11 / May / 2018
Una parte importante de nuestro arreglo fiscal es que los municipios reciben, desde 1980, participaciones derivadas de la recaudación centralizada de los llamados impuestos federales coordinados, que se les pagan a través de las secretarías de finanzas de los estados. La Ley de Coordinación Fiscal establece tiempos para el pago completo, oportuno y en efectivo de las participaciones de los estados hacia los municipios, a más tardar a los cinco días, si no se pagan intereses. Sin embargo, lo cierto es que muchas veces se les pagan incompletas e incluso no se les pagan.
Muchos estados les hacen sus guardaditos, lo que está fuera de la ley, les pagan menos de lo que debe ser, no les pagan los ajustes cuatrimestrales ni los fondos de estabilización, etcétera.
Sólo un caso de reclamo de los municipios ha prosperado, cuando el presidente de Acapulco, que era Zeferino Torreblanca, lo promovió contra el gobierno de Guerrero, que les retenía el 15 por ciento de las participaciones para pagarlas al finalizar el año. Ganaron la controversia, pero el gobernador que la pago fue ¡Zeferino Torreblanca!
La historia comienza con la definición de las fórmulas con las que se les distribuyen las participaciones, las cuales son aprobadas por los congresos locales a propuesta de los gobiernos estatales. Las mismas son muy heterogéneas, algunas utilizan los componentes de la fórmula federal de 2008, particularmente población. Sin embargo, uno de los defectos de la fórmula federal basado en la población domiciliada, es que no incluye ningún incentivo a la recaudación de ingresos propios del municipio, particularmente en el caso del impuesto predial. Las fórmulas, suponiendo que se aplican correctamente –que no es así–, no ayudan a los municipios con altos niveles de población flotante, como son los turísticos, los puertos o los de la frontera norte, y aunque no los tiene, la CDMX.
Se han dado, como ya mencioné, muchos casos de abuso por parte de los estados en el pago de las transferencias a los municipios, pero también es cierto que la mayoría de los mismos no usan los recursos adecuadamente. En épocas de incremento de las participaciones por razones de coyuntura, como fue el caso de los llamados excedentes petroleros, o cuando recibieron recursos derivados de la privatización de la banca nacionalizada, empezaron a contratar más gente, pero es una política equivocada porque son ingresos extraordinarios, a veces de única vez, y después el peso de sus nóminas es muy alto y no lo pueden sostener e incumplen con sus obligaciones tributarias. Además, no pueden prestar con eficiencia los servicios públicos, como la recolección de basura.
Sin embargo, ese es el mal menor. El mayor es el del desvió de los recursos a abusos de las autoridades, esto es a la corrupción.
Estamos entonces frente a dos males: el que las autoridades estatales realizan al no pagarles completas sus participaciones, y al no cumplir con sus obligaciones recaudatorias; esto es, no ejercen los recursos con probidad ni transparencia.
En el primer caso es necesario revisar las fórmulas estatales, la mayoría no han sido revisadas desde su creación y son muy deficientes u opacas.
Hay casos extremos: Chihuahua distribuye las participaciones a los municipios con base en los porcentajes de participación que anualmente fija el Congreso, si revisamos hacia atrás, pasó lo mismo, es muy opaca; el caso de San Luis Potosí, todos los fondos se distribuyen con base en el 95 por ciento de la población.
Es interesante revisar un primer análisis sobre las fórmulas estatales de distribución de participaciones a los municipios, que a principios de este año elaboró la Auditoría Superior de la Federación.
Hoy, recordemos, la ASF audita ya las participaciones pagadas a estados y municipios. Todo un reto.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Ley de Coordinación Fiscal
04 / May / 2018
La coordinación intergubernamental es toral en la lucha contra la corrupción. Básicamente se requiere entre las entidades de fiscalización locales, los contralores de los gobiernos estatales y los organismos garantes de la transparencia del todo el país. Al respecto, ayer participe en la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas, del Sistema Nacional de Transparencia, del cual forma parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este es un tema, el de la transparencia, que surge a partir de los estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre transparencia fiscal al inicio de este siglo, y es tomado por la UCEF de Hacienda en el Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales, que se elaboró de 2003 a 2007. Por otra parte, durante la Convención Nacional Hacendaria de 2004, fue un tema central, donde se lograron acuerdos por unanimidad, así como respecto a la armonización contable.
Un tema central parte del enfoque preventivo conque la transparencia apoya el combate a la corrupción.
Hace dos días recibimos en la ASF a la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, encabezados por la Secretaría de la Función Pública, con la que revisamos e inauguramos una nueva etapa en la relación entre ambas instituciones, con la ASF y las ASOFIS. La Secretaría de la Función Pública y la ASF somos el eje central del Sistema Nacional de Fiscalización. Nunca se había dado una reunión de esta naturaleza con los contralores de los estados, que poco eran recibidos en la Auditoría. Fuimos los anfitriones, pero el evento lo encabezó la Secretaría.
Los contralores señalaron, entre otros aspectos, ciertos temas ya considerados desde mis propuestas a la Comisión de Vigilancia cuando iniciaba el proceso de selección del auditor, que culminó de una forma sin precedente, al elegirme prácticamente por unanimidad. Este es el del fortalecimiento de la coordinación intergubernamental. Comentaron el tema de los subejercicios, las observaciones estridentes y sin resultados, reforzar los incentivos a los municipios para cumplir con las normativas, trabajar de manera coordinada en el control interno, etcétera.
La secretaria de la Función Pública, la maestra Arely Gómez, habló de modificaciones legales, entre otros temas.
Es muy importante este trabajo coordinado entre las dos cabezas del Sistema Nacional de Fiscalización, y la reunión marcó un hito por el número de contralores que asistieron al evento en la sala de trabajo de las auditorías.
Es fundamental que ambas instituciones, como integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, han adquirido experiencias valiosas sobre los retos que significa sus participaciones activa en esta nueva etapa de la coordinación intergubernamental. Por supuesto que tenemos claras las brechas que aún existen en la operación de los sistemas estatales anticorrupción.
Por otra parte, hace unos días convocamos a los auditores superiores de los estados, para proponerles un sistema de trabajo más eficiente, más participativo y en un ejercicio de verdad federalista, de pares, no de subordinación, como ha existido hasta la fecha con las ASOFIS.
Generalmente los órganos estatales de control son los facilitadores y representantes en el desahogo de las auditorías que realiza la ASF, así como en el proceso de solventación de observaciones.
Ya organizamos el trabajo con los contralores de los órganos autónomos para que puedan formar parte del Sistema.
Nos hemos reunido con todas las instancias fundamentales para la coordinación, hitos como la reunión de trabajo en la Comisión de Vigilancia y la revisión de las áreas de oportunidad de la UEC, la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que ha estado ya en la Auditoría, también creando una nueva relación.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación Coordinación intergubernamental FMI Fondo Monetario Internacional Sistema Nacional de Transparencia SNF SNT subejercicios
27 / Abr / 2018
Ya sin llenar esto de muchas cifras, sólolas necesarias, en materia de deuda el problema no es el monto, sino el peso del servicio de la deuda pública, amortización e intereses, que es muy alto, incluso en el nivel subnacional, como es el caso de gobiernos como el de Veracruz, que han tenido que recurrir a reestructuras, esto es a aplazar el periodo de pago de la misma, a muchos, muchos años.
Es importante el destino de la misma y el papel de los congresos locales, que autorizaban montos de endeudamiento, pero sin ningún candado. Esto es ni para qué ni cómo se iba a contratar, generándose grandes espacios de opacidad.
La deuda estatal debe ser para actividades productivas, concepto que nunca se ha definido. Por ejemplo, durante la Convención Nacional Hacendaria de 2004, se acordó y produjo un Manual de Buenas Practicas en Materia de Deuda Pública, que se presentó a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, pero se perdió.
Para el caso de los estados y municipios, la nueva Ley de Disciplina Financiera, busca frenar el constante aumento en el endeudamiento de los mismos, así como establecer las condiciones para un mejor manejo de las finanzas públicas estatales, siendo obligado un balance presupuestario; es decir, que no se gaste más de lo que ingresa. Esta ley se complementa de manera directa con lo que hasta hoy es el principal reto en materia de transparencia y rendición de cuentas en los estados y municipios, que es la implementación plena de la armonización contable.
La suma total de deuda en las entidades federativa para 2017 asciende a 580,644.7 millones de pesos. De los 2,446 municipios del país, 865 están en el registro de deuda; lo que más destaca de este punto es que al segundo informe trimestral de deuda municipal de 2017 de la Secretaría de Hacienda, 397 no entregaron información o se entregó parcialmente, esto es poco menos de la mitad de los mismos, incumpliendo con la obligación de transparentar su información.
De los 51,470 millones de pesos de deuda municipal, los 25 municipios con más deuda al cierre de 2017 concentran el 47% de la misma.
De estos 25 municipios, 9 se encuentran en semáforo amarillo y sólo uno, Tlaquepaque, no presentó información, todos los demás se encuentran en verde, esto es, si bien su monto es importante se cuenta con capacidad de pago para atender sus compromisos.
El semáforo de deuda es muy importante, ya que para el año que entra, dependiendo de situación, serán las condiciones para poder contratar deuda o no.
Sin embargo, existen 44 municipios con el indicador de pasivo de corto plazo en rojo, esto es que gastan más de lo que pueden pagar. Una cosa es cierta, la deuda de los estados no pinta y mucho menos la de los municipios respecto al PIB, que equivale en promedio al 3 por ciento del mismo. Para el caso de los municipios equivale al 85.3% de las participaciones y al 35.2 por ciento de los ingresos totales; sin embargo, no es el monto de la deuda sino la capacidad de pago que se tiene para la misma la que se debe de tomar en cuenta.
La deuda es un mal necesario, pero bien contratada y gastada no representa un problema. Lo malo es que no siempre es así, en algunos casos son altas tasas de interés en las que se pactan, lo que implica una renta mensual a las administraciones futuras. La falta de transparencia de en qué se gasta es otro mal, hay estados que tienen un nivel bajo de deuda y su préstamo se da en condiciones buenas; sin embargo, su falta de transparencia crea inconformidad ante la ciudadanía.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales Convención Nacional Hacendaria Deuda pública
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