26 / Jun / 2020
El mundo de las finanzas públicas parte de un principio fundamental, esto es contar a nivel de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, con un aparato recaudador eficaz y que exista interés fiscal por parte de los mismos.
Nunca la dependencia es positiva, en el federalismo como forma de gobierno, nada limita más que depender de las transferencias del orden central o federal, como sucede en México con honrosas excepciones.
Como los expertos han señalado, en un país tan grande como el nuestro, centralizar los ingresos tributarios permite compensar las diferencias regionales, por ello las participaciones se distribuyen a través de fórmulas que han sido consensadas entre las entidades federativas y dentro de ellas con el nivel municipal.
No se trata de crear nuevos impuestos, sólo aprovechar las facultades que tienen. Se trata de un impuesto patrimonial que deber ser progresivo, al igual que el impuesto a la tenencia. Su recaudación corresponde a los municipios, pero se concentra en no más de cien la mayor parte de la misma, por varias razones destacando el desinterés fiscal de sus autoridades, que prefieren “pedir mas”, que recaudar.
El predial corresponde a los municipios, pero realmente la recaudación se concentra en unos cuantos, generalmente en entidades federativas o en las capitales económicas y políticas de los estados.
En algún momento, en la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal se premiaba el esfuerzo recaudatorio de predial y agua, ese momento fue cuando se cambian las fórmulas de distribución en 1990 en un proceso de transición de cuatro años, hasta 2007 que volvieron a cambiar para distribuir en función de la población domiciliada. Se ha vuelto lugar común y es cierto que en México la participación del impuesto predial en el PIB es apenas del 0.2 por ciento, muy por debajo de otros países de América Latina y por supuesto en el cuadro de los miembros de la OCDE.
Si en México descontamos la recaudación de predial de la CDMX, y quizás la del Estado de México; Nuevo León y Quintana Roo, la recaudación no es significativa. El predial significa una parte importante de los ingresos propios de la Ciudad, claro hay que señalar el régimen de la misma es centralizado. Después le siguen respecto al PIBE, el Estado de México con el 10 por ciento, Jalisco y Nuevo León con casi el 7 por ciento, pero desafortunadamente los cinco que menos recaudan respecto al Producto Interno Bruto Estatal, van del 0.6 al 0.3 por ciento, Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Campeche, Tlaxcala. Extremos respecto a su PIBE. Según cálculos de Emilio Barriga, el Auditor Especial de Gasto Federalizado en la ASF, se podría potenciar de manera importante la recaudación, simplemente administrándolo mejor y actualizando los valores catastrales.
Es un impuesto progresivo, patrimonial, pero no se ha aprovechado su potencial.
Al respecto, el catastro es un instrumento fundamental, por ello este año la ASF empezará a revisar los catastros locales y el proceso recaudatorio del mismo, al igual que los registros públicos de la propiedad.
En 1990, en Oaxaca se hizo un ejercicio interesante, primero desde la Secretaría de Finanzas se localizaron todas las propiedades de los funcionarios estatales, luego las de los proveedores y contratistas del estado y finalmente los terratenientes urbanos. Además, en 1990 se crea un incentivo para premiar el esfuerzo recaudatorio municipal en predial y agua, que se reflejó en los coeficientes de distribución. En esa experiencia se indexaron los valores catastrales de Oaxaca y claro que la recaudación aumento mil por ciento en 1991, esto se reflejó en el porcentaje del fondo municipal de los municipios de la entidad. La recaudación creció mil por ciento de un año a otro y se duplicó la participación en el Fondo. La meta siempre ha sido tener valores catastrales no castigados.
David Colmenares Páramo
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19 / Jun / 2020
Quería escribir sobre la reforma tributaria, pero antes comentar respecto a dos reformas importantes para la fiscalización superior, la primera es a la Ley de Fiscalización, esto es para prever las auditorías digitales. Al respecto, ya está en la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Vigilancia y 17 legisladores más, de todas las fuerzas parlamentarias. Esta reforma fortalecerá, junto con los avances ya presentes en inteligencia financiera, auditoría digital y análisis de grandes bases de datos, que se desarrollan exitosamente en la ASF y se usan en diferentes espacios.
Hace unos días un grupo parlamentario nos pide con razón, utilizar esa herramienta, por lo que seguramente votarán a favor de la iniciativa, esperamos sea aprobada próximamente por el pleno de la Cámara de Diputados, y posteriormente por el Senado de la República. Mientras estamos utilizando la tecnología que ya tenemos para el análisis de datos en grandes volúmenes, que nos permita minimizar el contacto físico entre los auditores y los entes auditados.
La otra reforma es de carácter constitucional, la cual pretende como alguien ha dicho, darle dientes a la Auditoría Superior, esto es que revisemos los hechos auditables en el momento que se dan o antes, como el caso de las compras de medicamentos y equipos para que la población está más protegida de las pandemias.
Hoy estamos por realizar, a través de convenios o protocolos especiales, auditorías preventivas o adelantadas, mientras seguimos con las auditorías programadas para la presentación de la Cuenta Pública 2019. La tecnología nos ayudará a revisar de manera adelantada recursos de lo que será la Cuenta Pública 2020, como las adquisidores de productos sanitarios.
Las reformas que entraron en vigor en 2016, incluyen la posibilidad de auditar, dice la ley en tiempo real, pero sólo cuando se presentan denuncias por el título cuarto. En los términos estrictos pedidos por la ley, en este caso ya ocurrió la falta, no es ex ante, sino ex post, igual que las auditorías que revisan las cuentas públicas posteriores a su presentación. Ahora bien, sobre los alcances del actual marco legal auditor, aunque iniciamos desde mucho antes la solicitud de información, el trabajo de fiscalización con la solicitud de información a los entes auditados, incluidos las entidades federativas y municipios, nos enfrentamos a la realidad del diferimiento de plazos, que instituciones como la Corte o el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el propio gobierno federal y las entidades federativas y municipales han impuesto, los cuales llevaron a la suspensión de plazos y términos.
En tanto realizamos otras tareas, como el seguimiento de las observaciones de la Cuenta Pública 2018 y anteriores, se ha cumplido con las notificaciones por parte de la Unidad Jurídica y en Gasto Federalizado se ha desarrollado la inteligencia artificial para hacer posible la auditoría digital.
Asimismo, ante la inexistencia del tiempo real, hemos acudido a una figura de auditorías preventivas o adelantadas, mediante convenios; al respecto, el año pasado lo hicimos con la Cámara de Senadores, en la transición de Policía Federal a Guardia Nacional, y ahora con la Secretaría de la Defensa, así como con Pemex y la Secretaría de Energía para Dos Bocas.
La mezcla de tecnología con tiempo real, es muy efectiva si queremos además tener resultados de manera oportuna.
Gracias a la reforma de 2015, hoy tenemos facultades importantes, por ejemplo, ya podemos revisar la deuda pública de estados y municipios, las participaciones; por primera vez ya revisamos a los 32 congresos locales. En la revisión de la cuenta 2019, revisaremos a Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y a Auditorías Superiores locales.
David Colmenares Páramo
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12 / Jun / 2020
Existen dos importantes sistemas de organización política en el mundo: los países federales y los unitarios o centralistas. En los primeros coexisten soberanías de diferentes órdenes de gobierno y en los segundos solo una. Los federales no llegan a 30, pero son los más grandes del mundo; los demás –la mayoría– son gobiernos unitarios. México es un país federal, lo que no significa sea descentralizado, particularmente han sido sensibles los temas tributario y presupuestal.
El acuerdo se materializó hace casi 40 años cuando el secretario de Hacienda era David Ibarra Muños y los estados cedieron facultades recaudatorias al gobierno federal, dejándoles la responsabilidad de recaudar para recibir después una parte de lo recaudado.
Se forma la recaudación federal participable, donde se agrupan todos los ingresos corrientes con los que se calculan las participaciones, y se hacen pagos provisionales, y las cifras definitivas son las de Cuenta Pública (CP) cuando es presentada a la Cámara de Diputados.
De los fondos, destaca el Fondo General de Participaciones, con 20 por ciento de la recaudación federal participable, del cual por lo menos cuatro puntos son transferidos a los municipios, esto es el 20 por ciento, aunque hay estados que participan con un poco más a sus municipios, de todos los fondos estatales y ellos reciben el 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal.
Los recursos participables se distribuyen a través de fórmulas, donde nada tiene que ver el origen de la recaudación federal, que no la hacen los estados sino la autoridad federal a través del SAT. Al respecto, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal existe una Comisión de Vigilancia donde se verifican las cifras y la aplicación de las fórmulas donde participan las entidades federativas, comité que, por cierto, durante muchos fue coordinado por el hoy auditor especial de gasto federalizado en la ASF.
Con cifras del informe que la autoridad fiscalizadora presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en febrero, correspondiente a la CP 2018, ya que son revisiones ex post o posteriores a la presentación de las cuentas públicas, esto es, son revisiones de hechos pasados, de ahí la necesidad para que la ASF revise en tiempo real, con un enfoque preventivo y correctivo, algo que empezamos a hacer con convenios no de acompañamiento, sino de revisión adelantada en proyectos importantes como el nuevo aeropuerto, el proyecto de Dos Bocas y hemos actuado así con la Guardia Nacional. Y procuramos hacerlo con el sector salud.
En el último año de la administración anterior, el gasto federalizado significó el 35 por ciento del gasto neto federal, del cual las transferencias condicionadas representaron el 20 y las participaciones, el 15 por ciento.
Ese año se hicieron mil 332 auditorías al gasto federalizado, más de 70 por ciento del total de las revisiones de la ASF, de las cuales 820 correspondieron al gasto programable, esto es aportaciones, convenios, subsidios y a programas extra presupuestarios, así como 312 a las participaciones y 200 al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. En este momento, están en proceso las revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2019, con un ajuste debido a los meses en que han dejado de correr los plazos legales, pero con grandes avances como la planeación estratégica, las auditorías digitales a través del buzón electrónico, y el avance tecnológico de la ASF, que le permitirán cumplir con los tiempos de la planeación estratégica, con auditorías más precisas, oportunas y con mejores resultados en la lucha contra la corrupción.
Además, con una gran coordinación con la Fiscalía General de la Republica, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.
David Colmenares Páramo
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El mundo de las finanzas públicas parte de un principio fundamental, esto es contar a nivel de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, con un aparato recaudador eficaz y que exista interés fiscal por parte de los mismos.
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