31 / Ene / 2020
Esta semana tuve oportunidad de reunirme con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y su presidente, en una reunión privada en que se consideraron temas del interés de los coordinadores parlamentarios, así como algunos asuntos importantes para la ASF. Una reunión realmente relevante para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.
Como señalaron el senador Monreal y el resto de los integrantes de la Jucopo, el tema principal que abordamos es la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y un paquete de reformas sobre temas que planteamos para modificar la Constitución y las leyes reglamentarias, como dotar a la ASF de instrumentos para ser más eficaz; asimismo, se destacó el respaldo institucional a la auditoría para impulsar reformas que pueden ser las más importantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Así, hablamos de reformas constitucionales orientadas a fortalecer el enfoque preventivo de la fiscalización a través de las auditorías en tiempo real, esto es anticipadas durante su ejercicio, a la presentación de las cuentas públicas. Las revisiones posteriores a la presentación de las cuentas públicas son poco útiles para la prevención y mejores resultados; es el caso del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, el cual se presentará el próximo mes, pero el tiempo que resta para aclaraciones, que es un derecho de los entes auditados, puede concluir hasta el mes de octubre, esto es casi dos años después del ejercicio de los recursos.
Estamos terminando la programación de las auditorías de la cuenta pública 2019, utilizando los métodos de la planeación estratégica y serán georreferenciadas por primera vez en la historia de la fiscalización en México.
Asimismo, trabajaremos auditorías adelantadas a los grandes proyectos de infraestructura, o programas importantes como la ayuda a Centroamérica.
Otro tema importante que se trató es el que tiene que ver con fortalecer la fiscalización superior en los estados, a fin de evitar actos de corrupción y desvío de recursos públicos, así como cohechos particularmente a los municipios, la realización de auditorías con despachos teniendo una base laboral importante y subordinación a los Ejecutivos estatales; claro, hay excepciones.
Desde hace cuatro años la ASF audita las participaciones, y desde su origen tenía de manera exclusiva las aportaciones, esto es los recursos etiquetados del Ramo 33. Esto es llevar a cabo la fiscalización superior, entendiendo como tal, aquella de más alto rango y nivel, dotándola de autonomía técnica y de gestión, que informe a los legisladores, a los entes auditados y a la ciudadanía, sobre el destino de los recursos públicos y las acciones gubernamentales.
En tal virtud, las facultades con las que cuenta la ASF para la fiscalización del gasto federalizado, las participaciones federales, la deuda pública y la disciplina financiera a las entidades federativas, municipios y alcaldías, son las más amplias en todos los sentidos, ya que desde la Constitución en su artículo 79, se establece la competencia de la ASF para que de manera directa y específica fiscalice lo anterior.
Por su parte, tanto la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación como diversos ordenamientos legales como la Ley de Coordinación Fiscal, establecen que el control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales del Ramo General 33, queda a cargo de la ASF, que participa en la revisión y fiscalización de las aportaciones en todas las etapas.
Hoy revisamos incluso a los poderes Legislativo y Judicial.
En suma, hoy con los adelantos tecnológicos estamos en capacidad de revisar prácticamente la totalidad de los recursos públicos, solo faltan las reformas mencionadas.
David Colmenares Páramo
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24 / Ene / 2020
El 20 de febrero se presenta el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, donde se informará de las observaciones en proceso de aclaración –no son resultados definitivos– de las cerca de dos mil auditorías que se realizaron en el marco de esa cuenta pública. Posteriormente los auditados tienen un tiempo para aclarar, esto es solventar las observaciones: 10 días hábiles para enviar el informe individual a los entes, 30 días también hábiles, tienen éstos para contestar y la autoridad otros 120 para pronunciarse, esto es 160 días hábiles, lo que nos puede llevar hasta el mes de octubre, casi dos años después de que se liberó el primer peso del presupuesto de 2018.
Todo esto último ya no en el área auditora, sino en la de seguimiento que creamos al llegar a la institución, donde todavía se puede aclarar si se cuenta con bases para ello, hasta que pasa a las áreas de investigación y sustanciación, donde se determinan las responsabilidades, si las hay.
Cabe comentar que siempre se garantiza el derecho a la defensa de los presuntos responsables, incluso proporcionándoles por mandato de ley un defensor de oficio.
Con resultados definitivos casi dos años después, no hay por supuesto ningún enfoque preventivo, por ello la necesidad de auditar no sólo posteriormente a la presentación de las cuentas públicas al Congreso, sino de manera adelantada y preventiva, directamente o a través de convenios como ya se han concertado varios entre la Auditoría Superior de la Federación y las áreas responsables del ejercicio del gasto en cualquiera de los tres poderes.
En obra pública las revisiones que se hacen utilizando los laboratorios móviles, evitan tener que hacer pruebas destructivas, generando economías en tiempo y en costos adicionales.
El objetivo de las auditorías no es recuperar recursos para la tesorería nacional, lo cual es, en términos fiscales, una economía presupuestal, pero ello no afecta a la burocracia, sino a los ciudadanos que dejan de recibir los beneficios esperados de las obras o programas que por ineficiencia u opacidad no se realizan, o que se hacen violando los tiempos marcados en el presupuesto y la normatividad, y en ello hay temas muy delicados en materias como infraestructura, salud y medio ambiente, cuyo impacto social y muchas veces ambiental, es negativo y generalmente irreversible.
Cierto es lo que ha prevalecido, pero es lo que tenemos que modificar, y en la ASF se está logrando ya sea a través de denuncias –que hay muchas– o adelantos concertados con los entes, lo que fortalece el enfoque preventivo que planteamos ante el Congreso, por ello la necesidad de formalizar las auditorías en tiempo real. Sin embargo, ha sido importante la concertación, mediante convenios para facilitar la fiscalización y evitar que dos años después se vean los primeros resultados, cuando la opción correctiva no exista ya.
2019 fue un año de mucho esfuerzo y gran trabajo en la Auditoría. Arrancamos con un modelo de planeación estratégica, que ha dado mejores resultados, evitando espacios de opacidad o la existencia de entes que, después de muchos años, no han sido auditados, con la impunidad correspondiente.
En diferentes eventos nacionales, en un proceso itinerante, ante los entes fiscalizadores locales, las áreas de finanzas y contraloría de los gobiernos estatales, ante diputados y presidentes municipales, sector empresarial y universidades, hemos mostrado lo anterior enfatizando la prioridad del enfoque preventivo, que empieza desde el inicio del ejercicio presupuestal y antes revisando los marcos de referencia de los diferentes programas.
Hoy con el apoyo de la Ley de Disciplina Financiera y la armonización contable, estamos auditando entes que nunca habían sido revisados, como los Congresos locales, rubros de gasto estatales, incluso empezaremos a revisar órganos de fiscalización locales, como así se nos ha pedido en algunos casos.
David Colmenares Páramo
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Esta semana tuve oportunidad de reunirme con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y su presidente, en una reunión privada en que se consideraron temas del interés de los coordinadores parlamentarios, así como algunos asuntos importantes para la ASF. Una reunión realmente relevante para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.
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