07 / Ago / 2020
La rendición de cuentas, como principio rector y componente básico de todo sistema de gobierno democrático, está sustentada en la obligación legal de que toda autoridad informe y justifique el ejercicio de sus atribuciones, que respondan a las nuevas necesidades de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Este arreglo democrático implica la existencia de instituciones con amplias capacidades y facultades de vigilancia de la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos.
En el caso del Estado mexicano, esta labor la lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada en el año 2000 a través de la emisión de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; regulación que ha sido reformada por completo en tres ocasiones a lo largo de 20 años. Sin embargo, es claro que aún existen espacios de mejora en materia normativa.
En la Constitución de 1824 se sentaron las bases efectivas para la conformación de una instancia de máxima autoridad en materia de auditoría pública, y en 1857 fue cuando, en la nueva Constitución, se redefinió a la Contaduría Mayor de Hacienda como un órgano dependiente del Poder Legislativo Federal encargado de glosar y revisar el presupuesto público; en 1904 se explicitaron los conceptos de autonomía y profesionalización.
Por otra parte, fue hasta la Constitución que actualmente nos rige (1917) cuando se precisaron las facultades de la Contaduría Mayor respecto a la revisión de la Cuenta Pública. Posteriormente, en 1999, a través de otra reforma al texto constitucional, se incorporaron los principios de autonomía técnica y de gestión.
Dicha reforma fue la antesala para la creación de la ASF en el 2000. Cabe resaltar que, conforme a dicha ley, actualmente abrogada, la atribución principal de la ASF consistía en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, lo cual debía informarse anualmente a la Cámara de Diputados, especificamente ante la Comisión de Vigilancia.
En el 2008, gracias a otra reforma constitucional que implicó la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 2009, se ampliaron y fortalecieron las atribuciones de la ASF. Esa Ley le otorgó la atribución de fiscalizar de forma directa los recursos federales que ejerza cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, los estados, municipios y el gobierno del Distrito Federal, incluyendo los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos.
La reforma más reciente al marco legal que rige la fiscalización federal fue publicada en mayo de 2015, y tuvo como eje principal el combate a la corrupción. En ella se normó la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, en el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se dieron nuevas facultades como la revisión de las participaciones federales.
Todo ello de cara a la sociedad en un proceso abierto de rendición de cuentas a través de sus informes de auditoría y la presentación de denuncias por faltas administrativas graves o de carácter penal, según corresponda a los elementos que arrojen sus resultados.
Hoy la pandemia ha mostrado algunos hitos de oportunidad, como es el caso de las auditorías en tiempo real, que analicen en forma simultánea al ejercicio del recurso público cuando se ejerce, así como el de las auditorías digitales que permitan el uso de las nuevas tecnologías en materia de big data e inteligencia artificial, que permitirán superar y remontar los obstáculos de la suspensión de plazos, ampliar los universos auditables, revisar a entidades que han sido “paraísos de la opacidad”, entre otros.
David Colmenares Páramo
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31 / Jul / 2020
La emergencia sanitaria por Covid-19 ha mostrado retos para los esquemas de gobernanza en todo el mundo ante una pandemia impredecible.
Ello ha requerido la reorganización de las agendas públicas y de gobierno en todos los ámbitos y los sectores. En esta crisis, las naciones se han enfocado en priorizar medidas multidisciplinarias y la asignación de recursos públicos emergentes para atender la pandemia.
Dentro de la complejidad de esta emergencia las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), como instituciones vigilantes del buen uso de los recursos públicos, han dirigido sus acciones en promover su uso racional y ordenado, para que se utilicen de manera eficiente, eficaz, y efectiva en un marco de legalidad y transparencia.
El intercambio de información entre las EFS y la adopción de buenas prácticas internacionales se ha convertido en un elemento central. Por ello, en la Auditoría Superior de la Federación hemos emprendido una serie de acciones a nivel internacional, tanto en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) como en la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mismas que permiten fortalecer nuestras actividades.
La primera fue en el marco del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres de OLACEFS, el cual se constituyó en abril de 2019 y que ha ajustado sus alcances el mes pasado.
El grupo con 15 miembros regionales tenía inicialmente por objeto promover la cooperación entre las EFS para el desarrollo de estándares y buenas prácticas en fiscalización de la gestión de desastres naturales, pues éstos eran los principales fenómenos imprevistos, de grandes dimensiones, con los cuales se enfrentaban las EFS integrantes de la OLACEFS –hablando de desastres–.
Sin embargo, la pandemia de Covid-19 puso un nuevo escenario en la realidad latinoamericana. Todos los países, los gobiernos y las entidades de fiscalización en este 2020, nos hemos enfrentado a un fenómeno sin precedentes. La magnitud de la pandemia de Covid-19 nos ha obligado a redireccionar nuestros esfuerzos, fortalecer nuestras capacidades, incluso hasta reinventar nuestras estrategias.
Por ello la ASF propuso un Adéndum a los términos de Referencia del Grupo, con el objeto de visibilizar la importancia de incluir expresamente a las epidemias y pandemias y así poder orientar las acciones del mismo en la busqueda de mecanismos y herramientas para las EFS de la región en su actuación durante y posterior a la crisis del Covid-19; y un Plan de Acción Regional en el cual se plantearon acciones específicas para impulsar diversas acciones que promuevan que los recursos públicos se utilicen de manera correcta.
Ambos documentos fueron presentados y aprobados en la sesión del Consejo Directivo de OLACEFS del pasado 30 de junio de 2020. Además, en dicha reunión se acordó también la importancia del trabajo conjunto entre el Grupo de Trabajo de Fiscalización de Desastres y el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción, para la realización de auditorías coordinadas en materia de compras públicas orientadas a establecer mecanismos para combatir la corrupción.
La segunda acción es relacionada con las actividades en la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). La ASF participó el pasado 23 de julio en la reunión de la Iniciativa PFAC COVID-19.
En la mencionada reunión se destacó el valor y el beneficio de la labor fiscalizadora ante la pandemia de Covid-19, la importancia del uso de las tecnologías para auditar a distancia por medios digitales y la relevancia de nuevas técnicas de auditoría, en pro de la transparencia y la rendición de cuentas. Además, participaron en este esfuerzo entre otras Entidades de Fiscalización Superior la de Rusia, Francia, Austria, Brasil y Sudáfrica.
Estos espacios son relevantes, pues buscan crear resiliencia estratégica y cooperación a largo plazo para hacer frente a los desafíos de la pandemia.
David Colmenares Páramo
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24 / Jul / 2020
Un tema sin fin, ni comprensión, es el que se presenta estacionalmente respecto a las relaciones entre los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, entre los municipios y los gobiernos estatales y aún más, las discusiones y conflictos entre las llamadas agencias municipales o agencias auxiliares, contra las autoridades municipales. El caso es que solo tenemos tres órdenes de gobierno, al ser un país federal, pero los usos y costumbres empezaron en estados como Oaxaca y Puebla, a obligar a los municipios a compartir recursos con esas figuras que constitucionalmente no existen.
El problema se agrava cuando no hay, o los recursos extraordinarios no llegan, afortunadamente en su momento, con la llegada de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, surgen los fondos de estabilización, destacando para el pacto fiscal, el FEIEF, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas que ha permitido salvar las coyunturas financieras en tiempos de crisis, al compensar a las entidades federativas y por tanto a los municipios, de la reducción de las participaciones respecto a lo programado, tanto en 2009, como este año cuando al mes de julio ya son 40 mil millones menos, de las participaciones pagadas respecto a lo programado, por lo que el FEIEF ha tenido que pagar un poco más de 20 mil millones de pesos a las entidades federativas al mes de junio, y las 31 entidades deberán pagar a su vez, por lo menos el 20 por ciento de lo que reciben a los ayuntamientos.
El asunto es claro, pero mediáticamente se dice que el gobierno “recortó las participaciones”, lo cual no es cierto ya que están vinculadas al comportamiento de la recaudación de los impuestos coordinados, y esto ha pasado muchas veces, además en la coordinación los estados tienen un Comité de Vigilancia que sesiona mensualmente y revisa la metodología de cálculo de las mismas, sin que nunca se haya detectado un error que implicase responsabilidades.
Además, es un asunto fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, así como el pago de los estados a los municipios, donde sí se han encontrado irregularidades.
Es como la discusión del pacto fiscal, que ya he comentado en este espacio, se trata de un tema que tiene que ver no con los porcentajes de distribución del pastel participable, sino de facultades y responsabilidades, amén de que nuestro País es un mosaico de grandes diferencias entre los estados y las participaciones permiten reducir desigualdades entre los estados que forman la federación.
En enero, el FEIEF tenía 64 mil millones de pesos, sin embargo, la pérdida acumulada de participaciones hasta el mes de junio fue de 28 mil millones respecto de lo estimado. Por lo que, para compensar esa caída de la recaudación participable, se recurre al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas.
En virtud de que las participaciones pagadas al mes de junio fueron inferiores a 28 mil millones de pesos, el 7 por ciento inferior a lo estimado, se acaban de pagar, con cargo al FEIEF, 20 mil millones de pesos, esto es el 75 por ciento de la caída en las participaciones. Trimestralmente se hace el corte y si se mantiene la reducción, se paga el 75 por ciento de la pérdida; si al terminar el año se mantiene la misma, se completa la compensación al cien por ciento. Hoy se planea que la compensación sea mensual.
El tamaño de la recesión inducida, por la pandemia, no podría compensarse SOLO con el FEIEF por lo que desde Hacienda se ha buscado con los estados, un mecanismo para obtener 70 mil millones de pesos y quedaría una reserva mínima de 30 mil millones para 2021.
Un mecanismo usado con éxito y con menores recursos en 2009, fue la “potenciación” del FEIEF, contratando un crédito con la banca de desarrollo, en el marco de la coordinación fiscal, avalado por todos los estados.
David Colmenares Páramo
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La rendición de cuentas, como principio rector y componente básico de todo sistema de gobierno democrático, está sustentada en la obligación legal de que toda autoridad informe y justifique el ejercicio de sus atribuciones, que respondan a las nuevas necesidades de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Este arreglo democrático implica la existencia de instituciones con amplias capacidades y facultades de vigilancia de la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos.
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