Reflexiones sobre el gasto en educación básica

07 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColLos Fondos de Aportaciones, inscritos en el Ramo 33 del PEF, están en la Ley de Coordinación Fiscal desde 1998, seis años después del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica de principios de 1992, igual que un decreto firmado por gobernadores y los líderes del SNTE y la SEP, que formalizó las malas prácticas de los logros alcanzados por cada sección sindical en los estados. En ese momento, alrededor de la mitad de las entidades federativas tenían un sistema, hoy le llaman subsistema de educación básica estatal, pagado con recursos estatales, siendo en varios estados abrumador, como en Chihuahua, Baja California, Edomex y Veracruz, que destinaban más de la mitad de sus ingresos de participaciones, el 60 por ciento en algún caso, contando con facultades impositivas de bajo potencial recaudatorio, debido a la concentración de facultades impositivas en el gobierno federal a partir de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que nació en 1980, dejando en suspenso impuestos que la Constitución les permite utilizar. Y lo hicieron porque se intentaba también un mejor reparto de los recursos de libre disposición, en apoyo a los estados de menor desarrollo económico y social. La entidad que tenía el sistema educativo estatal más grande era el Estado de México; sin embargo, desde 2005 se le empieza a ayudar, dejando que los recursos que le sobraban en el subsistema federal pudiesen gastarlo en el subsistema estatal.

Desde 2008, apenas 16 años después de la creación del acuerdo, se crea una fórmula para la distribución de los recursos del FAEB, en 2008, totalmente regresiva para los estados de menor desarrollo económico, que favorecía a las entidades con mayor población y que tenían subsistema estatal, principalmente al Estado de México, a costa de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros que no recibían correctamente los recursos pactados desde 1992.

Debe quedar claro que ni el FAEB ni ninguno de los recursos de los fondos del Ramo 33 son concurrentes, de ahí la equivocación de quienes hablan de que algunos estados aportan más recursos que otros. Subrayo, lo gastan en los subsistemas estatales, como en el caso de Oaxaca: la administración anterior decidió gastar 500 millones al año en uniformes y se registró como gasto en educación, pero nunca concurrente al FAEB, hoy FONE.

Uno de los factores para ayudar a los estados con sistemas propios fue que la fórmula seguida distribuía otros factores: la población en edad escolar, no sólo la matrícula de las escuelas públicas financiadas por el FAEB, además sumaba a los niños de escuelas del subsistema estatal y las privadas, lo que constituía un subsidio a los subsistemas estatales, particularmente del Estado de México y en mucho menor medida Puebla. Hubiera sido positivo si esto se hacía con recursos federales adicionales y no a costa del gasto de los estados en el subsistema federalizado. Adicionalmente, el 20 por ciento de “calidad educativa”, concepto que nunca se definió, se sumó al indicador de la población.

Incluso en la aplicación de la fórmula para el presupuesto no se hacía con la del final del proceso, que incluía la inflación y los aumentos salariales, polarizando aún más la distribución de los recursos entre las entidades con más gasto propio e incrementando los déficits de los gobiernos estatales y, por lo tanto, las observaciones de la ASF a los mismos por el retraso en los pagos a terceros institucionales.

Es un tema que tendrá que revisarse en el futuro, ya que hoy con el FONE, que está vivo desde 2015, tienen cuatro subfondos, uno de ellos es para compensar a los estados que “perdieron con el cambio de fórmula” al centralizarse las nóminas en la SEP, lo que no incluyó a los maestros estatales, pero la compensación se concentra en un solo estado.

David Colmenares Páramo


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Crecimiento de la ASF ¿para qué?

15 / Sep / 2016

En las vísperas de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es común que surjan cuestionamientos respecto al incremento en los recursos asignados para ciertas instituciones públicas. Dichos razonamientos se sustentan, en muchas ocasiones, en una preocupación legítima respecto a que el Estado Federal Mexicano deje de atender actividades que son prioritarias para el desarrollo social.

Por otra parte, también se pueden encontrar planteamientos que, de manera deliberada, recurren a argumentos emocionales para desvirtuar cualquier asignación presupuestaria contraria a lo que, colectivamente, se visualiza como socialmente justificable. Este tipo de manifestaciones son insostenibles en la práctica ya que, en el extremo, sería inaceptable, por ejemplo, cualquier peso destinado al funcionamiento de las oficinas públicas. En la realidad, el Estado necesita una estructura para funcionar, y esto representa un costo económico. La clave es que se rindan cuentas de los recursos utilizados.

Como es de conocimiento de la opinión pública, la Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) cuenta con facultades más amplias derivadas de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción ( SNA ) En particular, se incrementa el universo auditable, toda vez que las participaciones federales ahora son sujetas a la fiscalización de la institución, lo que significa que el monto susceptible de ser revisado, respecto a estados y municipios, se duplicará.

Asimismo, la ASF tiene la posibilidad de auditar el ejercicio fiscal en curso o ejercicios previos a la Cuenta Pública que se está revisando, cuando medie denuncia debidamente fundada y motivada.

Adicionalmente, uno de los temas que han generado mayor expectativa entre la opinión pública se refiere a la posibilidad de que la ASF lleve a cabo la labor de investigación y substanciación ante las autoridades pertinentes, en el caso de que se presuma la existencia de faltas administrativas graves, vinculadas con la ejecución de la fiscalización superior.

La implementación de este nuevo mandato que incluye, además de las funciones tradicionales que desempeñaba la ASF, las arriba mencionadas, conlleva una reestructuración institucional que, evidentemente, implica el requerimiento de recursos financieros adicionales.

De manera específica, es necesario un incremento de alrededor del 7% nominal, es decir, 4% en términos reales. Se pretende que estos recursos adicionales contribuyan a consolidar las condiciones adecuadas para que la ASF asuma sus nuevas atribuciones de manera gradual, realista y responsable.

Es importante aclarar que el presupuesto solicitado estará destinado, exclusivamente, a cumplir con las nuevas tareas definidas en el contexto del SNA. La construcción de nuestra nueva sede se terminará de cubrir con los recursos del presupuesto de este año, ya que, tal como estaba previsto, se finalizarán los trabajos correspondientes.

Deseo reiterar el compromiso de la ASF respecto a cumplir con las expectativas que distintos sectores han depositado en ella, para fungir como uno de los ejes principales del SNA. Valoramos esta confianza y la posición privilegiada que ocupamos en términos de credibilidad; representa un reto histórico y debemos estar preparados, así como contar con los medios suficientes para estar a la altura de las circunstancias.


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Recomendación para el Presupuesto 2015

13 / Nov / 2014

En la opinión pública se ha generalizado una preocupación respecto al estado de las finanzas públicas. Se pondera el entorno global y su repercusión en la marcha de la economía nacional. En este contexto, la proyección a la baja de los precios del petróleo se ha constituido en uno de los temas de mayor interés en torno a la condición de los ingresos del gobierno en el próximo año fiscal.

En efecto, para la Ley de Ingresos 2015 se decidió ajustar a un precio de 79 dólares el barril de petróleo, el cual, originalmente, se había definido en 81 dólares. Con ello, se prevé un ajuste a la baja en el plan de egresos de más de 8 mil 300 millones de pesos, a fin de mantener el mismo nivel de déficit.

A primera vista el lector podría considerar esta cantidad como un hueco considerable en las finanzas públicas, pero es necesario poner las cifras en contexto para poder entender su magnitud, e inclusive, para proponer una solución asequible que permitiera compensar este faltante.

Si contrastamos este monto con el de los subejercicios determinados por la Auditoría Superior de la Federación tras la fiscalización de los fondos de los recursos transferidos a entidades federativas, catorce meses después del cierre del ejercicio 2012, este monto asciende a 8 mil 417 millones de pesos.

Adicionalmente, la ASF reportó recuperaciones respecto a las revisiones del gasto federalizado por un monto de 10 mil 915 millones de pesos, refiriéndose a recursos que no fueron aplicados para los fines a los que estaban originalmente aprobados. Este concepto se denomina “recuperaciones” porque la entidad fiscalizada deberá devolver los recursos observados a la cuenta del fondo correspondiente.

Respecto a los subejercicios, estos podrían convertirse en recuperaciones, en el caso de que los entes auditados no documenten la aplicación de los recursos observados para sus fines originales.

En otras palabras, estamos hablando de más de 19 mil millones de pesos, que representan más del 100% del monto que tendría que ajustarse en el gasto público para compensar la caída del precio del petróleo.

La limitante de este esquema radica en que el dinero se devuelve a las cuentas de los fondos, que son manejadas por los estados. Esto impide contar con las condiciones necesarias para propiciar una rendición de cuentas completa y efectiva en las entidades federativas. La solución es la aplicación cabal del principio de anualidad en la utilización de estos recursos, ya que aunque se señala en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), no se respeta en la realidad. Esto es: que peso federal que no se utilice dentro del periodo fiscal y para los propósitos para los cuales fue aprobado, mismo peso que deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación. Al final del día, se trataría de una disponibilidad financiera federal.

Bajo estas condiciones, sería palpable el beneficio de la fiscalización superior para las finanzas públicas. Por ello, hemos solicitado, respetuosamente, que se considere incluir en el Decreto del PEF para 2015, una definición clara y contundente del principio de anualidad de los recursos que se transfieren a las entidades federativas, el cual constituye uno de los principales elementos de la rendición de cuentas.

En nuestro panorama se vislumbran cambios positivos respecto al marco de actuación de las instituciones involucradas en la fiscalización, acceso a información, evaluación y transparencia en México; una modificación como la que se plantea en el PEF abonaría a generar un ámbito más favorable para la correcta aplicación de los recursos públicos.


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