Fiscalización de la reconstrucción

13 / Jul / 2018

Foto ASF-David ColLos desastres naturales, sean huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, son frecuentes en nuestro país. Somos en territorio el número 14 del mundo. Hay regiones donde son más recurrentes, sólo el año pasado tenemos el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, que de un serio problema de sequía, su presa más importante estaba casi vacía, llueve torrencialmente una semana y en pocos días la emergencia era que se desbordaría la presa. Y luego en septiembre vienen los sismos, dejando devastada la región. Por supuesto, mientras más pobreza exista, la infraestructura sea precaria y exista mucha, mucha corrupción, el impacto será mayor.

La reconstrucción cuesta mucho y son pocos los estados que cuentan con recursos para enfrentar su costo. Un ejemplo notable fue el de la CDMX, que tenía el año pasado un fondo con mayores recursos que los del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). La ciudad pudo hacerlo porque, desde el gobierno del presidente electo, recauda, aun con las limitaciones de la coordinación fiscal, más de la mitad de sus ingresos propios, frente a una dependencia mayor al 90 por ciento del resto de las entidades federativas.

Con todo lo útil del Fonden, éste está amarrado a una política de pari passus, muchas veces imposibles de cumplir, por lo que los estados con mayor recurrencia a los desastres y haciendas públicas limitadas han recurrido al endeudamiento de los bonos cupón cero de Banobras.

Adicionalmente, en 2017, Sedesol flexibiliza las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para que pueda ser utilizado en la reconstrucción, claro son recursos fiscalizables por la ASF.

Han sido muchos los actores, por lo que la sociedad civil y los propios afectados han denunciado el desvío de los recursos en niveles que parecen ser escandalosos, por parte de algunos de los responsables de las tareas de reconstrucción de los tres órdenes de gobierno.

Por ello, la Auditoría Superior ha decidido ampliar sus auditorías con una visión integral en la fiscalización de estos recursos y sobre el desempeño de las diferentes entidades y dependencias responsables de las acciones. La gran diversidad en el origen de los recursos, y su volumen, exige de una estrategia así. No ignorando, por supuesto, la realidad social del país.

El gran esfuerzo ciudadano, que se reflejó en el acopio y envío de materiales de consumo e incluso de construcción, debió entregarse efectivamente a los damnificados, sobre todo cuando se trata de los más pobres de los pobres, de los nueve estados afectados por los sismos.

Las erogaciones del Fonden ascendieron, en 2017, a 19 mil millones para la atención de daños ocasionados por los sismos de septiembre; se autorizaron a esos nueve estados 14 mil millones, lo cual incluye 7.5 mil millones para la reconstrucción y restitución física de bienes afectados.

Por ejemplo, se pondrá atención a la correcta entrega de recursos a damnificados, como la identificación de pagos duplicados.

Se requiere de esta visión integral, ya que son muchos los actores, así como las fuentes de recursos, de un proceso que sigue.

Temas como la entrega de apoyos a la población, mediante el censo de afectados que levantó la Sedatu; la correcta entrega de recursos a los damnificados, mediante identificación de pagos duplicados y cargos no reconocidos; los recursos que estas entidades atendieron en apego a los transitorios, y beneficios que se dieron en los fondos locales, etcétera.

Las revisiones incluirán a las instancias involucradas en regular, operar, vigilar, ejecutar y fiscalizar que los apoyos, así como la atención a los desastres por el sismo, hayan sido entregados conforme a la normativa aplicable y la política pública de atención de desastres.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Corrupción y recursos

06 / Jul / 2018

Foto ASF-David ColPara entender el efecto de la corrupción sobre el presupuesto, debemos empezar por analizar la importancia de la política de ingresos, el ejercicio del gasto público, a fin de clarificar mejor su distribución, su destino y la estructura por órdenes de gobierno.

Hoy tenemos una política tributaria centralizada donde el poder recaudatorio de los impuestos está, según datos de la OCDE, concentrado en los impuestos federales coordinados, teniendo los gobiernos estatales y municipales alrededor del seis por ciento del total, esto es el potencial recaudatorio de las fuentes de ingresos locales. De ahí el peso presupuestal en las finanzas subnacionales, de las transferencias de libre disponibilidad y las condicionadas.

El principal rubro de los ingresos propios de estos últimos años son las participaciones de los ingresos federales, cuyo porcentaje es alrededor del 25 por ciento de la recaudación federal participable; sin embargo, es insuficiente para cubrir los gastos necesarios para satisfacer el desarrollo de infraestructura y la política social en los estados.

El CEESP ha manifestado que la inversión pública en infraestructura corresponde a la de los años 40, mientras que las participaciones, en un 90 por ciento, son gasto corriente. La recaudación se ha mantenido gracias a los IEPS, entre ellos el más importante: el de la gasolina. Sin embargo, no ha sido suficiente para atender las necesidades del desarrollo.

En cuanto a los municipios, estos reciben sus recursos por medio de fórmulas estatales que no siempre son adecuadas y muchas de ellas en detrimento de los mismos, de ahí la relevancia de que la ASF tiene como prioridad la revisión de la aplicación de las mismas.

La tarea aún no está completa, ya que en los municipios recae la obligación de cubrir los servicios básicos, como agua, seguridad pública, alumbrado, servicios de limpia.

Si las fórmulas de distribución no contienen criterios de eficiencia administrativa y sólo se basan en población, como es el caso de la fórmula de San Luis Potosí, que tiene el 95 por ciento de su distribución con respecto a su población, no existe ningún incentivo para el municipio de elevar su recaudación o hacer su gasto más eficiente.

Esta misma situación obliga a los alcaldes en turno a tomar la decisión de proveer servicios de calidad o hacer nueva obra pública, que finalmente tendrá un costo de mantenimiento que quizás no puedan pagar.

Su última opción es adquirí deuda para su proyecto de gestión, la cual elevará los compromisos de gastos de las próximas administraciones; pero no todos tienen acceso al crédito.

Hoy con la nueva Ley de Disciplina Financiera se establece que los recursos que no sean gastados en tiempo, serán reintegrados a la Federación.

Lo que se requiere es una buena planeación del gasto para que las obras se terminen en tiempo, pero también depende que los recursos sean entregados y gastados con oportunidad; ya que si bien es poco el recurso que se destina para infraestructura, es lamentable que este se pierda por una mala gestión de las obras.

Por ello también es importante fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, por una parte, para que la sociedad conozca qué obras se estarán realizando en su comunidad en el año y de esta forma puedan vigilar que se den a tiempo y sin irregularidades.

De acuerdo con un estudio del BID, apostar a la transparencia y la tecnología ayuda a prevenir la corrupción y con ello disminuir los costos de las obras.

Ya que vigilar la gran cantidad de obras distribuidas en todo el país requiere de estrategias conjuntas, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, está creando vínculos desde la ASOFIS con todas las auditorías superiores locales y con la Función Pública para ampliar la efectividad de la fiscalización.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Primera Entrega Informes Individuales de Auditoría – Fiscalización Cuenta Pública 2017

04 / Jul / 2018

Primera Entrega de Informes Individuales de Auditoría, Fiscalización Cuenta Pública 2017 Presentación

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