El tamaño de nuestro desafío tributario
29 / Mar / 2019
Por cuestiones conocidas, lo del cercado de maestros a la Cámara de Diputados, el evento coordinado por la Comisión de Presupuesto con otras como la de Vigilancia, se ha pospuesto para el 8 de abril.
Por otra parte, ante los temores manifestados en los medios por problemas en la recaudación tributaria y sobre la posibilidad de nuevos ajustes en el gasto público, aparece oportunamente la publicación conjunta las Tendencias Tributarias, 1990-2017, elaborado por CEPAL, BID, OCDE, el CIAT, entre otros, con los antecedentes de las Estadísticas Tributarias Mundiales de la OCDE y las financieras del FMI.
En este documento podemos observar la debilidad de nuestra fortaleza tributaria. He mencionado por muchos años en El Financiero cómo el poder recaudatorio en México se encuentra centralizado en el gobierno federal, alrededor del 95 por ciento, mientras los estados o gobiernos subnacionales, con un 4.0 por ciento, y los municipios o gobiernos locales no llegan al 1.0 por ciento.
Siempre hemos estado por debajo de la media en la relación recaudación tributaria-PIB; en 2017, por ejemplo, el promedio de la OCDE es de 34.2 por ciento, de América Latina y el Caribe es de 22.8. Destaca Brasil con el 32.3, Argentina con 30.3, Chile 20.2, México 16.2 por ciento y Perú sorprendentemente –para mí– 15.3 por ciento. Cuba 40.6 por ciento, aunque sus cifras no se encuentran disponibles.
México y Chile forman parte de la OCDE, y pronto lo será Brasil. Es muy importante considerar la estructura tributaria también; nosotros desde hace mucho tenemos una estructura basada en los impuestos a los bienes y servicios y los provenientes de ingresos y utilidades.
Viéndolos de manera comparativa con los promedios de los 37 países de la OCDE y la región, los impuestos al ingreso en la OCDE significan el alrededor del 12.0 por ciento del PIB, y en la región el 6.1 por ciento, México con el 7.2 por ciento.
En relación al total de ingresos tributarios, el promedio regional es de 27 por ciento, y de 33.6 en la OCDE, un año antes. Para México, según esta fuente de información, es el 42.7 por ciento.
Mientras que los impuestos sobre bienes y servicios el promedio regional es de 11.4 por ciento del PIB, en la OCDE está por el 11 por ciento; en relación al total de ingresos tributarios el promedio regional es de 49.8 por ciento y el de la OCDE de 32.7. México está en 39.0 por ciento.
Por cierto, cifras que habría que corroborar con estadísticas locales, pero muestran ya un equilibrio entre impuestos directos e indirectos.
En el caso particular del IVA, sólo en relación a los ingresos tributarios totales, es 28.0 por ciento su promedio regional, 20.0 por ciento en la OCDE, mientras que el nuestros es de 24.0 por ciento, ligeramente arriba de Brasil, Argentina y por debajo del 42.0 por ciento de Chile.
Por orden de gobierno: el 82 por ciento, el gobierno central; 4.0, el regional o estatal, y 1.5 por ciento, el municipal. Si restamos los fondos de seguridad social, el poder tributario en México está muy centralizado; por ejemplo, en países federales de la región los gobiernos estatales en Argentina recaudan el 16.8 por ciento y en Brasil 24.4 por ciento, y aun con ese grado de descentralización del poder tributario tienen serios problemas presupuestarios. Chile, país unitario o centralizado, el orden central tiene el 86.0 por ciento y los gobiernos locales el 7.8 por ciento, sin restar en estos tres casos los ingresos de seguridad social.
Como vemos la tarea debe ser intensa, trasferir facultades a los estados implica asumir responsabilidad fiscal y mejorar sus administraciones tributarias para que no haya evasión fiscal, ni corrupción en temas como las devoluciones de impuestos, cuando procedan, evitar programas de borrón y cuenta nueva, gastar con disciplina, transparencia y una eficaz rendición de cuentas. Una más fuerte fiscalización del gasto a partir de la federalización de las auditorías estatales.
Por el gasto, transferirles responsabilidades equivalentes en un marco renovado de la coordinación fiscal nacional, por ello sería útil una segunda convención hacendaria.
David Colmenares Páramo
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