20 / Jul / 2018
En septiembre inician los cambios de gobierno en un gran número de municipios y los nueve estados que tuvieron elecciones. Los procesos de entrega-recepción deben estarse iniciando, con la creación de las comisiones correspondientes.
La fiscalización de los recursos federalizados y federales se ha eficientado y la normatividad para el ejercicio de los mismos se ha mejorado; sin embargo, siguen apareciendo denuncias ciudadanas no atendidas, cuando es un medio eficaz para combatir la corrupción, no solamente en los gobiernos, inclusive en el sector privado.
Las leyes de entrega-recepción se inician en 2002, siendo adoptado inmediatamente en algunas entidades. Sin embargo, aun hoy en algunos estados y muchos municipios tienen rezago en la implementación de normas para una buena entrega-recepción.
En los hechos han existido casos de gobernadores salientes que se resisten a crear los comités de entrega-recepción, o inauguran obras poco antes de dejar el poder, en suma, quieren ignorar que se extinguen. En estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz no incluyen sanción alguna en sus leyes, lo cual es como vacuna para impedir ser sancionados, de ahí la importancia de la homologación legislativa.
Un consejo para los gobernadores que se van, es que obra que ya no van a terminar es mejor que lo reconozcan, es más honesto y dejar las cosas bien para el siguiente gobierno, en contra tienen que la mayoría de sus colaboradores sólo saben decir: sí señor.
A pesar de que aún nos falta mucho, ahora sí son observados, más por el manejo de los recursos federales, pero en muchos ya existe la maldición del séptimo año, esto lo demuestran hechos como el gran número de secretarios de Finanzas que han terminado en la cárcel o amparados; ahí está el caso de San Luis Potosí, donde de los tres últimos secretarios, dos estuvieron en la cárcel, excepto el último.
Hoy sus contralores internos deberían aplicarse a ordenar sus cuentas y encabezar la solventación de los temas que tienen pendientes las dependencias estatales con las auditorías locales y la ASF.
Es lamentable que se empiecen a enterar de sus asuntos cuando ya no están en el gobierno y no los pueden corregir. Años de opacidad y complicidad no se corrigen en tres meses, es imposible. En el caso de los reintegros simulados, OJO, los contralores han aparecido como presuntos responsables.
El año más difícil del gobierno es el año siguiente de su término de gestión, para la mayoría de los alcaldes es el cuarto y para los gobernadores, el séptimo.
Endeudarse hoy, como lo hacían en el pasado a unos cuantos meses de terminar su gestión, además de ser moralmente una falta grave, es imposible. Hoy la Ley de Disciplina Financiera les impide adquirir compromisos al fin de la administración. Un caso típico era que se ocultaba el servicio de la deuda, diciendo que los PPS no eran deuda, y metían en gasto corriente el servicio de las bursatilizaciones.
Hoy la ASF ya audita deuda pública de los estados, cuando lo de Coahuila, no teníamos facultades para hacerlo.
Las expectativas que la ciudadanía tiene en la lucha contra la corrupción son muchas, los años en los que en las administraciones se dejaban pendientes, en donde no pasaba nada, poco a poco están desapareciendo, por ello es de vital importancia preparar una buena salida para no hacer realidad las crisis del séptimo año.
Los nuevos deberán aplicarse a un buen ejercicio del gasto desde un principio, capacitar a sus funcionarios no sólo en el diseño de un buen presupuesto, sino en su aplicación. Cuidado con que se endeuden al empezar su gestión.
En la Auditoría Superior trabajamos en una vigilancia estricta del ejercicio de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno. Las omisiones o el desconocimiento de las normas no son excusas válidas para no cumplirlas.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Gasto Federalizado
13 / Jul / 2018
Los desastres naturales, sean huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, son frecuentes en nuestro país. Somos en territorio el número 14 del mundo. Hay regiones donde son más recurrentes, sólo el año pasado tenemos el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, que de un serio problema de sequía, su presa más importante estaba casi vacía, llueve torrencialmente una semana y en pocos días la emergencia era que se desbordaría la presa. Y luego en septiembre vienen los sismos, dejando devastada la región. Por supuesto, mientras más pobreza exista, la infraestructura sea precaria y exista mucha, mucha corrupción, el impacto será mayor.
La reconstrucción cuesta mucho y son pocos los estados que cuentan con recursos para enfrentar su costo. Un ejemplo notable fue el de la CDMX, que tenía el año pasado un fondo con mayores recursos que los del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). La ciudad pudo hacerlo porque, desde el gobierno del presidente electo, recauda, aun con las limitaciones de la coordinación fiscal, más de la mitad de sus ingresos propios, frente a una dependencia mayor al 90 por ciento del resto de las entidades federativas.
Con todo lo útil del Fonden, éste está amarrado a una política de pari passus, muchas veces imposibles de cumplir, por lo que los estados con mayor recurrencia a los desastres y haciendas públicas limitadas han recurrido al endeudamiento de los bonos cupón cero de Banobras.
Adicionalmente, en 2017, Sedesol flexibiliza las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para que pueda ser utilizado en la reconstrucción, claro son recursos fiscalizables por la ASF.
Han sido muchos los actores, por lo que la sociedad civil y los propios afectados han denunciado el desvío de los recursos en niveles que parecen ser escandalosos, por parte de algunos de los responsables de las tareas de reconstrucción de los tres órdenes de gobierno.
Por ello, la Auditoría Superior ha decidido ampliar sus auditorías con una visión integral en la fiscalización de estos recursos y sobre el desempeño de las diferentes entidades y dependencias responsables de las acciones. La gran diversidad en el origen de los recursos, y su volumen, exige de una estrategia así. No ignorando, por supuesto, la realidad social del país.
El gran esfuerzo ciudadano, que se reflejó en el acopio y envío de materiales de consumo e incluso de construcción, debió entregarse efectivamente a los damnificados, sobre todo cuando se trata de los más pobres de los pobres, de los nueve estados afectados por los sismos.
Las erogaciones del Fonden ascendieron, en 2017, a 19 mil millones para la atención de daños ocasionados por los sismos de septiembre; se autorizaron a esos nueve estados 14 mil millones, lo cual incluye 7.5 mil millones para la reconstrucción y restitución física de bienes afectados.
Por ejemplo, se pondrá atención a la correcta entrega de recursos a damnificados, como la identificación de pagos duplicados.
Se requiere de esta visión integral, ya que son muchos los actores, así como las fuentes de recursos, de un proceso que sigue.
Temas como la entrega de apoyos a la población, mediante el censo de afectados que levantó la Sedatu; la correcta entrega de recursos a los damnificados, mediante identificación de pagos duplicados y cargos no reconocidos; los recursos que estas entidades atendieron en apego a los transitorios, y beneficios que se dieron en los fondos locales, etcétera.
Las revisiones incluirán a las instancias involucradas en regular, operar, vigilar, ejecutar y fiscalizar que los apoyos, así como la atención a los desastres por el sismo, hayan sido entregados conforme a la normativa aplicable y la política pública de atención de desastres.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Desastres naturales FAIS Fonden Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Desastres Naturales
06 / Jul / 2018
Para entender el efecto de la corrupción sobre el presupuesto, debemos empezar por analizar la importancia de la política de ingresos, el ejercicio del gasto público, a fin de clarificar mejor su distribución, su destino y la estructura por órdenes de gobierno.
Hoy tenemos una política tributaria centralizada donde el poder recaudatorio de los impuestos está, según datos de la OCDE, concentrado en los impuestos federales coordinados, teniendo los gobiernos estatales y municipales alrededor del seis por ciento del total, esto es el potencial recaudatorio de las fuentes de ingresos locales. De ahí el peso presupuestal en las finanzas subnacionales, de las transferencias de libre disponibilidad y las condicionadas.
El principal rubro de los ingresos propios de estos últimos años son las participaciones de los ingresos federales, cuyo porcentaje es alrededor del 25 por ciento de la recaudación federal participable; sin embargo, es insuficiente para cubrir los gastos necesarios para satisfacer el desarrollo de infraestructura y la política social en los estados.
El CEESP ha manifestado que la inversión pública en infraestructura corresponde a la de los años 40, mientras que las participaciones, en un 90 por ciento, son gasto corriente. La recaudación se ha mantenido gracias a los IEPS, entre ellos el más importante: el de la gasolina. Sin embargo, no ha sido suficiente para atender las necesidades del desarrollo.
En cuanto a los municipios, estos reciben sus recursos por medio de fórmulas estatales que no siempre son adecuadas y muchas de ellas en detrimento de los mismos, de ahí la relevancia de que la ASF tiene como prioridad la revisión de la aplicación de las mismas.
La tarea aún no está completa, ya que en los municipios recae la obligación de cubrir los servicios básicos, como agua, seguridad pública, alumbrado, servicios de limpia.
Si las fórmulas de distribución no contienen criterios de eficiencia administrativa y sólo se basan en población, como es el caso de la fórmula de San Luis Potosí, que tiene el 95 por ciento de su distribución con respecto a su población, no existe ningún incentivo para el municipio de elevar su recaudación o hacer su gasto más eficiente.
Esta misma situación obliga a los alcaldes en turno a tomar la decisión de proveer servicios de calidad o hacer nueva obra pública, que finalmente tendrá un costo de mantenimiento que quizás no puedan pagar.
Su última opción es adquirí deuda para su proyecto de gestión, la cual elevará los compromisos de gastos de las próximas administraciones; pero no todos tienen acceso al crédito.
Hoy con la nueva Ley de Disciplina Financiera se establece que los recursos que no sean gastados en tiempo, serán reintegrados a la Federación.
Lo que se requiere es una buena planeación del gasto para que las obras se terminen en tiempo, pero también depende que los recursos sean entregados y gastados con oportunidad; ya que si bien es poco el recurso que se destina para infraestructura, es lamentable que este se pierda por una mala gestión de las obras.
Por ello también es importante fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, por una parte, para que la sociedad conozca qué obras se estarán realizando en su comunidad en el año y de esta forma puedan vigilar que se den a tiempo y sin irregularidades.
De acuerdo con un estudio del BID, apostar a la transparencia y la tecnología ayuda a prevenir la corrupción y con ello disminuir los costos de las obras.
Ya que vigilar la gran cantidad de obras distribuidas en todo el país requiere de estrategias conjuntas, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, está creando vínculos desde la ASOFIS con todas las auditorías superiores locales y con la Función Pública para ampliar la efectividad de la fiscalización.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: ASOFIS BID corrupción IEPS OCDE
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