Estatus de la deuda subnacional y local

24 / Ago / 2018

Foto ASF-David ColUn tema recurrente desde hace algunos años tiene que ver con el creciente endeudamiento de estados y municipios. Sin embargo, no todos están endeudados y un número importante no es sujeto de crédito, de ahí la concentración que se observa del endeudamiento de unos cuantos respecto al total.

Este tema, el del endeudamiento, ha sido referente en los últimos años y causa de muchos escándalos mediáticos.

A marzo de 2018, la deuda acumulada de estos dos órdenes asciende a 528 mil millones de pesos, que contrastan con los 160 mil millones de 2006.

Existe una relación inversa respecto al ritmo de crecimiento de los ingresos totales de los estados, fundamentalmente las participaciones calculadas de acuerdo con la recaudación de los impuestos federales coordinados.

El problema de la deuda más que su monto, es la relación respecto a tres variables fundamentales: el PIBE, las participaciones y los ingresos totales:

1.- Respecto al PIBE, el promedio es de 2.4 por ciento, con datos de la UCEF, siendo del 7.0 por ciento en el caso de Chihuahua, 6.0 por ciento en el de Quintana Roo, 5.4 Chiapas; y arriba del 4.0 por ciento, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Coahuila. Con cifras inferiores al uno por ciento están 6 entidades, destacando prácticamente sin deuda Tlaxcala, Querétaro y Campeche. Pero hay algunos que bajo el criterio de que los PPS no son deuda, no la integran como tal, pero se trata de obligaciones financieras que afectan el presupuesto estatal.

2.- En relación a las participaciones, el promedio es de 81 por ciento, destacando negativamente Chihuahua, con 261 por ciento; Coahuila, 247; Nuevo León, 237; Quintana Roo, 230, y Sonora, con 134 por ciento.

3.- Finalmente respecto a los ingresos totales, a niveles superiores al 100por ciento, están Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. La CDMX está en 42 por ciento, ya que es la única entidad que recauda más de lo que recibe por transferencias de libre disponibilidad.

Esto demuestra una concentración de la deuda en unos cuantos estados. Es más, las cinco más endeudadas, en sus diferentes variantes, concentran más de la mitad del endeudamiento subnacional, y sus relaciones anteriores están en función de sus ingresos propios sumados a las participaciones.

Lo mismo sucede a nivel municipal, donde la deuda se concentra en los municipios de cinco entidades federativas: Jalisco, México, Nuevo León, Baja California y Sonora, que suman 204 municipios con deuda pública. Y si sumamos los de otros cinco estados, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz y Quintana Roo, con otros 242 municipios, entre ellos 200 de Veracruz, los primeros diez significan tres cuartas partes de la deuda local.

La deuda municipal total, a marzo de 2018, asciende a 45 mil millones de pesos, cifra inferior al endeudamiento de Nuevo León, por ejemplo, lo que significa que el endeudamiento es más un fenómeno subnacional, donde los cinco estados más endeudados tienen más de la mitad de la deuda estatal.

Se han dado verdaderos atropellos a las finanzas estatales, respecto a endeudamiento irresponsable por parte de algunos estados, profundizando ante la sociedad a partir del conocimiento, en 2011, del endeudamiento oculto de Coahuila, que terminó con funcionarios federales responsables del registro de deuda pública en la cárcel, absueltos posteriormente, y ninguno estatal. Esa deuda de corto plazo, mucha falsificando la aprobación del Congreso local, se regularizó mediante una reestructura, convirtiéndola en deuda de largo plazo, sin haber pasado nunca por la aprobación del Congreso, quedando como testimonio el deterioro de las finanzas de ese estado.

Por eso la importancia de que la ASF ya esté hoy auditando deuda pública estatal y municipal. Temas para auditar son vastos, destaca el registro de deuda pública, la aplicación de la deuda y monitorear el semáforo derivado de la Ley de Disciplina Financiera.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Un nuevo modelo de fiscalización

18 / Ago / 2016

Dentro del ámbito de la auditoría gubernamental uno de los efectos de mayor trascendencia del recientemente promulgado paquete de leyes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la ampliación del mandato de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el objetivo de incrementar sustancialmente el impacto de la fiscalización en el mejoramiento de la administración pública.

A raíz de las reformas propuestas se otorgó al ente fiscalizador superior la capacidad de revisar además de los recursos transferidos a estados y municipios en la forma de fondos etiquetados para rubros como la salud, la educación, la seguridad y la creación y mantenimiento de infraestructura, las participaciones federales y la deuda pública a nivel subnacional garantizada por la propia Federación.

Es preciso preguntarse las razones que asistieron a los legisladores para tomar esta decisión que pone una parte sustancial de los ingresos de las entidades federativas bajo la lupa de la ASF. ¿Por qué, si existen Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel local, es necesario que el órgano federal sea quien tenga bajo su rectoría la revisión de estos recursos?

En estas columnas se ha señalado que es imprescindible fortalecer a la administración pública en los órdenes de gobierno estatal y municipal, puesto que existen brechas de consideración en cuanto a las capacidades institucionales, la cultura administrativa y la disponibilidad de recursos respecto a las condiciones imperantes a nivel federal. De manera paralela, el equilibrio de poderes afecta el ejercicio de los entes auditores estatales, toda vez que se vulnera su autonomía e independencia.

 Como parte del cambio, se decidió confiar esta tarea a la ASF. Quedó de manifiesto, en el curso de los debates que acompañaron el proceso de discusión de las leyes secundarias del SNA, que se dio un consenso entre grupos partidistas, organizaciones ciudadanas y formaciones académicas respecto a que la Auditoría Superior de la Federación ofrecía la mejor alternativa para presidir un nuevo modelo de fiscalización, consistente con las metas del Sistema Nacional Anticorrupción.

La ampliación del universo auditable por parte de la autoridad federal en la materia y la creación de nuevas atribuciones, muy distintas a la auditoría gubernamental tradicional -como las facultades de la ASF de investigar y substanciar faltas administrativas graves- nos hablan de un parteaguas en el que una labor fundamental en materia de gobernanza, la auditoría gubernamental, se pone bajo la tutela y el control de una sola institución.

Considero que esta decisión representa un signo alentador de la valoración que se tiene de la labor de este ente auditor, puesto que reconoce de manera fáctica la trascendencia que tiene la fiscalización para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, también la interpreto como uno de los mayores retos que ha enfrentado la ASF: cumplir cabalmente con el mandato que se nos ha otorgado exigirá el desarrollo de metodologías, áreas especializadas y cuadros de servidores públicos con las capacidades necesarias para desahogar sus responsabilidades. La credibilidad, la confiabilidad, el carácter técnico, la rigurosidad analítica y el profesionalismo en el desempeño de la auditoría gubernamental deben ser los pilares de esta nueva etapa en la vida institucional de la ASF. Es un compromiso que ha generado muchas expectativas, y ante el cual será preciso ofrecer el mejor de los desempeños.

Auditor Superior de la Federación

 

 


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