12 / Abr / 2019
Confusión en muchos medios, de acuerdo con lo que les mandaron sus enviados, cuando señalaron que el subsecretario de Hacienda aseguró que esa dependencia planteaba volver a “crear” el impuesto a la tenencia, el cual no ha desaparecido, el cual existe en un buen número de entidades federativas.
Después de que desde 2008 se estableció que en diciembre de 2012 desaparecería, se recomendó a los estados crear un impuesto con características similares a la tenencia, o que hicieran las previsiones para ajustar su gasto en función de los recursos que dejarían de recibir por la administración de ese impuesto, que hasta entonces era un impuesto federal cobrado por los estados, que se quedaban con el 100 por ciento de lo recaudado en un acto llamado de colaboración administrativa en el marco del convenio correspondiente en materia fiscal, debiendo compartir por lo menos el 20 por ciento de lo recaudado con los municipios. Por supuesto, no se le consultó al orden local, siempre el gran perdedor.
La decisión del gobierno de Calderón se originó en un compromiso de campaña, pero llegó a plantearse en el gobierno de Fox; sin embargo, fue hasta 2012 cuando se hizo efectivo.
Había entidades, particularmente la CDMX, que recaudaron más de cinco mil millones de pesos en sus últimas tres administraciones, antes de la clonación del impuesto federal. Sin embargo, tuvieron que dar un incentivo fiscal para los vehículos inferiores a 350 mil pesos, lo que ya implicaba un sacrificio fiscal, pero un año después lo bajó a 250 mil. La entidad se encuentra hoy recuperando la eficiencia recaudatoria a sus niveles anteriores, y es que esto representó para la Ciudad de México alrededor de cinco mil millones de pesos. Pero no todos los estados actuaron igual.
El panorama a 2018 fue el siguiente: 16 estados no lo cobran; cuatro lo subsidian al 100 por ciento, sí legislaron pero no lo usan; 11 lo siguen cobrando, eran 17 en 2016. Entre los que lo cobran están, por supuesto, la CDMX, Tabasco (con otro nombre), Edomex, Nuevo León –donde el Congreso impuso al gobernador su desaparición de manera gradual, que termina este año–, Oaxaca y Veracruz (información regional con base en las leyes de ingresos).
El que unos la cobren y otros no, que los subsidios sean diferentes, o no existan, han generado casos como el que señaló Arturo Herrera, de que sus placas con las circula en la Ciudad de México sean de otra entidad federativa, que la subsidia al 100 por ciento. Se han dado casos al respecto, por ejemplo, el traslado de flotillas de grandes empresas a los paraísos fiscales de la tenencia, exigiendo después servicios y seguridad donde transitan y viven, pero no pagando sus impuestos.
Las guerras fiscales entre estados son lesivas para todos: se afecta a las finanzas estatales y municipales, se propicia la evasión fiscal y se deteriora el control vehicular. Por ello en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales surgió desde hace tiempo, entre las entidades federativas que sí lo cobran, la propuesta de federalizar nuevamente el impuesto y seguirlo cobrando como un acto de colaboración administrativa. Eliminando así esas guerras fiscales y acabando con su uso político.
Por eso también tiene razón el Ejecutivo federal: no se creará un nuevo impuesto, porque este ya existe, nunca ha desaparecido.
Se trata de un impuesto sobre el que se han creado mitos, como el de que se inventó para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, nada más falso. Nace en 1961 y se quedó definitivamente porque se trataba de un impuesto de carácter patrimonial, progresivo y relativamente fácil de cobrar. La responsabilidad de la administración estatal se define en 1997, como una forma de estimular y apoyar a las finanzas estatales.
David Colmenares Páramo
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05 / Abr / 2019
Los trabajos de la última convención hacendaria derivaron de un proceso de maduración, acabamos de pasar una pequeña crisis en la coordinación debido a una sobreestimación en los ingresos, que afectó la de las participaciones, generándose inquietudes en los estados, agobiados por un peso relativamente débil de sus ingresos propios, los reintegros de recursos a los fondos de aportaciones, derivado de las observaciones en las auditorías realizadas por la ASF, así como por la desatención –no de todos– de un buen ejercicio de los recursos, principalmente del seguro popular, del FAEB y el FASSA, fondo del Ramo 33. No olvidemos que estos son recursos federales, nunca pierden su condición y están sujetos a la normativa federal, y no hay motivo justificado para gastarlos en otros conceptos.
Además se multiplicaron los recursos federales sujetos a pari passus, particularmente los del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo que al estar sus reglas de operación lesivas para estados y municipios, impedían ejercer en tiempo y forma los recursos para la reconstrucción. Con el tiempo ha quedado en 50-50. Hoy es muy común este esquema para temas como turismo, desarrollo agropecuario, deporte, entre otros.
Paralelamente en los sectores productivo y académico traían ya la inquietud de realizar lo que llamaban la Cuarta Convención Nacional Fiscal, la hicieron, pero fue meramente académica, estaban calentando motores.
En ese momento también se hablaba de una Convención Nacional de Contribuyentes. Así surge la Primera Convención Nacional Hacendaria, con convocatoria inicial de la Conago y el apoyo inmediato de la Secretaría de Hacienda. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales trabajó con Hacienda en el proyecto que fue aprobado por los tres órdenes de gobierno para celebrarla, lo que sucedió en 2004. Hubo una interesante participación del Congreso, pero se consideró que no tuvieran voto, ya que consideraron que su voto no sería vinculante, pues las propuestas tendrían que ser analizadas, modificadas y aprobadas en el Congreso. Creo que fue un exceso de prudencia, hoy los diputados y senadores están interesados, tomando la iniciativa e iniciando trabajos para que en su oportunidad se realizase. El proceso no es rápido.
Debe partirse, como en todas las convenciones, de un diagnóstico que se puede empezar construir; así los diputados, los funcionarios fiscales y el gobierno deben formar parte de este proceso, al que se sumaría la ASF.
Hoy las condiciones han cambiado, el liderazgo se está generando desde el Congreso por parte de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que ya ha iniciado foros, como el que se dio en la ciudad de Zacatecas. De este se desprenden los trabajos que ya he mencionado en artículos anteriores, el cual se estará llevando a cabo el próximo lunes.
Hay muchos temas en razón de las finanzas federales y estatales que se estarán comentando. Por el lado federal estará Arturo Herrera dando su opinión calificada, al tener experiencia probada.
En el caso de los estados y municipios queda claro que las participaciones están blindadas al Fondo de Estabilización de los Ingresos, el cual cuenta con recursos suficientes en caso de una contingencia en este año, que se estaría activando una vez que resulten caídas por tres meses consecutivos.
El proceso de distribución es algo que necesariamente se tiene que analizar, ya que pesan más los coeficientes de población que la eficiencia recaudatoria.
El objetivo de esta materia debe ser que los tres niveles de gobierno tengan finanzas fuertes, y la única forma es revisar las facultades de ingreso, pero también las obligaciones de gasto.
Por el lado del gasto, son preocupantes los altos índices que hoy se tienen de nómina, materiales y suministros, servicios administrativos y transferencias y, en algunos estados, los pagos del servicio de la deuda.
David Colmenares Páramo
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29 / Mar / 2019
Por cuestiones conocidas, lo del cercado de maestros a la Cámara de Diputados, el evento coordinado por la Comisión de Presupuesto con otras como la de Vigilancia, se ha pospuesto para el 8 de abril.
Por otra parte, ante los temores manifestados en los medios por problemas en la recaudación tributaria y sobre la posibilidad de nuevos ajustes en el gasto público, aparece oportunamente la publicación conjunta las Tendencias Tributarias, 1990-2017, elaborado por CEPAL, BID, OCDE, el CIAT, entre otros, con los antecedentes de las Estadísticas Tributarias Mundiales de la OCDE y las financieras del FMI.
En este documento podemos observar la debilidad de nuestra fortaleza tributaria. He mencionado por muchos años en El Financiero cómo el poder recaudatorio en México se encuentra centralizado en el gobierno federal, alrededor del 95 por ciento, mientras los estados o gobiernos subnacionales, con un 4.0 por ciento, y los municipios o gobiernos locales no llegan al 1.0 por ciento.
Siempre hemos estado por debajo de la media en la relación recaudación tributaria-PIB; en 2017, por ejemplo, el promedio de la OCDE es de 34.2 por ciento, de América Latina y el Caribe es de 22.8. Destaca Brasil con el 32.3, Argentina con 30.3, Chile 20.2, México 16.2 por ciento y Perú sorprendentemente –para mí– 15.3 por ciento. Cuba 40.6 por ciento, aunque sus cifras no se encuentran disponibles.
México y Chile forman parte de la OCDE, y pronto lo será Brasil. Es muy importante considerar la estructura tributaria también; nosotros desde hace mucho tenemos una estructura basada en los impuestos a los bienes y servicios y los provenientes de ingresos y utilidades.
Viéndolos de manera comparativa con los promedios de los 37 países de la OCDE y la región, los impuestos al ingreso en la OCDE significan el alrededor del 12.0 por ciento del PIB, y en la región el 6.1 por ciento, México con el 7.2 por ciento.
En relación al total de ingresos tributarios, el promedio regional es de 27 por ciento, y de 33.6 en la OCDE, un año antes. Para México, según esta fuente de información, es el 42.7 por ciento.
Mientras que los impuestos sobre bienes y servicios el promedio regional es de 11.4 por ciento del PIB, en la OCDE está por el 11 por ciento; en relación al total de ingresos tributarios el promedio regional es de 49.8 por ciento y el de la OCDE de 32.7. México está en 39.0 por ciento.
Por cierto, cifras que habría que corroborar con estadísticas locales, pero muestran ya un equilibrio entre impuestos directos e indirectos.
En el caso particular del IVA, sólo en relación a los ingresos tributarios totales, es 28.0 por ciento su promedio regional, 20.0 por ciento en la OCDE, mientras que el nuestros es de 24.0 por ciento, ligeramente arriba de Brasil, Argentina y por debajo del 42.0 por ciento de Chile.
Por orden de gobierno: el 82 por ciento, el gobierno central; 4.0, el regional o estatal, y 1.5 por ciento, el municipal. Si restamos los fondos de seguridad social, el poder tributario en México está muy centralizado; por ejemplo, en países federales de la región los gobiernos estatales en Argentina recaudan el 16.8 por ciento y en Brasil 24.4 por ciento, y aun con ese grado de descentralización del poder tributario tienen serios problemas presupuestarios. Chile, país unitario o centralizado, el orden central tiene el 86.0 por ciento y los gobiernos locales el 7.8 por ciento, sin restar en estos tres casos los ingresos de seguridad social.
Como vemos la tarea debe ser intensa, trasferir facultades a los estados implica asumir responsabilidad fiscal y mejorar sus administraciones tributarias para que no haya evasión fiscal, ni corrupción en temas como las devoluciones de impuestos, cuando procedan, evitar programas de borrón y cuenta nueva, gastar con disciplina, transparencia y una eficaz rendición de cuentas. Una más fuerte fiscalización del gasto a partir de la federalización de las auditorías estatales.
Por el gasto, transferirles responsabilidades equivalentes en un marco renovado de la coordinación fiscal nacional, por ello sería útil una segunda convención hacendaria.
David Colmenares Páramo
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