13 / Sep / 2019
Esta semana ante la Comisión Bicamaral se comentó lo referente a la importancia de la Ley de Disciplina Financiera, uno de los pivotes para revisar el comportamiento de las finanzas estatales y municipales. Hace dos años se reformó después de que nació sin ser suficientemente madura; por ejemplo, cuando se refería a las obligaciones de corto plazo de los estados. Clasificaba en la deuda de corto plazo, esto es la que se tiene con proveedores y contratistas, como más solventes a Veracruz y Chihuahua, respecto de la CDMX, cuando es la única entidad federativa que recauda de ingresos propios más de lo que recibe de transferencias, inclusive es la única que cuenta con un fondo de contingencia para emergencias.
Se corrigió y entraron otros cambios, el más importante es que son sujetas al principio de anualidad, por lo que tienen que reintegrar a la TESOFE los recursos federales no ejercidos en los tiempos que marca la ley. Emilio Barriga propone un fondo con todos esos reintegros y que se haga concursable. Debe ser claro que con el reintegro no pierde el gobierno o los gobiernos, sino la gente que necesita de esos recursos.
Era evidente que urgía esta ley, dada la situación presupuestaria de los estados. En los últimos años se dio un crecimiento desmesurado de la deuda estatal, a fines de 2006 la acumulada de estados y municipios era de 160 mil millones de pesos, hoy está en el umbral de los 600 mil millones: pero está concentrada en pocas entidades federativas, sólo cinco registran el 53 por ciento de la deuda de ese orden de gobierno, si se suman cinco más llegamos al ochenta, aproximadamente.
El monto puede ser un dato importante, no nos dice mucho sino lo comparamos con otros indicadores, los clásicos fueron la relación con el PIB, con relación a las participaciones, esto es los recursos de libre disposición, los plazos y las tasas de interés. El tema de los PPS o APPS es interesante porque no se acumula a las obligaciones financieras, igual que los bonos cupón cero, lo que aumentaría los compromisos de algunos estados. Para los proyectos contratados bajo este esquema hoy sólo se consideran la inversión por infraestructura.
En la Cámara de Senadores se trabaja en un proyecto de reformas adicionales a la ley.
Los pagos del servicio de la deuda son muy altos, casi 70 mil millones anuales en el orden subnacional, hay algunos como Veracruz que pagan alrededor de cinco mil millones anuales, lo que multiplicado por seis años es un boquete importantísimo para su hacienda pública, sin desglosar cuánto es de amortización y cuánto de intereses, lo que rebasa los recursos totales de muchos estados pequeños.
Por otra parte, es necesario mencionar que hoy que se ha ampliado el universo auditable, la tecnología nos permite auditar con mayor eficiencia y certidumbre y la Ley de Disciplina Financiera es un instrumento relevante.
Hay muchas preocupaciones hoy en estados y municipios, en relación al tema fiscal; sin embargo, también es cierto que no recaudan lo que pueden y deben, prefieren esperar mayores participaciones y ya la deuda no es opción. Hoy el esfuerzo debe ser compartido, por ejemplo, con los ingresos propios que algunos estados han potenciado, la mayoría apenas llega al cinco por ciento de sus ingresos totales.
Su mayor desperdicio es el impuesto a la tenencia, que por razones político-electorales la mitad la eliminó; sin embargo, para la otra mitad significa un ingreso importante, así como para sus municipios.
Por lo anterior la seguridad presupuestaria de los estados es incierta, por ello el año pasado algunos de ellos tuvieron que recibir anticipos de participaciones para cerrar su ejercicio fiscal, pero son recursos que tienen que amortizarse en el mismo ejercicio fiscal, claro con un costo financiero establecido en la ley, como comenté en mi colaboración anterior.
David Colmenares Páramo
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06 / Sep / 2019
No es un secreto que las previsiones presupuestarias de los estados son casi nulas; por ejemplo, el año pasado alrededor de siete de ellos tuvieron que recibir anticipos de participaciones para cerrar su ejercicio fiscal en 2018, los anticipos es un mecanismo mediante el cual las autoridades hacendarias pueden adelantar recursos a los estados, que tienen que amortizarse en el mismo ejercicio fiscal, claro con un costo financiero establecido en la Ley.
Pero han sido útiles estos anticipos por ejemplo, cuando se trata de potenciar algún proyecto productivo o para atraer inversión extranjera o nacional. No recuerdo casos donde se trate de complementar los gastos administrativos o de personal, lo que sí ha sido común en los municipios, que se resisten a hacer reservas para los gastos extraordinarios de fin de año y siempre recurren al estado, que a veces no puede apoyarlos y terminan contratando créditos de corto plazo, totalmente improductivos.
En la federación existe un instrumento sumamente valioso que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el FEIEF, que fue muy útil – aunque tenía pocos recursos en 2009-, que potenciado permitió salvar las finanzas estatales ese año y solo se usó en 2011 y en menor medida en el segundo trimestre de este año.
Hoy este Fondo tiene más de 90 mil millones de pesos y debe ser prioridad cuidarlo, porque ayuda a evitar crisis fiscales en los estados y municipios.
En 2015 con la caída del precio del petróleo, la caída prevista sería imposible de cubrir incluso con el FEIEF, pero surgió el milagro del IEPS de gasolinas, que compenso el impacto de la caída del componente petrolero en la recaudación federal participable. Se preservó el Fondo de Estabilización.
Este año en el segundo trimestre se utilizaron alrededor de tres mil millones de pesos del Fondo, cubriendo el 75 por ciento de lo que la recaudación estimada cayo. Solo que se mantuviera el déficit de lo programado, los recursos del mismo compensarán hasta lograr el cien por ciento de la reducción de los ingresos estimados.
Una alternativa para cuidar los recursos del FEIEF es recaudar bien lo que se tiene, no crear nuevos impuestos. Ahí están la tenencia estatal y el impuesto predial.
Solo que estos últimos andaban y seguramente andarán tratando de cubrir “con gestión” lo que dejaron de recaudar, pero las cosas ya cambiaron ya no hay recursos discrecionales en el Ramo 23.
Ya he comentado que dependen en más de un 90 por ciento de las transferencias de recursos federales, sus ingresos propios son exiguos, hay algunos que no pasan del tres por ciento en su recaudación propia. Esto obliga a las entidades y municipios a hacer un esfuerzo mayor y a no dejar todo al SAT.
Quienes hemos defendido siempre la necesidad de mayores potestades tributarias para los estados y municipios, también hemos visto como estos las desperdician, lo mismo la colaboración administrativa en la coordinación fiscal.
Por otra parte, dos de las últimas, tres veces que han caído las participaciones en el presupuesto anual aun con el fondo de estabilización, a ocasionado grandes problemas en las finanzas públicas locales, más aún cuando estas coinciden con cambios de administración, esto mismo sucede cuando el estado es sorprendido por desastres naturales, los estados no están preparados para atender necesidades contingentes o cuando son observados recursos federales por su aplicación indebida, esto es que fueron utilizados para fines distintos a los que se pactaron con la Federación, lo que implica que el estado tenga que reintegrar dinero federal y pagar la obra con sus propios recursos.
Por ello la importancia de la importancia de la planeación del gasto y acabar con el desvío de recursos, en suma con la corrupción.
David Colmenares Páramo
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30 / Ago / 2019
En las conclusiones por unanimidad de la Primera Convención Nacional Hacendaria o de las Haciendas Públicas, realizada en 2004 con su sede principal en Querétaro, pero que estuvo en varias entidades, emergieron varios temas que hoy resultan relevantes: el de la armonización contable, la disciplina financiera, la rendición de cuentas y la transparencia, temas que tuve oportunidad de introducir ya en el Congreso Nacional de Economistas, que se realizó en Puebla en 2002. Temas que fueron abordados en el Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales, que se elaboraba desde 2003 en la coordinación con entidades federativas.
En la ASF, por ejemplo, es muy importante la atención que se brinda a las personas, ya que hay una preocupación de requerimientos informativos a la Auditoría Superior. Por ejemplo, en lo que va de 2019 se han recibido cerca de 800 solicitudes de información, de las cuales el 60 por ciento corresponde a actividades sustantivas, como informes, auditorías concluidas, pliegos de observaciones solventadas, procedimientos resarcitorios y denuncias.
Ha habido preocupación por realizar versiones ejecutivas de todas las auditorías desde hace un año, solicitud hecha por la Cámara de Diputados ante los comentarios de que muchas personas requieren una fácil comprensión de los mismos, en virtud de que la información que genera la ASF es socialmente útil y contribuye al combate a la corrupción.
Es positiva la iniciativa de las personas al solicitar información, porque ejercen un derecho humano, individual y colectivo, esa es la actitud activa del ciudadano; la de las instituciones de fiscalización superior es poner a disposición de las personas la información actualizada, veraz, oportuna y confiable de asuntos que a todos nos interesan.
El universo es amplio: cerca de 18 mil auditorías registradas, alrededor de 150 mil acciones determinadas, más de 20 mil pliegos de observaciones y 22 mil de responsabilidades sancionatorias.
Ejemplo de ello es la reciente verificación realizada por el órgano garante de la transparencia, en el cual se califica a la ASF con el cien por ciento del cumplimiento de sus obligaciones en la materia. El año pasado fueron más de mil cien requerimientos informativos.
Por otra parte, se está promoviendo que todos los órganos de fiscalización, incluyendo por supuesto a las auditorías superiores de los estados, tengan un piso homologado en materia normativa de obligaciones de transparencia, empezando por armonizar los informes que se presentan a los congresos respectivos, estandarizando la información, atendiendo, por supuesto, las diferencias sociodemográficas, económicas, incluso políticas en cada entidad federativa. Hay un tema que tenemos que abordar, el cual es la homologación de metodologías, como los mapas de riesgo y de mejora en la gestión pública, por poner un ejemplo.
Por otro lado, hay espacios internacionales de gobernanza y transparencia, lo que nos obliga a hacer ajustes normativos y propuestas de mejora, como es el caso del INTOSAI, que es la entidad internacional de auditores superiores, que sesionara a antes de que termines el año, lo cual redundara en compartir experiencias en materia de transparencia y rendición de cuentas, para adoptar mejores prácticas en la materia.
En la OLACEFS –la organización que agrupa a las entidades de fiscalización superior latinoamericanas– estamos trabajando en acciones de auditorías coordinadas y transparentes. Próximamente, junto con Ecuador, presentaremos nuestro programa de trabajo coordinado para el que fuimos electos, como presidencia del grupo de desastres naturales y la reconstrucción después de los mismos.
David Colmenares Páramo
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