Informe de la ASF: las dos caras de la fiscalización

17 / Feb / 2016

Hoy 17 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace entrega a la Cámara de Diputados y a la ciudadanía en general, del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014. Se presentarán los hallazgos de cada una de las auditorías practicadas, así como un Informe General, en el que se incluye un análisis de la gestión gubernamental, destacándose temas que demandan una atención particular en función de su impacto sobre el desarrollo del país y el bienestar de la población.

El volumen de la información será, evidentemente, muy elevado; las auditorías realizadas abordaron temáticas de considerable complejidad como el gasto federalizado, obras de infraestructura, ingresos o deuda pública, entre otros, por lo que sus resultados abarcan un amplio espectro de situaciones, que, en términos generales, pueden derivar en dos tipos de consecuencias.

La primera, tal como está previsto en la normatividad aplicable, se refiere a la promoción de sanciones administrativas y a la presentación de denuncias de hechos; la segunda vía tiene que ver con la manera en que se aprovechan los resultados de la auditoría gubernamental, no sólo por los entes auditados, sino por otros actores, como el Poder Legislativo, la academia, y las organizaciones de la sociedad civil.

Esta segunda ruta puede percibirse como menos importante en comparación con la primera pero, en realidad, constituye el elemento más propicio para fortalecer la rendición de cuentas a mediano y largo plazos y dar pie a una nueva cultura administrativa, basada en la identificación de riesgos y la toma de acciones preventivas, con el fin de evitar la materialización de las vulnerabilidades.

A mi parecer, tiene tanta validez e importancia la vertiente sancionatoria como la preventiva; esta afirmación parece ir a contracorriente de una de las concepciones prevalecientes respecto a la lucha contra la corrupción: me refiero a que el problema de todo se reduce a la impunidad.

Ciertamente, este argumento es válido y veraz, pero debe ser matizado: la impunidad puede ser a la vez origen de actos irregulares o bien su producto, al ubicarse al final del proceso. Es preciso tener en mente que las distorsiones que se producen a lo largo de la acción gubernamental pueden tener un impacto considerable en el bienestar social, y requieren de la misma atención por parte del ente auditor, que aquellas manifestaciones más evidentes a los ojos de la opinión pública.

Una verdadera cultura de la prevención administrativa representa el factor determinante para cambiar el rumbo de la gestión gubernamental en México: es el primer paso para combatir la impunidad.

El Sistema Nacional Anticorrupción parte del principio de que lo correctivo y lo preventivo son caras de una misma moneda. La preocupación que existe en algunos sectores respecto a que lo importante de la presentación del Informe del Resultado es el anuncio de sanciones, lo cual puede reflejar un sesgo que, precisamente, el Sistema pretende trascender.

Reitero que la Auditoría Superior de la Federación entiende su responsabilidad como la de un órgano independiente y autónomo del Estado federal mexicano. Estamos conscientes de que los resultados de la labor fiscalizadora se ventilan en la arena política, sin embargo, la posición técnica y neutral —que forma el núcleo de la visión institucional— asegura a todos los actores involucrados y a la ciudadanía en general, que pueden confiar en nuestro trabajo.


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Corrupción, rendición de cuentas y libre empresa

20 / Ago / 2015

El ejercicio público en una sociedad moderna debe destinarse a facilitar que las fuerzas sociales puedan desarrollarse en completa libertad, así como a favorecer el crecimiento y a sus principales protagonistas, los emprendedores. Las leyes y las instituciones deben promover un clima de libre concurrencia en el que sea el talento, la sagacidad y la estrategia la que determine la mejor distribución de los factores económicos, para tener como resultado un incremento en el bienestar general.

Aún queda trabajo por hacer para alcanzar este nivel, sin embargo, las políticas y los programas públicos desarrollados en lo que va de este siglo apuntan en esa dirección. Por ello, ante la actual situación económica debemos entonces preguntarnos qué factores adicionales limitan el ejercicio de la libre empresa en México.

Desde el punto de vista estatal podemos apuntar a dos factores; el primero es la vulnerabilidad existente en el ámbito de interacción entre los sectores privado y público, tanto para montar una empresa como en el proceso de compras de bienes y servicios por parte del gobierno. La otra es, desafortunadamente, la corrupción que de ello se deriva.

Cuando el Estado interviene en el proceso económico genera una serie de distorsiones que alteran el funcionamiento normal de los negocios. Si esta intervención se significa por múltiples capas de burocracia que no están sujetas a un ambiente de control adecuado, la distorsión no sólo se da en cuanto a lo económico, sino que adquiere un fondo social.

Algunos empresarios han optado por la falsa expectativa de incurrir en actos de corrupción aduciendo que es un mal menor, o la única solución para superar la tramitología y hacer más expedito el proceso, pero con ello solamente contribuyen a agravar el problema.

La corrupción afecta todo lo que toca, tanto el que recibe un soborno como el que lo da forman parte de una cadena que impide que nuestro país avance. Este fenómeno se repite en muchas instancias de la vida cotidiana, lo que hace que el ciudadano acepte como algo normal circunvenir las leyes, sabiendo que, de un modo u otro todos lo hacen. El resultado final es desastroso.

Considero que la transparencia y la rendición de cuentas representan instrumentos de un gran alcance para minimizar estas prácticas y sus efectos en la sociedad. Cuando no existe opacidad tras de la cual ocultarse, cuando el funcionario sabe que sus decisiones serán revisadas y que cualquier acción fuera de la norma tendrá consecuencias, el incentivo a corromperse disminuye notablemente.

Desde el punto de vista de la fiscalización superior no es fácil detectar actos ilegales, puesto que estos no quedan reflejados en documentación oficial. Es por ello que la Auditoría Superior de la Federación decidió suscribir un convenio de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, con el fin de que ambas instancias intercambien información y experiencias acerca de las relaciones que se entablan entre el sector público y el privado, y que faciliten la denuncia ciudadana de cualquier acto irregular.

Si queremos ofrecer a los empresarios nacionales y extranjeros una imagen de confiabilidad, seguridad jurídica y honestidad, es necesario que todos nos comprometamos a actuar, decididamente, en contra de la corrupción.


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LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL ACUERDAN COLABORAR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Las ASF y el CCE firmaron un convenio de colaboración con el objeto de desarrollar acciones conjuntas en materia de fiscalización, transparencia y cultura de rendición de cuentas, mediante la promoción y fortalecimiento de los medios de denuncia de conductas irregulares por parte de servidores públicos y de particulares en el ejercicio del gasto público.

El convenio fue suscrito por el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez y por el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, quienes coincidieron en la importancia de estrechar los vínculos entre la entidad de fiscalización superior y el sector empresarial para contribuir a la prevención de actos de corrupción dada la constante interacción entre los sectores gubernamental y privado.

De manera concreta, la ASF y el CCE se comprometieron a formular un diagnóstico sobre los riesgos existentes en materia de integridad tanto en el sector público como en las áreas del sector privado que interactúan con las entidades gubernamentales; promover la importancia de los esquemas de control interno para prevenir actos irregulares en la interacción entre ambos sectores; y definir riesgos y vulnerabilidades que afecten la legalidad de dicha interacción.

Se contempla también el establecimiento de mecanismos para que la ASF reciba información por parte del CCE relativa al uso inadecuado de recursos públicos o áreas de riesgo en la gestión gubernamental. El CCE difundirá entre sus integrantes los resultados de la labor de la ASF y promoverá los canales de denuncia en el marco legal que rige la actuación de la ASF.

El sector empresarial reiteró a la ASF que el convenio de colaboración se enmarca en términos del Código de Integridad y Ética Empresarial que promovió el CCE en febrero pasado entre organizaciones empresariales de todo el país, por lo que seguirá promoviendo de manera comprometida el combate a la corrupción y el impulso de una cultura de la legalidad con las empresas, sus accionistas y sus trabajadores.

En el acto estuvieron presentes los representantes de las organizaciones empresariales que integran el CCE, así como el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Secretario Técnico de la ASF.


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