Mexicanos primero: Mensaje del Auditor Superior de la Federación

31 / Ago / 2012

 

Buenos días. Claudio X. González, Presidente de Mexicanos Primero; y David Calderón Martín del Campo, Director General de Mexicanos Primero.

Agradezco la invitación de Mexicanos Primero para poder exponer los resultados y la visión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto al trabajo de fiscalización que ha llevado a cabo en el sector educativo, en los últimos años.

Para la ASF es fundamental el acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, como una manera de entender las prioridades de la diversidad social en relación con los temas nacionales clave.

En el diseño constitucional de nuestro país se establece un balance entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, de tal modo que las acciones que emprendan los dos primeros queden sujetas a la supervisión del tercero, que representa los intereses de la ciudadanía. La dificultad técnica de llevar a cabo dicha supervisión requiere que el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, cuente con un órgano técnico especializado a cargo de la fiscalización: la Auditoría Superior de la Federación.

El mandato constitucional y legal de la ASF es verificar los resultados de la gestión financiera, comprobar que ésta se realizó de acuerdo con la normatividad y disposiciones legales correspondientes, y constatar la consecución de los objetivos y metas contenidos en los programas públicos.

Una de las condiciones necesarias para el ejercicio cabal de la auditoría gubernamental, lo constituye la autonomía técnica y de gestión. Este es un elemento básico para que, en este caso la ASF, esté blindada y protegida en la ejecución de su trabajo respecto a qué aspectos de la actividad gubernamental deben ser auditados y bajo qué enfoques, así como la forma de administrar sus propios recursos humanos y financieros.

En este contexto, la ASF ha realizado diversas revisiones al sistema educativo nacional y a los recursos que la Federación asigna para su funcionamiento. En la definición de nuestros planes de auditoría anuales, el tema de la educación  siempre es relevante, ya que estamos conscientes de su importancia en el desarrollo nacional.

Dentro del pacto federal de nuestro país, se establece que la Federación transfiera recursos reasignados, cuya utilización está condicionada a los fines que establece su normativa y son fiscalizables por la ASF.

La principal fuente de financiamiento federal  para el sector educativo básico es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del Ramo General 33, cuyos recursos son otorgados a las entidades federativas para la prestación de los servicios de educación básica, normal, especial, indígena, así como para la formación de maestros. En el caso del D.F. estos servicios son proporcionados por la SEP, mediante recursos transferidos del Ramo 25 del PEF.

Para contextualizar la relevancia de este fondo, cabe mencionar que en 2010, las escuelas públicas de educación básica representaron aproximadamente  el 88% del total de los planteles escolares de este nivel educativo, el 87% de los docentes y el 91% de la matrícula; el resto correspondió a las escuelas particulares.  A su vez, las escuelas del sistema federalizado, financiadas con el FAEB, concentraron el 53% de los planteles (del total de públicos y privados), el 61% de la matrícula y el 56% de los docentes.

Para dar una perspectiva sobre la importancia financiera del FAEB, cabe mencionar que casi una cuarta parte de todas las transferencias federales que reciben las entidades federativas, incluidas las participaciones  fiscales federales, se realizan por medio del FAEB. Además, debemos recordar que cerca del 90% de sus ingresos totales son de origen federal.

Por su importancia financiera y estratégica, el FAEB ha tenido una prioridad especial en las acciones de fiscalización de la ASF, sobre todo en los años más recientes. En el lapso 2000-2010, la ASF realizó directamente 136 auditorías al FAEB y 4 al Ramo 25. A partir de 2008, por su relevancia y  además por mandato del PEF, la revisión de dicho fondo ha comprendido a las 31 entidades federativas; se ha incorporado en ese proceso de fiscalización al Distrito Federal, en donde los servicios de educación básica, como se indicó, son financiados con el Ramo 25.

Se continuará con el esfuerzo de realizar una cobertura de fiscalización amplia. No obstante, es importante mencionar que del total gasto educativo nacional, en el año 2012, los recursos de naturaleza estatal y municipal representan el 16 por ciento.

Por ello, es indispensable que a través del Sistema Nacional de Fiscalización- propuesto por la ASF- se logre un esquema de coordinación entre los órganos encargados de la auditoría interna y la fiscalización superior en el país, con el fin de lograr revisiones efectivas tanto a los recursos federales como locales.

De acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF, respecto de los recursos del FAEB,  la calidad de su gestión, su transparencia y rendición de cuentas, observan significativas insuficiencias, que afectan los logros educativos nacionales.

Los principales conceptos observados en las auditorías practicadas al FAEB en ese lapso,  fueron los siguientes:

A) La falta de documentación comprobatoria del gasto significó el 21.2% del monto total observado en el periodo.

B) El pago a comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS”,  que son centros virtuales en donde se registra el personal comisionado al sindicato, representó el 13.1%.

C) Los recursos del FAEB transferidos  a cuentas estatales, que no fueron reintegrados o lo fueron pero sin los intereses respectivos, y los no ministrados al ente ejecutor por lo que se desconoce su destino y aplicación, constituyeron el 11.4%.

D) Los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, cuyo destino se desconoce, o no se reintegraron a la TESOFE en el caso del DF, fueron el 11.1%.

E) Los pagos a conceptos no financiables con el FAEB significaron el 7.5%.

F) El pago de compensaciones y estímulos de compromisos estatales con el sindicato, que no estaban comprendidos en las minutas nacionales acordadas, no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la Federación, fueron el 7.2%.

G) Los pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la institución, significaron el 5.1%.

Por otra parte, en los últimos cinco años, los Decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación han mandatado a la ASF para que realice auditorías relacionadas con algunos aspectos inherentes al FAEB. En particular, para las Cuentas Públicas de 2009 a 2011, esos decretos han dispuesto que la ASF verifique el cumplimiento, por parte de la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas, de los requerimientos sobre la publicación, en sus páginas de internet, de la información referente al FAEB, entre otra, la  matrícula, plazas, personal comisionado y con licencia.

Lo anterior ha permitido que se disponga de información pública sobre este fondo, con lo que también se fortalecen las posibilidades de realizar evaluaciones por parte de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico.

Más allá de estas observaciones de auditoría, hay que estar conscientes que estamos frente a un problema estructural que se vincula con la falta de una normativa de mayor envergadura sobre la utilización de estos Fondos, en donde se establezca, inclusive, de manera más clara y contundente las consecuencias de una mala utilización de estos recursos.

Por ello, la ASF promueve el establecimiento de una Ley de Gasto Federalizado. Desde nuestra perspectiva, este instrumento legal puede generar los incentivos requeridos para minimizar la recurrencia de irregularidades en la aplicación de los fondos federales transferidos.

Aún cuando la ASF busca llevar a cabo una labor de fiscalización de alta calidad y que contribuya a la gestión gubernamental en los estados y municipios, muchas veces el alcance federal de su mandato no es suficiente para contar con una rendición de cuentas cabal y satisfactoria.

Basta mencionar que las Entidades de Fiscalización Superiores de las entidades federativas, enfrentan presiones sobre su independencia, y recurrentemente se les pretende supeditar al poder ejecutivo estatal. Asimismo se les priva de los recursos necesarios para su labor, limitando el impacto de sus observaciones, todo ello en detrimento de la transparencia, la responsabilidad gubernamental y el derecho de la ciudadanía de gozar de una administración que rinda cuentas de manera cabal.

Adicionalmente, se han realizado revisiones para evaluar el desempeño al sistema de educación básico a distintos rubros. Cabe destacar que los resultados de la educación básica muestran que es apremiante superar los niveles de insuficiente y elemental obtenidos en las evaluaciones nacionales y en las realizadas con los estándares de la OCDE.

Para ello, se requiere romper las inercias, profesionalizar a los docentes, dignificar los espacios de aprendizaje y aprovechar los avances tecnológicos para el equipamiento de las escuelas, así como promover la participación de los padres de familia y de la comunidad.

Por su parte, hemos señalado en nuestros informes de auditoría que el promedio de escolaridad en México es de 8.6 años, lo que representa un rezago de 5.3 años respecto de las mejores prácticas.

La ASF estimó que el Sistema Educativo Nacional alcanzaría en 2043 la cobertura universal de la educación media superior, ello de seguir la tendencia poblacional proyectada por el Consejo Nacional de Población, y el número de acciones de construcción y equipamiento de aulas en los planteles escolares del país realizadas por la SEP en el periodo 2008-2010, lo que significaría un atraso de 22 años respecto de lo programado.

De acuerdo con las estimaciones de la ASF, para dar acceso a los 9.5 millones de personas que en 2021 constituirán la población potencial para cursar la educación media superior, se requerirá contar con 338 mil aulas en todo el país, lo que significa que en 11 años se deben construir y equipar 144 mil aulas más respecto de las 194 mil de 2010, esto es, aumentar la capacidad instalada escolar en un 74.5%, con una inversión de 273 mil millones de pesos, a valor de 2010.

Estimados asistentes a este evento:

La aportación que hace la ASF no está vinculada a la calificación o a la generación de programas y políticas públicas, puesto que esa labor no forma parte de sus atribuciones, sin embargo, a través de la perspectiva de la fiscalización superior, puede ofrecer información importante respecto al grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas y programas públicos, o bien, si las acciones de gobierno coadyuvan efectivamente a resolver los problemas o satisfacer las necesidades de la población.

Sin la fiscalización superior, los criterios de transparencia, eficacia, eficiencia y economía en el gasto público, corren el riesgo de ser remplazados por el clientelismo, la ganancia política y los intereses personales.

La ASF valora la importancia estratégica de la participación social en la vigilancia y evaluación de la gestión gubernamental y las políticas públicas,  por lo que reiteramos nuestro reconocimiento a la labor tan relevante que lleva a cabo Mexicanos Primero, en un tema tan trascendente para el desarrollo nacional y tan sensible para la sociedad como lo es la educación, les agradecemos nuevamente la invitación a este importante evento.

Por su atención, muchas gracias.



Ganadores de la 2ª Edición del Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Gubernamental

20 / Ago / 2012

                   

México, D.F., 19 de agosto de 2012

JURADO DE LA 2ª EDICIÓN DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ELIGE 14 TRABAJOS GANADORES

  • El certamen fue convocado el 11 de octubre de 2011 por la Auditoría Superior de la Federación, el Banco Mundial, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Secretaría de la Función Pública
  • Instituciones gubernamentales de los tres poderes y órdenes de gobierno, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil inscribieron 101 trabajos, de los cuales 14 resultaron ganadores
  • Los premios serán entregados en septiembre próximo, en el marco de la IX Semana Nacional de Transparencia

El Jurado del Premio a la innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional eligió a los 14 ganadores de la 2ª edición de este certamen, convocado el 11 de octubre de  2011 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los integrantes del Jurado tomaron en cuenta la calidad de las acciones desarrolladas en los trabajos sometidos a concurso y no la cantidad de las mismas.

Tras su deliberación, llegaron a las siguientes conclusiones, en todos los casos, por unanimidad:

  1. En la categoría federal, el primer lugar lo obtuvo el “Portal de Transparencia Presupuestaria”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el segundo, el “Portal de Compras” del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el tercero, el “Portal del Consumidor” de la Procuraduría Federal del Consumidor. El proyecto “México es Cultura”, presentado por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes”, recibió mención honorífica.
  2. En la categoría estatal,  el primer lugar correspondió al proyecto “Evaluar para Mejorar”, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca; el segundo, al proyecto “Sistema Integral de Indicadores Monitor Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Chiapas”, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, y el tercero, al “Ensayo SISEPSIN”, de la Secretaría de Innovación Gubernamental del Estado de Sinaloa. El proyecto “Competencias laborales para la facilitación de la información en poder del sujeto obligado”, del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán, recibió mención honorífica.
  3. En la categoría municipal, el primer lugar lo ganó el proyecto “Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestión Municipal (OCTyGM)”, de la Coordinación General de Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestión Municipal de Aguascalientes, Ags.; el segundo, el proyecto “Monitor de Cabildo”, del Republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, y el tercero, el proyecto “Transparencia Total en Miguel Hidalgo”, de la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal.
  4. En la categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil-Persona Física, obtuvieron el primer lugar los proyectos “Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP 2011)”, de la organización Gestión Social y Cooperación, A.C., y “Compara tu escuela”,  del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.; el segundo y tercer lugar fueron declarados desiertos, mientras que el proyecto “La Información te lleva a la Acción”, de la Red Juvenil de Contraloría Social y Equidad de Género, A. C., obtuvo mención honorífica.

El Premio tiene como propósito identificar, reconocer y difundir, a nivel nacional e internacional, las mejores experiencias y/o innovaciones que las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, los poderes legislativos y judiciales, así como los organismos autónomos, llevan a cabo, para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la transparencia en la gestión pública.

Con lo anterior, las instituciones convocantes buscaron incentivar y fortalecer prácticas de gobierno abierto que logren traducir la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en mejoras sustantivas de las instituciones del Estado mexicano y que redunden en beneficios para la población, así como fomentar la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, para mejorar la facilidad de uso y disponibilidad de la información pública gubernamental en México, a través de las aplicaciones informáticas de uso abierto.

En total, las instituciones públicas de los tres poderes y órdenes de gobierno, los organismos autónomos  y las organizaciones de la sociedad civil inscribieron un total de 101 trabajos, de los cuales 14 resultaron ganadores. 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de la IX Semana Nacional de Transparencia 2012, a celebrarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con las bases del concurso, el Jurado acordó que los trabajos documentados por el Banco Mundial, para su difusión, son: el “Portal de Transparencia Presupuestaria”, el “Sistema Integral de Indicadores Monitor Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Chiapas” y el “Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP 2011)”.

El Jurado se integró por los siguientes especialistas en administración pública, transparencia, rendición de cuentas y/o derecho de acceso a la información: Miguel Castillo Martínez, del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán (INAIP); Jorge Soto Moreno, de CitiVox; Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Edna Jaime Treviño, de México Evalúa (Centro de Análisis de Políticas Públicas); Ricardo Uvalle Berrones, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Diego Antoni Loaeza, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Gabriel Guerra Castellanos, de la empresa Guerra Castellanos y Asociados Comunicación Estratégica; Alfonso Zárate Flores, del Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C, y Eduardo Bohórquez López, de Transparencia Mexicana A.C.

Los resultados y toda la información relacionada con el Premio pueden ser consultados en:

http://premiotransparencia.org.mx

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¿Pará que sirve la Auditoría Superior?

31 / Jul / 2012

Un asunto central en la gestión de gobierno radica en el ánimo de certidumbre de los ciudadanos sobre las acciones de las instituciones públicas. Nos referimos a la certeza de la población hacia lo que hacen el aparato administrativo y sus autoridades.

Es cierto que son muchos los factores que se conjugan, pero aquí me interesa destacar sólo dos que son de la mayor trascendencia. Uno es el juicio de valor de las personas, compuesto por el grado de información que manejan y por la realidad que perciben. El otro deviene de los informes que presentan los órganos del propio Estado encargados de evaluar la gestión pública.

El diseño constitucional mexicano establece el sistema de pesos y contrapesos con que se articula su interacción institucional. Es así que, desde su creación en el año 2000, la atribución revisora del uso de los recursos públicos federales y del cumplimiento de los programas de gobierno la desenvuelve la Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico de la Cámara de Diputados.

Para entender el verdadero potencial de este modelo, vale la pena preguntarnos ¿Quién confía en el gobierno? Desafortunadamente, la respuesta a este cuestionamiento es nadie o casi nadie. Esta realidad no es una consecuencia de la actitud de los servidores públicos sino, más bien, es un problema estructural. La única manera de cambiar el sentido de esta percepción es con acciones institucionales de largo plazo. En este contexto, la labor de ASF es un elemento fundamental que puede contribuir a generar confianza en el ciudadano común respecto a la actividad gubernamental.

En particular, la fiscalización superior produce información sobre el ejercicio del presupuesto federal, así como sobre la recaudación y custodia del dinero público. La totalidad del contenido de las auditorías practicadas integra el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, documento que ofrece el diagnóstico más cabal del ejercicio gubernamental del país.

Puesto que los datos que aporta derivan de evidencias documentales contundentes, su trascendencia tiene amplias y útiles manifestaciones. A los legisladores les debe servir como  insumo central para las asignaciones presupuestarias que soportan las políticas públicas, sus programas y proyectos.

La sociedad en su conjunto se entera del nivel de desempeño de los entes gubernamentales y las deficiencias  de los procesos administrativos, sobre los cuales la ASF indica las acciones de mejora. Asimismo, conoce los datos de las observaciones efectuadas, en paralelo con el curso de las acciones correctivas, sin faltar la recuperación de los recursos económicos que corresponda.

Debido a la utilidad de sus servicios,  en los pasados años la ASF ha sido objeto de un progresivo fortalecimiento de su estructura y funciones. También, ha merecido el juicio aprobatorio de legisladores, actores políticos y académicos  para que se prosiga en la ampliación de sus facultades. Inclusive, ello fue un denominador común en la expresión de los contendientes presidenciales durante la campaña electoral.

El trabajo realizado por la ASF ha merecido una aceptación positiva,  la cual valoramos con satisfacción y la mayor responsabilidad, porque el servicio que presta a la sociedad abona en la certidumbre colectiva sobre lo que hacen los órganos de gobierno y el cumplimiento que logran.

Entre las principales aportaciones de la fiscalización superior al curso del país, se encuentran las siguientes: desincentiva la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos; propicia el empleo de las mejores prácticas; aporta información pública calificada que todos los integrantes del Estado pueden disponer para sustentar sus decisiones y acciones, y promueve la transparencia y la rendición de cuentas.

Las acciones de la ASF, incluida la información que emite, pueden ser consideradas una externalidad positiva para reducir un número importante de prácticas de corrupción. En este campo es estratégica la actitud proactiva que despliega para señalar áreas de opacidad y riesgo. La ASF está diseñando una estrategia, que se hará pública en los meses por venir, respecto del combate a la corrupción que se vincula con el uso de los recursos públicos federales, la cual -debemos reconocer- sólo es una parte del problema que se presenta a nivel nacional.

Es preciso acotar que, por el diseño del marco legal, la información que presenta la ASF aún no es un insumo oportuno para los diputados en la asignación presupuestaria. Con este objetivo, entre otros, y resultante de la colaboración con el cuerpo legislativo, han sido aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados algunas modificaciones constitucionales —actualmente en curso en la Cámara de Senadores— para la ampliación y fortalecimiento de las facultades del órgano técnico fiscalizador.

Entre las principales modificaciones, están: reconocer a nivel constitucional el Sistema Nacional de Fiscalización, proyecto impulsado por la ASF; iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal; tener intervención, bajo ciertas condiciones especiales, durante el ejercicio en curso; presentar informes individuales conforme vayan concluyendo las auditorías, y presentar un Informe General Ejecutivo del Resultado el 31 de octubre.

Cuando se me pregunta “cuál es el mejor modelo de fiscalización en el mundo”, invariablemente contestó que no hay recetas únicas ni mágicas; complemento diciendo que el mejor modelo es aquel que permita generar condiciones para que el órgano de fiscalización: (1) desarrolle sus funciones con independencia y autonomía, alejado de presiones e influencias externas; (2) emita informes de auditoría con impacto en la actividad legislativa, y (3) alcance un lugar destacado ante la opinión pública. En México hemos experimentado un avance irrefutable en estas materias, sin embargo aún falta concretar un mayor fortalecimiento de la ASF con las reformas aquí señaladas.

De esta manera, la ASF podrá consolidar su actuación y sus informes tendrán una utilidad mayor. Su aportación en el escrutinio de la debida aplicación de los recursos públicos deberá, en forma correlativa, ensanchar su contribución al avance democrático del país, además de contribuir a la confianza de la ciudadana en la gestión gubernamental.

Auditor Superior de la Federación


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