Corrupción y recursos

06 / Jul / 2018

Foto ASF-David ColPara entender el efecto de la corrupción sobre el presupuesto, debemos empezar por analizar la importancia de la política de ingresos, el ejercicio del gasto público, a fin de clarificar mejor su distribución, su destino y la estructura por órdenes de gobierno.

Hoy tenemos una política tributaria centralizada donde el poder recaudatorio de los impuestos está, según datos de la OCDE, concentrado en los impuestos federales coordinados, teniendo los gobiernos estatales y municipales alrededor del seis por ciento del total, esto es el potencial recaudatorio de las fuentes de ingresos locales. De ahí el peso presupuestal en las finanzas subnacionales, de las transferencias de libre disponibilidad y las condicionadas.

El principal rubro de los ingresos propios de estos últimos años son las participaciones de los ingresos federales, cuyo porcentaje es alrededor del 25 por ciento de la recaudación federal participable; sin embargo, es insuficiente para cubrir los gastos necesarios para satisfacer el desarrollo de infraestructura y la política social en los estados.

El CEESP ha manifestado que la inversión pública en infraestructura corresponde a la de los años 40, mientras que las participaciones, en un 90 por ciento, son gasto corriente. La recaudación se ha mantenido gracias a los IEPS, entre ellos el más importante: el de la gasolina. Sin embargo, no ha sido suficiente para atender las necesidades del desarrollo.

En cuanto a los municipios, estos reciben sus recursos por medio de fórmulas estatales que no siempre son adecuadas y muchas de ellas en detrimento de los mismos, de ahí la relevancia de que la ASF tiene como prioridad la revisión de la aplicación de las mismas.

La tarea aún no está completa, ya que en los municipios recae la obligación de cubrir los servicios básicos, como agua, seguridad pública, alumbrado, servicios de limpia.

Si las fórmulas de distribución no contienen criterios de eficiencia administrativa y sólo se basan en población, como es el caso de la fórmula de San Luis Potosí, que tiene el 95 por ciento de su distribución con respecto a su población, no existe ningún incentivo para el municipio de elevar su recaudación o hacer su gasto más eficiente.

Esta misma situación obliga a los alcaldes en turno a tomar la decisión de proveer servicios de calidad o hacer nueva obra pública, que finalmente tendrá un costo de mantenimiento que quizás no puedan pagar.

Su última opción es adquirí deuda para su proyecto de gestión, la cual elevará los compromisos de gastos de las próximas administraciones; pero no todos tienen acceso al crédito.

Hoy con la nueva Ley de Disciplina Financiera se establece que los recursos que no sean gastados en tiempo, serán reintegrados a la Federación.

Lo que se requiere es una buena planeación del gasto para que las obras se terminen en tiempo, pero también depende que los recursos sean entregados y gastados con oportunidad; ya que si bien es poco el recurso que se destina para infraestructura, es lamentable que este se pierda por una mala gestión de las obras.

Por ello también es importante fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, por una parte, para que la sociedad conozca qué obras se estarán realizando en su comunidad en el año y de esta forma puedan vigilar que se den a tiempo y sin irregularidades.

De acuerdo con un estudio del BID, apostar a la transparencia y la tecnología ayuda a prevenir la corrupción y con ello disminuir los costos de las obras.

Ya que vigilar la gran cantidad de obras distribuidas en todo el país requiere de estrategias conjuntas, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, está creando vínculos desde la ASOFIS con todas las auditorías superiores locales y con la Función Pública para ampliar la efectividad de la fiscalización.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Muchas revisiones no significan más calidad

25 / May / 2018

Foto ASF-David ColComo he comentado, la Auditoría Superior de la Federación es una institución fuerte, con un prestigio institucional destacado; sin embargo, existen áreas de mejora y en estos días hemos explorado algunos de los espacios importantes, como la coordinación intergubernamental.

En los tres sistemas eje de las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas: el Anticorrupción, el de Fiscalización y el de Transparencia, en los que participa la ASF, la institución más importante en la lucha contra la corrupción, se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para hacer mejores auditorías, con resultados efectivos.

En el Sistema Nacional de Fiscalización, tanto la Auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, desempeñan el papel de ejes rectores, en la coordinación respectiva con las auditorías superiores de los congresos locales, ASOFIS y las contralorías de los gobiernos estatales, respectivamente.

Los resultados que comentaré se dan antes de ejercer las nuevas facultades que tiene la Auditoría Superior, como fiscalizar participaciones y obligaciones financieras.

El tamaño del desafío es tal, que sólo considerando que las participaciones significan un monto mayor que las aportaciones del Ramo 33, con el hecho de que la diferencia es que más del 90 por cierto del gasto de las mismas, al tratarse recursos de libre disposición, se destinan al gasto corriente, fundamentalmente nóminas. Sólo alrededor del cinco por ciento se destina a inversión, otro tanto igual con la CDMX.

Para ello, considero indispensable robustecer vínculos e intercambios de experiencias entre el ente fiscalizador federal y quienes se ocupan de la gestión gubernamental en estados y municipios. Ya lo he mencionado, pero no está demás precisarlo: de las mil 865 auditorías que se realizaron en 2016, mil 390 correspondieron al gasto federalizado, esto es alrededor de tres cuartas partes, incluyendo las transferencias condicionadas, aun sin incluir la fiscalización a las participaciones, que implicarían más recursos humanos y presupuestales.

Todo mundo realiza auditorías en el ente fiscalizador, incluso en áreas de investigación. En el gasto federalizado existen las llamadas auditorías coordinadas, donde la entidad local realiza la auditoría y los pliegos los hace la ASF, con resultados que habrá que revisar. En algún momento surgió la idea de que, aumentando la cobertura de la fiscalización, se garantizaría un mejor uso de los recursos federales transferidos, en materias como educación, salud, seguridad y combate a la pobreza, entre otros. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes.

Como muestra, si revisamos las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, los PRAS, de 2008 a 2016, su total fue de 16 mil 58. De estos PRAS, tres quintas partes correspondieron a estados y municipios, mientras que el otro 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal, al Judicial, órganos autónomos e Instituciones Públicas de Educación Superior. Sin embargo, cantidad no significa calidad, ni mejores resultados. Es todo lo contrario, generalmente.

En el caso de los órdenes subnacional y local, quedan pendientes por concluir alrededor del 30 por ciento. Es importante señalar que se considera concluido un PRAS cuando ha quedado promovido ante la instancia de control competente, generalmente las contralorías estatales, pero en muchos casos queda pendiente que estas últimas, al término del procedimiento, emitan la resolución de cada uno de los asuntos turnados. Cuando ya hay resolución definitiva, sólo son procedentes 405 PRAS, los otros son no procedentes o quedan si resolución definitiva.

Para ello se acaba de realizar la Asamblea de la ASOFIS con todos los auditores estatales, y para apoyarlos tuvimos una participación en la reciente Conago.

David Rogelio Colmenares Páramo


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La importancia de la coordinación intergubernamental

09 / Abr / 2018

Foto ASF-David ColEn países federales como el nuestro, no pasamos de más de 30, la coordinación intergubernamental (entre el gobierno federal y las entidades federativas), es fundamental. Incluso al interior de los estados ya hay espacios de coordinación con los municipios o gobiernos locales, y eso evita la manipulación de los recursos municipales por parte de las entidades.

La gobernabilidad requiere de una buena organización federal y una adecuada distribución de responsabilidades y facultades entre los órdenes mencionados.

Los países más grandes del mundo son federales, como Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania. La Unión Europea es una confederación y la mayoría de los países son estados unitarios o centralistas.

En nuestra nación, la Constitución señala que somos un país federal, donde se ha recurrido a la coordinación gubernamental en casi todas las áreas de política pública, habiendo muchas experiencias exitosas.

Particularmente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que tiene una regionalización de ocho áreas, que es la misma adoptada por la ASF. Hoy esta coordinación gubernamental se da incluso en el Poder Judicial y en casi todos los espacios de política pública.

La coordinación gubernamental entre Federación, estados y municipios es uno de los fundamentos clave del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el Sistema Nacional de Fiscalización desempeñan un papel fundamental la Asociación Nacional de Órganos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), junto con la coordinación entre los 32 órganos de fiscalización superior y la Auditoría Superior de la Federación, que la encabeza, así como los 32 contralores estatales agrupados en la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación (CPCE-F) y la Secretaría de la Función Pública.

En el caso particular de la ASOFIS, que se constituyó formalmente en 1983, ha contribuido al desarrollo de las capacidades técnicas y de programas que consideran las diferencias entre las entidades federativas, y en ello juega un papel fundamental su regionalización.

Es conocida aun la debilidad operativa de muchas auditorías estatales y su falta de autonomía frente al poder político, lo cual se hace más evidente en los cambios de gobierno.

El año pasado se presentaron eventos en que fue palpable la debilidad de las mismas frente a los poderes estatales. Casos en que, principalmente en los cambios de gobierno, se les invita a presentar sus renuncias, si no se les presiona con segundos mandos vinculados al poder estatal, se les afecta presupuestalmente, se les acosa mediáticamente e incluso fiscalmente. Por lo que se van y entra otro a modo. También casos de corrupción al interior de las mismas, como en Chihuahua o San Luis Potosí.

Con la participación de la ASF en los tres sistemas –anticorrupción, de fiscalización y de transparencia–, en la nueva gestión de la Auditoría se buscará fortalecer la autonomía e independencia de las auditorías estatales y también que los auditores no lleguen a tratar de representar a los gobiernos que auditan en ningún sentido. Ha habido casos al respecto.

Esta coordinación en la ASOFIS permitirá crear los grupos de trabajo necesarios, en que participen todas las entidades federativas, a través de una mejor comunicación, transparencia y rendición de cuentas; para que con el respeto reciproco con el poder político, se fortalezca la fiscalización nacional con mejores auditorías, que pasen posteriormente al Tribunal de Justicia Administrativa para que se combata mejor la impunidad.

Esta coordinación entre órdenes de gobierno permitirá que el trabajo de las auditorías gubernamentales sea mejor, fortalezca el enfoque preventivo y, por supuesto, se desarrolle el servicio fiscalizador de carrera.

David Rogelio Colmenares Páramo


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