Nuevas tecnologías y fiscalización

04 / Oct / 2019

Foto ASF-David Col Vivimos en la “Cuarta Revolución Industrial”. Nuestra vida diaria se ha modificado por los significativos cambios tecnológicos que hemos atestiguado en los últimos años. La opinión pública hoy se hace escuchar en las redes sociales; incluso, a través de ellas se debaten las decisiones y el desempeño de los gobiernos.

La inteligencia artificial, el big data y las tecnologías de la información pueden ofrecer soluciones novedosas a diversos problemas de políticas públicas, mejorar la gestión gubernamental e, incluso, marcar la diferencia en los procesos de rendición de cuentas. Por ello la fiscalización superior y el combate a la corrupción no pueden estar separados.

Conscientes de ello, la ASF ha comenzado a desarrollar estas nuevas tecnologías en sus actividades para maximizar el impacto de la fiscalización, gracias al procesamiento ágil y eficiente de una gran cantidad de información en breves lapsos. Contar con estas herramientas facilita la revisión de las múltiples operaciones que genera el ejercicio de un gasto público federal.

Además, la transformación digital crea nuevos canales de comunicación con la ciudadanía. Recientemente, la ASF puso a disposición del público la “Aplicación Ciudadana de la ASF”, la cual permite que cualquier persona conozca la labor de la Auditoría.

En este contexto, la semana pasada participamos, en la ciudad de Moscú, Rusia, en el XXIII Congreso de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, la cual agrupa a 191 instituciones de fiscalización superior del mundo y a la Corte de Cuentas de la Unión Europea.

Tuvo como una de sus temáticas la “Tecnología de información para el desarrollo del sector público” en cuya Sesión Plenaria, en un panel organizado con la EFS de China, la ASF comentó sobre el estado actual y los retos que tienen las EFS ante el progreso tecnológico que vivimos y el manejo de grandes volúmenes de datos para la fiscalización, lo cual demanda usarlos en la mejora de sus resultados y generar cambios tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, la ASF fue parte de los encuentros de los comités metas de la INTOSAI sobre Normas Profesionales (PSC), Compartir Conocimientos (KSC), y Creación de Capacidades (CBC), del cual es miembro del Comité Rector.

En el marco del Congreso la ASF tuvo reuniones bilaterales con las auditorías de Estados Unidos y Canadá con el propósito de que las auditorías de Norteamérica tengamos una mesa permanente de diálogo, cooperación y colaboración en el marco de los fines interinstitucionales comunes. Asimismo, realicé reuniones bilaterales con las Auditorías de Hungría, Francia, así como con la OCDE.

El encuentro de Rusia fue también un espacio para estrechar el trabajo que desarrollamos como parte de la región latinoamericana con la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Asimismo, con la Organización Centro Americana de Instituciones Fiscalizadoras Supremas (OCEFS), de la cual seremos ya formalmente parte este mes. Ello reforzará el trabajo que haremos derivado del acuerdo suscrito con Relaciones Exteriores para facilitar la fiscalización de los recursos de ayuda a Centroamérica, para lo cual estableceremos próximamente una mesa en México para que las auditorías de Honduras y El Salvador nos ayuden en lo correspondiente.

Esta participación es muy importante para la ASF, ya que contribuye a crear alianzas e intercambiar experiencias globales para atender desafíos que hoy son nuestra realidad.

Ni en política económica ni en fiscalización hay recetas, debemos conocer lo que pasa en el resto del mundo para tener un mejor modelo mexicano.

David Colmenares Páramo



Preocupa el reparto, pero fortalezcan la coordinación

27 / Sep / 2019

Foto ASF-David ColHablar de una descoordinación del pacto fiscal de los ochentas, como han señalado algunos gobernadores, no es algo sencillo, ni viable para todos, cuando sabemos que el desarrollo desigual hace que, pocos estados son los que tienen el potencial productivo y recaudatorio para ser autosuficientes, no solo por sus débiles administraciones fiscales, repito no todos, sino que por lo menos entre seis y ocho están agobiados por cargas financieras de deudas elevadas y fuertes pasivos con acreedores locales, heredados por cierto de los anteriores gobiernos, pero hoy son de ellos.

Tendrán que pagar muchas de las fallas y corruptelas de sus antecesores, como en el gobierno federal. Es la causa de deudas pendientes e improductivas.

Ya se han hecho intentos para considerar la descoordinación, como Veracruz en los primeros años del siglo, cuya conclusión fue clara, inviable, y este estado, a pesar de sus pésimos y muchas veces corruptos gobiernos, con pocas excepciones, está entre los tres que más participaciones reciben y más con el reparto poblacional; o cuando revisé a petición de Puebla, siendo funcionario federal, dejar al IVA a los estados y eliminar el sistema de participaciones. La conclusión no era viable, ya que el daño a Oaxaca o a Zacatecas, sería terrible y una invitación a dejar el pacto federal o crear fondos compensatorios como en España, esto es crear estados de primera, segunda o hasta tercera. Imposible.

Sí se deben revisar las fórmulas de reparto, como la actual que solo se reparte por población domiciliada, perjudicando a muchos como Tabasco, Chiapas y la CDMX, pero benefició desde 2008 a una sola entidad, que hoy recibe más del 13 por ciento de las participaciones y el ex DF solo el ocho y Tabasco va al precipicio, ha perdido desde hace más de 10 años más de 30 mil millones de pesos.

Hay que fortalecer la colaboración administrativa, recaudar mejor las facultades chiquitas que tienen y atacar desde un inicio la corrupción y el mal uso del gasto público.

A los muy endeudados que les gusta reestructurar, esto es refinanciar hacia el futuro para brincar sus tiempos, han fortalecido no sus finanzas sino las de las consultoras; de algunas por supuesto. Esto es, más deudas.

Aun así, queda claro que, los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes para financiar las necesidades de infraestructura y gasto social de las entidades federativas y de las autoridades municipales.

Un recuento en la agenda histórica del federalismo dice que no hemos mejorado mucho, lo que implica que se abran espacios de corrupción, como lo fue en su momento el Ramo 23, que al tener pocos recursos para infraestructura las entidades recurrían a la federación con altos costos para los ciudadanos.

Estoy convencido de que el fortalecimiento del federalismo fiscal requiere de un mejor reparto de las facultades recaudatorias, condicionado a mejores prácticas en el gasto público. Si no, repetiremos las malas prácticas en el ejercicio del gasto público, debilidad presupuestaria, un mal llamado federalismo fiscal.

Más que cambiar el Sistema de Coordinación hay que mejorarlo y hacer como plantea Ramirez Cuellar, una convención hacendaria, donde el diseño de los impuestos es vital, así como revisar los gastos fiscales.

La ASF ha presentado una serie de estudios señalando la necesidad de un rediseño en la normativa de las transferencias federales, más aún cuando con las nuevas potestades, y los convenios que se tienen con muchas instancias, podemos conocer el universo completo, cómo se ejercen los recursos de cualquier ente y así determinar tiros de precisión en tiempo real, que nos permitan una fiscalización más eficiente y preventiva.

Final: sí revisar las fórmulas pero que cada quien haga su parte, aprovechen el sistema de coordinación.

David Colmenares Páramo



Dilemas de la dependencia fiscal

20 / Sep / 2019

Foto ASF-David ColSe ha hablado de inconformidad de algunos gobernadores por el proyecto de presupuesto, incluso se habla de que quieren reformar la Ley de Coordinación Fiscal para obtener un mejor reparto de las participaciones”. Lo anterior de acuerdo a información de un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En algunos medios se habla de recortes en las aportaciones y las participaciones, ramos 33 y 28 del PPEF, de manera equivocada.

Se trata de dos ramos presupuestales de naturaleza distinta, que ya la opinión pública diferencia con claridad, no está por demás precisar que, en el caso de las participaciones no se puede hablar de “recortes en el reparto” ya que las mismas son gasto no programable y por lo tanto se trata de una estimación, que está vinculada con el comportamiento de la recaudación. Desde que se firma el pacto fiscal en 1980 al entrar en vigor la Ley de Coordinacion Fiscal, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a través de la adhesión de los estados, y cambia el sistema de reparto de los recursos pagados por esta vía a las entidades federativas, el resultado es una fuerte dependencia de la recaudación federal.

Las participaciones, como producto de la adhesión al SNCF, son como una contraprestación, ya que los estados dejan en suspenso, es decir, ya no cobran impuestos que la Constitución no les prohíbe, dejándolo en manos de la hacienda federal, a cambio de recibir una parte de lo recaudado, esto es participaciones.

La estimación del Proyecto, 20 mil millones de pesos, un 0.9 por ciento menor a lo aprobado en 2019, pero es eso, una estimación que puede subir o bajar, en función del comportamiento de la recaudación participable. Esto resulta claro pero a veces pareciera que no.

La recaudación es la variable determinante, y en ello influye el comportamiento económico nacional, así como el entorno internacional, la inflación y sobre todo el esfuerzo recaudatorio federal.

Al inicio de los años 90 se dio una fuerte discusión entre los estados: aquellos que defendían que las participaciones compensasen la capacidad contributiva de cada estado y los que consideraban –la mayoría- que era un instrumento de los pocos estados federales en el Mundo para compensar las diferencias en los niveles de desarrollo y en las haciendas públicas estatales, esto es que apostaban a la equidad en el reparto de los recursos.

En 1990 se materializó una primera diferencia, cuando se cambia la fórmula de distribución de participaciones, ganando el principio de equidad, pero añadiendo incentivos al esfuerzo recaudatorio en cada entidad federativa y en la recaudación en el predial municipal.

Cuando cambia la fórmula que se aprobó por consenso, algunos estados que no estuvieron de acuerdo fueron algunos del Norte y otros como el DF y el Estado de México, incluso Tabasco y Chiapas, que todavía disfrutaban del privilegio de haber sido estados petroleros. No obstante se agregaron fondos de compensación para los estados perdedores, que operaron con eficiencia hasta 2007, que por recomendación de un organismo internacional, se siguió el criterio de distribuir el cien por ciento en base a la población domiciliada, que provocó – el cambio de fórmula- estados muy perdedores y otros muy ganadores, por ejemplo, la CDMX y Tabasco han acumulado una pérdida de más de 30 mil millones de pesos cada uno, de 2008 a la fecha, ya que la implantación total de la fórmula es gradual y faltan aún algunos años para completar el ciclo.

Es cierto, hay que revisar la Ley de Coordinación Fiscal, crear una Ley del Gasto Federalizado o una de Ingreso Gasto, que integre los recursos condicionados y los de libre disponibilidad con reglas de operación diferentes.

Pero no podemos hablar de que se recorten o meter tijera a las participaciones, cuando es gasto programable y depende de lo señalado.

David Colmenares Páramo