La importancia de la coordinación intergubernamental

09 / Abr / 2018

Foto ASF-David ColEn países federales como el nuestro, no pasamos de más de 30, la coordinación intergubernamental (entre el gobierno federal y las entidades federativas), es fundamental. Incluso al interior de los estados ya hay espacios de coordinación con los municipios o gobiernos locales, y eso evita la manipulación de los recursos municipales por parte de las entidades.

La gobernabilidad requiere de una buena organización federal y una adecuada distribución de responsabilidades y facultades entre los órdenes mencionados.

Los países más grandes del mundo son federales, como Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania. La Unión Europea es una confederación y la mayoría de los países son estados unitarios o centralistas.

En nuestra nación, la Constitución señala que somos un país federal, donde se ha recurrido a la coordinación gubernamental en casi todas las áreas de política pública, habiendo muchas experiencias exitosas.

Particularmente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que tiene una regionalización de ocho áreas, que es la misma adoptada por la ASF. Hoy esta coordinación gubernamental se da incluso en el Poder Judicial y en casi todos los espacios de política pública.

La coordinación gubernamental entre Federación, estados y municipios es uno de los fundamentos clave del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el Sistema Nacional de Fiscalización desempeñan un papel fundamental la Asociación Nacional de Órganos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), junto con la coordinación entre los 32 órganos de fiscalización superior y la Auditoría Superior de la Federación, que la encabeza, así como los 32 contralores estatales agrupados en la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación (CPCE-F) y la Secretaría de la Función Pública.

En el caso particular de la ASOFIS, que se constituyó formalmente en 1983, ha contribuido al desarrollo de las capacidades técnicas y de programas que consideran las diferencias entre las entidades federativas, y en ello juega un papel fundamental su regionalización.

Es conocida aun la debilidad operativa de muchas auditorías estatales y su falta de autonomía frente al poder político, lo cual se hace más evidente en los cambios de gobierno.

El año pasado se presentaron eventos en que fue palpable la debilidad de las mismas frente a los poderes estatales. Casos en que, principalmente en los cambios de gobierno, se les invita a presentar sus renuncias, si no se les presiona con segundos mandos vinculados al poder estatal, se les afecta presupuestalmente, se les acosa mediáticamente e incluso fiscalmente. Por lo que se van y entra otro a modo. También casos de corrupción al interior de las mismas, como en Chihuahua o San Luis Potosí.

Con la participación de la ASF en los tres sistemas –anticorrupción, de fiscalización y de transparencia–, en la nueva gestión de la Auditoría se buscará fortalecer la autonomía e independencia de las auditorías estatales y también que los auditores no lleguen a tratar de representar a los gobiernos que auditan en ningún sentido. Ha habido casos al respecto.

Esta coordinación en la ASOFIS permitirá crear los grupos de trabajo necesarios, en que participen todas las entidades federativas, a través de una mejor comunicación, transparencia y rendición de cuentas; para que con el respeto reciproco con el poder político, se fortalezca la fiscalización nacional con mejores auditorías, que pasen posteriormente al Tribunal de Justicia Administrativa para que se combata mejor la impunidad.

Esta coordinación entre órdenes de gobierno permitirá que el trabajo de las auditorías gubernamentales sea mejor, fortalezca el enfoque preventivo y, por supuesto, se desarrolle el servicio fiscalizador de carrera.

David Rogelio Colmenares Páramo


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El Sistema Nacional de Fiscalización ante desastres

14 / Sep / 2017

La semana pasada se presentaron diversos fenómenos naturales que nos han hecho recordar el alto grado de exposición de nuestro país a una gran variedad de eventos geológicos e hidrometeorológicos que se pueden traducir en pérdidas económicas y humanas muy considerables. En esto, como en la totalidad de las actividades sociales, el riesgo puede ser minimizado en la medida en que existan mecanismos de prevención, preparación y atención de emergencias.

Es importante mencionar que la presencia de auditores gubernamentales donde se llevan a cabo las labores de rescate y auxilio a la población, podría entorpecer el buen desarrollo de las mismas; se requiere, por lo mismo, una actitud prudente y con sentido de oportunidad, ello en ningún modo se puede traducir en pasividad.

A primera vista, el papel de los entes fiscalizadores, en estos casos, se limitaría a la mera revisión del cumplimiento de las metas de protección civil, así como a la verificación de la gestión de los recursos en las etapas posteriores al siniestro, con el fin de cerciorarse que fueron utilizados bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

En este contexto, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), que es presidido de manera dual por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió, como parte de sus estatutos, la gestión de temas emergentes, entre los que se puede considerar la participación de la auditoría gubernamental en la fase preventiva, de atención y reconstrucción, relacionadas con un desastre natural.

Una práctica innovadora y con visión proactiva que la ASF propone desarrollar, junto con la SFP, es la implementación de un programa de creación de capacidades para los responsables de las acciones ulteriores a los eventos del huracán Katia y el sismo del 7 de septiembre de 2017.

En particular, se pretende promover capacitación expedita a los gobiernos estatales y municipales involucrados, con el fin de proporcionarles referencias técnicas y operativas concretas que, al ser implementadas, minimicen la posibilidad de desvíos, sobrecostos y asignación ineficiente de recursos, entre otras problemáticas potenciales.

Podemos destacar, por ejemplo, la definición y aplicación de tabuladores homogéneos de mano de obra; el establecimiento de procedimientos adecuados para la facturación de materiales; la necesidad de fijar especificaciones mínimas de calidad con sustento técnico; la estandarización de formas de pago de los trabajos a desarrollarse, así como las medidas pertinentes de control para el seguimiento y supervisión de las obras.

Eventos tan desafortunados como los que hoy ocupan el interés de la opinión pública han sido percibidos como espacios en los que, para mayor agravio de las víctimas, se pueden registrar manejos irregulares ante la ausencia de un ambiente de control que conlleve la detección de los mismos y, en su caso, la aplicación de medidas correctivas.

Estas situaciones no deben producirse, puesto que minan el esfuerzo auténtico que muchas organizaciones e instituciones públicas desean hacer para ayudar a quienes resultan damnificados. Por ello, la máxima transparencia en el manejo de recursos y el establecimiento de esquemas que permitan su mejor uso debe ser la norma para enfrentar este tipo de contingencias. El SNF debe constituirse en un foro que atienda esta temática.


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Presencia ciudadana, garantía de equilibrio

02 / Feb / 2017

Los tiempos señalados en los ordenamientos jurídicos que enmarcan la gestión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) siguen su marcha, y esta semana tuvimos la satisfacción de ser testigos de la integración del Comité de Participación Ciudadana, instancia que constituye una de las piedras angulares de esta política de Estado.

Es posible afirmar que el proceso de elección fue ejemplar: la Comisión de Selección estableció reglas claras y mantuvo un contacto permanente con la opinión pública respecto a los avances de las distintas etapas hasta desembocar en la composición de este cuerpo colegiado.

En medio de un ambiente enrarecido por una serie de situaciones complejas para el interés nacional, la Comisión conservó escrupulosamente separado este tema técnico de cualquier consideración de índole política. Es también alentador que las distintas fuerzas hayan mantenido una actitud responsable y no buscaran capitalizar este procedimiento para efectos distintos a su causa.

Precisamente, es relevante recordar cuál fue el espíritu que animó a los legisladores en la definición de las distintas instancias que conforman el SNA, particularmente el área no gubernamental. El Comité de Participación Ciudadana fue diseñado como parte de la concepción moderna de la administración pública que posiciona a la sociedad como el cliente-receptor de la acción del Estado; en un contexto de apertura democrática, transparencia y rendición de cuentas, la presencia de la sociedad resulta indispensable.

En este sentido, el Comité se inserta como el eje que debe canalizar, objetiva y estructuradamente, las demandas de la colectividad respecto al tema de la corrupción y someterlas a un análisis técnico, más allá de un manejo mediático o que responda a consideraciones personales. El representar a una sociedad agraviada y escéptica conlleva una gran responsabilidad pero, al mismo tiempo, una oportunidad histórica. Adicionalmente, este Comité debe fungir como un puente con el sector privado, a fin de generar conciencia sobre la corresponsabilidad en el fenómeno de la corrupción, y a la aportación que los distintos actores de la sociedad pueden dar para su control.

Por otra parte, la presencia ciudadana en el contexto del SNA está llamada a ser un contrapeso a las distintas instituciones oficiales que lo integran. En el Comité Coordinador participan la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción; ante esta composición, la instancia ciudadana deberá asegurarse de salvaguardar el interés y la voz de la sociedad.

Asimismo, se debe informar a la sociedad con claridad que el Comité de Participación Ciudadana no se convierte en rector de las instituciones que integran el SNA, ni suple sus mandatos legales. Es a partir de este momento en el que la estrategia de comunicación respecto a los verdaderos alcances del SNA adquiere un peso definitivo para evitar la creación de falsas expectativas e iniciar con firmeza el camino para alcanzar sus objetivos.

Finalmente, la designación de la doctora Jacqueline Peschard Mariscal para presidir el Comité es una señal clara de la existencia de un compromiso para generar confianza y satisfacer las expectativas de la sociedad. Deseamos asimismo a Mariclaire Acosta Urquidi, Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández Valdez el mayor de los éxitos en esta importante tarea, y les ofrecemos la total colaboración de la Auditoría Superior de la Federación y del Sistema Nacional de Fiscalización.


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