Las consecuencias del informe de la ASF

05 / Mar / 2015

Como es del conocimiento del lector, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 18 de febrero. Ya es tradicional, por así decirlo, que en las semanas siguientes se presente un gran cúmulo de reacciones en los distintos medios de comunicación, conforme empieza a darse a conocer el contenido de distintas auditorias que tienen resonancia en el interés público.

Hay que señalar que, de conformidad con el marco legal que rige el proceso de fiscalización en México, es preciso tener en cuenta que la presentación de los resultados es únicamente una etapa; los entes auditados cuentan con un periodo específico para ofrecer a la ASF documentación y alegatos en respuesta a las observaciones planteadas en las revisiones.

A mi parecer, se pueden distinguir tres tipos de reacción a los resultados de la fiscalización: el primero se basa en notas de reacción inmediata que buscan temas no identificados, en una primera instancia, por los medios en competencia.

El segundo se refiere a una evaluación crítica que se caracteriza por llegar a una conclusión generalizada de que el sector público presenta serias deficiencias e incurre, sistemáticamente, en actos irregulares como parte de su funcionamiento.

Una tercera opción está representada por distintos formadores de opinión que, con base en el análisis de casos particulares, buscan ofrecer al público una aproximación centrada en aspectos estructurales, así como plantear alternativas para su solución.

En un país democrático, estas alternativas, y otras más, contribuyen a enriquecer el debate, y aportan elementos que pueden resultar complementarios en aras de obtener un panorama general de lo que para la sociedad implican las observaciones y hallazgos de la revisión del uso de los recursos públicos.

Creo que todo intercambio de puntos de vista que coadyuve al establecimiento de modificaciones de fondo que permitan alcanzar un mejor nivel en cuanto a la gestión pública es bienvenido; nuestro cometido es ofrecer información independiente y objetiva para que la Cámara de Diputados, los entes auditados y el público en general, cuenten con elementos para que, en sus respectivos ámbitos de acción, contribuyan a modificar las condiciones que ponen en riesgo la eficacia y la eficiencia del ejercicio gubernamental.

En atención a la situación actual del país y la visión que se tiene en cuanto a temas como credibilidad en las instituciones, la cuestión de las sanciones ocupa un lugar preponderante en la demanda pública. Es evidente que el Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de sancionar, conforme a la ley, cualquier acción irregular que sea detectada. Sin embargo, yo he mantenido que la sanción, cuando no forma parte de un sistema integral acompañado de acciones preventivas y de control, se limitará a casos específicos sin que éstos tengan un efecto demostrativo que influya en los incentivos existentes para actuar de manera inadecuada.

Este, como otros temas, forma parte del entramado que se propone para sustentar un eventual Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que existen motivos para mantener una expectativa favorable respecto al futuro de la rendición de cuentas en el país.


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La imagen del gobierno

13 / Oct / 2014

La cultura moderna está basada, en buena parte, en las imágenes. La celeridad de los cambios que se dan en distintos ámbitos hace que la atención del ciudadano se sature con una gran cantidad de estímulos. Para la mayoría, los temas públicos resultan confusos, contradictorios y hasta poco creíbles.

En principio, la sobre oferta de información tiene un valor positivo en tanto que permite al espectador tener acceso a una amplia gama de datos y elementos para formar su juicio; sin embargo, esto contribuye a una proclividad por lo inmediato o que no requiere mayor procesamiento o análisis.

Los mensajes y la imagen de las instituciones públicas están sujetos a este contexto. Por ello, considero que existe una necesidad real del sector gobierno de mejorar cómo es percibido por el ciudadano; lo anterior sustenta, en gran parte, su legitimidad y la de todo el sistema democrático.
La percepción es una variable que ha sido estudiada y analizada en distintas disciplinas científicas; una de las convenciones al respecto es que la percepción depende de las expectativas de la gente; a su vez, las expectativas se integran con información de periodos previos y con datos coyunturales.

Así, por ejemplo, la percepción de la corrupción se vincula con la expectativa del funcionamiento del aparato gubernamental y de la honestidad de quienes lo operan. Bajo este esquema, un gobierno que ha sido tradicionalmente ineficaz e ineficiente cargará con una inercia negativa de percepción de corrupción, aun cuando en la práctica, las cosas pudieran estar mejorando.

Hipotéticamente, el que una gran cantidad de funcionarios públicos sean sancionados podría ser interpretada no como una lucha eficaz contra la corrupción y deshonestidad sino como un indicador del nivel de irregularidades existentes.

A las personas les interesa que el Estado genere condiciones para contar con los medios de desarrollo personal y familiar. La manera en cómo se utilizan los recursos es la variable con mayor peso que influye en la percepción de los ciudadanos respecto al funcionamiento del sector público.

A los ojos del ciudadano, la calidad de la acción gubernamental puede reivindicar los sistemas democráticos y propiciar una interrelación con mayor confianza entre la sociedad y las autoridades.

La generación de un ambiente donde se privilegie la honestidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia, puede contrarrestar, de manera estructural, la mala imagen que proyectan algunos funcionarios y proporcionar herramientas efectivas a la acción colectiva de distintos agentes sociales para generar presión sobre los distintos niveles de gobierno, así como iniciar una relación de mayor intercambio y confianza.

Existe una cadena de actividades que contribuye a recuperar el valor de la actividad pública e imponer un compromiso cívico y democrático a quienes detentan un cargo oficial; es un elemento fundamental para propiciar nuevas condiciones que detonen un pacto social diferente, en donde las obligaciones del servidor público no sean negociables o casuísticas, ni que dependan de las circunstancias ni de los individuos.

La garantía de la existencia de calidad en el gobierno reside en la interconexión de las actividades de auditoría, tanto interna como externa, los programas de control interno que establezcan los distintos entes, el acceso a la información, el manejo de archivos, la evaluación del desempeño, el esquema de sanciones, la contabilidad gubernamental y la asignación presupuestal basada en resultados; en resumen, con una efectiva rendición de cuentas.


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Cierre y apertura de ciclos

09 / May / 2013

La función y el servicio que las instituciones de gobierno cumplen con la sociedad están circunscritos a ciclos. En el caso de la fiscalización superior, el pasado jueves 2 se completó el correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2011.

El episodio final fue la reunión de conclusiones con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la que sus integrantes entregaron a la ASF sus comentarios sobre el Informe del Resultado y sus solicitudes para la revisión de la Cuenta Pública 2012. Como lo establece la Ley de la materia, los planteamientos de los legisladores son insumo principal para la orientación del trabajo auditor.

Al tiempo que todos los efectos derivados de las observaciones y acciones establecidas en los resultados sobre el ejercicio de 2011 siguen su curso legal, la planeación del programa de auditorías para la Cuenta Pública 2012 está ya en marcha. Cada año, se busca que la revisión constituya una perspectiva estratégica y representativa del total de las operaciones fondeadas con recursos públicos.

En la cobertura y bases de la fiscalización superior se dispone de indicadores clave para la identificación de los programas estratégicos y prioritarios, bajo los lineamientos de importancia, pertinencia y factibilidad.

Durante las reuniones de seguimiento entre la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación en torno a la fiscalización a la Cuenta Pública 2011, la deuda pública de las entidades federativas ocupó lugar preponderante. Ésta es una herramienta válida para las administraciones, bajo la condición de un uso responsable, un adecuado manejo técnico y una estricta supervisión por parte de los órganos de control competentes. En consecuencia, como situación indispensable para mantener finanzas viables y sanas, es preciso que se refuerce, coordine y sistematice la fiscalización sobre todas las obligaciones económicas contraídas en los tres órdenes de gobierno.

Mediante este instrumento horizontal en el que participan todas las entidades involucradas, pueden compartirse los conocimientos técnicos y la aplicación de normativas homogéneas en la geografía nacional.

Dada la urgente necesidad de resolver los problemas de control interno que padecemos en las instancias encargadas del ejercicio del gasto, la plena implementación del Sistema permitirá identificar situaciones de ineficacia e ineficiencia que afectan, en gran medida, el desarrollo de las políticas públicas y el cumplimiento de sus programas de ejecución. El objetivo es que los órganos internos de control ganen preponderancia en el funcionamiento de las dependencias a las que se encuentran adscritas, resultando un complemento sustancial a las acciones de fiscalización superior.

Las instancias auditoras precisan de autonomía e independencia cabales para cumplir con sus funciones y generar credibilidad entre los integrantes de sus comunidades. Una vez provistas de tales atributos, y configurada una red de coordinación con todos sus pares a nivel nacional, estarían en condiciones de fungir como auténticos contrapesos en la ejecución del gasto.

Me interesa destacar la buena acogida de los legisladores a nuestra propuesta de una Ley General de Gasto Federalizado. Esta normativa daría certidumbre en que los existe los montos presupuestales son asignados de manera eficiente y conforme a sus respectivos objetivos en los renglones de salud, educación o infraestructura, por citar los principales.

Una acción para incrementar la calidad y la utilidad de los servicios que la Auditoría Superior de la Federación rinde a los Diputados, consistió en la realización de un trabajo piloto de evaluación de políticas públicas. Buscamos con ello, con pleno respeto a los entes evaluados y a nuestro marco de atribuciones, contribuir al desarrollo de la cultura de la transparencia, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas.

Así pues, los canales de comunicación entre la Comisión de Vigilancia y la nuestra Institución están abiertos y son funcionales, por lo que es mi expectativa que, también en esta Legislatura, se registrarán avances para reforzar a la fiscalización superior en su cometido por la mejora de la administración pública.

 Auditor Superior de la Federación

Juan Manuel Portal


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