Cruzada Nacional contra el Hambre

31 / Ene / 2019

 

Auditoría: 263-DS

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Ayudar al municipio

25 / Ene / 2019

El gran reto del federalismo mexicano es descentralizar con un reparto eficiente de facultades de ingreso y gasto

Mediáticamente se ha mencionado el desinterés fiscal de los municipios, la corrupción que existe en el manejo de los recursos…De los tres órdenes de gobierno, la figura municipal muchas veces ha sido marginada, quizás por la heterogeneidad de los dos mil 445 municipios que hay en el país; las 16 alcaldías no lo son porque tienen un régimen fiscal diferente. Al respecto se han dado avances en los temas fiscales; sin embargo, aún queda mucho por avanzar.

Cuando se crea la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, se establece que los municipios recibirán una participación de por lo menos el 20 por ciento de lo que reciben los estados, por el Fondo General de Participaciones que se paga a los estados, y el 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal; posteriormente se reforma el artículo 115 que los considera como otro orden de gobierno y se les otorga la administración del impuesto predial, un impuesto patrimonial y relativamente fácil de recaudar, asimismo se dan nuevas facultades y responsabilidades al municipio. Más facultades, pero sin recursos, aunque el predial es una fuente con potencial recaudatorio importante.

En 1998 se crea el Ramo 33 y tres fondos de aportaciones se dirigen a los municipios, destacando el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FAIS) y el FORTAMUN, casi el 5.0 por ciento de la recaudación participable. Las aportaciones son condicionadas.

De ahí la importancia del relanzamiento del INAFED –el instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal– en un evento encabezado por la Secretaría de Gobernación, participando instituciones como el INEGI, el INAP y la ASF, entre otros.

Se ha hablado mucho de fortalecer al municipio; sin embargo, es poco lo que se hace por ellos, ya que seguimos atorados en un sistema federal en el discurso, pero centralizado en los hechos, particularmente en materia de finanzas públicas. La mayoría de los municipios del país se encuentran en situaciones de pobreza, donde más de la mitad de los mismos están en los estados del sur-sureste, la región más pobre del país.

Por ello, el gran reto del federalismo mexicano es descentralizar con un reparto eficiente de facultades de ingreso y gasto entre los tres órdenes de gobierno, que sean fiscal y socialmente fuertes, con recursos suficientes para atender las necesidades que la ciudadanía les demanda.

Desafortunadamente pocas entidades y gobiernos locales aprovechan sus escasas facultades recaudatorias; es el caso de los impuestos a la tenencia, hoy potestad estatal, y el predial a cargo de los municipios. Muchos no tienen un manejo adecuado y transparente en el gasto público y la incidencia de corrupción ha sido creciente.

Por el lado de la fiscalización, el universo auditable es limitado en cuanto a su número, pero importante respecto al monto de los recursos transferidos, como se refleja en los informes de resultados de la ASF y el que se presentará en unas semanas.

Mediáticamente se ha mencionado el desinterés fiscal de los municipios, la corrupción que existe en el manejo de los recursos, lo cual es cierto, pero también tiene que ver con los niveles de desarrollo o el status diferente, por ejemplo, de los 417 de usos y costumbres de Oaxaca.

En esa circunstancia, el INAFED tiene la gran oportunidad de contribuir al desarrollo municipal en coordinación con otras instancias, como el INDETEC y las organizaciones que agrupan a la mayoría de los municipios del país.

La Secretaría de Gobernación advirtió del riesgo en los pasivos laborales, derivados de la inestabilidad de los empleados por razones políticas, lo cual se traduce en pérdidas de capital humano con conocimientos. Finalmente es necesario revisar la LCF, creando una ley de coordinación hacendaria con mecanismos de coordinación entre el nivel subnacional y local, para fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones públicas estatales y municipales.

David Colmenares Páramo

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La eterna disputa por los recursos

21 / Ene / 2019

En una Federación es común la disputa por los recursos entre los estados del sur, generalmente los olvidados, y los del norte, es el costo de ser una federación. En México esto no es novedoso, se observa en la disputa por el presupuesto, así como en la distribución de las participaciones y gasto federalizado en general, por lo que vale la pena revisar la naturaleza de los recursos fiscales transferidos, sus destinos y su normatividad, separando los recursos de libre disponibilidad o Ramo 28, de los condicionados o etiquetados, principalmente el Ramo 33.

La mayor parte de los mismos están normados en la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales se distribuyen por fórmulas, en las que pocos estados han sido ganadores; igual ha sucedido con los recursos del FAEB, hoy FONE, que son aportaciones condicionadas para educación. El ideal federalista es que tengamos tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes y que los recursos se destinen considerando las desigualdades regionales, las ventajas comparativas y la oportunidad de cada región o estado.

Un problema derivado de la LCF ha sido la centralización de facultades recaudatorias en el gobierno federal, la mayor en el contexto de la OCDE, lo que ha generado una cultura de desinterés fiscal en los otros órdenes de gobierno, claro con excepciones importantes, principalmente la CDMX o estados como Nuevo León, Baja California y Edomex.

Lo que se ha mantenido sin cambio es el porcentaje participable, que no rebasa la cuarta parte de los ingresos totales, y no todos los ingresos federales se participan. Adicionalmente, a fines del siglo pasado, se decidió agrupar recursos dispersos del presupuesto en el Ramo 33, aportaciones federales incluidos los recursos de salud, educación, seguridad, combate a la pobreza y algunos otros, para distribuirlos con reglas de operación de manera condicionada.

Esto es, la capacidad de gasto de los estados ha crecido de manera inversa a sus facultades recaudatorias.

Hay imperfecciones en las fórmulas de distribución y muchas veces descoordinación con la realidad, por lo que el ejercicio del gasto ha resultado muchas veces insuficiente y opaco, como en los casos de educación y salud, donde se han concentrado las observaciones en las auditorías de la ASF. Por supuesto en las participaciones.

Lo primero fue determinar qué porcentaje de la recaudación participable sería distribuida entre los estados y municipios. El sistema comenzó con el 12.5 por ciento, al principio de manera inercial, quedando estados como Tabasco por encima del promedio de la mayor parte de las entidades federativas, particularmente las del sur: tenía sobre Oaxaca una diferencia per cápita de 8.5 a 1, debido al peso del petróleo.

Ese reparto dejó insatisfechas a la mayor parte de las entidades federativas, que aún consideran que reciben recursos insuficientes para sus necesidades de gasto. Incluso al menos una tercera parte de ellas tuvieron que ser apoyadas al inicio del año, con recursos que son anticipos de sus participaciones.

Una cosa importante, ni las participaciones ni las aportaciones han cambiado recientemente sus formas de distribución, sus coeficientes son prácticamente los mismos. Lo único que los cambiaría sería una caída importante de los ingresos participables, porque incluso algunos fondos de aportaciones están referenciados a la recaudación participable. Pero para este año ambos crecen y no olvidemos existe el FEIEF, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

En todos los casos son recursos fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.

EL SUR…

En el nuevo presupuesto el ramo de bienestar es el que más crece, y hoy, por primera vez, el sur, diría Benedetti, también existe: Grandes inversiones de infraestructura en los estados del sur-sureste, como Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Campeche, Chiapas.

David Colmenares Páramo

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