Sistema Nacional Anticorrupción

23 / Abr / 2018

Foto ASF-David ColEl enojo de los ciudadanos ante los altos niveles de corrupción y la impunidad generó la necesidad de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que esta semana tuvo la segunda reunión ordinaria del Comité Coordinador, que tiene la responsabilidad de la aprobación, diseño y promoción de la política nacional, así como su evaluación periódica. En el mismo participaron el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

No es posible abocarse sólo al ámbito de las sanciones, lo cual limitaría la consecución de las metas para las que fue creado. Pero como he insistido, debemos priorizar, en el caso de la Auditoría Superior, el enfoque preventivo de las auditorías, teniendo como base una mayor calidad de las mismas, no importa que sean menos, pero sí más precisas, para que la parte jurídica presente mejores resultados.

Mediáticamente se buscan castigos, pero no olvidando las virtudes de la prevención, la cual se dará en la medida que interactúen de manera efectiva la fiscalización externa y la auditoría interna.

Avanzar en la transparencia y acceso a la información y con el fortalecimiento de la armonización contable. Un elemento importante será la desregulación o ventanilla única. Por supuesto nada de esto se podría consolidar sin la participación ciudadana. De hecho, todos los programas sociales incluyen un apartado de la participación social. Al respecto, la ASF le ha dado seguimiento a su adecuada implementación, para evitar que sea letra muerta, incluso se ha elaborado un informe integral con un análisis e investigación en campo de esta figura.

Es claro que los grandes males que más preocupan a nuestra sociedad tienen que ver con la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la violencia, así como la pobreza y la desigualdad, de ahí que en la medida que se fortalezca el Sistema Nacional Anticorrupción podremos derrotarlos con mayor eficacia.

Es un gran logro su existencia, falta aún su implementación integral y su consolidación. Es importante que no se pierda tiempo en ello, y a eso están abocadas las instituciones responsables.

Un logro importante de esta segunda reunión es la apertura, la interacción entre los actores involucrados y su vinculación con los otros dos sistemas, el de Transparencia y el de Fiscalización, lo cual implica un trabajo permanente de intercambio de experiencias, información y creación de capacidades. Asimismo, es fundamental la coordinación intergubernamental, el Sistema de Fiscalización con la interacción de los contralores estatales y los titulares de las auditorías superiores de las entidades federativas, así como la de la Secretaría de la Función Pública y la ASF, en cuyo caso se está avanzando con firmeza. No olvidemos que se trata de un sistema que significa interacción de todas las partes.

Se están buscando mejores mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucional, de forma tal que, en la siguiente reunión del Comité Coordinador, en julio, esperamos avanzar para tener las bases para el tratamiento de asuntos coyunturales de potencial corrupción.

EL FMI acaba de difundir su monitor fiscal correspondiente abril, donde recomienda a los países con un nivel de endeudamiento público superior a 50 por ciento del PIB, la reducción paulatina de la misma, tal como se hizo en México a principios de los 90 hasta antes de la crisis que se inició en 1998, lo que permitirá reducir el costo del servicio de la misma. Para ello se necesitan medidas fiscales adecuadas, no gastar más de lo que se puede, y eficientar los aparatos recaudatorios.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Ciudadanos y Anticorrupción: equilibrio necesario

12 / Oct / 2017

ASFHe mencionado en distintos foros una analogía que me parece ilustra cabalmente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. En el contexto actual de la implementación de esta estrategia del Estado mexicano, el componente que presenta un grado mayor de vulnerabilidad son los treinta y dos Sistemas Locales Anticorrupción.

Recordemos que, en la Ley General del SNA, se determinó que instancias y mecanismos implementados para estos fines a nivel federal, debían replicarse en el ámbito estatal, y se fijó un plazo para su creación, así como para la adecuación de leyes indispensables para su funcionamiento.

La fecha determinada pasó, y vemos con preocupación que algunos estados siguen en proceso de cumplir este mandato, lo que es una situación delicada, pero igualmente preocupante resulta el hecho de que, en distintos estados se ha registrado una distorsión en los alcances de la órbita civil que van más allá del importante papel que se le atribuyó a la participación ciudadana.

En efecto, el rol central de la sociedad como interlocutor y contrapeso de las instituciones del SNA representa un avance inédito en términos del valor que se le otorga a la visión de quienes pueden ser objeto de manejos irregulares. Mucho se ha dicho acerca del costo de la corrupción, por ello se consideró indispensable empoderar a la ciudadanía para que coadyuvase a combatir este problema con las instancias competentes.

Sin embargo, debido a la relativa novedad del concepto en nuestro contexto político, a lecturas inexactas o sesgadas de la normativa del SNA y a la dinámica propia de algunos grupos organizados de la ciudadanía, distintos actores locales pretenden crear una realidad paralela en la que instancias-sombra de las gubernamentales lleven a cabo, por ejemplo, actividades de fiscalización al margen de las vías institucionales. Esto se debe en gran parte a una imagen negativa de la acción de las instituciones del gobierno.

El confiar a representantes de la sociedad civil la tarea de dirigir la coordinación de los Sistemas Locales Anticorrupción no implica que el Estado haya claudicado en cumplir sus funciones, o que a través de esta estrategia se pretenda dotar a la representación ciudadana de facultades paralegales. Cabe señalar que la falta de observancia de la ley es, precisamente, uno de los factores que generan las condiciones para la comisión de actos en contra del interés común.

La sujeción a la ley representa un factor de estabilidad en la gestión gubernamental y entraña la posibilidad de que el servidor público incurra en responsabilidades sancionadas a nivel administrativo y penal; la participación ciudadana opera bajo supuestos distintos, pero que no le confieren, per se, un aura de infalibilidad; asimismo, en casos extremos, podría alinearse a una agenda de grupo o a intereses particulares, que no necesariamente son los de sus representados.

El establecimiento y la operación de los Sistemas Locales representan importantes factores de riesgo para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Quienes formamos parte de este esfuerzo común debemos estar atentos al desarrollo de esta delicada etapa y hacer de la Ley el punto de referencia obligado de cualquier decisión que se tome en el ámbito estatal. Hay que ceñirse estrictamente al marco jurídico aplicable; es demasiado lo que está en juego.


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SNA: visiones contrapuestas

08 / Sep / 2017

A lo largo de las últimas semanas se ha podido constatar que aún persiste una brecha considerable entre la realidad y las expectativas de diferentes colectivos respecto a su visión de las medidas que es preciso adoptar para controlar la corrupción en México, así como la manera en la que debe enfocarse el esfuerzo del conjunto de organismos gubernamentales que componen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para que éste alcance resultados visibles en el corto plazo.

Esto ha generado mensajes equívocos que, al ser recogidos por una opinión pública agraviada por la prevalencia de este fenómeno, y por organismos de participación ciudadana que buscan mantener incondicionalmente una posición crítica respecto a la acción gubernamental, han resultado en un incremento del escepticismo y desconfianza de la sociedad respecto a los méritos de esta estrategia.

Dicha situación ha llevado a la existencia de una visión del combate a la corrupción en dos velocidades e inclusive, en dos sentidos diferentes: mientras que la sociedad, los medios de comunicación y los formadores de opinión exigen la aplicación de medidas que arrojen resultados inmediatos y contundentes contra personas específicas —independientemente de su factibilidad legal, administrativa o técnica—, el diseño del SNA busca obtener, en el mediano y largo plazos, cambios derivados de la aplicación de acciones transversales y que abarquen los temas de mayor impacto en la gestión del Estado.

Creemos que la visión sobre la corrupción centrada en el individuo debe ser superada, puesto que no depende esencialmente de las cualidades personales de los servidores públicos. Se requiere más bien abordar este tema desde una perspectiva integral, basada en el análisis de las condiciones estructurales en el entorno de las entidades públicas, que propician la recurrencia de vicios y fallas de toda índole, que afectan su adecuada gestión. Lo anterior, sin menoscabo de la debida aplicación de sanciones ante irregularidades sustentadas en hechos y evidencias.

Se ha hecho patente también que la corrupción tiene un sustento eminentemente organizacional, es decir, el desarrollo y reproducción de malas prácticas se debe, sobre todo, a la existencia de circunstancias, tanto legales como operativas, arraigadas en el accionar cotidiano de las instancias públicas.

En otras palabras, este tipo de situaciones que contravienen el interés general, se multiplican y refuerzan mutuamente a lo largo del tiempo, dando lugar a la creación de redes complejas de intereses y complicidad que presentan la capacidad de expandirse hacia otras áreas dentro de la administración pública e, incluso, hacia el sector privado.

Otro elemento que animó desde un primer momento el diseño de la actual estrategia anticorrupción fue el reconocimiento de la condición estructural de este fenómeno y, por consecuencia, de la necesidad de actuar directamente sobre sus causas, no simplemente paliar sus efectos.

Resulta delicado entonces que se generara una corriente de opinión que haya contrapuesto al elemento ciudadano del Sistema con los actores gubernamentales, sin reparar en las necesarias diferencias de enfoque que existen entre ambos campos y que, de hecho, forman uno de sus principales activos.

La creación del SNA representa una política de Estado que incluye un rol central en su conducción a representantes de la sociedad civil, designados a través de un proceso abierto y transparente. Hasta hace unos años, un diseño así era simplemente impensable. Sólo a través de una unificación de estas visiones se lograrán resultados reales.


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