Ciudadanos y Anticorrupción: equilibrio necesario

12 / Oct / 2017

ASFHe mencionado en distintos foros una analogía que me parece ilustra cabalmente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. En el contexto actual de la implementación de esta estrategia del Estado mexicano, el componente que presenta un grado mayor de vulnerabilidad son los treinta y dos Sistemas Locales Anticorrupción.

Recordemos que, en la Ley General del SNA, se determinó que instancias y mecanismos implementados para estos fines a nivel federal, debían replicarse en el ámbito estatal, y se fijó un plazo para su creación, así como para la adecuación de leyes indispensables para su funcionamiento.

La fecha determinada pasó, y vemos con preocupación que algunos estados siguen en proceso de cumplir este mandato, lo que es una situación delicada, pero igualmente preocupante resulta el hecho de que, en distintos estados se ha registrado una distorsión en los alcances de la órbita civil que van más allá del importante papel que se le atribuyó a la participación ciudadana.

En efecto, el rol central de la sociedad como interlocutor y contrapeso de las instituciones del SNA representa un avance inédito en términos del valor que se le otorga a la visión de quienes pueden ser objeto de manejos irregulares. Mucho se ha dicho acerca del costo de la corrupción, por ello se consideró indispensable empoderar a la ciudadanía para que coadyuvase a combatir este problema con las instancias competentes.

Sin embargo, debido a la relativa novedad del concepto en nuestro contexto político, a lecturas inexactas o sesgadas de la normativa del SNA y a la dinámica propia de algunos grupos organizados de la ciudadanía, distintos actores locales pretenden crear una realidad paralela en la que instancias-sombra de las gubernamentales lleven a cabo, por ejemplo, actividades de fiscalización al margen de las vías institucionales. Esto se debe en gran parte a una imagen negativa de la acción de las instituciones del gobierno.

El confiar a representantes de la sociedad civil la tarea de dirigir la coordinación de los Sistemas Locales Anticorrupción no implica que el Estado haya claudicado en cumplir sus funciones, o que a través de esta estrategia se pretenda dotar a la representación ciudadana de facultades paralegales. Cabe señalar que la falta de observancia de la ley es, precisamente, uno de los factores que generan las condiciones para la comisión de actos en contra del interés común.

La sujeción a la ley representa un factor de estabilidad en la gestión gubernamental y entraña la posibilidad de que el servidor público incurra en responsabilidades sancionadas a nivel administrativo y penal; la participación ciudadana opera bajo supuestos distintos, pero que no le confieren, per se, un aura de infalibilidad; asimismo, en casos extremos, podría alinearse a una agenda de grupo o a intereses particulares, que no necesariamente son los de sus representados.

El establecimiento y la operación de los Sistemas Locales representan importantes factores de riesgo para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Quienes formamos parte de este esfuerzo común debemos estar atentos al desarrollo de esta delicada etapa y hacer de la Ley el punto de referencia obligado de cualquier decisión que se tome en el ámbito estatal. Hay que ceñirse estrictamente al marco jurídico aplicable; es demasiado lo que está en juego.


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SNA: visiones contrapuestas

08 / Sep / 2017

A lo largo de las últimas semanas se ha podido constatar que aún persiste una brecha considerable entre la realidad y las expectativas de diferentes colectivos respecto a su visión de las medidas que es preciso adoptar para controlar la corrupción en México, así como la manera en la que debe enfocarse el esfuerzo del conjunto de organismos gubernamentales que componen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para que éste alcance resultados visibles en el corto plazo.

Esto ha generado mensajes equívocos que, al ser recogidos por una opinión pública agraviada por la prevalencia de este fenómeno, y por organismos de participación ciudadana que buscan mantener incondicionalmente una posición crítica respecto a la acción gubernamental, han resultado en un incremento del escepticismo y desconfianza de la sociedad respecto a los méritos de esta estrategia.

Dicha situación ha llevado a la existencia de una visión del combate a la corrupción en dos velocidades e inclusive, en dos sentidos diferentes: mientras que la sociedad, los medios de comunicación y los formadores de opinión exigen la aplicación de medidas que arrojen resultados inmediatos y contundentes contra personas específicas —independientemente de su factibilidad legal, administrativa o técnica—, el diseño del SNA busca obtener, en el mediano y largo plazos, cambios derivados de la aplicación de acciones transversales y que abarquen los temas de mayor impacto en la gestión del Estado.

Creemos que la visión sobre la corrupción centrada en el individuo debe ser superada, puesto que no depende esencialmente de las cualidades personales de los servidores públicos. Se requiere más bien abordar este tema desde una perspectiva integral, basada en el análisis de las condiciones estructurales en el entorno de las entidades públicas, que propician la recurrencia de vicios y fallas de toda índole, que afectan su adecuada gestión. Lo anterior, sin menoscabo de la debida aplicación de sanciones ante irregularidades sustentadas en hechos y evidencias.

Se ha hecho patente también que la corrupción tiene un sustento eminentemente organizacional, es decir, el desarrollo y reproducción de malas prácticas se debe, sobre todo, a la existencia de circunstancias, tanto legales como operativas, arraigadas en el accionar cotidiano de las instancias públicas.

En otras palabras, este tipo de situaciones que contravienen el interés general, se multiplican y refuerzan mutuamente a lo largo del tiempo, dando lugar a la creación de redes complejas de intereses y complicidad que presentan la capacidad de expandirse hacia otras áreas dentro de la administración pública e, incluso, hacia el sector privado.

Otro elemento que animó desde un primer momento el diseño de la actual estrategia anticorrupción fue el reconocimiento de la condición estructural de este fenómeno y, por consecuencia, de la necesidad de actuar directamente sobre sus causas, no simplemente paliar sus efectos.

Resulta delicado entonces que se generara una corriente de opinión que haya contrapuesto al elemento ciudadano del Sistema con los actores gubernamentales, sin reparar en las necesarias diferencias de enfoque que existen entre ambos campos y que, de hecho, forman uno de sus principales activos.

La creación del SNA representa una política de Estado que incluye un rol central en su conducción a representantes de la sociedad civil, designados a través de un proceso abierto y transparente. Hasta hace unos años, un diseño así era simplemente impensable. Sólo a través de una unificación de estas visiones se lograrán resultados reales.


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Entender el Sistema Nacional Anticorrupción

20 / Jul / 2017

El camino que ha llevado a la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), emprendido hace casi tres años, es muestra de los logros alcanzados en materia de la necesaria construcción de consensos para la implementación de una política pública de tal envergadura; sin embargo, no ha estado exento de situaciones en las que se han manifestado críticas respecto a la manera como se han integrado sus componentes, o bien acerca de su funcionamiento.

No debemos caer en la confusión de que la operación del Sistema tuvo su punto de partida el 19 de julio de 2017 con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades; el SNA ya estaba funcionando previamente. La estructuración del Comité de Participación Ciudadana, incluyendo a su Comité de Selección, debe considerarse como el verdadero inicio de este proyecto.

En esta primera etapa se procedió con un nivel de transparencia y apertura inédito, más aún si se tiene en cuenta la complejidad del asunto, el malestar que la corrupción produce en el tejido social y la dificultad de desprender una serie de posturas subjetivas de los elementos técnicos que lo constituyen. Por ello, considero muy delicado que algunas expresiones de distintos actores -basadas en una perspectiva estrictamente personal- tengan como objeto, o arrojen como resultado, el descrédito de este esfuerzo institucional.

Veo con entusiasmo que haya manifestaciones ciudadanas en defensa del Sistema; no obstante, es fundamental puntualizar que el SNA no constituye un mecanismo de solución inmediata de temas específicos vinculados con la corrupción, ni fue diseñado para actuar como una instancia paralela de investigación y de procuración de justicia. Estamos frente a un fenómeno de larga data que ha permeado ampliar áreas del ejercicio gubernamental y privado; no va a ser fácil revertir la enorme inercia existente en el corto plazo, ni es razonable concentrar todas las capacidades en acciones efectistas para la coyuntura, pero ineficaces para la consecución de los objetivos del SNA.

El Sistema abre un espacio central a la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción; esto, sin embargo, debe plasmarse en una coordinación efectiva entre sociedad y autoridades. La base del Estado de Derecho consiste en que las instituciones se circunscriban a actuar conforme su mandato y de acuerdo a la ley; no pueden apartarse de los mismos para satisfacer demandas de carácter mediático, que deben canalizarse por vías apropiadas. Esto muestra también la necesidad de profundizar en la coordinación interna del Sistema, con el objetivo de que los recursos previstos sean empleados de la manera más adecuada.

El día de ayer venció el periodo para la integración de los Sistemas Anticorrupción Locales; treinta y dos sistemas que deberán reflejar las atribuciones y estructura del constituido a nivel federal. En ese sentido, la ASF avala categóricamente lo que se ha creado hasta el momento, puesto que, a nuestro parecer el SNA ofrece la única vía practicable para analizar y resolver, de manera objetiva, técnica y coordinada, las situaciones estructurales en la gestión pública que generan condiciones de impunidad, falta de transparencia y discrecionalidad. A través de la implementación de un ambiente de control, en el que el funcionario esté consciente de que su actuación está siendo examinada y que las irregularidades tendrán consecuencias, será posible reducir la incidencia de este problema.

En días pasados presentamos una propuesta de temas a integrar en el Plan de Trabajo del SNA, entre los que se encontraba la necesidad de discutir a fondo cuáles son los requerimientos financieros y materiales para apoyar las tareas de procuración de justicia en el país, o un análisis de riesgos en la operación del propio Sistema y los de los estados; seguimos creyendo que abordar asuntos de carácter transversal es de la más alta prioridad. La sociedad tiene altas expectativas en este proyecto; no la defraudemos destruyendo lo que apenas empezamos a construir.


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