La pobreza y desigualdad

14 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColHacia 1993, en el Congreso Nacional de Economistas de ese año, escribí un texto sobre la estructura nacional de la desigualdad, teniendo frescos los resultados del trabajo de Coplamar, que era la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Marginadas, que realizó un estudio sobre la insatisfacción de las necesidades esenciales en México, agrupado en siete volúmenes, que se publicaron en 1982: alimentación, educación, vivienda, salud, geografía de la marginalidad y macroeconomía de las necesidades esenciales en México. El séptimo fue Necesidades esenciales y estructura productiva en México. Para profundizar en el tema sugiero leer los diversos trabajos realizados por Julio Boltvinik, quien inclusive llegó a analizar con detalle las fallas del Ramo 33, particularmente del FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Lo anterior porque en el combate contra la corrupción uno de los obstáculos a vencer son las cifras de la pobreza y la marginalidad.

Somos un país de extremos, por ejemplo, de los dos mil 445 municipios, la mayoría se encuentra en umbrales de alta y muy alta marginalidad, mayoritariamente concentrados en el sur sureste. Otro ejemplo, de los 570 municipios de Oaxaca, 500 son rurales y solamente 10 urbanos. En tanto, Aguascalientes, las Baja Californias y Campeche no tienen municipios rurales, y Chiapas, de los 118, sólo cuenta con cuatro urbanos.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza y la pobreza extrema en entidades federativas es de dos quintas partes; sin embargo, comparando dos estados con la misma población, alrededor de cinco millones de habitantes, en Nuevo León es de 14 por ciento y en Chiapas de 77 por ciento. Es más, según la misma Coneval, de 2014 a 2016, la pobreza se reduce en Nuevo León un 28 por ciento, esto es que 285 mil personas superaron la pobreza, mientras que en Chiapas la misma aumentó en 153 mil personas.

Adicionalmente, revisando la distribución de los recursos federalizados, las transferencias no condicionadas, esto es las participaciones que son recursos propios, y las transferencias condicionadas, como los recursos de salud, educación, combate a la pobreza y seguridad, en 2018 está programado que reciba más recursos por esta vía Chiapas que Nuevo León. Como las participaciones se distribuyen por población domiciliada, reciben más o menos lo mismo. En las transferencias condicionadas recibe más Chiapas que Nuevo León, la diferencia está en el gasto federalizado; sin embargo, no ha sido suficiente para remontar la pobreza extrema en ese estado del sureste; por un lado, porque no se ha revisado con claridad el destino de los recursos condicionados, y, por el otro, por el elevado grado de abuso local en el ejercicio del gasto público, tanto estatal, como federal. Lo mismo pasaría si comparamos Oaxaca con Jalisco, etcétera.

Seguimos viendo la concentración, por ejemplo en el caso de la deuda pública, en la mitad de la deuda subnacional de cinco estados, con todos los vicios que se generan en aquellos que han abusado de este mecanismo de financiamiento alternativo o complementario, como han sido los casos evidentes de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y otros, que se han endeudado más para hacer negocios que infraestructura o desarrollo económico.

La vida tiene contrastes a lo largo de la historia, lo vemos en la literatura y en la realidad. No es posible que, entre los mexicanos, sólo por el hecho de nacer en uno u otro estado, algunos sean de primera o de segunda. La injusticia y la desigualdad han llegado a extremos inaceptables en un país como el nuestro. Combatir la pobreza y la corrupción son dos vías para superar la desigualdad y tener un mejor país.

David Colmenares Páramo


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Impacto de la pobreza y la desigualdad

01 / Jun / 2018

Foto ASF-David ColA pesar de avances en cuanto al acceso de la población a servicios básicos, como educación, salud y vivienda, aún los rezagos sociales son importantes, de forma tal que como ha señalado la OCDE, somos el segundo país más desigual entre sus miembros, quizás sólo somos superados por Chile, donde “el milagro económico” sólo fue para unos cuantos.

Se ha reducido, como ha señalado Coneval, la pobreza extrema y la pobreza en general de 46 por ciento, en 2010, a 43.6 por ciento, en 2016, no obstante, el número de pobres aumentó por el crecimiento natural de la población, de 52.8 millones de pobres a 53.4 millones hacia 2016. La desigualdad persiste como estuvo de moda comentarlo cuando el estudio de OXFAM.

La existencia de varios Méxicos se diversifica, ya que mientras en algunos estados la pobreza porcentual se ha reducido, como en las dos Baja Californias, con niveles de 22 por ciento de su población en situación de pobreza, o Quintana Roo, de 35.9 a 28.8 por ciento; en el otro extremo de la estructura de la desigualdad, en Veracruz el porcentaje de su población en niveles de pobreza pasó de 58 por ciento, en 2014, a 62 por ciento, en 2016, Oaxaca de 66 a 71 por ciento, o Chiapas de 76 a 77 por ciento.

La consecuencia de estos niveles de pobreza tiene como resultado la existencia de la estructura nacional de la desigualdad, en comparación con su nivel en otros países, no sólo de la OCDE, sino de otros con nivel de desarrollo similar al nuestro.

Para conocer su impacto sobre la fiscalización, es suficiente revisar el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISM, que es uno de los fondos de aportaciones condicionadas del Ramo 33, cuya fiscalización es exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. Este Fondo es para combatir la pobreza y es el nieto del Ramo 26, que era el Programa Nacional de Solidaridad de la época del presidente Salinas. La mitad del mismo se concentra en cinco estados: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, entidades federativas donde encuentran mil 198 municipios, la mitad de los que hay en el país, lo que emparenta municipalismo con pobreza.

La fiscalización a los municipios se atomiza, la Auditoría Superior sólo puede revisar menos de 150 al año, el resto es de las auditorías superiores de los estados, algunas de las cuales tienen insuficiencia presupuestal.

Además, es claro que la desigualdad y la pobreza se estacionan en los estados menos favorecidos, donde dentro existen nortes y sures, medidos por la distribución del ingreso y la riqueza.

Entra también el tema de las participaciones, el principal ingreso corriente de los estados, el cual, como ya comenté en El Financiero, se destina fundamentalmente a gasto corriente, incluyendo la quinta parte que corresponde a las participaciones municipales. Por eso el énfasis que se pone en la ASF para revidar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución de recursos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, y su pago oportuno y completo, para evitar los abusos que históricamente se han hecho por parte de algunos gobiernos estatales.

Aquí el dilema es cómo lograr desarrollo, cómo fortalecer fiscalmente a estados, pero más al municipio. Algunas ideas apuntan a tener un gasto social regional y sectorial mejor focalizado, revisar los destinos programados de los fondos de aportaciones, los subsidios y los convenios, así como la gran cantidad de programas sociales, que no sólo deben de contener el avance de los indicadores de las necesidades esenciales, sino promover la inversión social, mejorar el salario real, avanzar en la armonización contable, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras medidas de disciplina y de política fiscal.

En suma, la desigualdad implica un reto para la mejor fiscalización del gasto público.

David Rogelio Colmenares Páramo


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