Contra la corrupción, el desarrollo

29 / Jun / 2018

Foto ASF-David ColLa coyuntura permite reflexionar sobre un tema que domina México: está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, y durante las campañas electorales que acaban de terminar, fue un tema de coincidencia entre los candidatos que serán votados. Combatirla es responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.

Se multiplican los libros y ensayos en todos los ámbitos en contra de la corrupción; como muestra, recientemente el CIDE publicó una serie de libros sobre el tema, entre los que destacan dos: uno llamado Rendición de Cuentas, y otro, ¿Podemos reducir la corrupción en México? María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde acaban de publicar un libro –Dinero bajo la Mesa– sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, editado por Integralia y Mexicanos contra la Corrupción; la OCDE sacó su segundo Informe de Avances sobre la Implementación del Sistema Nacional de Fiscalización de México, en colaboración con la ASF, y está por salir un buen trabajo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, de Eliseo Rosales.

Desafortunadamente pocos son quienes abordan el tema preventivo de la corrupción; por ejemplo, la recurrencia en las observaciones de las auditorías realizadas a varios entes durante muchos años, siendo la mejor muestra de ello la que se hacía por el pago incorrecto de los sueldos de los trabajadores de la educación y salud, comisionados a las diferentes secciones sindicales. Al respecto, era evidente que se conjuntaban dos factores, el primero como parte del proceso de desconcentración de la administración de los recursos educativos, pactada en 1992, que llevó consigo el reconocimiento de los privilegios obtenidos por cada sección sindical, de acuerdo con una publicación de mayo del mismo año en el DOF. Todo se solventaba con el reintegro de los recursos que generalmente se hacía con recursos estatales.

Afortunadamente con la creación del FONE esto ha desaparecido, ya que las nóminas se elaboran de manera centralizada en la SEP.

Por ello, apostamos a que sea combatido con mayor eficacia con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Fiscalización, apoyados por otros instrumentos normativos como son los jurídicos de la armonización contable, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades, entre otras.

Nos falta completar al Sistema, hay espacios pendientes de cubrir, como el nombramiento de funcionarios centrales en el combate a la corrupción y la aplicación de sanciones, retrasados por cuestiones políticas, y aún falta un trabajo más profundo en el rediseño de procesos y acciones que frenen las malas prácticas en el ejercicio del gasto público.

Es un asunto presente en el mundo, en algunos países más que en otros. Por ejemplo, en un trabajo de Transparencia Internacional –el Índice de Percepción de la Corrupción 2017– elaborado para 180 países, México ocupa el lugar 135. Según este Índice, los primeros cinco lugares los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, y los últimos, Yemen, Afganistán, Siria, Sudan del Sur y Somalia. Las diferencias están marcadas entre países con niveles de desarrollo importantes, con la satisfacción de las necesidades básicas de su población, destacando la educación y la alimentación; por otro lado, la pobreza, la guerra y la inestabilidad social. No podemos dejar de considerar las condiciones socioeconómicas al analizar el impacto de las políticas públicas y la recurrencia de la corrupción.

En la ASF trabajamos en mejorar el enfoque preventivo, capacitar mejor a nuestros auditores, establecer el servicio fiscalizador de carrera; en suma, en reestructurar la operación de la institución.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Sistema Nacional Anticorrupción

23 / Abr / 2018

Foto ASF-David ColEl enojo de los ciudadanos ante los altos niveles de corrupción y la impunidad generó la necesidad de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que esta semana tuvo la segunda reunión ordinaria del Comité Coordinador, que tiene la responsabilidad de la aprobación, diseño y promoción de la política nacional, así como su evaluación periódica. En el mismo participaron el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

No es posible abocarse sólo al ámbito de las sanciones, lo cual limitaría la consecución de las metas para las que fue creado. Pero como he insistido, debemos priorizar, en el caso de la Auditoría Superior, el enfoque preventivo de las auditorías, teniendo como base una mayor calidad de las mismas, no importa que sean menos, pero sí más precisas, para que la parte jurídica presente mejores resultados.

Mediáticamente se buscan castigos, pero no olvidando las virtudes de la prevención, la cual se dará en la medida que interactúen de manera efectiva la fiscalización externa y la auditoría interna.

Avanzar en la transparencia y acceso a la información y con el fortalecimiento de la armonización contable. Un elemento importante será la desregulación o ventanilla única. Por supuesto nada de esto se podría consolidar sin la participación ciudadana. De hecho, todos los programas sociales incluyen un apartado de la participación social. Al respecto, la ASF le ha dado seguimiento a su adecuada implementación, para evitar que sea letra muerta, incluso se ha elaborado un informe integral con un análisis e investigación en campo de esta figura.

Es claro que los grandes males que más preocupan a nuestra sociedad tienen que ver con la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la violencia, así como la pobreza y la desigualdad, de ahí que en la medida que se fortalezca el Sistema Nacional Anticorrupción podremos derrotarlos con mayor eficacia.

Es un gran logro su existencia, falta aún su implementación integral y su consolidación. Es importante que no se pierda tiempo en ello, y a eso están abocadas las instituciones responsables.

Un logro importante de esta segunda reunión es la apertura, la interacción entre los actores involucrados y su vinculación con los otros dos sistemas, el de Transparencia y el de Fiscalización, lo cual implica un trabajo permanente de intercambio de experiencias, información y creación de capacidades. Asimismo, es fundamental la coordinación intergubernamental, el Sistema de Fiscalización con la interacción de los contralores estatales y los titulares de las auditorías superiores de las entidades federativas, así como la de la Secretaría de la Función Pública y la ASF, en cuyo caso se está avanzando con firmeza. No olvidemos que se trata de un sistema que significa interacción de todas las partes.

Se están buscando mejores mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucional, de forma tal que, en la siguiente reunión del Comité Coordinador, en julio, esperamos avanzar para tener las bases para el tratamiento de asuntos coyunturales de potencial corrupción.

EL FMI acaba de difundir su monitor fiscal correspondiente abril, donde recomienda a los países con un nivel de endeudamiento público superior a 50 por ciento del PIB, la reducción paulatina de la misma, tal como se hizo en México a principios de los 90 hasta antes de la crisis que se inició en 1998, lo que permitirá reducir el costo del servicio de la misma. Para ello se necesitan medidas fiscales adecuadas, no gastar más de lo que se puede, y eficientar los aparatos recaudatorios.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Ciudadanos y Anticorrupción: equilibrio necesario

12 / Oct / 2017

ASFHe mencionado en distintos foros una analogía que me parece ilustra cabalmente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. En el contexto actual de la implementación de esta estrategia del Estado mexicano, el componente que presenta un grado mayor de vulnerabilidad son los treinta y dos Sistemas Locales Anticorrupción.

Recordemos que, en la Ley General del SNA, se determinó que instancias y mecanismos implementados para estos fines a nivel federal, debían replicarse en el ámbito estatal, y se fijó un plazo para su creación, así como para la adecuación de leyes indispensables para su funcionamiento.

La fecha determinada pasó, y vemos con preocupación que algunos estados siguen en proceso de cumplir este mandato, lo que es una situación delicada, pero igualmente preocupante resulta el hecho de que, en distintos estados se ha registrado una distorsión en los alcances de la órbita civil que van más allá del importante papel que se le atribuyó a la participación ciudadana.

En efecto, el rol central de la sociedad como interlocutor y contrapeso de las instituciones del SNA representa un avance inédito en términos del valor que se le otorga a la visión de quienes pueden ser objeto de manejos irregulares. Mucho se ha dicho acerca del costo de la corrupción, por ello se consideró indispensable empoderar a la ciudadanía para que coadyuvase a combatir este problema con las instancias competentes.

Sin embargo, debido a la relativa novedad del concepto en nuestro contexto político, a lecturas inexactas o sesgadas de la normativa del SNA y a la dinámica propia de algunos grupos organizados de la ciudadanía, distintos actores locales pretenden crear una realidad paralela en la que instancias-sombra de las gubernamentales lleven a cabo, por ejemplo, actividades de fiscalización al margen de las vías institucionales. Esto se debe en gran parte a una imagen negativa de la acción de las instituciones del gobierno.

El confiar a representantes de la sociedad civil la tarea de dirigir la coordinación de los Sistemas Locales Anticorrupción no implica que el Estado haya claudicado en cumplir sus funciones, o que a través de esta estrategia se pretenda dotar a la representación ciudadana de facultades paralegales. Cabe señalar que la falta de observancia de la ley es, precisamente, uno de los factores que generan las condiciones para la comisión de actos en contra del interés común.

La sujeción a la ley representa un factor de estabilidad en la gestión gubernamental y entraña la posibilidad de que el servidor público incurra en responsabilidades sancionadas a nivel administrativo y penal; la participación ciudadana opera bajo supuestos distintos, pero que no le confieren, per se, un aura de infalibilidad; asimismo, en casos extremos, podría alinearse a una agenda de grupo o a intereses particulares, que no necesariamente son los de sus representados.

El establecimiento y la operación de los Sistemas Locales representan importantes factores de riesgo para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Quienes formamos parte de este esfuerzo común debemos estar atentos al desarrollo de esta delicada etapa y hacer de la Ley el punto de referencia obligado de cualquier decisión que se tome en el ámbito estatal. Hay que ceñirse estrictamente al marco jurídico aplicable; es demasiado lo que está en juego.


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