31 / Ago / 2018
Esta semana se reunieron la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas que comentaron, según los medios de comunicación tiene que ver con su preocupación sobre la existencia de los coordinadores estatales, que sustituyen la figura de las delegaciones estatales, con una preocupación manifiesta sobre el federalismo. En lo personal comente en reciente entrevista que yo no lo veía mal, tanto para ahorrar recursos presupuestales, como para evitar que persistiera una figura nociva, como era la dependencia de los delegados de la mayor parte de los gobernadores.
De hecho, hoy los delegados de Gobernación son los jefes de los delegados federales y generalmente han sido nombrados con el palomazo o la recomendación de los gobernadores en turno, con lo que de hecho se convierten en operadores políticos de los mismos. Yo mismo llegué a ser no delegado, sino representante en materias de administración tributaria a nivel regional, así como de una institución de banca de desarrollo y fui objeto de intentos de veto por parte de dos gobernadores, lo que afortunadamente no prospero, pero en casi todas las delegaciones de las dependencias federales, generalmente así sucede.
Es evidente y así lo veo he comentado, que las delegaciones, no manejaran recursos, las participaciones porque son recursos propios, en efectivo de los gobiernos estatales que son producto del pacto fiscal que hizo que dejaran en suspenso el cobro de impuestos importantes que la Constitución no les prohíbe, recibiendo a cambio una participación de la cobranza que hace el gobierno federal, hoy a través del SAT. Pero hoy las puede auditar la ASF. Además dijo el Presidente electo que las delegaciones federales actuaran con absoluto respecto a la soberanía de los estados y no estarán p0r encima de las autoridades locales.
Las aportaciones que sí son recursos federales condicionados destinados a salud, educación, seguridad, combate a la pobrez,a esto es las aportaciones del Ramo 33 y subsidios como el seguro popular serán siendo ejercidas por los estados, pero ahora con una vigilancia preventiva por parte del personal técnico de la coordinación regional federal, lo que ayudara a inhibir conductas incorrectas.
A nivel municipal las acciones centralistas que padecen son mayores, por ejemplo en la parte fiscal, en muchos casos sus participaciones no son pagadas de acuerdo a Lay de Coordinación Fiscal, esto es en tiempo y forma, completas, en efectivo y no condicionadas, hay toda una historia de ejemplos de abusos estatales contra los municipios, a pesar de que hubo un momento que 22 gobernadores habían sido antes ex presidentes municipales.
Por otra parte haciendo un recuento presupuestal, con datos de la CP 2017, la que se esta auditando, para el uso de las delegaciones de SAGARPA, su costo fue de 3,296 millones de pesos y la de las de SEDESOL de 3,269 millones, siendo no homogéneo el costo por supuesto. En muchos estados hay mas de 60 delegaciones actualmente, el fin será reducirlas.
Por supuesto habrá que diferenciar aquellas que dan servicio directo al público, que no son delegaciones, por del SAT que nunca ha tenido delegados, pero si las Administraciones Locales de Recaudación, Auditoria Fiscal, Jurídico y Aduanas, o las que dan servicios como los de Relaciones Exteriores, entre otros, así como los que ejecutan obra directamente.
Por otro lado, es cierto los estados tienen sus oficinas de representación en la CDMX y en los municipios, a nivel regional muchos tienen delegaciones de gobierno.
Por otra parte, todavía no conocemos el proyecto definitivo, pero lo que apunta, creo será positivo y ayudará a mejorar y ser más transparentes en el ejercicio del gasto y en la inhibición de conductas indebidas, lo cual es un apoyo a la fiscalización superior.
David Colmenares Páramo
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Etiquetas: AMLO CONAGO SAGARPA SAT SEDESOL SEGOB
24 / Ago / 2018
Un tema recurrente desde hace algunos años tiene que ver con el creciente endeudamiento de estados y municipios. Sin embargo, no todos están endeudados y un número importante no es sujeto de crédito, de ahí la concentración que se observa del endeudamiento de unos cuantos respecto al total.
Este tema, el del endeudamiento, ha sido referente en los últimos años y causa de muchos escándalos mediáticos.
A marzo de 2018, la deuda acumulada de estos dos órdenes asciende a 528 mil millones de pesos, que contrastan con los 160 mil millones de 2006.
Existe una relación inversa respecto al ritmo de crecimiento de los ingresos totales de los estados, fundamentalmente las participaciones calculadas de acuerdo con la recaudación de los impuestos federales coordinados.
El problema de la deuda más que su monto, es la relación respecto a tres variables fundamentales: el PIBE, las participaciones y los ingresos totales:
1.- Respecto al PIBE, el promedio es de 2.4 por ciento, con datos de la UCEF, siendo del 7.0 por ciento en el caso de Chihuahua, 6.0 por ciento en el de Quintana Roo, 5.4 Chiapas; y arriba del 4.0 por ciento, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Coahuila. Con cifras inferiores al uno por ciento están 6 entidades, destacando prácticamente sin deuda Tlaxcala, Querétaro y Campeche. Pero hay algunos que bajo el criterio de que los PPS no son deuda, no la integran como tal, pero se trata de obligaciones financieras que afectan el presupuesto estatal.
2.- En relación a las participaciones, el promedio es de 81 por ciento, destacando negativamente Chihuahua, con 261 por ciento; Coahuila, 247; Nuevo León, 237; Quintana Roo, 230, y Sonora, con 134 por ciento.
3.- Finalmente respecto a los ingresos totales, a niveles superiores al 100por ciento, están Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. La CDMX está en 42 por ciento, ya que es la única entidad que recauda más de lo que recibe por transferencias de libre disponibilidad.
Esto demuestra una concentración de la deuda en unos cuantos estados. Es más, las cinco más endeudadas, en sus diferentes variantes, concentran más de la mitad del endeudamiento subnacional, y sus relaciones anteriores están en función de sus ingresos propios sumados a las participaciones.
Lo mismo sucede a nivel municipal, donde la deuda se concentra en los municipios de cinco entidades federativas: Jalisco, México, Nuevo León, Baja California y Sonora, que suman 204 municipios con deuda pública. Y si sumamos los de otros cinco estados, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz y Quintana Roo, con otros 242 municipios, entre ellos 200 de Veracruz, los primeros diez significan tres cuartas partes de la deuda local.
La deuda municipal total, a marzo de 2018, asciende a 45 mil millones de pesos, cifra inferior al endeudamiento de Nuevo León, por ejemplo, lo que significa que el endeudamiento es más un fenómeno subnacional, donde los cinco estados más endeudados tienen más de la mitad de la deuda estatal.
Se han dado verdaderos atropellos a las finanzas estatales, respecto a endeudamiento irresponsable por parte de algunos estados, profundizando ante la sociedad a partir del conocimiento, en 2011, del endeudamiento oculto de Coahuila, que terminó con funcionarios federales responsables del registro de deuda pública en la cárcel, absueltos posteriormente, y ninguno estatal. Esa deuda de corto plazo, mucha falsificando la aprobación del Congreso local, se regularizó mediante una reestructura, convirtiéndola en deuda de largo plazo, sin haber pasado nunca por la aprobación del Congreso, quedando como testimonio el deterioro de las finanzas de ese estado.
Por eso la importancia de que la ASF ya esté hoy auditando deuda pública estatal y municipal. Temas para auditar son vastos, destaca el registro de deuda pública, la aplicación de la deuda y monitorear el semáforo derivado de la Ley de Disciplina Financiera.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Deuda Deuda estatal Deuda municipal Ley de Disciplina Financiera
17 / Ago / 2018
Por lo que se ha visto en diversas publicaciones, aún existe una confusión sobre la naturaleza de los recursos transferidos a los estados y municipios, que constituyen la mayor parte de sus ingresos totales dado el limitado potencial recaudatorio de las facultades tributarias de que disponen, por la autolimitación que se impusieron al firmar los convenios de adhesión voluntaria al sistema nacional de coordinación fiscal, en 1980, con la única excepción de la hoy CDMX, que está adherida a través de un anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Al total de las transferencias federales se les conoce como gasto federalizado. Están por un lado las participaciones en ingresos federales coordinados y las transferencias de gasto condicionado, como es el caso de las aportaciones, los convenios de descentralización y reasignación, el subsidio de protección social en salud y parte del Ramo 23.
Las participaciones representan el 41.4 por ciento del gasto federalizado, son recursos de libre disposición; esto es, no están condicionados a un fin específico. Son los recursos que utilizan para la operación del gobierno, fundamentalmente gasto corriente, los subsidios estatales a la educación media y superior y cuando pueden a los pari passu a los recursos federales transferidos por otra vía a los gobiernos subnacionales.
No son recursos sujetos a discusión o votación, porque dependen del comportamiento de la recaudación federal participable, esto significa que, si la recaudación sube, las mismas se incrementan y si baja, bajan. Sólo se pueden afectar previa firma de los convenios de retención a favor de terceros autorizados por los propios estados, como sería el caso del ISSSTE o el IMSS, retenciones que realiza la UCEF. Se clasifican en el presupuesto como gasto no programable. Se presupuestan con base en una estimación que se presenta con el Proyecto de Presupuesto.
Desde 2016 son recursos que son auditables por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cual implica un incremento de la carga de trabajo, pero es útil para reducir la dispersión y el abuso en el uso de los recursos, que se realiza en muchos casos por los gobiernos estatales y municipales.
De ahí las nuevas facultades de fiscalización que tiene la ASF, revisando en, primer lugar, la correcta distribución a los municipios de sus participaciones, también tema reglamentado en la Ley de Coordinación Fiscal.
Por otra parte, desde 1998 se agrupan en un solo ramo presupuestal, el 33, las diversas transferencias de gasto dispersas en otros ramos, creándose las Aportaciones Federales, condicionadas a conceptos como educación básica, salud, infraestructura social municipal y seguridad, hasta contar ocho. De acuerdo con la Ley de Coordinación fiscal, capítulo V, son recursos condicionados, auditados exclusivamente por la ASF.
Respecto al Ramo 23, asoma un halo de opacidad, que se ha reflejado en conflictos incluso políticos, lo cual requiere una fiscalización más profunda que haremos en la Auditoría Superior, como parte de la reestructura emprendida en la institución. Trabajamos en la evaluación, así como en auditorías financieras y de desempeño de los fondos del Ramo 23, este debe ser un instrumento de política presupuestal.
El gasto federalizado ubicado en el Ramo 23, cual tuvo en 2017 un aprobado cercano a 50 mil millones de pesos, pero cerró en 125 mil millones, esto es un crecimiento superior al 150 por ciento.
El que más ha creado preocupación es el Fondo de Fortalecimiento Financiero, que pasó de tres mil 244 millones de pesos a 55 mil 116 millones, mil 599 por ciento de crecimiento respecto de lo aprobado, cuya distribución es discrecional y opaca. No tienen reglas de operación y se deben normar las adecuaciones. Fortalecimiento financiero es todo y es nada, este se tiene que revisar integralmente.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Convenio de Colaboración Administrativa Facultades ASF Gasto Federalizado Ley de Coordinación Fiscal Marco normativo Recursos Transferidos Transferencias Federales
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