Contener el costo de la deuda

08 / Jun / 2018

Foto ASF-David ColEl crecimiento de la deuda de estados y municipios se triplica de 2006 a 2013, esto es, pasó de 160 mil millones a 483 mil millones de pesos como consecuencia de la crisis financiera de 2009, que se convirtió en una crisis fiscal de donde se derivó que las participaciones se mantuvieran por debajo de su nivel en términos reales, de 2008 a 2013, a lo que se sumó el bajo potencial recaudatorio de los impuestos locales y el desinterés en muchos estados y municipios para aplicar políticas de gasto eficientes y transparentes.

El problema de la deuda es que se paga o se reprograma para que se pague años después, con lo que mantiene la restricción de recursos para la inversión y el gasto social. En 2017, tres quintas partes de la nueva deuda de ese año se destinó para reprogramar, esto es para ganar tiempo, bajar servicio en el corto plazo, pero al final con un incremento en su costo. Reprogramar hacia adelante la deuda que ya existía localmente, implica que esta ya no crezca como lo estuvo haciendo de hasta 2014, cuando creció un promedio de más de 50 mil millones de pesos por año. Pero en los últimos tres años se ha logrado disminuir ese crecimiento, lo cual se puede explicar por la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera y su sistema de semáforos, que en su segunda versión corrige algunos criterios de la primera. Por otra parte está disminuyendo la capacidad de endeudamiento, derivado de que su principal garantía de pago son las participaciones, y aunque en los últimos años estas han crecido por arriba de lo programado, aún no han recuperado poder adquisitivo real.

Desde 2013, la deuda respecto de las participaciones fue de 91 por ciento, y en los últimos cinco años esta cifra está en descenso, hoy está alrededor del 78 por ciento, proporción inferior al 2011 pero aún lejos de la relación de 2006, cuando fue de 49 por ciento.

Las fuentes de endeudamiento se clasifica en varias ventanillas: la banca múltiple, la banca de desarrollo, las emisiones bursátiles, los fideicomisos y los PPS, como los más importantes mecanismos para obtener recursos de forma extraordinaria.

Las emisiones bursátiles no son comunes en todos los estados, pero para 2017 existen tres donde la composición de su deuda sobresale con más de 30 por ciento: Oaxaca, con 48 por ciento, y Chihuahua y Chiapas con 36 por ciento. En este modelo permite comprometer ingresos futuros para ejercer en el presente, estas emisiones causaron grandes descontentos en algunos estados.

Para 2017, el promedio de la deuda con relación a las participaciones en los estados fue de 79.3 por ciento, pero en Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila equivale a más del 200 por ciento con respecto a sus participaciones.

Otro aspecto importante es que, en promedio, los plazos de vencimiento de estas deudas están en 14 años; es decir, se requieren más de dos administraciones de gobierno estatal para poder cumplir los compromisos que al día de hoy se tienen, siendo Quintana Roo y Nuevo León los estados con plazos de más de 20 años.

Por lo anterior es que la revisión de la deuda estatal, del impacto presupuestal de su servicio, implica que se requiera de un nuevo análisis del pacto fiscal para mantener el desarrollo sin la dependencia fiscal del esfuerzo federal, a fin de poder crecer y evitar desenlaces de las finanzas públicas y sus consecuencias, como el desempleo, la pobreza y la elevación de los índices de delincuencia.

La ASF, con sus nuevas atribuciones hacia estados y municipios, busca prevenir este futuro, así como dar seguimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, esto es revisar, ahora sí en tiempo real, las participaciones y la deuda, así como fortalecer transparencia y armonización contable.

David Rogelio Colmenares Páramo



Posicionamiento del C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard ante la opinión pública de México

03 / Jun / 2018

 

A la opinión pública de México:

A raíz de una serie de publicaciones que circulan principalmente en redes sociales deseo compartir con todos ustedes algunas aclaraciones y precisiones de todo lo publicado, presentándome tal cual soy y ahora como responsable de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación. Cada quién tiene el derecho, a partir de estos comentarios que les comparto, a formarse su propio juicio, pero con conocimiento de causa.

  1. La integridad y ética deben ser cualidades de todos los integrantes de la Auditoria Superior de la Federación, nadie puede utilizar sus recursos para beneficio personal o para apoyar las actividades de instituciones privadas cuya relación es prestar servicios a la ASF, por lo que sus actividades deben ser financiadas con los recursos que obtienen. La honradez empieza en casa.
  1. Es perverso señalar que se pretende dejar de hacer las investigaciones sobre operaciones realizadas bajo el esquema al que ya se le conoce como “la Estafa Maestra”; los resultados de estas investigaciones, en unos casos han derivado en denuncias penales que están en proceso de sustanciación en la Procuraduría General de la República, otros se encuentran en proceso de integración y estamos por iniciar otras que ya fueron detectadas bajo mi responsabilidad.
  1. Nadie puede adjudicarse de forma exclusiva las investigaciones realizadas como consecuencia de la detección que realizó un grupo de auditores adscritos a la Dirección General de Auditoria Forense y no su titular, sin restarle merito a su importante trabajo, el cual en su momento se lo hice de su conocimiento.
  1. Esta institución está conformada por muchos talentos con experiencia y compromiso a los que no se les ha dado su debido reconocimiento. Mi reconocimiento también a las instituciones de la sociedad civil que han realizado investigaciones y para quienes realizan denuncias, quienes tienes las puertas abiertas de la ASF, información que formara parte importante como insumo para la planeación de la fiscalización.
  1. Es sabido el trato grosero y prepotente que daba la titular de la Dirección General de Auditoria Forense al personal auditor. Adicionalmente, iniciaremos investigación rigurosa en contra de quién ha sido señalado como acosador sexual afectando la estabilidad aboral y emocional de las Auditoras que trabajan en la Dirección General de Auditoría Forense y que fue tolerado por su titular.
  1. No he incurrido en conflicto de interés como tendenciosamente se ha pretendido señalar, durante mi vida profesional de 32 años al frente de la firma Béjar, Galindo, Lozano y Cía. S.C. donde presté hasta el 15 de mayo pasado, servicios profesionales en los tres órdenes de Gobierno y con Gobiernos de todos los partidos políticos. Mis contrataciones siempre se sujetaron a los procesos de cotización o licitación que establecieron las Dependencias que me contrataron, siempre entregando resultados de la más alta calidad profesional.
  1. A partir de que recibí la invitación del Auditor Superior de la Federación para incorporarme a su equipo de trabajo, inicié el cierre del área de la firma Béjar, Galindo, Lozano y Cía., S.C., que realiza Servicios Gubernamentales, para lo cual entregué antes de incorporarme a la ASF, cartas en todas las Dependencias en las cuales forma parte de su padrón de prestadores de servicios, señalando mi incorporación a la ASF y solicitando que no debe de designarse ningún tipo de trabajo a esta firma. Las copias de todas estas cartas serán entregadas el día de hoy a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.
  1. La firma Béjar, Galindo, Lozano y Cía., S.C., no se cerró porqué mi socio el CPC Arturo Galindo Serna presta servicios privados de Contabilidad y Auditoría, razón por la que él tiene derecho a continuar con el prestigio que ambos le dimos a la firma.
  1. No soy Presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C., como indebidamente se ha señalado, soy orgullosamente su ex Presidente por dos ocasiones; en este momento no ostento ningún cargo en esta institución. La AMDAD forma parte del Padrón de Testigos Sociales, los cuales son designados por la Secretaría de la Función Pública, la cual designa a quienes llevarán a cabo un determinado atestiguamiento, a través de un Comité de Designación; la AMDAD hace lo propia a través de su Comité Interno que decide que Académico registrado ante la SFP llevará a cabo el atestiguamiento designado. En diez años que la AMDAD ha pertenecido ha dicho padrón dicho Comité no me ha designado más de cinco atestiguamientos.
  1. En el mes de marzo del año pasado fundé el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, A.C., institución de la cual orgullosamente fui su primer Presidente, con el apoyo de más de 50 mexicanos comprometidos en el combate a ala corrupción, especialistas en materia Gubernamental, con el objeto de darle seguimiento a las acciones que realicen los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Presenté mi renuncia el pasado mes de abril para incorporarme a la Auditoría Superior de la Federación.
  1. Antes de ser Contador Público, estudié la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin haberla finalizado, pero mis inquietudes y el ser un hombre de trabajo me llevaron a crear una pequeña constructora, que le da empleo a muchos mexicanos de forma directa e indirecta, que ha realizado desarrollos horizontales y verticales con éxito, así como la ejecución de remodelación de casas. Estas empresas nunca han realizado Obra Pública ni realizarán. Mantienen una administración propia a través de un Director General.
  1. Soy Presidente de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos, A.C. y he sido su miembro por segunda ocasión, cargo honorífico como reconocimiento a una trayectoria integra e impecable durante 30 años de membrecía, habiendo sido también en ese periodo capacitador, expositor, Presidente de Comisiones de trabajo y articulista.
  1. Soy hijo de dos trabajadores del Sector Salud, dos personas integras; el ejemplo que nos dieron siempre fue el estudio, el trabajo fuerte y honrado y la solidaridad y trato respetuoso entre hermanos.
  1. Mi padre muere en el terremoto de 1985 derivado del derrumbe del Hospital Juárez donde se desempeñaba como Jefe de Cirugía y Jefe del Departamento de Enseñanza de la UNAM. Este Hospital colapsó producto de la mala construcción del mismo, por lo que mi compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, adicionado del mal trato y amenazas que recibimos como familia para mantenernos callados, surge en ese periodo de septiembre 19 a octubre 16 de 1985, fecha en que encontramos su cadáver.
  1. Es público mi compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad. Nadie deja lo que durante 32 años construyó, que en mi caso fue mi muy prestigiada firma de Contadores Públicos y un prestigio personal labrado a base de mucho trabajo, para ingresar a la Institución con más prestigio en el País, solo para que, en la mente retorcida de alguien que gozó de privilegios indebidos, vayamos a frenar las investigaciones, muy al contrario éstas se profundizarán, buscando una coordinación entre el trabajo realizado entre las cinco Direcciones Generales a mi cargo.
  1. No pertenezco a algún partido político, ni hago proselitismo a favor de ningún candidato, tampoco los conozco. Soy respetuoso de la democracia que han creado las instituciones de este País. Amo a México y trabajo por incidir en que haya un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad, por eso acepté la invitación a incorporarme a la ASF. El día que se me pida hacer algo indebido, me iré.

Solo quienes no me conocen pueden creer las infamias vertidas en contra de una institución que hoy bajo un nuevo liderazgo retoma con energía; fortalece y mejora las actividades de fiscalización encomendadas a ésta.

CPC Gerardo Lozano Dubernard

 



Impacto de la pobreza y la desigualdad

01 / Jun / 2018

Foto ASF-David ColA pesar de avances en cuanto al acceso de la población a servicios básicos, como educación, salud y vivienda, aún los rezagos sociales son importantes, de forma tal que como ha señalado la OCDE, somos el segundo país más desigual entre sus miembros, quizás sólo somos superados por Chile, donde “el milagro económico” sólo fue para unos cuantos.

Se ha reducido, como ha señalado Coneval, la pobreza extrema y la pobreza en general de 46 por ciento, en 2010, a 43.6 por ciento, en 2016, no obstante, el número de pobres aumentó por el crecimiento natural de la población, de 52.8 millones de pobres a 53.4 millones hacia 2016. La desigualdad persiste como estuvo de moda comentarlo cuando el estudio de OXFAM.

La existencia de varios Méxicos se diversifica, ya que mientras en algunos estados la pobreza porcentual se ha reducido, como en las dos Baja Californias, con niveles de 22 por ciento de su población en situación de pobreza, o Quintana Roo, de 35.9 a 28.8 por ciento; en el otro extremo de la estructura de la desigualdad, en Veracruz el porcentaje de su población en niveles de pobreza pasó de 58 por ciento, en 2014, a 62 por ciento, en 2016, Oaxaca de 66 a 71 por ciento, o Chiapas de 76 a 77 por ciento.

La consecuencia de estos niveles de pobreza tiene como resultado la existencia de la estructura nacional de la desigualdad, en comparación con su nivel en otros países, no sólo de la OCDE, sino de otros con nivel de desarrollo similar al nuestro.

Para conocer su impacto sobre la fiscalización, es suficiente revisar el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISM, que es uno de los fondos de aportaciones condicionadas del Ramo 33, cuya fiscalización es exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. Este Fondo es para combatir la pobreza y es el nieto del Ramo 26, que era el Programa Nacional de Solidaridad de la época del presidente Salinas. La mitad del mismo se concentra en cinco estados: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, entidades federativas donde encuentran mil 198 municipios, la mitad de los que hay en el país, lo que emparenta municipalismo con pobreza.

La fiscalización a los municipios se atomiza, la Auditoría Superior sólo puede revisar menos de 150 al año, el resto es de las auditorías superiores de los estados, algunas de las cuales tienen insuficiencia presupuestal.

Además, es claro que la desigualdad y la pobreza se estacionan en los estados menos favorecidos, donde dentro existen nortes y sures, medidos por la distribución del ingreso y la riqueza.

Entra también el tema de las participaciones, el principal ingreso corriente de los estados, el cual, como ya comenté en El Financiero, se destina fundamentalmente a gasto corriente, incluyendo la quinta parte que corresponde a las participaciones municipales. Por eso el énfasis que se pone en la ASF para revidar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución de recursos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, y su pago oportuno y completo, para evitar los abusos que históricamente se han hecho por parte de algunos gobiernos estatales.

Aquí el dilema es cómo lograr desarrollo, cómo fortalecer fiscalmente a estados, pero más al municipio. Algunas ideas apuntan a tener un gasto social regional y sectorial mejor focalizado, revisar los destinos programados de los fondos de aportaciones, los subsidios y los convenios, así como la gran cantidad de programas sociales, que no sólo deben de contener el avance de los indicadores de las necesidades esenciales, sino promover la inversión social, mejorar el salario real, avanzar en la armonización contable, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras medidas de disciplina y de política fiscal.

En suma, la desigualdad implica un reto para la mejor fiscalización del gasto público.

David Rogelio Colmenares Páramo


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