Fiscalización preventiva para mejores resultados
24 / Ene / 2020
El 20 de febrero se presenta el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, donde se informará de las observaciones en proceso de aclaración –no son resultados definitivos– de las cerca de dos mil auditorías que se realizaron en el marco de esa cuenta pública. Posteriormente los auditados tienen un tiempo para aclarar, esto es solventar las observaciones: 10 días hábiles para enviar el informe individual a los entes, 30 días también hábiles, tienen éstos para contestar y la autoridad otros 120 para pronunciarse, esto es 160 días hábiles, lo que nos puede llevar hasta el mes de octubre, casi dos años después de que se liberó el primer peso del presupuesto de 2018.
Todo esto último ya no en el área auditora, sino en la de seguimiento que creamos al llegar a la institución, donde todavía se puede aclarar si se cuenta con bases para ello, hasta que pasa a las áreas de investigación y sustanciación, donde se determinan las responsabilidades, si las hay.
Cabe comentar que siempre se garantiza el derecho a la defensa de los presuntos responsables, incluso proporcionándoles por mandato de ley un defensor de oficio.
Con resultados definitivos casi dos años después, no hay por supuesto ningún enfoque preventivo, por ello la necesidad de auditar no sólo posteriormente a la presentación de las cuentas públicas al Congreso, sino de manera adelantada y preventiva, directamente o a través de convenios como ya se han concertado varios entre la Auditoría Superior de la Federación y las áreas responsables del ejercicio del gasto en cualquiera de los tres poderes.
En obra pública las revisiones que se hacen utilizando los laboratorios móviles, evitan tener que hacer pruebas destructivas, generando economías en tiempo y en costos adicionales.
El objetivo de las auditorías no es recuperar recursos para la tesorería nacional, lo cual es, en términos fiscales, una economía presupuestal, pero ello no afecta a la burocracia, sino a los ciudadanos que dejan de recibir los beneficios esperados de las obras o programas que por ineficiencia u opacidad no se realizan, o que se hacen violando los tiempos marcados en el presupuesto y la normatividad, y en ello hay temas muy delicados en materias como infraestructura, salud y medio ambiente, cuyo impacto social y muchas veces ambiental, es negativo y generalmente irreversible.
Cierto es lo que ha prevalecido, pero es lo que tenemos que modificar, y en la ASF se está logrando ya sea a través de denuncias –que hay muchas– o adelantos concertados con los entes, lo que fortalece el enfoque preventivo que planteamos ante el Congreso, por ello la necesidad de formalizar las auditorías en tiempo real. Sin embargo, ha sido importante la concertación, mediante convenios para facilitar la fiscalización y evitar que dos años después se vean los primeros resultados, cuando la opción correctiva no exista ya.
2019 fue un año de mucho esfuerzo y gran trabajo en la Auditoría. Arrancamos con un modelo de planeación estratégica, que ha dado mejores resultados, evitando espacios de opacidad o la existencia de entes que, después de muchos años, no han sido auditados, con la impunidad correspondiente.
En diferentes eventos nacionales, en un proceso itinerante, ante los entes fiscalizadores locales, las áreas de finanzas y contraloría de los gobiernos estatales, ante diputados y presidentes municipales, sector empresarial y universidades, hemos mostrado lo anterior enfatizando la prioridad del enfoque preventivo, que empieza desde el inicio del ejercicio presupuestal y antes revisando los marcos de referencia de los diferentes programas.
Hoy con el apoyo de la Ley de Disciplina Financiera y la armonización contable, estamos auditando entes que nunca habían sido revisados, como los Congresos locales, rubros de gasto estatales, incluso empezaremos a revisar órganos de fiscalización locales, como así se nos ha pedido en algunos casos.
David Colmenares Páramo
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Respecto a las finanzas estatales se ha dicho que han sido forzadas a subir impuestos locales. Al respecto, ya comenté hace una semana que se trata fundamentalmente de incrementos en algunos impuestos ‘al vicio’, a juegos y sorteos, casinos y ligeros aumentos en el impuesto al hospedaje, en pocos estados. Como sabemos, el principal ingreso de libre disposición de los estados y municipios son las participaciones en impuestos federales, normada su operación en la Ley de Coordinación Fiscal, y se trata de recursos distribuidos de acuerdo a una serie de fórmulas, que hoy están vinculadas fundamentalmente a los porcentajes de población; existe incluso una correlación casi perfecta respecto a este porcentaje y el coeficiente del Fondo General de Participaciones.
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