03 / May / 2019
El Congreso mexicano está muy activo. Por ejemplo, hoy hay un evento en Veracruz sobre las mejores prácticas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, coordinado por la diputada Aleida Alavez y al cual asisten el presidente de la Comisión de Vigilancia y el auditor especial de Gasto Federalizado de la ASF.
Por otra parte, hace unos días se realizó el Foro de Consulta sobre la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, a convocatoria de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, con la colaboración del Colegio de Arquitectos de la CDMX. Tuve la oportunidad de participar en su cierre, que resultó muy provechoso y tuvo la participación activa de los colegios de ingenieros y arquitectos.
Hubo diversos pronunciamientos de los participantes, como el llamado a replantear la ley para transparentar la contratación, adjudicación y realización de obra pública en el país; asimismo, para privilegiar la planeación y el desarrollo de los proyectos de infraestructura urbana, por parte de la Arq. Susana Miranda. En su participación, el presidente de la Comisión, el diputado Exsome Zapata, aseguró que las obras construidas y muchos proyectos en marcha excedieron el tiempo previsto para su conclusión. El IMCO propuso que se regule la planeación, contratación, ejecución y auditorías en las obras de los tres órdenes de gobierno.
La realización de estos eventos fortalece y estimula los trabajos que se realizan en la ASF al respecto, y permite visualizar que el avance que se tiene en el orden federal no se ve replicado aún en estados y municipios, hay una jungla legislativa. Por ello, la ASF trabaja en la creación de la Auditoría Especial de Obra Pública, lo que formó parte de nuestra propuesta, así como en la revisión de la legislación federal y busca se homologuen las legislaciones locales en la materia. El contar con una auditoría especial de esta naturaleza implicará adoptar una buena práctica en materia de fiscalización, como lo ha señalado la OCDE, ya que los mayores recursos de inversión pública se canalizan a obras de infraestructura, y ahí se han dado muchos casos de corrupción, como el de Odebrecht.
Por otra parte, en el marco de la OLACEFS, organización de las auditorías superiores de América Latina y el Caribe, se está trabajando en dos auditorías multinacionales: una sobre la corrupción transnacional y otra sobre la reconstrucción en materia de desastres naturales. En ambas participará personal de la Auditoría Superior.
A partir del intercambio de visiones, incluyendo las de quienes participamos en los diferentes foros de reflexión en esta temática, se logrará construir un diagnóstico robusto sobre la necesidad de realizar adecuaciones pertinentes a nuestro marco normativo en esta materia.
La ASF tiene dentro de sus atribuciones la fiscalización de la Cuenta Pública, verificando las contrataciones, así como el cumplimiento de sus objetivos, a los que agregaría dos más: 1) La verificación de su impacto ambiental y social, ya que no basta con que los recursos sean pagados en tiempo y forma si estos no tienen un valor público. 2) Es necesario eliminar la construcción de obras que no se ocupan y no sean socialmente necesarias, así como verificar su asignación transparente y sin corrupción.
Hoy ya se cuenta con información de calidad y técnicas de big data para detectar patrones. La Auditoría puede identificar por entidad federativa, sus municipios y organismos, el monto que le facturaron las empresas de nueva creación, las empresas fantasma, así como las ya sancionadas por la ASF y la SFP.
Por todo lo dicho, los foros organizados por la Cámara de Diputados, entre ellos el organizado recientemente por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda, así como por la Comisión de Vigilancia, resaltan su relevancia. Ello es algo que hay que destacar, pues sus resultados serán positivos para la definición de mejores políticas y mejor legislación.
David Colmenares Páramo
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26 / Abr / 2019
Ayer, teniendo como escenario el Palacio Nacional, tuve la oportunidad de suscribir con el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, funcionario ejemplar, un Convenio Marco de Colaboración entre las instituciones que tenemos a cargo. Este convenio está centrado en tres ejes principales que facilitan el ejercicio del mandato de la Sección V de nuestra Constitución enfocada en la Fiscalización Superior: a) compartir experiencias e información; b) intercambiar programas de capacitación, y c) establecer mecanismos de coordinación y colaboración para generar, ejecutar y dar seguimiento a actividades estratégicas, derivadas de los respectivos mandatos institucionales.
Materializar este tipo de acuerdos en alianzas normativas contribuye seriamente a cumplir nuestros objetivos. Cabe decir que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado importantes beneficios en implementar este tipo de prácticas de cooperación interinstitucional, como parte de la iniciativa denominada Enfoque Integral de Gobierno. En ella se destaca la relevancia de evitar la división de competencias entre ámbitos gubernamentales para, en cambio, impulsar mecanismos de cooperación que abarquen al sector público en su conjunto.
Si bien es un lugar común en las políticas públicas el destacar la relevancia de la coordinación horizontal entre las autoridades y el promover diversas iniciativas en la materia, en la práctica, las dinámicas de las instituciones dificultan que tales esfuerzos tengan un impacto significativo en términos de la generación de cambios positivos ante los ojos de la sociedad. Esto ocurre, por lo general, debido a la ausencia de mecanismos vinculantes (los convenios, memorándums de entendimiento y/o programas de trabajo) que establezcan un punto de partida y una ruta para el desarrollo de proyectos estratégicos, eficiente en sus resultados.
A casi dos décadas de existencia de la Auditoría Superior de la Federación, se contaba con pocos instrumentos de colaboración vigentes con organizaciones del sector público nacional y local, destacando, por ejemplo, el vigente con el SAT.
La SHCP y la ASF coincidimos en la necesidad de hacer uso de todas las herramientas que el Estado de derecho nos brinda para cumplir los fines institucionales. En este sentido, el convenio suscrito facilitará el intercambiar información de carácter concurrente, como lo es la disciplina financiera, la armonización contable, el monitoreo del endeudamiento público, la evaluación del desempeño de los programas públicos, como parte del Presupuesto Basado en Resultados, por mencionar algunas. Adicionalmente ha abierto las ventanas del intercambio de programas de capacitación sobre temáticas pertinentes, como son las mejores prácticas internacionales para la identificación y transparencia del beneficiario final de transacciones económicas vinculadas con posibles casos de corrupción o el combate al crimen transnacional. Como también estamos trabajando en OLACEFS.
El trabajo coordinado de manera directa fortalece también la relación entre la ciudadanía y las autoridades. No es óbice repetir la percepción social de que no se ha logrado disminuir la incidencia de la corrupción y la impunidad, su consecuencia inmediata. Ante ello hay que cumplir las responsabilidades institucionales que permitan o fortalezcan el dar los resultados que los gobernados exigen al Estado. Conscientes de ello y ocupados en esta tarea, el ente fiscalizador federal y el órgano responsable de la administración de la Hacienda Pública Federal, hemos dado paso a suscribir el Convenio Marco de Referencia, para poner las buenas prácticas a disposición común, con el interés de que pronto los resultados den cuenta de su impacto.
David Colmenares Páramo
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12 / Abr / 2019
Confusión en muchos medios, de acuerdo con lo que les mandaron sus enviados, cuando señalaron que el subsecretario de Hacienda aseguró que esa dependencia planteaba volver a “crear” el impuesto a la tenencia, el cual no ha desaparecido, el cual existe en un buen número de entidades federativas.
Después de que desde 2008 se estableció que en diciembre de 2012 desaparecería, se recomendó a los estados crear un impuesto con características similares a la tenencia, o que hicieran las previsiones para ajustar su gasto en función de los recursos que dejarían de recibir por la administración de ese impuesto, que hasta entonces era un impuesto federal cobrado por los estados, que se quedaban con el 100 por ciento de lo recaudado en un acto llamado de colaboración administrativa en el marco del convenio correspondiente en materia fiscal, debiendo compartir por lo menos el 20 por ciento de lo recaudado con los municipios. Por supuesto, no se le consultó al orden local, siempre el gran perdedor.
La decisión del gobierno de Calderón se originó en un compromiso de campaña, pero llegó a plantearse en el gobierno de Fox; sin embargo, fue hasta 2012 cuando se hizo efectivo.
Había entidades, particularmente la CDMX, que recaudaron más de cinco mil millones de pesos en sus últimas tres administraciones, antes de la clonación del impuesto federal. Sin embargo, tuvieron que dar un incentivo fiscal para los vehículos inferiores a 350 mil pesos, lo que ya implicaba un sacrificio fiscal, pero un año después lo bajó a 250 mil. La entidad se encuentra hoy recuperando la eficiencia recaudatoria a sus niveles anteriores, y es que esto representó para la Ciudad de México alrededor de cinco mil millones de pesos. Pero no todos los estados actuaron igual.
El panorama a 2018 fue el siguiente: 16 estados no lo cobran; cuatro lo subsidian al 100 por ciento, sí legislaron pero no lo usan; 11 lo siguen cobrando, eran 17 en 2016. Entre los que lo cobran están, por supuesto, la CDMX, Tabasco (con otro nombre), Edomex, Nuevo León –donde el Congreso impuso al gobernador su desaparición de manera gradual, que termina este año–, Oaxaca y Veracruz (información regional con base en las leyes de ingresos).
El que unos la cobren y otros no, que los subsidios sean diferentes, o no existan, han generado casos como el que señaló Arturo Herrera, de que sus placas con las circula en la Ciudad de México sean de otra entidad federativa, que la subsidia al 100 por ciento. Se han dado casos al respecto, por ejemplo, el traslado de flotillas de grandes empresas a los paraísos fiscales de la tenencia, exigiendo después servicios y seguridad donde transitan y viven, pero no pagando sus impuestos.
Las guerras fiscales entre estados son lesivas para todos: se afecta a las finanzas estatales y municipales, se propicia la evasión fiscal y se deteriora el control vehicular. Por ello en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales surgió desde hace tiempo, entre las entidades federativas que sí lo cobran, la propuesta de federalizar nuevamente el impuesto y seguirlo cobrando como un acto de colaboración administrativa. Eliminando así esas guerras fiscales y acabando con su uso político.
Por eso también tiene razón el Ejecutivo federal: no se creará un nuevo impuesto, porque este ya existe, nunca ha desaparecido.
Se trata de un impuesto sobre el que se han creado mitos, como el de que se inventó para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, nada más falso. Nace en 1961 y se quedó definitivamente porque se trataba de un impuesto de carácter patrimonial, progresivo y relativamente fácil de cobrar. La responsabilidad de la administración estatal se define en 1997, como una forma de estimular y apoyar a las finanzas estatales.
David Colmenares Páramo
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