La eterna disputa por los recursos

21 / Ene / 2019

Foto ASF-David ColEn una Federación es común la disputa por los recursos entre los estados del sur, generalmente los olvidados, y los del norte, es el costo de ser una federación. En México esto no es novedoso, se observa en la disputa por el presupuesto, así como en la distribución de las participaciones y gasto federalizado en general, por lo que vale la pena revisar la naturaleza de los recursos fiscales transferidos, sus destinos y su normatividad, separando los recursos de libre disponibilidad o Ramo 28, de los condicionados o etiquetados, principalmente el Ramo 33.

La mayor parte de los mismos están normados en la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales se distribuyen por fórmulas, en las que pocos estados han sido ganadores; igual ha sucedido con los recursos del FAEB, hoy FONE, que son aportaciones condicionadas para educación. El ideal federalista es que tengamos tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes y que los recursos se destinen considerando las desigualdades regionales, las ventajas comparativas y la oportunidad de cada región o estado.

Un problema derivado de la LCF ha sido la centralización de facultades recaudatorias en el gobierno federal, la mayor en el contexto de la OCDE, lo que ha generado una cultura de desinterés fiscal en los otros órdenes de gobierno, claro con excepciones importantes, principalmente la CDMX o estados como Nuevo León, Baja California y Edomex.

Lo que se ha mantenido sin cambio es el porcentaje participable, que no rebasa la cuarta parte de los ingresos totales, y no todos los ingresos federales se participan. Adicionalmente, a fines del siglo pasado, se decidió agrupar recursos dispersos del presupuesto en el Ramo 33, aportaciones federales incluidos los recursos de salud, educación, seguridad, combate a la pobreza y algunos otros, para distribuirlos con reglas de operación de manera condicionada.

Esto es, la capacidad de gasto de los estados ha crecido de manera inversa a sus facultades recaudatorias.

Hay imperfecciones en las fórmulas de distribución y muchas veces descoordinación con la realidad, por lo que el ejercicio del gasto ha resultado muchas veces insuficiente y opaco, como en los casos de educación y salud, donde se han concentrado las observaciones en las auditorías de la ASF. Por supuesto en las participaciones.

Lo primero fue determinar qué porcentaje de la recaudación participable sería distribuida entre los estados y municipios. El sistema comenzó con el 12.5 por ciento, al principio de manera inercial, quedando estados como Tabasco por encima del promedio de la mayor parte de las entidades federativas, particularmente las del sur: tenía sobre Oaxaca una diferencia per cápita de 8.5 a 1, debido al peso del petróleo.

Ese reparto dejó insatisfechas a la mayor parte de las entidades federativas, que aún consideran que reciben recursos insuficientes para sus necesidades de gasto. Incluso al menos una tercera parte de ellas tuvieron que ser apoyadas al inicio del año, con recursos que son anticipos de sus participaciones.

Una cosa importante, ni las participaciones ni las aportaciones han cambiado recientemente sus formas de distribución, sus coeficientes son prácticamente los mismos. Lo único que los cambiaría sería una caída importante de los ingresos participables, porque incluso algunos fondos de aportaciones están referenciados a la recaudación participable. Pero para este año ambos crecen y no olvidemos existe el FEIEF, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

En todos los casos son recursos fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.

EL SUR…

En el nuevo presupuesto el ramo de bienestar es el que más crece, y hoy, por primera vez, el sur, diría Benedetti, también existe: Grandes inversiones de infraestructura en los estados del sur-sureste, como Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Campeche, Chiapas.

David Colmenares Páramo



La OCDE en la ASF

11 / Ene / 2019

Foto ASF-David ColEsta semana ha estado en México José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE desde hace 14 años, cargo en el que ha sido reelecto en dos ocasiones. Llegó después de haber sido secretario de Hacienda, con una trayectoria profesional relevante, presentando resultados de sus actividades de apoyo para el desarrollo institucional, como es el caso de las compras consolidadas en el IMSS.

Es economista, durante un buen tiempo presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Economía de la UNAM, en la que desempeñó un papel relevante apoyando la especialización de los alumnos de la Facultad.

Esta semana tuvimos en la ASF la oportunidad de tener una reunión de trabajo muy relevante, con la participación del staff directivo de la sede en México de esta organización internacional y del personal directivo de la Auditoría Superior.

La OCDE, con la presidencia de José Ángel, ha dedicado una parte importante de su trabajo a apoyar las acciones de fortalecimiento institucional de nuestro país.

En su visita se destacó la relevancia de los estudios de la OCDE en favor del combate a la corrupción y buenas prácticas, como los referentes a las compras públicas del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE entre otras, con estupendos resultados particularmente en el caso del Seguro Social. Se mencionó el estudio que hizo recientemente sobre el gobierno de Oaxaca a solicitud de las autoridades estatales.

Se comentaron los beneficios que para la fiscalización en México, hasta el momento, ha tenido la cooperación entre ambas instituciones. En particular, se puso énfasis sobre el informe que emitió la OCDE respecto a la implementación de nuestro Sistema Nacional de Fiscalización y en particular sobre la ASF.

Se destacó el momento que vive México, el cual históricamente es inédito, en el que el mandato popular es claro: combate frontal a la corrupción.

En este escenario, la ASF juega un papel clave al ser la columna vertebral del combate a la corrupción en México dada su autonomía y su transversalidad en los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes.

Ante lo anterior, la responsabilidad y el reto para la ASF son de suma trascendencia, no deben presentarse esquemas de medias tintas y el que la hace la deberá de pagar, pero el que quiere hacer las cosas bien debe ver a la ASF como un aliado.

El control de la corrupción no sólo es parte de las instituciones de gobierno, los casos multinacionales y el pago “de cuota” por parte de las empresas también deben ser frenados fortaleciendo las compras públicas consolidadas, aprovechando las mejores prácticas y la disponibilidad de capacidades, y reconociendo las disparidades estatales.

Por esto el reto en las entidades federativas y municipios es mayúsculo, dado que es en estos órdenes de gobierno donde se han dado grandes abusos en el pasado reciente, de ahí la importancia de la presencia de la ASF en la actividad preventiva y de capacitación con los nuevos alcaldes y gobiernos estatales.

Además de lograr que entidades federativas y municipios hagan un uso correcto de los recursos públicos, se deben alinear correctamente los incentivos para empoderarlos y que logren potencializar la captación de recursos propios.

Es por esto que la OCDE y la ASF harán sinergia permanente para implementar en México las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia y combate a la corrupción.

De fracasar en lograr resultados públicamente perceptibles en el corto plazo, la ciudadanía no recuperará la confianza en el servicio público.

Me invitó y acepte a participar en la Alianza de Auditores de la OCDE, que se compone de auditores superiores y auditores internos, estos últimos de los ámbitos público y privado, de una gran cantidad de países.

Para una buena fiscalización de recursos se requiere un buen conocimiento de los procesos, que trabaje en el ex ante “lo que busco” y no en el ex post “lo que encuentro”.

David Colmenares Páramo



Hitos presupuestales para un país desigual

14 / Dic / 2018

Foto ASF-David Col

En esta semana Coneval presentó “Pobreza y derechos sociales en México”, obra coeditada con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que revisa cuáles son los principales desafíos, las limitaciones y las oportunidades que habría que considerar en la medición de la pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos.

La investigación se desarrolló a partir del vínculo normativo entre medición de la pobreza y los derechos sociales señalados en el artículo 6º de la Ley General de Desarrollo Social, donde se menciona que estos derecho son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación, la cual nos recuerda el estupendo trabajo de Coplamar, que hablaba de las necesidades esenciales en México y la Geografía de la Marginalidad.

El INEGI dio a conocer el PIBE 2017, donde se puede observar que cinco entidades tienen el 45 por ciento del mismo: CDMX, Edomex, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, históricamente los estados con mayores niveles de desarrollo.

Tlaxcala, Colima, Nayarit, Baja California Sur y Zacatecas apenas significan el 3.6 por ciento del PIBE nacional, es importante comentar que Baja California Sur fue el estado que mayor crecimiento tuvo respecto al año anterior, con un 11.4 por ciento, y los tres estados con mayor marginación, Guerrero con cero crecimiento, mientras que el PIBE de Chiapas y Oaxaca cayó alrededor del 3.0 por ciento; estos mismos también presentan las tasas de informalidad más altas del país, por encima del 78 por ciento.

Estos documentos nos dan un marco de referencia de la estructura nacional de la desigualdad, así como de la prioridad para atender los derechos sociales de cada ciudadano. Sin embargo, las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados, por ello la elaboración del Presupuesto cobra gran importancia, con el fin de atender las verdaderas prioridades y para evitar vicios del pasado.

Esta semana el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló con razón, que las condiciones de la economía nacional obligan a no poner en “riesgo” la estabilidad de las finanzas públicas, que no habrá “bolsas” de recursos o partidas presupuestales a disposición de diputados o senadores, y que la distribución estará basada en prioridades sociales, honestidad, transparencia y responsabilidad hacendaria.

Esto es que tiene que cambiar la negociación presupuestal, no más pasarelas de gobernadores o alcaldes. Para este proceso deben evitarse prácticas de discrecionalidad, opacidad y clientelismo en la asignación de recursos. Deberán atenderse la inversión en infraestructura, que está en los niveles de los años 40, y los programas sociales que generen empleo productivo.

En el caso de la coordinación fiscal deberá atenerse a prácticas de transparencia presupuestales, basadas en resultados y con una rendición de cuentas oportuna, considerando siempre el impacto presupuestal, ambiental, social y fiscal.

La ASF tiene facultades para auditar las participaciones, no sólo sobre como distribuyen las mismas a los municipios o alcaldías; podemos auditar rubros como los subsistemas estatales de educación básica, gastos como los de comunicación social, entidades desconcentradas de los gobiernos estatales. Esto es todo aquello en que se gasten las participaciones, que son ciertos ingresos propios de los estados; sin embargo, deben ser ejercidos correctamente.

El Presidente anunció que llegó a un acuerdo para que la Federación asuma el control de la salud en ocho estados del sur-sureste, que aumentará el presupuesto para salud en esas entidades, y que iniciará un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en hospitales públicos.