figura de los fondos de estabilización, a fin de contar con reservas transparentes para hacer frente a contingencias presupuestarias. Se determinó que se destinarían los ingresos excedentes a tres fondos de estabilización: el FEIP, el FEIEF y el Fondo de Estabilización para Inversión en Infraestructura en Petróleos Mexicanos.

El 2006 fue un buen momento en virtud de que los ingresos petroleros tenían niveles que permitieron que, durante cinco años, se pudieran pagar lo que eufemísticamente se llamó “excedentes petroleros” a las entidades federativas, que no fueron pocos, equivalían aproximadamente a un mes de participaciones, igual que el Impuesto a la Tenencia, cuya potestad desperdicio un número importante de gobiernos estatales.

Los primeros años de la actual administración federal, el FEIP, amplió su cobertura para compensar cualquier reducción de ingresos federales, no sólo las derivadas de los ingresos petroleros. En 2015, el Fondo Mexicano del Petróleo sustituye el régimen de derechos; de ahí se pagan, entre otros rubros, las coberturas petroleras y sus transferencias, forman parte de la recaudación federal participable, base para el pago de las participaciones.

El FEIEF (el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) ha tenido una evolución importante al proteger las finanzas estatales, ante la caída de las participaciones y compensar los efectos negativos de la crisis de 2009.

Recientemente se ha señalado que el próximo gobierno recibirá más de 341 mil millones de pesos que se encuentran en tres fondos, principalmente el FEIP y el FEIEF. El primero con más de 247 mil millones, y el FEIEF, con de 76 mil millones al mes de septiembre de este año. Asimismo, 19 mil millones de pesos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los recursos del FEIEF son para enfrentar contingencias en los gobiernos estatales, y por tanto en los municipales. Si durante tres meses seguidos, las participaciones programadas son inferiores a lo previsto, se activa el FEIEF y se pagan a los estados un 75 por ciento de la insuficiencia; si cuando termina el año sigue siendo negativo el saldo de lo pagado respecto a lo programado, se les paga al cien por ciento la disminución anual.

En 2009, las participaciones cayeron alrededor de 40 mil millones de pesos, se activó el FEIEF, que entonces tenía 22 mil millones y dos mil millones de pesos de intereses, con lo que se pudo compensar sólo una parte de la pérdida, por ello se recurrió a una figura ingeniosa, que funcionó, la de potenciar el último pago con un crédito, que en menos de dos años pagaron las entidades federativas.

En los últimos tres años, el saldo final ha estado por encima de lo programado, lo cual ha permitido que hoy presente un saldo de 74 mil millones, lo que les permite certeza presupuestal a los estados en caso de que sus participaciones estén por debajo de lo estimado. Por lo menos les da para dos años, si las condiciones fueran difíciles.

Y está el tema del IEPS de las gasolinas, que fue como un bálsamo en 2015 cuando caen los precios del petróleo, y por tanto los ingresos petroleros. El IEPS salvó las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno; cierto, es un impuesto indirecto que se incorpora al precio de las gasolinas, pero se ha reducido y podría reducirse más, paulatinamente.

Se compensa con buenas políticas de gasto en los tres órdenes de gobierno. A ello contribuirán las facultades de fiscalización de las participaciones con que hoy cuenta la ASF.

David Colmenares Páramo



A la mitad del camino

02 / Nov / 2018

Foto ASF-David Col

Las auditorías al gasto público se iniciaban a partir de la presentación de la cuenta pública del año anterior; con las reformas de 2015, la ASF puede empezar a auditar desde el 1 de enero, con información preliminar. Antes se presentaba un único Informe de Resultados, hoy podemos se presentan tres informes individuales, en los meses de febrero, junio y octubre, y el definitivo en febrero de 2019.

He presentado ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dos informes individuales, el segundo esta semana. Es importante señalar que, durante el proceso de auditoría, presentamos observaciones para aclaración de los entes auditados, que no son definitivas y no constituyen aún irregularidades, sino observaciones que se están aclarando. Cuando no las aclaran, pasan a la instancia legal.

Para ello, hemos realizado una reforma importante: separar las acciones auditoras de las de seguimiento o aclaración de las observaciones.

Con esto evitamos que una misma área asuma el rol de juez y parte, esto es que audite y además solvente, lo que da mayor calidad al proceso. Esta separación es una acción calificada por organismos internacionales, como una buena práctica.

Tenemos el reto de abatir un rezago importante en los procesos de hasta cinco años, que estamos empezando a depurar. En suma, con esto el área de auditoría fiscaliza y la de seguimiento valora los resultados, para que posteriormente el área jurídica inicie las acciones penales ante la autoridad correspondiente. Al respecto, ya tenemos reuniones de trabajo de seguimiento con la PGR.

En este segundo reporte se presentaron 642 pliegos de observaciones y mil 220 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

En octubre se presentaron siete denuncias penales vinculadas al tema de “La Estafa Maestra”, por un monto de mil 900 millones de pesos, y también se iniciaron seis procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por un monto de 734 millones de pesos. Lo anterior implicó un esfuerzo adicional para perfeccionar, complementar y sustentar los asuntos pendientes de cuentas públicas anteriores, que no fueron terminadas en ejercicios subsecuentes de 2013 y 2014.

Ya los medios de comunicación, a partir del Marco de Referencia entregado a la Comisión de Vigilancia, así como los informes individuales de las auditorías, están comentando los resultados.

Todo es importante, pero algunos temas son más relevantes para la opinión pública, como el de la reconstrucción y rehabilitación derivadas de los sismos de 2017. Hallazgos relevantes como la cobertura limitada del levantamiento de información de los municipios listados en las declaratorias de desastre natural; las bases de datos del censo de los beneficiarios no contaron con controles suficientes para evitar duplicidades; no se observa una priorización en la entrega de apoyos y si una coordinación interinstitucional insuficiente; dispersión de recursos sin la existencia de marcos de control establecidos; incluso en las auditorías que aún están en proceso hay rezago en la información solicitada a varias contralorías estatales, particularmente del sur-sureste, llegaremos a la sanción si no cumplen con esas solicitudes.

En cuanto al Ramo 23, se revisó el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) de los estados, cuyo monto es de 14 por ciento del Ramo. Un dato relevante es que el presupuesto inicial de este fondo fue de tres mil millones y termina con 50 mil, un incremento de mil 500 por ciento; no se observan reglas de operación y criterios claros para su asignación ni para su contabilidad, incluso algunos estados los clasificaron incorrectamente como participaciones y los metieron a la llamada “cuenta licuadora”. En suma, tiene muchas insuficiencias, su destino parece discrecional y mantiene amplios espacios de opacidad.

David Colmenares Páramo