Recomendación para el Presupuesto 2015

13 / Nov / 2014

En la opinión pública se ha generalizado una preocupación respecto al estado de las finanzas públicas. Se pondera el entorno global y su repercusión en la marcha de la economía nacional. En este contexto, la proyección a la baja de los precios del petróleo se ha constituido en uno de los temas de mayor interés en torno a la condición de los ingresos del gobierno en el próximo año fiscal.

En efecto, para la Ley de Ingresos 2015 se decidió ajustar a un precio de 79 dólares el barril de petróleo, el cual, originalmente, se había definido en 81 dólares. Con ello, se prevé un ajuste a la baja en el plan de egresos de más de 8 mil 300 millones de pesos, a fin de mantener el mismo nivel de déficit.

A primera vista el lector podría considerar esta cantidad como un hueco considerable en las finanzas públicas, pero es necesario poner las cifras en contexto para poder entender su magnitud, e inclusive, para proponer una solución asequible que permitiera compensar este faltante.

Si contrastamos este monto con el de los subejercicios determinados por la Auditoría Superior de la Federación tras la fiscalización de los fondos de los recursos transferidos a entidades federativas, catorce meses después del cierre del ejercicio 2012, este monto asciende a 8 mil 417 millones de pesos.

Adicionalmente, la ASF reportó recuperaciones respecto a las revisiones del gasto federalizado por un monto de 10 mil 915 millones de pesos, refiriéndose a recursos que no fueron aplicados para los fines a los que estaban originalmente aprobados. Este concepto se denomina “recuperaciones” porque la entidad fiscalizada deberá devolver los recursos observados a la cuenta del fondo correspondiente.

Respecto a los subejercicios, estos podrían convertirse en recuperaciones, en el caso de que los entes auditados no documenten la aplicación de los recursos observados para sus fines originales.

En otras palabras, estamos hablando de más de 19 mil millones de pesos, que representan más del 100% del monto que tendría que ajustarse en el gasto público para compensar la caída del precio del petróleo.

La limitante de este esquema radica en que el dinero se devuelve a las cuentas de los fondos, que son manejadas por los estados. Esto impide contar con las condiciones necesarias para propiciar una rendición de cuentas completa y efectiva en las entidades federativas. La solución es la aplicación cabal del principio de anualidad en la utilización de estos recursos, ya que aunque se señala en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), no se respeta en la realidad. Esto es: que peso federal que no se utilice dentro del periodo fiscal y para los propósitos para los cuales fue aprobado, mismo peso que deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación. Al final del día, se trataría de una disponibilidad financiera federal.

Bajo estas condiciones, sería palpable el beneficio de la fiscalización superior para las finanzas públicas. Por ello, hemos solicitado, respetuosamente, que se considere incluir en el Decreto del PEF para 2015, una definición clara y contundente del principio de anualidad de los recursos que se transfieren a las entidades federativas, el cual constituye uno de los principales elementos de la rendición de cuentas.

En nuestro panorama se vislumbran cambios positivos respecto al marco de actuación de las instituciones involucradas en la fiscalización, acceso a información, evaluación y transparencia en México; una modificación como la que se plantea en el PEF abonaría a generar un ámbito más favorable para la correcta aplicación de los recursos públicos.


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La imagen del gobierno

13 / Oct / 2014

La cultura moderna está basada, en buena parte, en las imágenes. La celeridad de los cambios que se dan en distintos ámbitos hace que la atención del ciudadano se sature con una gran cantidad de estímulos. Para la mayoría, los temas públicos resultan confusos, contradictorios y hasta poco creíbles.

En principio, la sobre oferta de información tiene un valor positivo en tanto que permite al espectador tener acceso a una amplia gama de datos y elementos para formar su juicio; sin embargo, esto contribuye a una proclividad por lo inmediato o que no requiere mayor procesamiento o análisis.

Los mensajes y la imagen de las instituciones públicas están sujetos a este contexto. Por ello, considero que existe una necesidad real del sector gobierno de mejorar cómo es percibido por el ciudadano; lo anterior sustenta, en gran parte, su legitimidad y la de todo el sistema democrático.
La percepción es una variable que ha sido estudiada y analizada en distintas disciplinas científicas; una de las convenciones al respecto es que la percepción depende de las expectativas de la gente; a su vez, las expectativas se integran con información de periodos previos y con datos coyunturales.

Así, por ejemplo, la percepción de la corrupción se vincula con la expectativa del funcionamiento del aparato gubernamental y de la honestidad de quienes lo operan. Bajo este esquema, un gobierno que ha sido tradicionalmente ineficaz e ineficiente cargará con una inercia negativa de percepción de corrupción, aun cuando en la práctica, las cosas pudieran estar mejorando.

Hipotéticamente, el que una gran cantidad de funcionarios públicos sean sancionados podría ser interpretada no como una lucha eficaz contra la corrupción y deshonestidad sino como un indicador del nivel de irregularidades existentes.

A las personas les interesa que el Estado genere condiciones para contar con los medios de desarrollo personal y familiar. La manera en cómo se utilizan los recursos es la variable con mayor peso que influye en la percepción de los ciudadanos respecto al funcionamiento del sector público.

A los ojos del ciudadano, la calidad de la acción gubernamental puede reivindicar los sistemas democráticos y propiciar una interrelación con mayor confianza entre la sociedad y las autoridades.

La generación de un ambiente donde se privilegie la honestidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia, puede contrarrestar, de manera estructural, la mala imagen que proyectan algunos funcionarios y proporcionar herramientas efectivas a la acción colectiva de distintos agentes sociales para generar presión sobre los distintos niveles de gobierno, así como iniciar una relación de mayor intercambio y confianza.

Existe una cadena de actividades que contribuye a recuperar el valor de la actividad pública e imponer un compromiso cívico y democrático a quienes detentan un cargo oficial; es un elemento fundamental para propiciar nuevas condiciones que detonen un pacto social diferente, en donde las obligaciones del servidor público no sean negociables o casuísticas, ni que dependan de las circunstancias ni de los individuos.

La garantía de la existencia de calidad en el gobierno reside en la interconexión de las actividades de auditoría, tanto interna como externa, los programas de control interno que establezcan los distintos entes, el acceso a la información, el manejo de archivos, la evaluación del desempeño, el esquema de sanciones, la contabilidad gubernamental y la asignación presupuestal basada en resultados; en resumen, con una efectiva rendición de cuentas.


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Rendición de cuentas en México: un sistema en gestación

12 / Sep / 2014

La rendición de cuentas en nuestro país, venturosamente, se ha convertido en un tópico recurrente en los círculos académicos, gubernamentales y de formación de opinión. La demanda social por una gestión pública más efectiva y la labor desarrollada por distintas instituciones, a partir de los últimos años, ha logrado introducir -en las más distintas narrativas- la importancia que reviste el hecho de que aquellos a quienes se ha delegado una facultad y atribuciones legales para cumplirla, se hagan responsables de su actuación y de los resultados obtenidos ante la sociedad.

También resulta alentador percatarse de que el manejo de esta temática, en distintos ámbitos, se ha visto acompañado de una mayor complejidad y sofisticación en cuanto a la definición de las características que debe tener la rendición de cuentas, qué elementos constituyen sus pilares fundamentales y cómo pueden interactuar entre sí para ampliar el alcance, complementar sus capacidades y tener por resultado una visión holística y diversificada de esta situación.

En efecto, el debate público ya va más allá; del simplismo de “sanción como solución a la corrupción”, la argumentación en la actualidad pasa por una amplia gama de temas que involucran a más de un actor o circunstancia y que nos muestran las distintas facetas que tiene este problema. Entre otros, podemos citar:

-La necesidad de perfeccionar el federalismo mexicano para fortalecer las capacidades administrativas de estados y municipios.

-La importancia de contar con mecanismos de contabilidad gubernamental consistentes que permitan plasmar en las cuentas públicas, de manera fidedigna, la complejidad de la acción del gobierno.

-La transparencia asumida como un requisito adicional del ethos del funcionario público, es decir, su disposición a abrir a la luz pública la totalidad de su gestión como condición de ejercer sus atribuciones.

-La puesta en práctica, a nivel nacional, de un sistema armonizado y estandarizado de archivos, que sirva como complemento al derecho de acceso a la información.

-El impacto que, en términos de mejora sustancial de la gestión gubernamental, tiene la existencia de sistemas de control interno en cada institución pública, así como su continua evaluación.

-La determinación de avanzar hacia la implantación de Sistemas de Evaluación al Desempeño y, aunado a esto, la aplicación de Presupuestos basados en Resultados.

-La fiscalización autónoma e independiente, que aporte información respecto a los problemas en la operación de las entidades públicas.

-El concurso y la coordinación entre ámbitos de gobierno y el intercambio de información como condición ineludible para cerrar los espacios de opacidad que favorecen al dispendio, la incapacidad y, en último término, la corrupción.

-La participación responsable de organizaciones de la sociedad civil que actúen, de manera rigurosa -en cuanto a la validez de las pruebas y la objetividad de sus análisis- en la definición de objetivos, en la apertura de espacios críticos y de investigación, así como en el desarrollo de instrumentos e ideas que sumen e incidan, de manera constructiva, en este esfuerzo.

Todos estos elementos prefiguran los componentes necesarios de un verdadero Sistema de Rendición de Cuentas en México. La tarea pendiente es homologar los avances registrados a nivel federal con lo que sucede en los estados del país, así como vincular estos elementos en un engranaje basado en buenas prácticas, profesionalismo y, sobre todo, honestidad.

Al ser una obra en común, ninguna institución o grupo debe caer en la tentación de actuar pensando en sus intereses presentes o sus proyecciones a futuro; la creación de este sistema, más que de ningún otro, debe implicar asumir una actitud de colaboración entre iguales, desprovista de cualquier asomo de protagonismo, y un compromiso con la nación. No puede ser de otra forma.


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