Estatus de la deuda subnacional y local

24 / Ago / 2018

Foto ASF-David ColUn tema recurrente desde hace algunos años tiene que ver con el creciente endeudamiento de estados y municipios. Sin embargo, no todos están endeudados y un número importante no es sujeto de crédito, de ahí la concentración que se observa del endeudamiento de unos cuantos respecto al total.

Este tema, el del endeudamiento, ha sido referente en los últimos años y causa de muchos escándalos mediáticos.

A marzo de 2018, la deuda acumulada de estos dos órdenes asciende a 528 mil millones de pesos, que contrastan con los 160 mil millones de 2006.

Existe una relación inversa respecto al ritmo de crecimiento de los ingresos totales de los estados, fundamentalmente las participaciones calculadas de acuerdo con la recaudación de los impuestos federales coordinados.

El problema de la deuda más que su monto, es la relación respecto a tres variables fundamentales: el PIBE, las participaciones y los ingresos totales:

1.- Respecto al PIBE, el promedio es de 2.4 por ciento, con datos de la UCEF, siendo del 7.0 por ciento en el caso de Chihuahua, 6.0 por ciento en el de Quintana Roo, 5.4 Chiapas; y arriba del 4.0 por ciento, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Coahuila. Con cifras inferiores al uno por ciento están 6 entidades, destacando prácticamente sin deuda Tlaxcala, Querétaro y Campeche. Pero hay algunos que bajo el criterio de que los PPS no son deuda, no la integran como tal, pero se trata de obligaciones financieras que afectan el presupuesto estatal.

2.- En relación a las participaciones, el promedio es de 81 por ciento, destacando negativamente Chihuahua, con 261 por ciento; Coahuila, 247; Nuevo León, 237; Quintana Roo, 230, y Sonora, con 134 por ciento.

3.- Finalmente respecto a los ingresos totales, a niveles superiores al 100por ciento, están Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. La CDMX está en 42 por ciento, ya que es la única entidad que recauda más de lo que recibe por transferencias de libre disponibilidad.

Esto demuestra una concentración de la deuda en unos cuantos estados. Es más, las cinco más endeudadas, en sus diferentes variantes, concentran más de la mitad del endeudamiento subnacional, y sus relaciones anteriores están en función de sus ingresos propios sumados a las participaciones.

Lo mismo sucede a nivel municipal, donde la deuda se concentra en los municipios de cinco entidades federativas: Jalisco, México, Nuevo León, Baja California y Sonora, que suman 204 municipios con deuda pública. Y si sumamos los de otros cinco estados, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz y Quintana Roo, con otros 242 municipios, entre ellos 200 de Veracruz, los primeros diez significan tres cuartas partes de la deuda local.

La deuda municipal total, a marzo de 2018, asciende a 45 mil millones de pesos, cifra inferior al endeudamiento de Nuevo León, por ejemplo, lo que significa que el endeudamiento es más un fenómeno subnacional, donde los cinco estados más endeudados tienen más de la mitad de la deuda estatal.

Se han dado verdaderos atropellos a las finanzas estatales, respecto a endeudamiento irresponsable por parte de algunos estados, profundizando ante la sociedad a partir del conocimiento, en 2011, del endeudamiento oculto de Coahuila, que terminó con funcionarios federales responsables del registro de deuda pública en la cárcel, absueltos posteriormente, y ninguno estatal. Esa deuda de corto plazo, mucha falsificando la aprobación del Congreso local, se regularizó mediante una reestructura, convirtiéndola en deuda de largo plazo, sin haber pasado nunca por la aprobación del Congreso, quedando como testimonio el deterioro de las finanzas de ese estado.

Por eso la importancia de que la ASF ya esté hoy auditando deuda pública estatal y municipal. Temas para auditar son vastos, destaca el registro de deuda pública, la aplicación de la deuda y monitorear el semáforo derivado de la Ley de Disciplina Financiera.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Aún persisten confusiones

17 / Ago / 2018

Foto ASF-David ColPor lo que se ha visto en diversas publicaciones, aún existe una confusión sobre la naturaleza de los recursos transferidos a los estados y municipios, que constituyen la mayor parte de sus ingresos totales dado el limitado potencial recaudatorio de las facultades tributarias de que disponen, por la autolimitación que se impusieron al firmar los convenios de adhesión voluntaria al sistema nacional de coordinación fiscal, en 1980, con la única excepción de la hoy CDMX, que está adherida a través de un anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Al total de las transferencias federales se les conoce como gasto federalizado. Están por un lado las participaciones en ingresos federales coordinados y las transferencias de gasto condicionado, como es el caso de las aportaciones, los convenios de descentralización y reasignación, el subsidio de protección social en salud y parte del Ramo 23.

Las participaciones representan el 41.4 por ciento del gasto federalizado, son recursos de libre disposición; esto es, no están condicionados a un fin específico. Son los recursos que utilizan para la operación del gobierno, fundamentalmente gasto corriente, los subsidios estatales a la educación media y superior y cuando pueden a los pari passu a los recursos federales transferidos por otra vía a los gobiernos subnacionales.

No son recursos sujetos a discusión o votación, porque dependen del comportamiento de la recaudación federal participable, esto significa que, si la recaudación sube, las mismas se incrementan y si baja, bajan. Sólo se pueden afectar previa firma de los convenios de retención a favor de terceros autorizados por los propios estados, como sería el caso del ISSSTE o el IMSS, retenciones que realiza la UCEF. Se clasifican en el presupuesto como gasto no programable. Se presupuestan con base en una estimación que se presenta con el Proyecto de Presupuesto.

Desde 2016 son recursos que son auditables por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cual implica un incremento de la carga de trabajo, pero es útil para reducir la dispersión y el abuso en el uso de los recursos, que se realiza en muchos casos por los gobiernos estatales y municipales.

De ahí las nuevas facultades de fiscalización que tiene la ASF, revisando en, primer lugar, la correcta distribución a los municipios de sus participaciones, también tema reglamentado en la Ley de Coordinación Fiscal.

Por otra parte, desde 1998 se agrupan en un solo ramo presupuestal, el 33, las diversas transferencias de gasto dispersas en otros ramos, creándose las Aportaciones Federales, condicionadas a conceptos como educación básica, salud, infraestructura social municipal y seguridad, hasta contar ocho. De acuerdo con la Ley de Coordinación fiscal, capítulo V, son recursos condicionados, auditados exclusivamente por la ASF.

Respecto al Ramo 23, asoma un halo de opacidad, que se ha reflejado en conflictos incluso políticos, lo cual requiere una fiscalización más profunda que haremos en la Auditoría Superior, como parte de la reestructura emprendida en la institución. Trabajamos en la evaluación, así como en auditorías financieras y de desempeño de los fondos del Ramo 23, este debe ser un instrumento de política presupuestal.

El gasto federalizado ubicado en el Ramo 23, cual tuvo en 2017 un aprobado cercano a 50 mil millones de pesos, pero cerró en 125 mil millones, esto es un crecimiento superior al 150 por ciento.

El que más ha creado preocupación es el Fondo de Fortalecimiento Financiero, que pasó de tres mil 244 millones de pesos a 55 mil 116 millones, mil 599 por ciento de crecimiento respecto de lo aprobado, cuya distribución es discrecional y opaca. No tienen reglas de operación y se deben normar las adecuaciones. Fortalecimiento financiero es todo y es nada, este se tiene que revisar integralmente.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Socializar los resultados de la fiscalización

10 / Ago / 2018

Foto ASF-David ColPara que los datos se transformen en información es claro que tiene que pasar un proceso, por ello la ASF, en un esfuerzo de transparentar sus acciones, ha puesto a disposición de los ciudadanos la información sobre las auditorías, que en 2016 fueron mil 865 consistentes en desempeño, cumplimiento financiero, tecnologías de información y de gasto federalizado, a través de las auditorías especiales correspondientes. Gasto federalizado realizó, en 2016, tres cuartas partes del total de las revisiones al gasto público federalizado en estados y municipios, el cual incrementó por las nuevas responsabilidades de revisar las participaciones, que son recursos de libre disponibilidad, cuyo monto es superior al de las aportaciones, que son los recursos etiquetados para un fin específico, como educación, salud, seguridad y combate a la pobreza.

La Auditoría tiene una gran fuerza auditora y para ello dispone, para su información a los ciudadanos, de los avances y resultados de las auditorías, ya sea por medio del Sistema Público de Consultas de Auditorías en su página de Internet, a través del Informe de Resultados. A partir de la cuenta pública 2016 se presentan tres informes individuales a lo largo del año, como fue el caso del informe que se presentó en junio, que fue el primer reporte individual de la cuenta pública 2017.

Nuestras auditorías son un tesoro de información para la sociedad y los analistas e investigadores, el cual es muy utilizado por quienes estudian, desde la sociedad civil, la información divulgada por la Auditoría Superior. Por ello resulta importante el esfuerzo que ha empezado a realizar un grupo de organizaciones, entre otras Oxfam, Transparencia Mexicana, Integralia, en su esfuerzo por digerir, traducir y ordenar la información generada por la Auditoría Superior, para saber dónde se presentan posibles fallas en el uso del dinero público y dónde no. En su proyecto,Fuiste Tú?, difundieron ya un informe sobre dónde y cómo se “pierde” el dinero público.

Crean dos rankings: lo que les preocupa y lo que les da gusto, y hacen un recuento interesante, respecto a las observaciones aún pendientes de aclarar de algunas dependencias, así como festinan a aquellas instituciones en las cuales no se encontraron irregularidades. Recordemos que hoy la Auditoría puede revisar a los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos, los tres poderes, las universidades públicas, etc.

Es importante señalar que este es un apoyo a la difusión de los resultados de la fiscalización superior, lo cual ayudará a la comprensión del significado de los mismos. No olvidemos que se trata del informe consolidado de la cuenta pública 2016, aun cuando los procesos de aclaración aún no se terminan y seguramente se modificarán en cada nuevo Informe de este colectivo.

Hoy hay que mencionar que se han dado pasos fundamentales para llegar a tener mejores resultados de la fiscalización, por un lado, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, aún en proceso de integración, del Sistema Nacional de Fiscalización, en el cual se intenta fortalecer el federalismo con base en la coordinación intergubernamental y entre los diferentes poderes, y el Sistema Nacional de Transparencia.

La Auditoría Superior está en un proceso de transformación estructural, convencida de que además del enfoque contable de la fiscalización, es muy importante considerar en sus resultados el impacto social de los programas dirigidos a combatir la pobreza, satisfacer las necesidades esenciales de la población y reducir la desigualdad, así como el desarrollo regional.

Por ello es importante que los informes que difundimos con un lenguaje técnico, así como la evolución de las observaciones, sean apoyados en su difusión por el análisis que hace este colectivo.

David Rogelio Colmenares Páramo


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