La deuda pública, ni buena ni mala

27 / Abr / 2018

Foto ASF-David ColYa sin llenar esto de muchas cifras, sólolas necesarias, en materia de deuda el problema no es el monto, sino el peso del servicio de la deuda pública, amortización e intereses, que es muy alto, incluso en el nivel subnacional, como es el caso de gobiernos como el de Veracruz, que han tenido que recurrir a reestructuras, esto es a aplazar el periodo de pago de la misma, a muchos, muchos años.

Es importante el destino de la misma y el papel de los congresos locales, que autorizaban montos de endeudamiento, pero sin ningún candado. Esto es ni para qué ni cómo se iba a contratar, generándose grandes espacios de opacidad.

La deuda estatal debe ser para actividades productivas, concepto que nunca se ha definido. Por ejemplo, durante la Convención Nacional Hacendaria de 2004, se acordó y produjo un Manual de Buenas Practicas en Materia de Deuda Pública, que se presentó a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, pero se perdió.

Para el caso de los estados y municipios, la nueva Ley de Disciplina Financiera, busca frenar el constante aumento en el endeudamiento de los mismos, así como establecer las condiciones para un mejor manejo de las finanzas públicas estatales, siendo obligado un balance presupuestario; es decir, que no se gaste más de lo que ingresa. Esta ley se complementa de manera directa con lo que hasta hoy es el principal reto en materia de transparencia y rendición de cuentas en los estados y municipios, que es la implementación plena de la armonización contable.

La suma total de deuda en las entidades federativa para 2017 asciende a 580,644.7 millones de pesos. De los 2,446 municipios del país, 865 están en el registro de deuda; lo que más destaca de este punto es que al segundo informe trimestral de deuda municipal de 2017 de la Secretaría de Hacienda, 397 no entregaron información o se entregó parcialmente, esto es poco menos de la mitad de los mismos, incumpliendo con la obligación de transparentar su información.

De los 51,470 millones de pesos de deuda municipal, los 25 municipios con más deuda al cierre de 2017 concentran el 47% de la misma.

De estos 25 municipios, 9 se encuentran en semáforo amarillo y sólo uno, Tlaquepaque, no presentó información, todos los demás se encuentran en verde, esto es, si bien su monto es importante se cuenta con capacidad de pago para atender sus compromisos.

El semáforo de deuda es muy importante, ya que para el año que entra, dependiendo de situación, serán las condiciones para poder contratar deuda o no.

Sin embargo, existen 44 municipios con el indicador de pasivo de corto plazo en rojo, esto es que gastan más de lo que pueden pagar. Una cosa es cierta, la deuda de los estados no pinta y mucho menos la de los municipios respecto al PIB, que equivale en promedio al 3 por ciento del mismo. Para el caso de los municipios equivale al 85.3% de las participaciones y al 35.2 por ciento de los ingresos totales; sin embargo, no es el monto de la deuda sino la capacidad de pago que se tiene para la misma la que se debe de tomar en cuenta.

La deuda es un mal necesario, pero bien contratada y gastada no representa un problema. Lo malo es que no siempre es así, en algunos casos son altas tasas de interés en las que se pactan, lo que implica una renta mensual a las administraciones futuras. La falta de transparencia de en qué se gasta es otro mal, hay estados que tienen un nivel bajo de deuda y su préstamo se da en condiciones buenas; sin embargo, su falta de transparencia crea inconformidad ante la ciudadanía.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Un nuevo modelo de fiscalización

18 / Ago / 2016

Dentro del ámbito de la auditoría gubernamental uno de los efectos de mayor trascendencia del recientemente promulgado paquete de leyes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la ampliación del mandato de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el objetivo de incrementar sustancialmente el impacto de la fiscalización en el mejoramiento de la administración pública.

A raíz de las reformas propuestas se otorgó al ente fiscalizador superior la capacidad de revisar además de los recursos transferidos a estados y municipios en la forma de fondos etiquetados para rubros como la salud, la educación, la seguridad y la creación y mantenimiento de infraestructura, las participaciones federales y la deuda pública a nivel subnacional garantizada por la propia Federación.

Es preciso preguntarse las razones que asistieron a los legisladores para tomar esta decisión que pone una parte sustancial de los ingresos de las entidades federativas bajo la lupa de la ASF. ¿Por qué, si existen Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel local, es necesario que el órgano federal sea quien tenga bajo su rectoría la revisión de estos recursos?

En estas columnas se ha señalado que es imprescindible fortalecer a la administración pública en los órdenes de gobierno estatal y municipal, puesto que existen brechas de consideración en cuanto a las capacidades institucionales, la cultura administrativa y la disponibilidad de recursos respecto a las condiciones imperantes a nivel federal. De manera paralela, el equilibrio de poderes afecta el ejercicio de los entes auditores estatales, toda vez que se vulnera su autonomía e independencia.

 Como parte del cambio, se decidió confiar esta tarea a la ASF. Quedó de manifiesto, en el curso de los debates que acompañaron el proceso de discusión de las leyes secundarias del SNA, que se dio un consenso entre grupos partidistas, organizaciones ciudadanas y formaciones académicas respecto a que la Auditoría Superior de la Federación ofrecía la mejor alternativa para presidir un nuevo modelo de fiscalización, consistente con las metas del Sistema Nacional Anticorrupción.

La ampliación del universo auditable por parte de la autoridad federal en la materia y la creación de nuevas atribuciones, muy distintas a la auditoría gubernamental tradicional -como las facultades de la ASF de investigar y substanciar faltas administrativas graves- nos hablan de un parteaguas en el que una labor fundamental en materia de gobernanza, la auditoría gubernamental, se pone bajo la tutela y el control de una sola institución.

Considero que esta decisión representa un signo alentador de la valoración que se tiene de la labor de este ente auditor, puesto que reconoce de manera fáctica la trascendencia que tiene la fiscalización para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, también la interpreto como uno de los mayores retos que ha enfrentado la ASF: cumplir cabalmente con el mandato que se nos ha otorgado exigirá el desarrollo de metodologías, áreas especializadas y cuadros de servidores públicos con las capacidades necesarias para desahogar sus responsabilidades. La credibilidad, la confiabilidad, el carácter técnico, la rigurosidad analítica y el profesionalismo en el desempeño de la auditoría gubernamental deben ser los pilares de esta nueva etapa en la vida institucional de la ASF. Es un compromiso que ha generado muchas expectativas, y ante el cual será preciso ofrecer el mejor de los desempeños.

Auditor Superior de la Federación

 

 


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