29 / Mar / 2019
Por cuestiones conocidas, lo del cercado de maestros a la Cámara de Diputados, el evento coordinado por la Comisión de Presupuesto con otras como la de Vigilancia, se ha pospuesto para el 8 de abril.
Por otra parte, ante los temores manifestados en los medios por problemas en la recaudación tributaria y sobre la posibilidad de nuevos ajustes en el gasto público, aparece oportunamente la publicación conjunta las Tendencias Tributarias, 1990-2017, elaborado por CEPAL, BID, OCDE, el CIAT, entre otros, con los antecedentes de las Estadísticas Tributarias Mundiales de la OCDE y las financieras del FMI.
En este documento podemos observar la debilidad de nuestra fortaleza tributaria. He mencionado por muchos años en El Financiero cómo el poder recaudatorio en México se encuentra centralizado en el gobierno federal, alrededor del 95 por ciento, mientras los estados o gobiernos subnacionales, con un 4.0 por ciento, y los municipios o gobiernos locales no llegan al 1.0 por ciento.
Siempre hemos estado por debajo de la media en la relación recaudación tributaria-PIB; en 2017, por ejemplo, el promedio de la OCDE es de 34.2 por ciento, de América Latina y el Caribe es de 22.8. Destaca Brasil con el 32.3, Argentina con 30.3, Chile 20.2, México 16.2 por ciento y Perú sorprendentemente –para mí– 15.3 por ciento. Cuba 40.6 por ciento, aunque sus cifras no se encuentran disponibles.
México y Chile forman parte de la OCDE, y pronto lo será Brasil. Es muy importante considerar la estructura tributaria también; nosotros desde hace mucho tenemos una estructura basada en los impuestos a los bienes y servicios y los provenientes de ingresos y utilidades.
Viéndolos de manera comparativa con los promedios de los 37 países de la OCDE y la región, los impuestos al ingreso en la OCDE significan el alrededor del 12.0 por ciento del PIB, y en la región el 6.1 por ciento, México con el 7.2 por ciento.
En relación al total de ingresos tributarios, el promedio regional es de 27 por ciento, y de 33.6 en la OCDE, un año antes. Para México, según esta fuente de información, es el 42.7 por ciento.
Mientras que los impuestos sobre bienes y servicios el promedio regional es de 11.4 por ciento del PIB, en la OCDE está por el 11 por ciento; en relación al total de ingresos tributarios el promedio regional es de 49.8 por ciento y el de la OCDE de 32.7. México está en 39.0 por ciento.
Por cierto, cifras que habría que corroborar con estadísticas locales, pero muestran ya un equilibrio entre impuestos directos e indirectos.
En el caso particular del IVA, sólo en relación a los ingresos tributarios totales, es 28.0 por ciento su promedio regional, 20.0 por ciento en la OCDE, mientras que el nuestros es de 24.0 por ciento, ligeramente arriba de Brasil, Argentina y por debajo del 42.0 por ciento de Chile.
Por orden de gobierno: el 82 por ciento, el gobierno central; 4.0, el regional o estatal, y 1.5 por ciento, el municipal. Si restamos los fondos de seguridad social, el poder tributario en México está muy centralizado; por ejemplo, en países federales de la región los gobiernos estatales en Argentina recaudan el 16.8 por ciento y en Brasil 24.4 por ciento, y aun con ese grado de descentralización del poder tributario tienen serios problemas presupuestarios. Chile, país unitario o centralizado, el orden central tiene el 86.0 por ciento y los gobiernos locales el 7.8 por ciento, sin restar en estos tres casos los ingresos de seguridad social.
Como vemos la tarea debe ser intensa, trasferir facultades a los estados implica asumir responsabilidad fiscal y mejorar sus administraciones tributarias para que no haya evasión fiscal, ni corrupción en temas como las devoluciones de impuestos, cuando procedan, evitar programas de borrón y cuenta nueva, gastar con disciplina, transparencia y una eficaz rendición de cuentas. Una más fuerte fiscalización del gasto a partir de la federalización de las auditorías estatales.
Por el gasto, transferirles responsabilidades equivalentes en un marco renovado de la coordinación fiscal nacional, por ello sería útil una segunda convención hacendaria.
David Colmenares Páramo
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22 / Mar / 2019
Es sabida la dependencia que existe por parte de los órdenes estatal y municipal de las transferencias condicionadas y no condicionadas para integrar sus presupuestos, mismos que con datos de la Cuenta Pública (CP) 2017 ratifican que reciben un promedio de 90 por ciento de las transferencias federales –participaciones y aportaciones– y entre nueve y 10 por ciento de los ingresos propios; claro, al ser un promedio hay estados que apenas llegan al cinco por ciento, como Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Morelos. Hidalgo no llega ni al cuatro por ciento, igual que Chiapas y Guerrero.
Yo vería tres razones, por un lado, en su mayoría tienen un gran número de regiones de pobreza y pobreza extrema, hay una fuerte evasión fiscal y una débil administración tributaria, pero también hay desinterés fiscal; esto es, prefieren que otro orden cobre para evitarse lo que erróneamente llaman “el costo político de recaudar”, como cuando eliminan impuestos como la tenencia y después iban –espero que ya no– a la Secretaría de Hacienda a pedir apoyos extraordinarios, que salían del Ramo 23.
En el otro extremo está la CDMX, que en los últimos tres sexenios ha logrado niveles muy altos de recaudación, que está alrededor del 50 por ciento, igual estados agobiados por el gasto con recursos propios en educación básica, como Baja California, Chihuahua o Nuevo León, que tenían que recaudar más, ya que llegaron a destinar más del 60 por ciento de sus participaciones para gasto educativo.
Sin embargo, en la CP 2017 aparece Guanajuato, con el 19 por ciento; Estado de México, con el 17; Querétaro, con el 16; Chihuahua, con el 15, y Nuevo León, el 13 por ciento. En la gestión anterior Campeche llegó a recaudar hasta el 18 por ciento de sus ingresos totales; hoy, apenas el 10.
Por ello la aspiración del Congreso por contar con tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, el tema es cómo podemos lograr que tengan más recursos los estados y los municipios, a partir de un esfuerzo nacional, no a costa de las finanzas federales. Ello implica una revisión de la distribución de facultades tributarias, la modernización de las haciendas locales, de una mejor planeación del gasto público con miras a un equilibrio presupuestal –claro hay algunas que ya lo tienen y pueden recaudar con la misma o mayor eficiencia que el sistema centralizado.
De ahí la importancia del “Foro entre legisladores en materia hacendaria: reformas a las haciendas públicas”, al que convocan las comisiones unidades de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con otros como la Comisión de Vigilancia, la de Federalismo y Desarrollo Municipal, la de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la Fundación Westminster para la Democracia y la Auditoría Superior de la Federación, que se llevará a cabo el 8 de abril.
Habrá dos ponencias magistrales, la de Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, quien fue en otro tiempo secretario de Finanzas del entonces DF, y la de Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, ambos conocedores de la temática del foro, y por cierto mis colegas y amigos.
Habrá cinco mesas de trabajo en las que participarán legisladores y tres de los auditores especiales de la ASF, en el tema del control y vigilancia en el ejercicio del presupuesto: Emilio Barriga, Agustín Caso e Isaac Rojkind, junto con el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado. Y la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega. Claudia Corichi, presidenta del Comité de Género de la ASF, estará en el tema de presupuesto con perspectiva de género.
David Colmenares Páramo
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15 / Mar / 2019
Esta semana, al participar en el Foro Internacional Mejores Prácticas de Materia de Fiscalización, evento coordinado por la diputada Aleida Alavez, miembro de la Comisión de Vigilancia, con intervenciones del presidente de la Comisión, Mario Alberto Rodríguez, hice comentarios sobre el interés que muchos hemos advertido desde hace algunos años, sobre cómo fortalecer la autonomía e independencia, así como la operación de las auditorías superiores de fiscalización de los estados, que son y pueden ser más eficientes en el combate a la corrupción, a través de la vigilancia del gasto público, los ingresos y la deuda de estados y municipios, sobre todo con una estrecha coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
Las autoridades superiores de los congresos locales y la Auditoría Superior de la Federación constituyeron, desde 1983, la ASOFIS, que es el la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y control Gubernamental. Con las reformas de 2015 se da base legal a su existencia y así ambas forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización, con la Secretaría de la Función Pública y las contralorías de las entidades federativas.
La ASF participa así en los tres sistemas, pero para fortalecer su participación necesitamos mejorar la percepción de los entes fiscalizadores locales ante los ciudadanos, esto es entidades de fiscalización locales fuertes, con autonomía de gestión, con independencia de las autoridades estatales, lo que incluye la autonomía presupuestal, que es fundamental para ello.
Su tiempo de permanencia es de periodos no menores de siete años de acuerdo con el artículo 116, fracción segunda, de nuestra Constitución Política. En seis estados el tiempo es de ocho años, pero en otros renuncian o los presionan para que se vayan antes de tiempo, cuando cambian los gobiernos estatales y hay métodos de todos los colores. Hay casos diferentes, los menos, donde los auditores superiores se han mantenido por un tiempo, aun con cambios de gobierno.
Por ello la preocupación respecto al cumplimiento de la permanencia en el cargo de los auditores superiores estatales, porque a veces parece que algunos gobernadores nuevos quieren un auditor a modo, por supuesto que hay excepciones, cuando lo sano es que sea profesional e independiente.
En las visitas que realizamos a las mismas en los estados, hemos encontrado gran entusiasmo entre los trabajadores de las auditorías locales, experiencias exitosas, que se socializan en las reuniones regionales de ASOFIS, como el encuentro regional que hoy se da en Tabasco con la participación de la auditoría de gasto federalizado, en un proceso de capacitación a cuatro estados. Iniciaremos pronto una evaluación de los sistemas de fiscalización estatales, como hicimos con el diagnóstico integral de las finanzas estatales, hace algunos años.
Sobre el tiempo de permanencia de los tres últimos auditores en cada estado, sólo en algunos el tercer auditor terminó su ciclo de 84 meses. Y aún persiste esa inestabilidad, con excepciones como las comentadas, donde incluso algunos han sido reelectos.
La fragilidad de la estabilidad laboral de algunos de ellos ha sido notable, sobre todo en los cambios de administración estatal o cuando quieren ser rigurosos con su trabajo, y sí, se han dado muchas formas para obligar a renunciar a estos auditores.
Por ello, en las conclusiones del foro de la Comisión de Vigilancia se señala la importancia “de mejorar y diseñar un nuevo status para la fiscalización en las entidades federativas, para evitar que sean objeto de presiones indebidas, tanto de naturaleza política como financiera –añadiría presupuestal– y administrativa que puedan limitar la labor fiscalizadora”. De ahí la importancia de explorar la federalización de las auditorías superiores estatales.
David Colmenares Páramo
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