25 / Oct / 2019
El mundo de la fiscalización es un mundo de datos, no solo de acumularlos, sino también saberlos combinar y usar, para ello las entidades encargadas de la fiscalización y la vigilancia del correcto uso de los recursos públicos, tienen que tener funcionarios y auditores capacitados, aprovechando las experiencias exitosas que otras entidades de fiscalización han acumulado en el mundo, y por supuesto lo que pueden aportar organismos internacionales en el uso de algunas técnicas para ello.
Por ello tiene relevancia el taller que hoy termina exitosamente en la Auditoría Superior de la Federación, organizado conjuntamente con el Banco Mundial, sobre la Construcción de Modelos Analíticos de Riesgos de Corrupción en las Contrataciones Públicas. Cabe comentar que el evento tuvo una amplia asistencia de funcionarios federales, así como personal de las auditorías, contralorías, secretarías de Finanzas estatales y mucho personal de la ASF.
Dicho evento va en línea con el proceso de fortalecimiento institucional y de las capacidades técnicas con los cuales la Auditoría Superior de la Federación se pone a la altura de los retos de hoy; y fortalece sus capacidades para aprovechar las áreas de oportunidad tecnológica que se presentan, como se ha podido observar en las reuniones recientes de INTOSAI y OLACEFS.
Son temas del presente, ya no del futuro: la seguridad en el uso de la información, la digitalización de contenidos, las posibilidades de las auditorías electrónicas, el manejo del Big Data, y las herramientas de la inteligencia artificial. En todos ellos el punto de partida es el mismo: los datos y cómo éstos se recopilen, usan y se les aplican determinadas herramientas tecnológicas.
La experiencia del Banco Mundial en la lucha contra la corrupción y en materia de los riesgos que se presentan en las contrataciones públicas a escala internacional, como de vulnerabilidades institucionales o fallas en los sistemas de control, es inmensa, así como en el estudio de los casos nacionales. Es lo que está avanzado la ASF: en materia tecnológica y de gestión con cambios estructurales y fortalecimiento de la pluralidad profesional.
Por ello es necesario acentuar el trabajo en cuanto a la relevancia del análisis de los riesgos en el manejo de la información, a partir de una metodología sólida. De hecho, es lo primero que habría que hacer para tener una política efectiva contra la corrupción y, por lo tanto, para asegurar el éxito de los procesos de contratación para los que les fueron asignados recursos públicos. De ahí la importancia de las auditorías en tiempo real.
Esto aplica para todas las entidades públicas, desde un punto de vista preventivo, pero también de planeación, gestión y desarrollo administrativos, como elementos clave en la tarea fiscalizadora particularmente en las contrataciones de obra pública y las compras de gobierno.
Resulta de particular interés para nosotros el modelo de riesgos específico para México, construido con una enorme fuente de datos.
En la etapa que iniciamos el año pasado en la ASF, fortalecer la fiscalización de las contrataciones públicas, con un énfasis significativo en las obras públicas en los tres órdenes de gobierno, es una prioridad estratégica. Tanto por la cantidad de recursos públicos involucrados como por el carácter estratégico de dicho rubro de gasto, en términos de crecimiento económico, que es requisito para superar la pobreza y la desigualdad.
La marginalidad y la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, la geografía de la marginalidad, la pereza fiscal en que se han formado gobiernos locales, el mal uso de los recursos públicos, la impunidad, exigen que seamos capaces de combatir con eficiencia y transparencia la corrupción.
David Colmenares Páramo
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18 / Oct / 2019
La incidencia de desastres naturales en México y América Latina es muy alta, particularmente en Centro América, el impacto ha sido fuerte, así como en países como Chile, Ecuador y Perú. En México su recurrencia es histórica, hemos avanzado en separar la emergencia de la reconstrucción, pero aún nos falta.
Por ello, en el marco de la OLACEFS, la organización latinoamericana de órganos de fiscalización superior, se crea un grupo de trabajo para estudiar, analizar, revisar la legislación de cada país y encontrar caminos para que el impacto de los desastres se reduzca, ante la imposibilidad de evitar la resiliencia de los mismos.
En México desde 1998 se crea el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, que si bien tiene fallas, fue un buen avance, pero aún no contempla para los pari passus las diferencias en el grado de desarrollo, especialmente de los municipios.
En reunión de trabajo con el Jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres de las Américas y el Caribe, como presidente del Grupo de Trabajo sobre la Fiscalización de Desastres de la OLACEFS, lo que incluye desastres naturales y crisis humanitarias, como las migraciones, se informó que, según datos de la UNDRR, más de la mitad de pérdidas materiales por efecto de desastres naturales durante los últimos 20 años, han ocurrido en el continente americano, particularmente en Centroamérica.
La ONU ha identificado que las consecuencias de los desastres naturales han significado entre el 3.0 y 8.0 por ciento del PIB de los países afectados, mientras menos desarrollados el impacto es mayor: sólo este año en Honduras las pérdidas representaron un poco más del 3.0 por ciento de su PIB anual, esto es mil 300 millones de dólares.
Con datos a 2018 de la misma ONU, los países con riesgo alto de desastres y crisis humanitarias en América, incluyen a varios países de Latinoamérica, incluyéndonos; de hecho, somos el segundo país con mayor rango de exposición a desastres naturales, de ahí nuestro interés por coordinar esta auditoría, a la cual se han adherido ya 15 países, de los 22 miembros de OLACEFS.
En nuestro caso, el PNUD ha cuantificado en 50 mil millones de dólares las pérdidas en México por desastres naturales en los últimos 30 años, con un promedio anual de dos mil millones; claro la corrupción y la burocracia irracional han puesto su parte.
Una vulnerabilidad institucional es la capacidad para enfrentar un desastre natural: la corrupción suma costos e inhibe la llegada de recursos de manera oportuna y completa a la población damnificada.
Avanzar en ello se corresponde con el marco institucional para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 de la ONU, de los ODS y el Acuerdo de París sobre cambio climático.
México, particularmente la CDMX, es un buen ejemplo de reforzamiento de la resiliencia: hubo daños en los sismos de 2017, pero no como en 1985. Por supuesto, mejorar las condiciones estructurales de las localidades, como dice la ONU, es clave prevenir y construir resiliencias, en los sectores más desprotegidos, en el sector rural, particularmente en las comunidades indígenas.
En 2002, cuando el huracán Isidore, varios municipios indígenas del sur-sureste pasaron de marginación media a marginación alta y muy alta, haciendo que un solo municipio Tadhziú de Yucatán pasará a ser uno de los cien más pobres de México, situación que no se ha revertido.
Atender lo anterior requiere desarrollo, recursos, pero también un uso correcto de los destinados a la reconstrucción, de ahí la importancia de la fiscalización superior. Finalmente, comentar que lo anterior se dio en el marco de la 29 Asamblea General de OLACEFS, que se realizó en República de El Salvador. Además, acordamos un grupo de apoyo a la ASF en el seguimiento del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe con las EFS de Guatemala, Honduras y El Salvador.
David Colmenares Páramo
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11 / Oct / 2019
En los últimos días se han presentado una serie de inquietudes entre estados y municipios, en relación al presupuesto del próximo año; por ejemplo, algunos estados, como Quintana Roo y Guerrero piden que se revise el sistema de coordinación fiscal, particularmente hablan incluso de centralismo, pero no plantean revisar la distribución de potestades tributarias, que efectivamente desde 1980 dejaron en suspenso o eliminaron de sus leyes de ingresos para recibir a cambio participaciones, y menos la deficiente administración tributaria; en el caso de los municipios, se plantea lo de un fondo de infraestructura para obras municipales, pero ya existe el FISM. No se plantean nuevos compromisos en materia de recaudación de ingresos municipales, particularmente del impuesto predial.
Ha salido el tema de las fórmulas de distribución de participaciones, las cuales tienen su historia y, en el caso de los municipios, se recupera alguna insistencia en participar en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, cuando quizás una buena opción sea la creación de sistemas estatales de coordinación hacendario estado-municipio, como ya se han dado experiencias en algunas de ellas.
Por otra parte, un tema que no puede ser ajeno ya al simple hecho de las fórmulas de distribución de participaciones o aportaciones, a una débil y asimétrica recaudación de ingresos propios, tiene que ver con el ejercicio transparente, eficiente y honrado del gasto público, sea de recursos federales transferidos o de ingresos propios, aunque estos últimos sean más bien reducidos. El tema de los gastos fiscales, no solo en el espacio federal, sino el estatal y local; por ejemplo, impuestos sobre nóminas llenos de agujeros negros, al margen de la calidad de este impuesto.
He señalado que, como en promedio a veces se reducen alrededor del 5 por ciento de los ingresos totales, debemos fortalecer la fiscalización de los recursos en los estados, para que además de mayores ingresos, se optimice el uso de los recursos propios, sin olvidar por supuesto el hecho de la desigualdad en la realidad municipal, con más de la mitad de los municipios con alta marginalidad. Por ejemplo, 50 municipios representan el 63 por ciento de la recaudación de predial municipal, además la deuda pública se concentra en no más de diez entidades federativas y la municipal en un poco más de 25 municipios.
Por otra parte, en 1990 se da un primer cambio en las fórmulas de distribución de participaciones cuando había una desigualdad en los per cápitas muy alta y en un proceso de un año los propios estados decidieron por un consenso mayoritario cambios en que los beneficiados fueron las entidades con menor desarrollo, pero sin descuidar a los que vieron reducirse sus recursos, con dos reservas de contingencia y compensación. Los siguientes cambios se dieron a partir de 2008 con fórmulas basadas en la población domiciliada, con grandes perdedores como Tabasco, Chiapas y la Ciudad de México, entre otros. Esta última está en proceso aún de transición. Los beneficios se concentraron en las entidades con mayor población como el Estado de México o Veracruz, pero se eliminaron los incentivos al esfuerzo recaudatorio local. Si crecen los ingresos estatales, por lo menos el 20 por ciento va a los municipios, si se eliminan ingresos como el de tenencia, en esa medida el municipio pierde, sin saber generalmente la razón.
Una cosa, los ingresos no se recortan, son estimaciones de recaudación.
Habría que revisarla en una convención donde participen los tres órdenes de gobierno, pero siempre cuidando que ninguno pierda, que todos ganen con mejor administración tributaria, un mejor ejercicio del gasto público y una más eficiente coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para gastar y para cobrar.
El municipio tiene que hacer su parte, por lo menos gastar con transparencia los pocos o muchos recursos que recibe. Los municipios de usos y costumbres tienen buenas prácticas que habría que conocer.
David Colmenares Páramo
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