El valor del control interno

10 / Jul / 2014

Cuando los reporteros y periodistas me preguntan sobre la razón por la que cada año hay recurrencia en las observaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación como resultado de su labor de fiscalización, la respuesta que primero me viene a la mente es la falta de control interno en las dependencias públicas.

¿Por qué no hay un marco de integridad y ética en las instituciones? ¿Por qué su información financiera y contable no es confiable? ¿Por qué se realizan actividades sin supervisión? ¿Por qué no se prevén asuntos supervinientes? ¿Por qué no hay conocimiento en las instituciones respecto a los objetivos institucionales? La respuesta es la misma: por falta de control interno.

El control interno conlleva un enfoque preventivo con la finalidad de evitar casos potenciales de errores, abuso, desperdicio y corrupción al interior de las instituciones públicas.

Estoy consciente de que el concepto de “control interno” puede resultar complejo y ajeno; incluso suele pensarse que sólo se trata de la auditoría interna de una institución. Sin embargo, en términos generales, el control interno es el conjunto de medidas (incluida la auditoría interna) que instrumenta una institución para reducir riesgos y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

En cuanto a la percepción de lejanía o de poca relevancia, hay que destacar que, en la medida en que las instituciones públicas cuenten con un control interno efectivo, podemos confiar en que están cumpliendo con sus objetivos y haciendo buen uso de los recursos públicos que provienen de nuestros impuestos y que les son asignados para brindarnos bienes y servicios.

En este contexto, la promoción de la cultura del control interno y su evaluación se han convertido en un objetivo estratégico de la ASF. Así, como parte del más reciente ciclo de fiscalización, se realizó una evaluación de los sistemas de control interno que incluyó 290 entes públicos del Estado Federal Mexicano, de los cuales 279 corresponden al Poder Ejecutivo Federal, dos al Poder Legislativo, tres al Poder Judicial y seis a Órganos Constitucionales Autónomos.

La evaluación se realizó con base en un modelo denominado COSO, considerado internacionalmente como la mejor práctica en la materia. El principal propósito de este ejercicio es promover el establecimiento de sistemas de control interno, orientado al logro de los objetivos institucionales y la promoción de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública, así como la reducción de los espacios a posibles abusos, desperdicio y corrupción.

Los resultados de esta evaluación están disponibles en el sitio web de la ASF, como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 (www.asf.gob.mx). Entre los hallazgos cabe señalar que si bien se han emprendido acciones para fortalecer el control interno, aún son insuficientes para disponer de un sistema de control interno consolidado, integrado con los procesos institucionales y sujeto a la evaluación y mejora continua.

El control interno de las dependencias del Estado es un pilar dentro de un esquema de rendición de cuentas; implica transparencia, evaluación e integridad. Contar con sistemas de control interno efectivos debe ser una prioridad en la vida pública del país.

 


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Una participación ciudadana relevante

04 / Jul / 2014

A nivel mundial, uno de los enfoques teóricos que ha ido ganando terreno, ante la opinión pública y en la gestión gubernamental, es la concepción del ciudadano como principal cliente del Estado, quien deberá basar su acción en resultados más que en procesos, y atender las necesidades sociales con eficacia, eficiencia y economía. Esto representa un avance sustancial en términos de un ejercicio más democrático del poder.

Esta concepción presupone que en cada ciudadano hay un sujeto activo que busca posicionarse ante la autoridad como un interlocutor válido, con una opinión sustentada, propuestas viables y capacidad crítica ante el desempeño del gobierno. De hecho, buena parte de la opinión pública gira en torno a esta línea argumental al reclamar constantemente de las autoridades, soluciones concretas a asuntos específicos.

Para cualquier entidad pública esta demanda representa un reto que debe ser enfocado desde una visión amplia y totalizadora que equilibre intereses particulares y bien público, y se sujete al marco institucional y normativo que rige su actuación.

Al mismo tiempo, existe un distanciamiento entre una parte de la ciudadanía y los asuntos públicos, dado que no pueden establecer una relación clara entre las decisiones gubernamentales y sus preocupaciones cotidianas.

La participación y el distanciamiento pueden ser conciliados, creando espacios para quienes son indiferentes y, al mismo tiempo, canalicen la voluntad de aquellos que buscan influir en la toma de decisiones que determinan el rumbo de la Nación, todo ello bajo las reglas institucionales del Estado mexicano.

En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, hemos podido constatar que existe un potencial de participación efectiva de la ciudadanía en tanto beneficiaria de programas y políticas públicas y puede ofrecer, de manera directa al ente auditor, una perspectiva que va más allá del registro contable o programático.

Ante esta realidad y después de un análisis riguroso, la Auditoría Superior de la Federación ha definido estrategias de acercamiento con el ciudadano a través de distintos instrumentos como el programa ASF Niños, la emisión de resúmenes de auditoría simplificados, la divulgación de la Guía Ciudadana sobre la ASF, y el lanzamiento del Sistema Público de Consulta de Auditoría en su página de Internet.

En cuanto al campo de la labor auditora propiamente dicha, hemos decidido complementar la fiscalización que llevamos a cabo en los sectores educación, salud y seguridad, con la implementación de un esquema similar a lo que se conoce como auditoría social.

Este programa busca que los ciudadanos se conviertan en auditores de los programas de los que ellos mismos o miembros de sus familias sean beneficiarios. Sin embargo, se requiere que la información que suministren a la ASF cuente con un estándar de calidad y que sean verificables, con el fin de hacerlos compatibles con el perfil técnico institucional. Estamos en la etapa de desarrollo de este esquema y esperamos rinda frutos en las próximas revisiones de la Cuenta Pública.

La participación ciudadana per se no es una condición suficiente que garantice la democratización gubernamental; se requiere un enfoque específico, un marco de actuación claro y un compromiso de todas las partes involucradas para que este ejercicio tenga un impacto real en favor de la satisfacción de las demandas ciudadanas.

El proyecto de auditoría social es una búsqueda de comunicación efectiva, de colaboración directa; es una manera de generar confianza en la cosa pública.



La importancia de un buen diagnóstico

02 / Abr / 2014

A veces es difícil explicar de manera sencilla el valor del trabajo de un auditor. Se piensa que es un policía, un investigador o un juez; no es nada de eso. Esta confusión genera, en muchas ocasiones, una brecha entre las expectativas de lo que su labor puede aportar con los resultados de sus revisiones.

Me gusta la analogía del médico. Un auditor es como un doctor que con la revisión del paciente puede dar un diagnóstico de su estado de salud; el mejor aliado de la lozanía de quien acude a una consulta es precisamente un profesional que le dirá no lo que quiere oír, sino lo que debe de saber para recuperar su salud o mantenerla. Adicionalmente, en caso de requerir un tratamiento especial o una intervención quirúrgica, el médico lo canaliza con el especialista.

La relación entre el paciente y el médico es compleja. Por ejemplo, en el ámbito privado, para quienes están inmersos en la operación de una empresa, en ocasiones, no es claro cuál es el verdadero aporte de la firma de auditores externos que dictamina los estados financieros o que fiscaliza operaciones clave para luego reportar los resultados ante el Consejo de Administración.

Se puede hacer una extrapolación con esa auditoría externa de una empresa y lo que sucede, a nivel federal, con la fiscalización superior. El consejo de administración equivalente (en este caso, Cámara de Diputados) cuenta con un auditor externo independiente (la Auditoría Superior, su órgano técnico), para evaluar la gestión financiera, procesos internos, cumplimiento de metas y resultados obtenidos, a favor de los accionistas (en este caso, los ciudadanos).

La información generada sirve a los directivos de la empresa como un elemento importante para incidir en la mejora de sus procesos operativos, planes y proyectos. En la auditoría gubernamental, el Informe de la ASF es también un insumo de utilidad para los tomadores de decisiones, en este caso los diputados, en su capacidad para modificar o introducir leyes y normas, así como para evaluar el ejercicio presupuestal y la efectividad de las políticas públicas.

La ASF cuenta con facultades para emitir observaciones de tipo preventivo y correctivo y, en caso de detectar irregularidades o desvíos de recursos, propicia su resarcimiento y, dependiendo del caso, puede promover ante las instancias correspondientes sanciones administrativas o denuncias de hechos. Lo anterior debido a que, de acuerdo a los especialistas y a la práctica internacional, un organismo fiscalizador no debe ser juez y parte.

En un ambiente democrático la información sobre la operación del gobierno es una condición necesaria para producir contrapesos al poder y al abuso. Un ejemplo de ello, es el valioso trabajo de los medios de comunicación al difundir los procesos, efectos y errores de la acción pública.

Pues bien, la labor de la ASF proporciona un beneficio similar al de la prensa libre. Con la connotación de que la Auditoría es un organismo que emite información especializada, basada en evidencia, a través de la revisión del ejercicio del gasto y el cumplimiento de la norma existente. No obstante lo anterior, el elemento clave que garantiza el valor de su labor, lo constituye el ejercicio de su autonomía técnica y de gestión. Sin ello, la ASF no tendría razón de ser.

A los ojos de quienes buscan impactos mediáticos de corto plazo, quizá la imagen del doctor no sea tan atractiva como la de un juez o policía, pero la salud del aparato gubernamental, que utiliza recursos públicos federales, es un asunto serio de largo plazo.


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