27 / Abr / 2018
Ya sin llenar esto de muchas cifras, sólolas necesarias, en materia de deuda el problema no es el monto, sino el peso del servicio de la deuda pública, amortización e intereses, que es muy alto, incluso en el nivel subnacional, como es el caso de gobiernos como el de Veracruz, que han tenido que recurrir a reestructuras, esto es a aplazar el periodo de pago de la misma, a muchos, muchos años.
Es importante el destino de la misma y el papel de los congresos locales, que autorizaban montos de endeudamiento, pero sin ningún candado. Esto es ni para qué ni cómo se iba a contratar, generándose grandes espacios de opacidad.
La deuda estatal debe ser para actividades productivas, concepto que nunca se ha definido. Por ejemplo, durante la Convención Nacional Hacendaria de 2004, se acordó y produjo un Manual de Buenas Practicas en Materia de Deuda Pública, que se presentó a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, pero se perdió.
Para el caso de los estados y municipios, la nueva Ley de Disciplina Financiera, busca frenar el constante aumento en el endeudamiento de los mismos, así como establecer las condiciones para un mejor manejo de las finanzas públicas estatales, siendo obligado un balance presupuestario; es decir, que no se gaste más de lo que ingresa. Esta ley se complementa de manera directa con lo que hasta hoy es el principal reto en materia de transparencia y rendición de cuentas en los estados y municipios, que es la implementación plena de la armonización contable.
La suma total de deuda en las entidades federativa para 2017 asciende a 580,644.7 millones de pesos. De los 2,446 municipios del país, 865 están en el registro de deuda; lo que más destaca de este punto es que al segundo informe trimestral de deuda municipal de 2017 de la Secretaría de Hacienda, 397 no entregaron información o se entregó parcialmente, esto es poco menos de la mitad de los mismos, incumpliendo con la obligación de transparentar su información.
De los 51,470 millones de pesos de deuda municipal, los 25 municipios con más deuda al cierre de 2017 concentran el 47% de la misma.
De estos 25 municipios, 9 se encuentran en semáforo amarillo y sólo uno, Tlaquepaque, no presentó información, todos los demás se encuentran en verde, esto es, si bien su monto es importante se cuenta con capacidad de pago para atender sus compromisos.
El semáforo de deuda es muy importante, ya que para el año que entra, dependiendo de situación, serán las condiciones para poder contratar deuda o no.
Sin embargo, existen 44 municipios con el indicador de pasivo de corto plazo en rojo, esto es que gastan más de lo que pueden pagar. Una cosa es cierta, la deuda de los estados no pinta y mucho menos la de los municipios respecto al PIB, que equivale en promedio al 3 por ciento del mismo. Para el caso de los municipios equivale al 85.3% de las participaciones y al 35.2 por ciento de los ingresos totales; sin embargo, no es el monto de la deuda sino la capacidad de pago que se tiene para la misma la que se debe de tomar en cuenta.
La deuda es un mal necesario, pero bien contratada y gastada no representa un problema. Lo malo es que no siempre es así, en algunos casos son altas tasas de interés en las que se pactan, lo que implica una renta mensual a las administraciones futuras. La falta de transparencia de en qué se gasta es otro mal, hay estados que tienen un nivel bajo de deuda y su préstamo se da en condiciones buenas; sin embargo, su falta de transparencia crea inconformidad ante la ciudadanía.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales Convención Nacional Hacendaria Deuda pública
23 / Abr / 2018
El enojo de los ciudadanos ante los altos niveles de corrupción y la impunidad generó la necesidad de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que esta semana tuvo la segunda reunión ordinaria del Comité Coordinador, que tiene la responsabilidad de la aprobación, diseño y promoción de la política nacional, así como su evaluación periódica. En el mismo participaron el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
No es posible abocarse sólo al ámbito de las sanciones, lo cual limitaría la consecución de las metas para las que fue creado. Pero como he insistido, debemos priorizar, en el caso de la Auditoría Superior, el enfoque preventivo de las auditorías, teniendo como base una mayor calidad de las mismas, no importa que sean menos, pero sí más precisas, para que la parte jurídica presente mejores resultados.
Mediáticamente se buscan castigos, pero no olvidando las virtudes de la prevención, la cual se dará en la medida que interactúen de manera efectiva la fiscalización externa y la auditoría interna.
Avanzar en la transparencia y acceso a la información y con el fortalecimiento de la armonización contable. Un elemento importante será la desregulación o ventanilla única. Por supuesto nada de esto se podría consolidar sin la participación ciudadana. De hecho, todos los programas sociales incluyen un apartado de la participación social. Al respecto, la ASF le ha dado seguimiento a su adecuada implementación, para evitar que sea letra muerta, incluso se ha elaborado un informe integral con un análisis e investigación en campo de esta figura.
Es claro que los grandes males que más preocupan a nuestra sociedad tienen que ver con la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la violencia, así como la pobreza y la desigualdad, de ahí que en la medida que se fortalezca el Sistema Nacional Anticorrupción podremos derrotarlos con mayor eficacia.
Es un gran logro su existencia, falta aún su implementación integral y su consolidación. Es importante que no se pierda tiempo en ello, y a eso están abocadas las instituciones responsables.
Un logro importante de esta segunda reunión es la apertura, la interacción entre los actores involucrados y su vinculación con los otros dos sistemas, el de Transparencia y el de Fiscalización, lo cual implica un trabajo permanente de intercambio de experiencias, información y creación de capacidades. Asimismo, es fundamental la coordinación intergubernamental, el Sistema de Fiscalización con la interacción de los contralores estatales y los titulares de las auditorías superiores de las entidades federativas, así como la de la Secretaría de la Función Pública y la ASF, en cuyo caso se está avanzando con firmeza. No olvidemos que se trata de un sistema que significa interacción de todas las partes.
Se están buscando mejores mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucional, de forma tal que, en la siguiente reunión del Comité Coordinador, en julio, esperamos avanzar para tener las bases para el tratamiento de asuntos coyunturales de potencial corrupción.
Buenas prácticas
EL FMI acaba de difundir su monitor fiscal correspondiente abril, donde recomienda a los países con un nivel de endeudamiento público superior a 50 por ciento del PIB, la reducción paulatina de la misma, tal como se hizo en México a principios de los 90 hasta antes de la crisis que se inició en 1998, lo que permitirá reducir el costo del servicio de la misma. Para ello se necesitan medidas fiscales adecuadas, no gastar más de lo que se puede, y eficientar los aparatos recaudatorios.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Sistema Nacional Anticorrupción SNA
16 / Abr / 2018
He escuchado en varias reuniones de las organizaciones empresariales, como Coparmex y el CCE, su preocupación razonada sobre el tema de la armonización contable, particularmente a nivel estatal y municipal, asunto en el que la Auditoría Superior de la Federación juega un papel importante. Prueba de ello es la firma, hace unos días, del Convenio de Colaboración entre la SHCP, la ASF y las auditorías superiores de los estados, para fortalecer la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Sus antecedentes nacen en Hacienda, cuando la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas inició la edición del Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales. El tema destacó a partir de los trabajos realizados en la subsecretaría de Egresos, este es el de la homologación de la contabilidad gubernamental. Recuerdo dos anécdotas, una cuando pedimos a Finanzas de un estado la estimación en Ley de Ingresos del Impuesto Sobre Nóminas y no nos la dieron porque “seguro los queríamos molestar”; o cuando en otro estado cercano al Pacífico, decía que se pagarían participaciones a los municipios “de acuerdo con las posibilidades financieras del estado”, violentando la Ley de Coordinación Fiscal. Hoy eso ya no se puede hacer.
Durante la Convención Nacional de las Haciendas Públicas, una de las mesas que tuvo un número importante de acuerdos entre los tres órdenes de gobierno fue precisamente la de armonización contable, transparencia y rendición de cuentas, como temas pendientes para lograr avances importantes en las finanzas estatales y municipales, hacerlos en el mediano plazo menos dependientes de las transferencias federales y eliminar la opacidad en el manejo de los recursos púbicos.
La opacidad es un tumor que explota cuando se convierte en impunidad. De ahí que el tema toma fuerza en 2008 cuando se crea la Ley de Contabilidad Gubernamental, y en 2009 con el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) como ente de coordinación para la armonización contable a través de la generación de normas y lineamientos para una buena información financiera y presupuestal de las haciendas públicas. En las sesiones del consejo, la ley establece que se procurará invitar al titular de la ASF, que forma parte de su consejo consultivo.
Se trata de unificar la normatividad estatal con la ley federal, con el fin de alcanzar cuentas públicas uniformes, sin obviar las diferencias entre órdenes de gobierno, con el objetivo mayor de fortalecer la rendición de cuentas, lo cual proporciona una mejor base para los procesos de fiscalización.
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales adopta con entusiasmo este tema, principalmente para la armonización de la contabilidad municipal, fortaleciendo a su órgano técnico, el Indetec (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas), cuyos resultados han sido importantes dada la complejidad de niveles de desarrollo, lo cual significa una mayoría de municipios en condiciones de pobreza, acceso limitado a tecnologías, de acceso a internet, de personal calificado. Se han dado avances, pero aún son insuficientes, sobre todo -como señala el reporte de evaluación de la armonización contable, del tercer trimestre de 2017- en los municipios pequeños donde el rezago es mayor.
La ASF revisa desde 2012 los avances de la armonización contable, incluso hay un apartado en los Informes de Resultados de las cuentas públicas revisadas.
Los objetivos de armonización para los estados concluyeron en 2014, y para los municipios debieron haber concluido en 2015. Sin embargo, en 2017 aún hay rezagos que atender, pero en el caso del Poder Ejecutivo de los estados es de casi el cien por ciento; en los otros poderes y los organismos autónomos de 90 por ciento, y el rezago se concentra en los municipios más pequeños.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Armonización contable Ley de Ingresos del Impuesto Sobre Nóminas Ley General de Contabilidad Gubernamental
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