La estrategia es sumar

04 / May / 2018

Foto ASF-David ColLa coordinación intergubernamental es toral en la lucha contra la corrupción. Básicamente se requiere entre las entidades de fiscalización locales, los contralores de los gobiernos estatales y los organismos garantes de la transparencia del todo el país. Al respecto, ayer participe en la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas, del Sistema Nacional de Transparencia, del cual forma parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este es un tema, el de la transparencia, que surge a partir de los estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre transparencia fiscal al inicio de este siglo, y es tomado por la UCEF de Hacienda en el Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales, que se elaboró de 2003 a 2007. Por otra parte, durante la Convención Nacional Hacendaria de 2004, fue un tema central, donde se lograron acuerdos por unanimidad, así como respecto a la armonización contable.

Un tema central parte del enfoque preventivo conque la transparencia apoya el combate a la corrupción.

Hace dos días recibimos en la ASF a la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, encabezados por la Secretaría de la Función Pública, con la que revisamos e inauguramos una nueva etapa en la relación entre ambas instituciones, con la ASF y las ASOFIS. La Secretaría de la Función Pública y la ASF somos el eje central del Sistema Nacional de Fiscalización. Nunca se había dado una reunión de esta naturaleza con los contralores de los estados, que poco eran recibidos en la Auditoría. Fuimos los anfitriones, pero el evento lo encabezó la Secretaría.

Los contralores señalaron, entre otros aspectos, ciertos temas ya considerados desde mis propuestas a la Comisión de Vigilancia cuando iniciaba el proceso de selección del auditor, que culminó de una forma sin precedente, al elegirme prácticamente por unanimidad. Este es el del fortalecimiento de la coordinación intergubernamental. Comentaron el tema de los subejercicios, las observaciones estridentes y sin resultados, reforzar los incentivos a los municipios para cumplir con las normativas, trabajar de manera coordinada en el control interno, etcétera.

La secretaria de la Función Pública, la maestra Arely Gómez, habló de modificaciones legales, entre otros temas.

Es muy importante este trabajo coordinado entre las dos cabezas del Sistema Nacional de Fiscalización, y la reunión marcó un hito por el número de contralores que asistieron al evento en la sala de trabajo de las auditorías.

Es fundamental que ambas instituciones, como integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, han adquirido experiencias valiosas sobre los retos que significa sus participaciones activa en esta nueva etapa de la coordinación intergubernamental. Por supuesto que tenemos claras las brechas que aún existen en la operación de los sistemas estatales anticorrupción.

Por otra parte, hace unos días convocamos a los auditores superiores de los estados, para proponerles un sistema de trabajo más eficiente, más participativo y en un ejercicio de verdad federalista, de pares, no de subordinación, como ha existido hasta la fecha con las ASOFIS.

Generalmente los órganos estatales de control son los facilitadores y representantes en el desahogo de las auditorías que realiza la ASF, así como en el proceso de solventación de observaciones.

Ya organizamos el trabajo con los contralores de los órganos autónomos para que puedan formar parte del Sistema.

Nos hemos reunido con todas las instancias fundamentales para la coordinación, hitos como la reunión de trabajo en la Comisión de Vigilancia y la revisión de las áreas de oportunidad de la UEC, la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que ha estado ya en la Auditoría, también creando una nueva relación.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Cambiemos y mejoremos todos

25 / Jun / 2015

Vivimos una etapa en la que lo inmediato domina al análisis de los asuntos públicos. A través de un acto reflejo se expresa una idea y se privilegia la contundencia de la conclusión, independientemente de la fragilidad de los argumentos. En este contexto la espontaneidad es lo más valioso: el contenido de las redes sociales refleja esta realidad.

A primera vista, esta tendencia es contraria a la visión que está detrás de los cambios constitucionales que le dan forma al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción. Ambos constituyen una apuesta a mediano y largo plazos, puesto que su alcance está diseñado para tener, esencialmente, un impacto estructural, en vez de limitarse a una persecución caso por caso de irregularidades.

Aliviar un síntoma no equivale a curar una enfermedad. Hemos llegado al punto en que es inaplazable aplicar soluciones de fondo que contribuyan a eliminar las causas, lo que traerá como efecto la desaparición de las consecuencias. Hay que destacar que no se trata de una decisión fácil, puesto que las expectativas sociales, en ocasiones orientadas al efectismo, ejercen sobre el actor político y administrativo una presión que será necesario gestionar de manera adecuada El Sistema Nacional Anticorrupción busca articular en una estrategia coherente a las instituciones competentes en este tema, sean judiciales, administrativas o de fiscalización, con el fin de cerrar los espacios a riesgos reales o potenciales para la comisión de irregularidades. Por su parte, el Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene como objetivo monitorear y propiciar las condiciones para el cumplimiento de la política pública transversal del Estado mexicano en la materia.

En este sentido, el cometido de los distintos miembros de los Sistemas de Transparencia y Anticorrupción debe consistir en establecer una cultura de legalidad, control y rendición de cuentas, donde cada área, e inclusive, cada integrante del aparato estatal, enfrenten un ambiente definido por la fiscalización, la transparencia y la existencia de sanciones efectivas; esto, con el fin de que sus incentivos personales y de grupo, se alineen con el interés público.

Este nuevo orden institucional, entendido no sólo como el cambio de las reglas de juego de los organismos del Estado, sino también como la interacción entre ciudadanos y gobierno implica un replanteamiento de todos los participantes. Para algunos analistas el tema de la corrupción, desafortunadamente, se constriñe a un asunto de buenos y malos. Para que la participación de la sociedad sea efectiva en este proceso se requiere que sus organizaciones cuenten con mayor información y solidez técnica para abordar el tema, no basta enarbolar una “superioridad moral” adquirida por ostentar una etiqueta ciudadana.

A este respecto, el martes pasado escuché la intervención de Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social -Gesoc-, con motivo de la ceremonia de instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Fue verdaderamente gratificante escucharle hablar sobre la importancia del papel de la sociedad organizada en la construcción de las políticas públicas. Fue una muestra cabal de pensamiento independiente y de solvencia técnica.

De ese modo, si tanto las instituciones estatales como las organizaciones sociales asumen el compromiso de predicar con el ejemplo, podemos augurar que los resultados serán satisfactorios y que avanzaremos en sentar las condiciones para una mejor convivencia y un gobierno confiable y al servicio de la gente.


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