Ciudadanos y Anticorrupción: equilibrio necesario

12 / Oct / 2017

ASFHe mencionado en distintos foros una analogía que me parece ilustra cabalmente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. En el contexto actual de la implementación de esta estrategia del Estado mexicano, el componente que presenta un grado mayor de vulnerabilidad son los treinta y dos Sistemas Locales Anticorrupción.

Recordemos que, en la Ley General del SNA, se determinó que instancias y mecanismos implementados para estos fines a nivel federal, debían replicarse en el ámbito estatal, y se fijó un plazo para su creación, así como para la adecuación de leyes indispensables para su funcionamiento.

La fecha determinada pasó, y vemos con preocupación que algunos estados siguen en proceso de cumplir este mandato, lo que es una situación delicada, pero igualmente preocupante resulta el hecho de que, en distintos estados se ha registrado una distorsión en los alcances de la órbita civil que van más allá del importante papel que se le atribuyó a la participación ciudadana.

En efecto, el rol central de la sociedad como interlocutor y contrapeso de las instituciones del SNA representa un avance inédito en términos del valor que se le otorga a la visión de quienes pueden ser objeto de manejos irregulares. Mucho se ha dicho acerca del costo de la corrupción, por ello se consideró indispensable empoderar a la ciudadanía para que coadyuvase a combatir este problema con las instancias competentes.

Sin embargo, debido a la relativa novedad del concepto en nuestro contexto político, a lecturas inexactas o sesgadas de la normativa del SNA y a la dinámica propia de algunos grupos organizados de la ciudadanía, distintos actores locales pretenden crear una realidad paralela en la que instancias-sombra de las gubernamentales lleven a cabo, por ejemplo, actividades de fiscalización al margen de las vías institucionales. Esto se debe en gran parte a una imagen negativa de la acción de las instituciones del gobierno.

El confiar a representantes de la sociedad civil la tarea de dirigir la coordinación de los Sistemas Locales Anticorrupción no implica que el Estado haya claudicado en cumplir sus funciones, o que a través de esta estrategia se pretenda dotar a la representación ciudadana de facultades paralegales. Cabe señalar que la falta de observancia de la ley es, precisamente, uno de los factores que generan las condiciones para la comisión de actos en contra del interés común.

La sujeción a la ley representa un factor de estabilidad en la gestión gubernamental y entraña la posibilidad de que el servidor público incurra en responsabilidades sancionadas a nivel administrativo y penal; la participación ciudadana opera bajo supuestos distintos, pero que no le confieren, per se, un aura de infalibilidad; asimismo, en casos extremos, podría alinearse a una agenda de grupo o a intereses particulares, que no necesariamente son los de sus representados.

El establecimiento y la operación de los Sistemas Locales representan importantes factores de riesgo para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Quienes formamos parte de este esfuerzo común debemos estar atentos al desarrollo de esta delicada etapa y hacer de la Ley el punto de referencia obligado de cualquier decisión que se tome en el ámbito estatal. Hay que ceñirse estrictamente al marco jurídico aplicable; es demasiado lo que está en juego.


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Presencia ciudadana, garantía de equilibrio

02 / Feb / 2017

Los tiempos señalados en los ordenamientos jurídicos que enmarcan la gestión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) siguen su marcha, y esta semana tuvimos la satisfacción de ser testigos de la integración del Comité de Participación Ciudadana, instancia que constituye una de las piedras angulares de esta política de Estado.

Es posible afirmar que el proceso de elección fue ejemplar: la Comisión de Selección estableció reglas claras y mantuvo un contacto permanente con la opinión pública respecto a los avances de las distintas etapas hasta desembocar en la composición de este cuerpo colegiado.

En medio de un ambiente enrarecido por una serie de situaciones complejas para el interés nacional, la Comisión conservó escrupulosamente separado este tema técnico de cualquier consideración de índole política. Es también alentador que las distintas fuerzas hayan mantenido una actitud responsable y no buscaran capitalizar este procedimiento para efectos distintos a su causa.

Precisamente, es relevante recordar cuál fue el espíritu que animó a los legisladores en la definición de las distintas instancias que conforman el SNA, particularmente el área no gubernamental. El Comité de Participación Ciudadana fue diseñado como parte de la concepción moderna de la administración pública que posiciona a la sociedad como el cliente-receptor de la acción del Estado; en un contexto de apertura democrática, transparencia y rendición de cuentas, la presencia de la sociedad resulta indispensable.

En este sentido, el Comité se inserta como el eje que debe canalizar, objetiva y estructuradamente, las demandas de la colectividad respecto al tema de la corrupción y someterlas a un análisis técnico, más allá de un manejo mediático o que responda a consideraciones personales. El representar a una sociedad agraviada y escéptica conlleva una gran responsabilidad pero, al mismo tiempo, una oportunidad histórica. Adicionalmente, este Comité debe fungir como un puente con el sector privado, a fin de generar conciencia sobre la corresponsabilidad en el fenómeno de la corrupción, y a la aportación que los distintos actores de la sociedad pueden dar para su control.

Por otra parte, la presencia ciudadana en el contexto del SNA está llamada a ser un contrapeso a las distintas instituciones oficiales que lo integran. En el Comité Coordinador participan la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción; ante esta composición, la instancia ciudadana deberá asegurarse de salvaguardar el interés y la voz de la sociedad.

Asimismo, se debe informar a la sociedad con claridad que el Comité de Participación Ciudadana no se convierte en rector de las instituciones que integran el SNA, ni suple sus mandatos legales. Es a partir de este momento en el que la estrategia de comunicación respecto a los verdaderos alcances del SNA adquiere un peso definitivo para evitar la creación de falsas expectativas e iniciar con firmeza el camino para alcanzar sus objetivos.

Finalmente, la designación de la doctora Jacqueline Peschard Mariscal para presidir el Comité es una señal clara de la existencia de un compromiso para generar confianza y satisfacer las expectativas de la sociedad. Deseamos asimismo a Mariclaire Acosta Urquidi, Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández Valdez el mayor de los éxitos en esta importante tarea, y les ofrecemos la total colaboración de la Auditoría Superior de la Federación y del Sistema Nacional de Fiscalización.


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Sistema Nacional Anticorrupción: ¿buenos y malos?

28 / Abr / 2016

Las discusiones que se dan hoy en el Congreso tienen una dinámica propia, y quienes participan en ellas, en aras de hacer prevalecer su posición sobre las ajenas, suelen caer en uno de los riesgos más grandes para la búsqueda de la objetividad: me refiero al relativismo. Este recurso retórico busca categorizar en bueno y malo todo argumento; no existe un matiz en las afirmaciones, sino que éstas se basan en absolutos que, por naturaleza, resultan excluyentes, e imposibilitan la integración de puntos de vista que, aunque puedan divergir de una línea determinada, cuentan con un fondo de validez y pueden mejorar sustancialmente el resultado final.

En los debates que se están desarrollando para la definición de la legislación secundaria que dará cuerpo y operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el relativismo ha hecho acto de presencia. Se han registrado distintas descalificaciones en la falsa dicotomía de lo bueno y lo malo de ideas que pueden resultar positivas, simplemente por haber sido expresadas por tal actor político o tal agrupación. Se puede llegar al extremo de descalificar conceptos enteramente válidos para la implementación técnica del Sistema, a partir de una toma de posición ideológica.

En este sentido, la participación de organizaciones ciudadanas en esta importante coyuntura ha representado un elemento de gran valía y trascendencia, dado que se trata de un problema que ha hecho mucho daño a la sociedad. La relevancia de estas intervenciones está por encima de toda duda, sin embargo, debe ajustarse a las reglas de una conversación civilizada y constructiva. Las ideas, per se, no son buenas o malas; requieren de un contexto que las explique, de una cuidadosa ponderación de sus ventajas y desventajas que entraña su ejecución, inclusive, de un sentido práctico que resulta indispensable en el paso de la teoría a las necesidades del mundo real.

Es preciso estar alerta a los riesgos que conlleva pretender alcanzar una solución ecléctica construida a partir de fragmentos de distintas visiones; no se trata de darle gusto a todas las partes, sino de encontrar un cuerpo legislativo coherente.

El concepto de que sea un representante de la sociedad civil el que ocupe el puesto de presidente del Comité Rector del SNA, por ejemplo, va más allá de lo bueno y lo malo; lo que es esencial es la determinación de los mecanismos que impidan que su aportación se distorsione al vincularse a una agenda personal o de grupo, en vez de ser garante del interés de la sociedad.

Bajo esta misma argumentación, la concepción en la que se basa la Ley 3de3 será tan buena como las medidas que se tomen para lograr que la información en cuestión tenga un significado operativo, como el seguimiento que se le dé y como las normas que garanticen su veracidad.

De igual manera, la existencia de un sistema de denuncia ciudadana debe matizarse con los controles necesarios para desincentivar la formulación de acusaciones sin pruebas o el uso mercenario del sistema para un beneficio personal. El establecimiento de un sistema de denuncias mal diseñado puede generar una parálisis de la acción pública y deteriorar el ambiente laboral en las instituciones públicas, lo que en última instancia afecta mucho a los sectores sociales que requieren de mayor atención por parte del Estado.

Para concluir, deseo afirmar que es cierto que el aspecto mediático de la firma de acuerdos tiene su lugar en estos procesos, pero mucho más importante es la implementación a la puesta en práctica de los consensos alcanzados. Esta labor, ardua y poco atractiva, es la que encama el esfuerzo llevado acabo para aterrizar las discusiones y transformarlas en elementos operativos y que, en última instancia, contribuye a modificar la realidad.


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