A la mitad del camino

02 / Nov / 2018

Foto ASF-David Col

Las auditorías al gasto público se iniciaban a partir de la presentación de la cuenta pública del año anterior; con las reformas de 2015, la ASF puede empezar a auditar desde el 1 de enero, con información preliminar. Antes se presentaba un único Informe de Resultados, hoy podemos se presentan tres informes individuales, en los meses de febrero, junio y octubre, y el definitivo en febrero de 2019.

He presentado ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dos informes individuales, el segundo esta semana. Es importante señalar que, durante el proceso de auditoría, presentamos observaciones para aclaración de los entes auditados, que no son definitivas y no constituyen aún irregularidades, sino observaciones que se están aclarando. Cuando no las aclaran, pasan a la instancia legal.

Para ello, hemos realizado una reforma importante: separar las acciones auditoras de las de seguimiento o aclaración de las observaciones.

Con esto evitamos que una misma área asuma el rol de juez y parte, esto es que audite y además solvente, lo que da mayor calidad al proceso. Esta separación es una acción calificada por organismos internacionales, como una buena práctica.

Tenemos el reto de abatir un rezago importante en los procesos de hasta cinco años, que estamos empezando a depurar. En suma, con esto el área de auditoría fiscaliza y la de seguimiento valora los resultados, para que posteriormente el área jurídica inicie las acciones penales ante la autoridad correspondiente. Al respecto, ya tenemos reuniones de trabajo de seguimiento con la PGR.

En este segundo reporte se presentaron 642 pliegos de observaciones y mil 220 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

En octubre se presentaron siete denuncias penales vinculadas al tema de “La Estafa Maestra”, por un monto de mil 900 millones de pesos, y también se iniciaron seis procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por un monto de 734 millones de pesos. Lo anterior implicó un esfuerzo adicional para perfeccionar, complementar y sustentar los asuntos pendientes de cuentas públicas anteriores, que no fueron terminadas en ejercicios subsecuentes de 2013 y 2014.

Ya los medios de comunicación, a partir del Marco de Referencia entregado a la Comisión de Vigilancia, así como los informes individuales de las auditorías, están comentando los resultados.

Todo es importante, pero algunos temas son más relevantes para la opinión pública, como el de la reconstrucción y rehabilitación derivadas de los sismos de 2017. Hallazgos relevantes como la cobertura limitada del levantamiento de información de los municipios listados en las declaratorias de desastre natural; las bases de datos del censo de los beneficiarios no contaron con controles suficientes para evitar duplicidades; no se observa una priorización en la entrega de apoyos y si una coordinación interinstitucional insuficiente; dispersión de recursos sin la existencia de marcos de control establecidos; incluso en las auditorías que aún están en proceso hay rezago en la información solicitada a varias contralorías estatales, particularmente del sur-sureste, llegaremos a la sanción si no cumplen con esas solicitudes.

En cuanto al Ramo 23, se revisó el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) de los estados, cuyo monto es de 14 por ciento del Ramo. Un dato relevante es que el presupuesto inicial de este fondo fue de tres mil millones y termina con 50 mil, un incremento de mil 500 por ciento; no se observan reglas de operación y criterios claros para su asignación ni para su contabilidad, incluso algunos estados los clasificaron incorrectamente como participaciones y los metieron a la llamada “cuenta licuadora”. En suma, tiene muchas insuficiencias, su destino parece discrecional y mantiene amplios espacios de opacidad.

David Colmenares Páramo



Política presupuestal, política-política

26 / Oct / 2018

Foto ASF-David ColEsta semana tuve la oportunidad de participar, a invitación de Luis Carlos Ugalde, en la presentación actualizada del libro de su autoría, La Negociación Política del Presupuesto: 1997-2018, actividad que ha tenido en el tiempo cambios de acuerdo con la circunstancia política y la evolución de la administración pública. Por lo menos hay tres etapas recientes, entre ellas la pasarela que por varios años hicieron los gobernadores en el Congreso, para continuar pidiendo más presupuesto.

La primera versión de su libro, que abarca de 1997 a 2012, ha sido muy útil para los estudiantes de economía o para aquellos interesados en saber, más allá de la técnica presupuestaria, cómo realmente se negocia un Presupuesto, en este caso el Presupuesto federal.

Estuvo compartiendo la mesa Mauricio Merino, cuyo interés y experiencia en este tema son reconocidos y respetados; fue un honor compartir con ellos la mesa.

En lo personal es un texto que he llevado a mis alumnos de Finanzas estatales en la UNAM, quienes la parte teórica y técnica del Presupuesto las complementan con la realidad de la negociación política del mismo. El Cartero de Neruda, aquella buena película italiana, cuyo actor principal –el cartero– fallece un día después de terminar la filmación, ante el reclamo de Don Pablo para usar un poema suyo para conquistar a una muchacha, le dijo: “Don Pablo, los poemas no son de quien los escribe, sino de quien los necesita”. Y ese es el caso de este interesante trabajo, que se vio fortalecido con 38 entrevistas a actores de las negociaciones, desde exfuncionarios públicos, gobernadores, senadores y diputados, todos ellos involucrados en las negociaciones del Presupuesto en los últimos años.

Una de las actividades más desconocidas por los ciudadanos, e incluso por la comunidad universitaria, son los mecanismos para la asignación presupuestaria y su negociación.

Importante es reconocer que del total del Presupuesto, sólo es susceptible de negociación el 10 por ciento, en promedio. El 90 por ciento es irreductible, esto significa que está ya comprometido, lo cual incluye, entre otros conceptos, los salarios, pago de deuda, subsidios a la educación media y superior. Asimismo el gasto no programable.

Dado el contexto normativo y las facultades acotadas por el tiempo –aún la auditoría en tiempo real no es una realidad– en la conformación del PEF no se han tomado en cuenta los resultados de la fiscalización de la ASF ni de los órganos evaluadores, como el Coneval, señala Luis Carlos.

El Ramo 23, como mecanismo de negociación del Presupuesto, es otro de los temas considerados, así como la asignación del gasto de inversión y proyectos de infraestructura. Un comentario adicional es que el gasto público en infraestructura, como ha señalado el CEESP, está en los niveles de los años cuarenta.

En cuanto al Ramo 23, la ASF pondrá especial atención a su composición y ejercicio, ya que el comportamiento observado en el periodo 2015-2017 es altamente riesgoso por las diferencias entre lo programado y lo ejercido, y por los niveles de discrecionalidad en su asignación y ejercicio.

Con el análisis del comportamiento del gasto del Ramo 23 en las asignaciones aprobadas, modificadas y ejercidas durante el periodo 2015-2017, se observa que los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación siempre son inferiores a lo ejercido.

Recursos sin reglas de operación, de los cuales el 50 por ciento son fondos de estabilización y en donde el Fondo de Fortalecimiento Financiero ocupa el 14 por ciento del presupuesto devengado total, con un crecimiento de más del mil por ciento de lo presupuestado. Esto hay que corregirlo.

David Colmenares Páramo



La Comisión de Vigilancia

19 / Oct / 2018

Foto ASF-David ColHace dos días tuve oportunidad de participar como invitado en la instalación de dos comisiones importantes de la Cámara de Diputados, la de Transparencia y Anticorrupción, así como la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En el caso específico de la Comisión de Vigilancia, desde 1997 operó un mecanismo de contrapesos –como señala Luis Maldonado en la Memoria de actividades de la anterior comisión–, en el que los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, así como el de la Comisión de Vigilancia, recaían en figuras independientes del Poder Ejecutivo.

La configuración de cada comisión ofrece una nueva oportunidad para renovar el rol del Poder Legislativo en los procesos de rendición de cuentas y transparencia. Para la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto es la oportunidad de reforzar una interacción eficaz con la Comisión de Vigilancia, encabezada por el diputado Mario Alberto Rodríguez, el octavo desde que Fauzi Hamdan fuera el primero, hasta el anterior que fue Luis Maldonado.

Muy relevante fue la disposición manifestada por los nuevos integrantes de la comisión para el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, que opera al margen de cualquier distingo partidista o político, al ser un órgano técnico cuya función es combatir con eficacia la corrupción.

El éxito del trabajo conjunto de ambas instancias, garantiza el carácter técnico, la autonomía de gestión y el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, que se verán reflejadas en la calidad de las auditorías que lleva a cabo en todos los poderes, en todos los órdenes de gobierno, en los organismos autónomos. De hecho, prácticamente ningún organismo público debe o debería ser inmune a la fiscalización de la Auditoría.

Es evidente que el gasto en fiscalización es una inversión cuando los resultados se reflejan en la recuperación de los recursos desviados o mal utilizados, pero sobre todo cuando a partir de las acciones del ente fiscalizador y las instancias judiciales, se inhiben las acciones de corrupción y desvío en el uso de los recursos públicos. Esto es a partir del enfoque preventivo.

Además, el propósito de esta coordinación, desde mi perspectiva, debe ser fortalecer los mecanismos que permitan que la información, productos y resultados de la labor de la ASF sean utilizados por la Cámara de Diputados como un recurso estratégico en las deliberaciones y toma de decisiones en distintas vertientes, destacando las presupuestales, iniciativas de ley o modificaciones legales.

De ahí la importancia de la fiscalización en tiempo real.

La lucha contra la corrupción tiene que tener resultados concretos, y en esto la relación con la Comisión de Vigilancia es definitiva, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, cubriendo los espacios vacíos como el de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Un tema relevante en este momento, así como una oportunidad para la fiscalización, es coadyuvar en la observancia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que aunque no forma parte del paquete normativo que sustenta el Sistema Anticorrupción, es un ordenamiento fundamental en el ambiente de control, así como lo es la Ley de Armonización Contable, ya que coadyuvan a una gestión más responsable y sostenible de las finanzas públicas.

Al respecto, un tema que deben tomar en cuenta las autoridades municipales en el ejercicio de los recursos de las transferencias federales, incluso las del llamado Ramo 33, el FAIS, el FORTAMUN y el FORTASEG, es que deberán aplicarse en su ejercicio oportuno a las reglas de la Ley de Disciplina Financiera, que los obliga a reintegrar a la TESOFE los recursos remanentes de las transferencias federales etiquetadas y comprometidas, y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas.

David Colmenares Páramo


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