Posicionamiento del C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard ante la opinión pública de México

03 / Jun / 2018

 

A la opinión pública de México:

A raíz de una serie de publicaciones que circulan principalmente en redes sociales deseo compartir con todos ustedes algunas aclaraciones y precisiones de todo lo publicado, presentándome tal cual soy y ahora como responsable de la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación. Cada quién tiene el derecho, a partir de estos comentarios que les comparto, a formarse su propio juicio, pero con conocimiento de causa.

1. La integridad y ética deben ser cualidades de todos los integrantes de la Auditoria Superior de la Federación, nadie puede utilizar sus recursos para beneficio personal o para apoyar las actividades de instituciones privadas cuya relación es prestar servicios a la ASF, por lo que sus actividades deben ser financiadas con los recursos que obtienen. La honradez empieza en casa.

2. Es perverso señalar que se pretende dejar de hacer las investigaciones sobre operaciones realizadas bajo el esquema al que ya se le conoce como “la Estafa Maestra”; los resultados de estas investigaciones, en unos casos han derivado en denuncias penales que están en proceso de sustanciación en la Procuraduría General de la República, otros se encuentran en proceso de integración y estamos por iniciar otras que ya fueron detectadas bajo mi responsabilidad.

3. Nadie puede adjudicarse de forma exclusiva las investigaciones realizadas como consecuencia de la detección que realizó un grupo de auditores adscritos a la Dirección General de Auditoria Forense y no su titular, sin restarle merito a su importante trabajo, el cual en su momento se lo hice de su conocimiento.

4. Esta institución está conformada por muchos talentos con experiencia y compromiso a los que no se les ha dado su debido reconocimiento. Mi reconocimiento también a las instituciones de la sociedad civil que han realizado investigaciones y para quienes realizan denuncias, quienes tienes las puertas abiertas de la ASF, información que formara parte importante como insumo para la planeación de la fiscalización.

5. Es sabido el trato grosero y prepotente que daba la titular de la Dirección General de Auditoria Forense al personal auditor. Adicionalmente, iniciaremos investigación rigurosa en contra de quién ha sido señalado como acosador sexual afectando la estabilidad aboral y emocional de las Auditoras que trabajan en la Dirección General de Auditoría Forense y que fue tolerado por su titular.

6. No he incurrido en conflicto de interés como tendenciosamente se ha pretendido señalar, durante mi vida profesional de 32 años al frente de la firma Béjar, Galindo, Lozano y Cía. S.C. donde presté hasta el 15 de mayo pasado, servicios profesionales en los tres órdenes de Gobierno y con Gobiernos de todos los partidos políticos. Mis contrataciones siempre se sujetaron a los procesos de cotización o licitación que establecieron las Dependencias que me contrataron, siempre entregando resultados de la más alta calidad profesional.

7. A partir de que recibí la invitación del Auditor Superior de la Federación para incorporarme a su equipo de trabajo, inicié el cierre del área de la firma Béjar, Galindo, Lozano y Cía., S.C., que realiza Servicios Gubernamentales, para lo cual entregué antes de incorporarme a la ASF, cartas en todas las Dependencias en las cuales forma parte de su padrón de prestadores de servicios, señalando mi incorporación a la ASF y solicitando que no debe de designarse ningún tipo de trabajo a esta firma. Las copias de todas estas cartas serán entregadas el día de hoy a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.

8. La firma Béjar, Galindo, Lozano y Cía., S.C., no se cerró porqué mi socio el CPC Arturo Galindo Serna presta servicios privados de Contabilidad y Auditoría, razón por la que él tiene derecho a continuar con el prestigio que ambos le dimos a la firma.

9. No soy Presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C., como indebidamente se ha señalado, soy orgullosamente su ex Presidente por dos ocasiones; en este momento no ostento ningún cargo en esta institución. La AMDAD forma parte del Padrón de Testigos Sociales, los cuales son designados por la Secretaría de la Función Pública, la cual designa a quienes llevarán a cabo un determinado atestiguamiento, a través de un Comité de Designación; la AMDAD hace lo propia a través de su Comité Interno que decide que Académico registrado ante la SFP llevará a cabo el atestiguamiento designado. En diez años que la AMDAD ha pertenecido ha dicho padrón dicho Comité no me ha designado más de cinco atestiguamientos.

10. En el mes de marzo del año pasado fundé el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, A.C., institución de la cual orgullosamente fui su primer Presidente, con el apoyo de más de 50 mexicanos comprometidos en el combate a ala corrupción, especialistas en materia Gubernamental, con el objeto de darle seguimiento a las acciones que realicen los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Presenté mi renuncia el pasado mes de abril para incorporarme a la Auditoría Superior de la Federación.

11. Antes de ser Contador Público, estudié la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin haberla finalizado, pero mis inquietudes y el ser un hombre de trabajo me llevaron a crear una pequeña constructora, que le da empleo a muchos mexicanos de forma directa e indirecta, que ha realizado desarrollos horizontales y verticales con éxito, así como la ejecución de remodelación de casas. Estas empresas nunca han realizado Obra Pública ni realizarán. Mantienen una administración propia a través de un Director General.

12. Soy Presidente de la Junta de Honor del Colegio de Contadores Públicos, A.C. y he sido su miembro por segunda ocasión, cargo honorífico como reconocimiento a una trayectoria integra e impecable durante 30 años de membrecía, habiendo sido también en ese periodo capacitador, expositor, Presidente de Comisiones de trabajo y articulista.

13. Soy hijo de dos trabajadores del Sector Salud, dos personas integras; el ejemplo que nos dieron siempre fue el estudio, el trabajo fuerte y honrado y la solidaridad y trato respetuoso entre hermanos.

14. Mi padre muere en el terremoto de 1985 derivado del derrumbe del Hospital Juárez donde se desempeñaba como Jefe de Cirugía y Jefe del Departamento de Enseñanza de la UNAM. Este Hospital colapsó producto de la mala construcción del mismo, por lo que mi compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, adicionado del mal trato y amenazas que recibimos como familia para mantenernos callados, surge en ese periodo de septiembre 19 a octubre 16 de 1985, fecha en que encontramos su cadáver.

15. Es público mi compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad. Nadie deja lo que durante 32 años construyó, que en mi caso fue mi muy prestigiada firma de Contadores Públicos y un prestigio personal labrado a base de mucho trabajo, para ingresar a la Institución con más prestigio en el País, solo para que, en la mente retorcida de alguien que gozó de privilegios indebidos, vayamos a frenar las investigaciones, muy al contrario éstas se profundizarán, buscando una coordinación entre el trabajo realizado entre las cinco Direcciones Generales a mi cargo.

16. No pertenezco a algún partido político, ni hago proselitismo a favor de ningún candidato, tampoco los conozco. Soy respetuoso de la democracia que han creado las instituciones de este País. Amo a México y trabajo por incidir en que haya un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad, por eso acepté la invitación a incorporarme a la ASF. El día que se me pida hacer algo indebido, me iré.

Solo quienes no me conocen pueden creer las infamias vertidas en contra de una institución que hoy bajo un nuevo liderazgo retoma con energía; fortalece y mejora las actividades de fiscalización encomendadas a ésta.

CPC Gerardo Lozano Dubernard

 

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Impacto de la pobreza y la desigualdad

01 / Jun / 2018

A pesar de avances en cuanto al acceso de la población a servicios básicos, como educación, salud y vivienda, aún los rezagos sociales son importantes, de forma tal que como ha señalado la OCDE, somos el segundo país más desigual entre sus miembros, quizás sólo somos superados por Chile, donde “el milagro económico” sólo fue para unos cuantos.

Se ha reducido, como ha señalado Coneval, la pobreza extrema y la pobreza en general de 46 por ciento, en 2010, a 43.6 por ciento, en 2016, no obstante, el número de pobres aumentó por el crecimiento natural de la población, de 52.8 millones de pobres a 53.4 millones hacia 2016. La desigualdad persiste como estuvo de moda comentarlo cuando el estudio de OXFAM.

La existencia de varios Méxicos se diversifica, ya que mientras en algunos estados la pobreza porcentual se ha reducido, como en las dos Baja Californias, con niveles de 22 por ciento de su población en situación de pobreza, o Quintana Roo, de 35.9 a 28.8 por ciento; en el otro extremo de la estructura de la desigualdad, en Veracruz el porcentaje de su población en niveles de pobreza pasó de 58 por ciento, en 2014, a 62 por ciento, en 2016, Oaxaca de 66 a 71 por ciento, o Chiapas de 76 a 77 por ciento.

La consecuencia de estos niveles de pobreza tiene como resultado la existencia de la estructura nacional de la desigualdad, en comparación con su nivel en otros países, no sólo de la OCDE, sino de otros con nivel de desarrollo similar al nuestro.

Para conocer su impacto sobre la fiscalización, es suficiente revisar el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISM, que es uno de los fondos de aportaciones condicionadas del Ramo 33, cuya fiscalización es exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. Este Fondo es para combatir la pobreza y es el nieto del Ramo 26, que era el Programa Nacional de Solidaridad de la época del presidente Salinas. La mitad del mismo se concentra en cinco estados: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, entidades federativas donde encuentran mil 198 municipios, la mitad de los que hay en el país, lo que emparenta municipalismo con pobreza.

La fiscalización a los municipios se atomiza, la Auditoría Superior sólo puede revisar menos de 150 al año, el resto es de las auditorías superiores de los estados, algunas de las cuales tienen insuficiencia presupuestal.

Además, es claro que la desigualdad y la pobreza se estacionan en los estados menos favorecidos, donde dentro existen nortes y sures, medidos por la distribución del ingreso y la riqueza.

Entra también el tema de las participaciones, el principal ingreso corriente de los estados, el cual, como ya comenté en El Financiero, se destina fundamentalmente a gasto corriente, incluyendo la quinta parte que corresponde a las participaciones municipales. Por eso el énfasis que se pone en la ASF para revidar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución de recursos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, y su pago oportuno y completo, para evitar los abusos que históricamente se han hecho por parte de algunos gobiernos estatales.

Aquí el dilema es cómo lograr desarrollo, cómo fortalecer fiscalmente a estados, pero más al municipio. Algunas ideas apuntan a tener un gasto social regional y sectorial mejor focalizado, revisar los destinos programados de los fondos de aportaciones, los subsidios y los convenios, así como la gran cantidad de programas sociales, que no sólo deben de contener el avance de los indicadores de las necesidades esenciales, sino promover la inversión social, mejorar el salario real, avanzar en la armonización contable, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras medidas de disciplina y de política fiscal.

En suma, la desigualdad implica un reto para la mejor fiscalización del gasto público.

David Rogelio Colmenares Páramo

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Etiquetas: Desigualdad FISM Pobreza

Muchas revisiones no significan más calidad

25 / May / 2018

Como he comentado, la Auditoría Superior de la Federación es una institución fuerte, con un prestigio institucional destacado; sin embargo, existen áreas de mejora y en estos días hemos explorado algunos de los espacios importantes, como la coordinación intergubernamental.

En los tres sistemas eje de las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas: el Anticorrupción, el de Fiscalización y el de Transparencia, en los que participa la ASF, la institución más importante en la lucha contra la corrupción, se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para hacer mejores auditorías, con resultados efectivos.

En el Sistema Nacional de Fiscalización, tanto la Auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, desempeñan el papel de ejes rectores, en la coordinación respectiva con las auditorías superiores de los congresos locales, ASOFIS y las contralorías de los gobiernos estatales, respectivamente.

Los resultados que comentaré se dan antes de ejercer las nuevas facultades que tiene la Auditoría Superior, como fiscalizar participaciones y obligaciones financieras.

El tamaño del desafío es tal, que sólo considerando que las participaciones significan un monto mayor que las aportaciones del Ramo 33, con el hecho de que la diferencia es que más del 90 por cierto del gasto de las mismas, al tratarse recursos de libre disposición, se destinan al gasto corriente, fundamentalmente nóminas. Sólo alrededor del cinco por ciento se destina a inversión, otro tanto igual con la CDMX.

Para ello, considero indispensable robustecer vínculos e intercambios de experiencias entre el ente fiscalizador federal y quienes se ocupan de la gestión gubernamental en estados y municipios. Ya lo he mencionado, pero no está demás precisarlo: de las mil 865 auditorías que se realizaron en 2016, mil 390 correspondieron al gasto federalizado, esto es alrededor de tres cuartas partes, incluyendo las transferencias condicionadas, aun sin incluir la fiscalización a las participaciones, que implicarían más recursos humanos y presupuestales.

Todo mundo realiza auditorías en el ente fiscalizador, incluso en áreas de investigación. En el gasto federalizado existen las llamadas auditorías coordinadas, donde la entidad local realiza la auditoría y los pliegos los hace la ASF, con resultados que habrá que revisar. En algún momento surgió la idea de que, aumentando la cobertura de la fiscalización, se garantizaría un mejor uso de los recursos federales transferidos, en materias como educación, salud, seguridad y combate a la pobreza, entre otros. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes.

Como muestra, si revisamos las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, los PRAS, de 2008 a 2016, su total fue de 16 mil 58. De estos PRAS, tres quintas partes correspondieron a estados y municipios, mientras que el otro 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal, al Judicial, órganos autónomos e Instituciones Públicas de Educación Superior. Sin embargo, cantidad no significa calidad, ni mejores resultados. Es todo lo contrario, generalmente.

En el caso de los órdenes subnacional y local, quedan pendientes por concluir alrededor del 30 por ciento. Es importante señalar que se considera concluido un PRAS cuando ha quedado promovido ante la instancia de control competente, generalmente las contralorías estatales, pero en muchos casos queda pendiente que estas últimas, al término del procedimiento, emitan la resolución de cada uno de los asuntos turnados. Cuando ya hay resolución definitiva, sólo son procedentes 405 PRAS, los otros son no procedentes o quedan si resolución definitiva.

Para ello se acaba de realizar la Asamblea de la ASOFIS con todos los auditores estatales, y para apoyarlos tuvimos una participación en la reciente Conago.

David Rogelio Colmenares Páramo

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Etiquetas: ASF ASOFIS Coordinación intergubernamental Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas PRAS Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria Ramo 33 SNA SNT