Elementos Analíticos acerca del Entorno Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Federal, para apoyar la Planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

14 / May / 2019

Infografia CEASF

http://bit.ly/2vYujgV



Auditorías locales federalizadas

10 / May / 2019

Foto ASF-David ColA doña Elenita, mi madre

Un tema sigue vivo: la búsqueda de la autonomía real de las auditorías estatales, así como de otros organismos vinculados a la fiscalización y a la transparencia presupuestal. La autonomía de gestión es insuficiente en lo local y así lo muestran lamentablemente antecedentes que han ocurrido, por ello habrá que avanzar en dar soluciones a los temas presupuestales, de gobierno abierto, y en el fortalecimiento institucional.

Se han dado capítulos bochornos, que ya no queremos que sucedan, pero que han pasado. Recordemos lo ocurrido hace algunos años en el Congreso de San Luís Potosí, e indirectamente en la Auditoría Superior del estado, en donde se difundió un video en el cual un diputado pretendía extorsionar a un presidente municipal para la solventación de sus observaciones pendientes en su cuenta pública. Ello provocó renuncias de los legisladores involucrados y la dimisión del auditor superior del estado, cuyo nombramiento terminaba hasta 2021. Lo que quedó fue una institución debilitada ante sus fines y los ciudadanos.

Otro suceso fue la detención del auditor superior de Chihuahua, cuyo periodo de gestión estaba próximo a terminar en 2017, quien renunció meses antes de que concluyera su periodo, debido a acusaciones de usar dinero de la auditoría para pagarse unas vacaciones, algo que pareció en principio ridículo tratándose de un funcionario que conoce los mecanismos de fiscalización. Antes del 13 de junio de 2017, en entrevista local había señalado el fracaso del combate a la corrupción en Chihuahua. Habló también de la impunidad de los diputados locales y calificó de nidos de corrupción al sector salud, educación y obra pública.

Lo anterior nos permite comentar una inquietud permanente, la de garantizar la independencia de los responsables de la fiscalización local. Si bien el tiempo de permanencia desde 2008 de los responsables de la fiscalización superior de las entidades federativas no puede ser constitucionalmente menor a siete años, la realidad es otra. Los auditores cuando cambian los gobiernos renuncian o los presionan para que se vayan antes de lo previsto legalmente.

Por ello desde la Auditoría Superior de la Federación se mantiene la preocupación respecto a la garantía de permanencia en el cargo de los auditores superiores estatales, ya que se percibe que cada gobierno nuevo quiere el auditor a modo. Por supuesto que hay excepciones.

Al respecto, en un informe de competitividad estatal publicado en 2010, se presentó un cuadro sobre la permanencia de los tres últimos auditores en cada estado. Con cifras de 2008, sólo tres auditores terminaron su ciclo de 84 meses. Está en proceso la actualización de dicha cifra; sin embargo, casi una década después, aún persisten amenazas a la estabilidad laboral de los auditores estatales en algunas entidades federativas.

Cuando ellos quieren trabajar bien y, son la mayoría, por supuesto, algunos se enfrentan con la carencia de garantías reales de independencia para su trabajo.

Hay muchas formas para forzar la renuncia si los resultados de las auditorías no gustan políticamente, tales como la restricción presupuestaria o el acoso político y mediático; eso ha sucedido sobre todo en los cambios de gobierno local.

Cabe comentar que ha habido algunos auditores que no sólo han sido aliados políticos, sino subordinados de los gobiernos estatales, llegando a hacer gestiones por ellos. Lo más grave es cuando alguno ha participado indebidamente en procesos electorales, pero siempre se les detecta. Ahí sí, nada que hacer.

Este panorama pone énfasis en la importancia reiterada de la federalización de los auditores estatales, lo que implicaría garantizar una independencia real y extender los alcances de la fiscalización superior, aportando mejores resultados a la lucha contra la corrupción.

David Colmenares Páramo



Fiscalización de la obra pública

03 / May / 2019

Foto ASF-David ColEl Congreso mexicano está muy activo. Por ejemplo, hoy hay un evento en Veracruz sobre las mejores prácticas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, coordinado por la diputada Aleida Alavez y al cual asisten el presidente de la Comisión de Vigilancia y el auditor especial de Gasto Federalizado de la ASF.

Por otra parte, hace unos días se realizó el Foro de Consulta sobre la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, a convocatoria de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, con la colaboración del Colegio de Arquitectos de la CDMX. Tuve la oportunidad de participar en su cierre, que resultó muy provechoso y tuvo la participación activa de los colegios de ingenieros y arquitectos.

Hubo diversos pronunciamientos de los participantes, como el llamado a replantear la ley para transparentar la contratación, adjudicación y realización de obra pública en el país; asimismo, para privilegiar la planeación y el desarrollo de los proyectos de infraestructura urbana, por parte de la Arq. Susana Miranda. En su participación, el presidente de la Comisión, el diputado Exsome Zapata, aseguró que las obras construidas y muchos proyectos en marcha excedieron el tiempo previsto para su conclusión. El IMCO propuso que se regule la planeación, contratación, ejecución y auditorías en las obras de los tres órdenes de gobierno.

La realización de estos eventos fortalece y estimula los trabajos que se realizan en la ASF al respecto, y permite visualizar que el avance que se tiene en el orden federal no se ve replicado aún en estados y municipios, hay una jungla legislativa. Por ello, la ASF trabaja en la creación de la Auditoría Especial de Obra Pública, lo que formó parte de nuestra propuesta, así como en la revisión de la legislación federal y busca se homologuen las legislaciones locales en la materia. El contar con una auditoría especial de esta naturaleza implicará adoptar una buena práctica en materia de fiscalización, como lo ha señalado la OCDE, ya que los mayores recursos de inversión pública se canalizan a obras de infraestructura, y ahí se han dado muchos casos de corrupción, como el de Odebrecht.

Por otra parte, en el marco de la OLACEFS, organización de las auditorías superiores de América Latina y el Caribe, se está trabajando en dos auditorías multinacionales: una sobre la corrupción transnacional y otra sobre la reconstrucción en materia de desastres naturales. En ambas participará personal de la Auditoría Superior.

A partir del intercambio de visiones, incluyendo las de quienes participamos en los diferentes foros de reflexión en esta temática, se logrará construir un diagnóstico robusto sobre la necesidad de realizar adecuaciones pertinentes a nuestro marco normativo en esta materia.

La ASF tiene dentro de sus atribuciones la fiscalización de la Cuenta Pública, verificando las contrataciones, así como el cumplimiento de sus objetivos, a los que agregaría dos más: 1) La verificación de su impacto ambiental y social, ya que no basta con que los recursos sean pagados en tiempo y forma si estos no tienen un valor público. 2) Es necesario eliminar la construcción de obras que no se ocupan y no sean socialmente necesarias, así como verificar su asignación transparente y sin corrupción.

Hoy ya se cuenta con información de calidad y técnicas de big data para detectar patrones. La Auditoría puede identificar por entidad federativa, sus municipios y organismos, el monto que le facturaron las empresas de nueva creación, las empresas fantasma, así como las ya sancionadas por la ASF y la SFP.

Por todo lo dicho, los foros organizados por la Cámara de Diputados, entre ellos el organizado recientemente por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda, así como por la Comisión de Vigilancia, resaltan su relevancia. Ello es algo que hay que destacar, pues sus resultados serán positivos para la definición de mejores políticas y mejor legislación.

David Colmenares Páramo