Autonomía de auditorías estatales

21 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColEsta semana tuve oportunidad de compartir una reunión con el auditor superior de Veracruz, uno de los pocos que van a concluir su gestión, así como con el futuro auditor de Chihuahua, quien fue electo con la participación de una comisión ciudadana conformada por académicos, empresarios y especialistas, la cual se encargó de diseñar una herramienta de evaluación para los candidatos, aceptada por el Congreso local, lo cual puede marcar un hito virtuoso respecto a la selección de los titulares de los organismos de fiscalización superior de los congresos locales, cuya independencia de los poderes locales y su compromiso con la calidad del trabajo fiscalizador deben ser parte fundamental de su desempeño.

No es un tema nuevo hablar de la dependencia que han tenido muchas de las ASOFIS respecto a la influencia que tiene sobre ellos el poder político, sobre todo en el espacio local. Incluso en el caso de los delegados federales ha sido evidente como los gobernadores, excepciones honrosas las hay, por supuesto, determinan quienes han sido los delegados de las dependencias federales, que muchas veces han sido más operadores políticos, y el peso que tienen al proponer a los congresos locales la terna o al candidato para ser el titular del órgano fiscalizador.

También es reconocido que la mayoría de ellos no han terminado los siete años que deberían estar, ya que, con los cambios de gobierno estatal, son obligados a renunciar, y cuando se resisten se han dado muchas presiones para que lo hagan: les meten segundos mandos, los aprietan presupuestalmente e incluso han llegado a desaparecer la Auditoría Superior del estado, creando un órgano alterno con otro nombre.

Ese tipo de actuación ha sido multicolor, lo cual es un obstáculo para el fortalecimiento institucional y un buen resultado de las revisiones que realicen las auditorías superiores de los estados.

En principio deben de ser independientes de los gobiernos estatales, ya algunos lo son; sin embargo, aún faltan muchos para que cumplan adecuadamente con sus responsabilidades. Existen la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la ASOFIS, que preside el auditor superior de la Federación. Juntos participan con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que encabezados por la Secretaría de la Función Púbica conforman el Sistema Nacional de Fiscalización, una de las estructuras que forman el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se requiere, por tanto, que las ASOFIS tengan autonomía de gestión y autonomía presupuestal, que sean electos a partir de propuestas en que participen los ciudadanos e incluso la propia ASF, encontrando mecanismos que les den seguridad presupuestal.

Esta es una práctica recomendada por la OCDE y el INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, con 192 Auditorías Superiores de pleno derecho, de la que forma parte la ASF, la cual además preside las OLACEFS, a nivel latinoamericano. Esta última una organización autónoma, independiente y apolítica.

Para avanzar en el enfoque preventivo, es necesario que desde su selección se use la tecnología y la transparencia en el proceso de selección, y que los nuevos gobernadores y congresos locales comprendan la importancia de que a los auditores se les respete su independencia, y entonces sí a revisar y a prevenir.

La ASOFIS además de tener un esquema de reuniones regionales de manera periódica, son seis zonas, con tareas específicas, celebra reuniones ordinarias privadas de la comisión permanente, que por cierto próximamente celebrará una de ellas.

La coordinación intergubernamental es un instrumento fundamental del federalismo como forma de gobierno. Lo real es que somos un país federalista a medias con muchos espacios centralistas, tenemos que rescatar este concepto y fortalecerlo en todos los ámbitos de la política pública. La auditoría gubernamental es uno de los más importantes.

David Colmenares Páramo


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Una visión latinoamericana de la fiscalización

10 / Dic / 2015

Nuestro país fue anfitrión, del 23 al 27 de noviembre pasados, de un evento internacional de gran trascendencia para el ámbito de la auditoría gubernamental: la XXV Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). En la ciudad de Querétaro se reunieron más de 200 delegados de la región para discutir distintos temas relativos a la manera en cómo se revisa el uso de los recursos públicos, intercambiar experiencias y buscar nuevas alternativas para proteger el interés de los contribuyentes quienes, en última instancia, son los que aportan los medios económicos para el funcionamiento del Estado.

Una reunión de esta naturaleza resulta interesante, puesto que los países que conforman la OLACEFS no sólo tienen problemas estructurales muy similares a los de México, sino que comparten una cultura administrativa heredada del pasado colonial y de dos siglos de regímenes de democracia ocasional, en la cual el concepto de rendición de cuentas es más bien tenue.

En efecto, los gobiernos de carácter autoritario no estaban especialmente obligados a justificar su ejercicio ante la ciudadanía. En términos generales, y de manera más acentuada en unos países que en otros, la opacidad y la discrecionalidad abrieron espacios propicios a la corrupción y a una visión patrimonialista del poder; mientras que las instituciones encargadas de revisar su actuación estaban bajo el control de quienes ejercían el poder.

Afortunadamente, esta situación ha cambiado notablemente en nuestra región. Los cambios políticos de finales del siglo XX han propiciado que la sociedad asuma una conciencia distinta sobre el papel del gobierno; asimismo, se reinventaron y crearon instituciones que fungen como contrapesos efectivos y que tienen como tarea promover la transparencia, la integridad y la responsabilidad de los funcionarios.

Uno de los temas discutidos en la Asamblea General versó, precisamente, acerca de cómo construir mejores vías para que la sociedad, en tanto receptora de los bienes y servicios derivados de los programas y las políticas públicas, pueda aportar -como insumo- sus perspectivas, recomendaciones y demandas para las tareas de fiscalización.

En México este elemento es de gran importancia, por ejemplo, la operación de distintos fondos federales (salud, educación, infraestructura, seguridad, entre otros) contempla, de manera formal, la integración de consejos ciudadanos con la potestad de evaluar la calidad, oportunidad y cumplimiento de los proyectos. La institución a mi cargo diseñó, para reforzar este mecanismo, una línea telefónica específica de denuncia anónima para que la ciudadanía pueda notificar cualquier abuso.

El segundo tema tratado en la Asamblea General fue la necesidad de incrementar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la auditoría gubernamental. La sistematización de procesos, el uso de documentación digital, la integración de bases de datos de acceso público resultarán, sin duda, en importantes ahorros, incrementos en la eficiencia y confiabilidad de la información y la reducción de espacios de opacidad.

Este evento incluyó, además, la elección de la Auditoría Superior de la Federación como Presidencia de la OLACEFS. Dicho nombramiento representa un reconocimiento al liderazgo de nuestro país en materia de fiscalización y nos permitirá, desde una posición privilegiada, coordinar los esfuerzos de instituciones pares del continente ya no hacia la retórica y principios generales, sino en pos de metas técnicas precisas, que mejoren cualitativamente el servicio que rendimos a la sociedad.


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