17 / Ago / 2018
Por lo que se ha visto en diversas publicaciones, aún existe una confusión sobre la naturaleza de los recursos transferidos a los estados y municipios, que constituyen la mayor parte de sus ingresos totales dado el limitado potencial recaudatorio de las facultades tributarias de que disponen, por la autolimitación que se impusieron al firmar los convenios de adhesión voluntaria al sistema nacional de coordinación fiscal, en 1980, con la única excepción de la hoy CDMX, que está adherida a través de un anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Al total de las transferencias federales se les conoce como gasto federalizado. Están por un lado las participaciones en ingresos federales coordinados y las transferencias de gasto condicionado, como es el caso de las aportaciones, los convenios de descentralización y reasignación, el subsidio de protección social en salud y parte del Ramo 23.
Las participaciones representan el 41.4 por ciento del gasto federalizado, son recursos de libre disposición; esto es, no están condicionados a un fin específico. Son los recursos que utilizan para la operación del gobierno, fundamentalmente gasto corriente, los subsidios estatales a la educación media y superior y cuando pueden a los pari passu a los recursos federales transferidos por otra vía a los gobiernos subnacionales.
No son recursos sujetos a discusión o votación, porque dependen del comportamiento de la recaudación federal participable, esto significa que, si la recaudación sube, las mismas se incrementan y si baja, bajan. Sólo se pueden afectar previa firma de los convenios de retención a favor de terceros autorizados por los propios estados, como sería el caso del ISSSTE o el IMSS, retenciones que realiza la UCEF. Se clasifican en el presupuesto como gasto no programable. Se presupuestan con base en una estimación que se presenta con el Proyecto de Presupuesto.
Desde 2016 son recursos que son auditables por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cual implica un incremento de la carga de trabajo, pero es útil para reducir la dispersión y el abuso en el uso de los recursos, que se realiza en muchos casos por los gobiernos estatales y municipales.
De ahí las nuevas facultades de fiscalización que tiene la ASF, revisando en, primer lugar, la correcta distribución a los municipios de sus participaciones, también tema reglamentado en la Ley de Coordinación Fiscal.
Por otra parte, desde 1998 se agrupan en un solo ramo presupuestal, el 33, las diversas transferencias de gasto dispersas en otros ramos, creándose las Aportaciones Federales, condicionadas a conceptos como educación básica, salud, infraestructura social municipal y seguridad, hasta contar ocho. De acuerdo con la Ley de Coordinación fiscal, capítulo V, son recursos condicionados, auditados exclusivamente por la ASF.
Respecto al Ramo 23, asoma un halo de opacidad, que se ha reflejado en conflictos incluso políticos, lo cual requiere una fiscalización más profunda que haremos en la Auditoría Superior, como parte de la reestructura emprendida en la institución. Trabajamos en la evaluación, así como en auditorías financieras y de desempeño de los fondos del Ramo 23, este debe ser un instrumento de política presupuestal.
El gasto federalizado ubicado en el Ramo 23, cual tuvo en 2017 un aprobado cercano a 50 mil millones de pesos, pero cerró en 125 mil millones, esto es un crecimiento superior al 150 por ciento.
El que más ha creado preocupación es el Fondo de Fortalecimiento Financiero, que pasó de tres mil 244 millones de pesos a 55 mil 116 millones, mil 599 por ciento de crecimiento respecto de lo aprobado, cuya distribución es discrecional y opaca. No tienen reglas de operación y se deben normar las adecuaciones. Fortalecimiento financiero es todo y es nada, este se tiene que revisar integralmente.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Convenio de Colaboración Administrativa Facultades ASF Gasto Federalizado Ley de Coordinación Fiscal Marco normativo Recursos Transferidos Transferencias Federales
03 / Ago / 2018
Como resultado del proceso electoral cambiarán ocho gobernadores, el jefe de Gobierno de la CDMX, así como mil 596 presidentes municipales, sin sumar los 417 de usos y costumbres de Oaxaca. La mayoría, excepto los que se reeligieron, son nuevos en sus cargos, esto es sin experiencia en la cuestión pública. La mayoría tiene la voluntad de hacer bien las cosas, de ayudar a sus pueblos, pero requerirán de cuadros profesionalizados con experiencia en los temas fundamentales de la hacienda pública sobre el manejo de los ingresos que recibirán. Al respecto deben saber que tienen varias fuentes de recursos: por un lado, los más importantes son los provenientes de las participaciones en ingresos federales, por el otro, sus recursos propios, entre los que destaca el impuesto predial, así como lo que recauden por los servicios municipales como la basura, entre otros.
Deberán saber con detalles en qué consisten los anteriores conceptos, cuál es su responsabilidad en cada uno, no sólo para recibirlos, sino cómo guardarlos y cómo y en qué pueden gastarlos.
Hay asuntos al respecto que deben conocer para evitar ser esquilmados o caer en prácticas incorrectas en su manejo.
En cuanto al gasto, mucho sueñan en gastar, recordemos cuando se puso de moda el tema de las Suburban, pero sólo pueden gastar en lo que les autoricen los congresos locales y deben saber que enfrentan dos normativas diferentes, la que tiene que ver con los recursos propios, donde entran los sueldos o subsidios locales, y la federal para todo lo que tenga que ver con el gasto federalizado, cuya normativa es del gobierno federal. En ambos casos pueden ser auditados por la Auditoría Superior.
Los recursos federalizados son condicionados o etiquetados a un destino determinado, y se mueven con base en reglas de operación que deben cumplirse correctamente y con honradez, so pena de ser observados en las auditorías y el riesgo de ser castigados. Seguro que muchos se equivocarán, pero deben saber lo que no se debe hacer: cuidado con aprovecharse de la coyuntura para violar las normas del gasto y con los compromisos heredados en materia de transparencia, armonización contable y rendición de cuentas. En suma, necesitan apoyo para capacitarse en los temas de la hacienda pública y los de la fiscalización superior.
Es un sueño, pero se vale soñar en un servicio profesional de carrera municipal. Hay un ejército de jóvenes universitarios que se están preparando en las finanzas estatales y municipales, como sucede con la materia respectiva en la Facultad de Economía de la UNAM. Muchos incluso han hecho su servicio profesional en instituciones como la ASF.
Hay varias organizaciones de presidentes municipales, organizadas por partido, y seguramente habrá pronto otra de los de Morena. Han sido buenos interlocutores para la capacitación, pero esta se debe de reforzar.
Lo mismo sucede con los gobernadores, que ya tendrán decidido quiénes serán sus principales colaboradores, destacando los secretarios de Finanzas y los contralores, que deben estar en los primeros trabajos de los equipos para el proceso de entrega-recepción con las administraciones salientes.
Es fundamental su conocimiento del marco normativo, no sólo el estatal, particularmente el federal. Por ejemplo, conocer a detalle la Ley de Coordinación Fiscal, así como la de Responsabilidad Hacendaria; en cuanto a la fiscalización, la Ley de Fiscalización Superior. Ojo, deben pagar las participaciones a los municipios en el tiempo y forma que establece la mencionada LCF, proceso que ya puede auditar la ASF.
También deben estudiar a detalle la legislación referente al gasto federalizado y no cometer los errores de otras administraciones, que se aprecian en los trabajos de recurrencia de las observaciones.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Gasto Federalizado Gobiernos estatales Ley de Coordinación Fiscal Ley de Responsabilidad Hacendaria
20 / Jul / 2018
En septiembre inician los cambios de gobierno en un gran número de municipios y los nueve estados que tuvieron elecciones. Los procesos de entrega-recepción deben estarse iniciando, con la creación de las comisiones correspondientes.
La fiscalización de los recursos federalizados y federales se ha eficientado y la normatividad para el ejercicio de los mismos se ha mejorado; sin embargo, siguen apareciendo denuncias ciudadanas no atendidas, cuando es un medio eficaz para combatir la corrupción, no solamente en los gobiernos, inclusive en el sector privado.
Las leyes de entrega-recepción se inician en 2002, siendo adoptado inmediatamente en algunas entidades. Sin embargo, aun hoy en algunos estados y muchos municipios tienen rezago en la implementación de normas para una buena entrega-recepción.
En los hechos han existido casos de gobernadores salientes que se resisten a crear los comités de entrega-recepción, o inauguran obras poco antes de dejar el poder, en suma, quieren ignorar que se extinguen. En estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz no incluyen sanción alguna en sus leyes, lo cual es como vacuna para impedir ser sancionados, de ahí la importancia de la homologación legislativa.
Un consejo para los gobernadores que se van, es que obra que ya no van a terminar es mejor que lo reconozcan, es más honesto y dejar las cosas bien para el siguiente gobierno, en contra tienen que la mayoría de sus colaboradores sólo saben decir: sí señor.
A pesar de que aún nos falta mucho, ahora sí son observados, más por el manejo de los recursos federales, pero en muchos ya existe la maldición del séptimo año, esto lo demuestran hechos como el gran número de secretarios de Finanzas que han terminado en la cárcel o amparados; ahí está el caso de San Luis Potosí, donde de los tres últimos secretarios, dos estuvieron en la cárcel, excepto el último.
Hoy sus contralores internos deberían aplicarse a ordenar sus cuentas y encabezar la solventación de los temas que tienen pendientes las dependencias estatales con las auditorías locales y la ASF.
Es lamentable que se empiecen a enterar de sus asuntos cuando ya no están en el gobierno y no los pueden corregir. Años de opacidad y complicidad no se corrigen en tres meses, es imposible. En el caso de los reintegros simulados, OJO, los contralores han aparecido como presuntos responsables.
El año más difícil del gobierno es el año siguiente de su término de gestión, para la mayoría de los alcaldes es el cuarto y para los gobernadores, el séptimo.
Endeudarse hoy, como lo hacían en el pasado a unos cuantos meses de terminar su gestión, además de ser moralmente una falta grave, es imposible. Hoy la Ley de Disciplina Financiera les impide adquirir compromisos al fin de la administración. Un caso típico era que se ocultaba el servicio de la deuda, diciendo que los PPS no eran deuda, y metían en gasto corriente el servicio de las bursatilizaciones.
Hoy la ASF ya audita deuda pública de los estados, cuando lo de Coahuila, no teníamos facultades para hacerlo.
Las expectativas que la ciudadanía tiene en la lucha contra la corrupción son muchas, los años en los que en las administraciones se dejaban pendientes, en donde no pasaba nada, poco a poco están desapareciendo, por ello es de vital importancia preparar una buena salida para no hacer realidad las crisis del séptimo año.
Los nuevos deberán aplicarse a un buen ejercicio del gasto desde un principio, capacitar a sus funcionarios no sólo en el diseño de un buen presupuesto, sino en su aplicación. Cuidado con que se endeuden al empezar su gestión.
En la Auditoría Superior trabajamos en una vigilancia estricta del ejercicio de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno. Las omisiones o el desconocimiento de las normas no son excusas válidas para no cumplirlas.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Gasto Federalizado
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