Muchas revisiones no significan más calidad
25 / May / 2018
Como he comentado, la Auditoría Superior de la Federación es una institución fuerte, con un prestigio institucional destacado; sin embargo, existen áreas de mejora y en estos días hemos explorado algunos de los espacios importantes, como la coordinación intergubernamental.
En los tres sistemas eje de las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas: el Anticorrupción, el de Fiscalización y el de Transparencia, en los que participa la ASF, la institución más importante en la lucha contra la corrupción, se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para hacer mejores auditorías, con resultados efectivos.
En el Sistema Nacional de Fiscalización, tanto la Auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, desempeñan el papel de ejes rectores, en la coordinación respectiva con las auditorías superiores de los congresos locales, ASOFIS y las contralorías de los gobiernos estatales, respectivamente.
Los resultados que comentaré se dan antes de ejercer las nuevas facultades que tiene la Auditoría Superior, como fiscalizar participaciones y obligaciones financieras.
El tamaño del desafío es tal, que sólo considerando que las participaciones significan un monto mayor que las aportaciones del Ramo 33, con el hecho de que la diferencia es que más del 90 por cierto del gasto de las mismas, al tratarse recursos de libre disposición, se destinan al gasto corriente, fundamentalmente nóminas. Sólo alrededor del cinco por ciento se destina a inversión, otro tanto igual con la CDMX.
Para ello, considero indispensable robustecer vínculos e intercambios de experiencias entre el ente fiscalizador federal y quienes se ocupan de la gestión gubernamental en estados y municipios. Ya lo he mencionado, pero no está demás precisarlo: de las mil 865 auditorías que se realizaron en 2016, mil 390 correspondieron al gasto federalizado, esto es alrededor de tres cuartas partes, incluyendo las transferencias condicionadas, aun sin incluir la fiscalización a las participaciones, que implicarían más recursos humanos y presupuestales.
Todo mundo realiza auditorías en el ente fiscalizador, incluso en áreas de investigación. En el gasto federalizado existen las llamadas auditorías coordinadas, donde la entidad local realiza la auditoría y los pliegos los hace la ASF, con resultados que habrá que revisar. En algún momento surgió la idea de que, aumentando la cobertura de la fiscalización, se garantizaría un mejor uso de los recursos federales transferidos, en materias como educación, salud, seguridad y combate a la pobreza, entre otros. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes.
Como muestra, si revisamos las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, los PRAS, de 2008 a 2016, su total fue de 16 mil 58. De estos PRAS, tres quintas partes correspondieron a estados y municipios, mientras que el otro 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal, al Judicial, órganos autónomos e Instituciones Públicas de Educación Superior. Sin embargo, cantidad no significa calidad, ni mejores resultados. Es todo lo contrario, generalmente.
En el caso de los órdenes subnacional y local, quedan pendientes por concluir alrededor del 30 por ciento. Es importante señalar que se considera concluido un PRAS cuando ha quedado promovido ante la instancia de control competente, generalmente las contralorías estatales, pero en muchos casos queda pendiente que estas últimas, al término del procedimiento, emitan la resolución de cada uno de los asuntos turnados. Cuando ya hay resolución definitiva, sólo son procedentes 405 PRAS, los otros son no procedentes o quedan si resolución definitiva.
Para ello se acaba de realizar la Asamblea de la ASOFIS con todos los auditores estatales, y para apoyarlos tuvimos una participación en la reciente Conago.
David Rogelio Colmenares Páramo
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