21 / Sep / 2018
Esta semana tuve oportunidad de compartir una reunión con el auditor superior de Veracruz, uno de los pocos que van a concluir su gestión, así como con el futuro auditor de Chihuahua, quien fue electo con la participación de una comisión ciudadana conformada por académicos, empresarios y especialistas, la cual se encargó de diseñar una herramienta de evaluación para los candidatos, aceptada por el Congreso local, lo cual puede marcar un hito virtuoso respecto a la selección de los titulares de los organismos de fiscalización superior de los congresos locales, cuya independencia de los poderes locales y su compromiso con la calidad del trabajo fiscalizador deben ser parte fundamental de su desempeño.
No es un tema nuevo hablar de la dependencia que han tenido muchas de las ASOFIS respecto a la influencia que tiene sobre ellos el poder político, sobre todo en el espacio local. Incluso en el caso de los delegados federales ha sido evidente como los gobernadores, excepciones honrosas las hay, por supuesto, determinan quienes han sido los delegados de las dependencias federales, que muchas veces han sido más operadores políticos, y el peso que tienen al proponer a los congresos locales la terna o al candidato para ser el titular del órgano fiscalizador.
También es reconocido que la mayoría de ellos no han terminado los siete años que deberían estar, ya que, con los cambios de gobierno estatal, son obligados a renunciar, y cuando se resisten se han dado muchas presiones para que lo hagan: les meten segundos mandos, los aprietan presupuestalmente e incluso han llegado a desaparecer la Auditoría Superior del estado, creando un órgano alterno con otro nombre.
Ese tipo de actuación ha sido multicolor, lo cual es un obstáculo para el fortalecimiento institucional y un buen resultado de las revisiones que realicen las auditorías superiores de los estados.
En principio deben de ser independientes de los gobiernos estatales, ya algunos lo son; sin embargo, aún faltan muchos para que cumplan adecuadamente con sus responsabilidades. Existen la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la ASOFIS, que preside el auditor superior de la Federación. Juntos participan con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que encabezados por la Secretaría de la Función Púbica conforman el Sistema Nacional de Fiscalización, una de las estructuras que forman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Se requiere, por tanto, que las ASOFIS tengan autonomía de gestión y autonomía presupuestal, que sean electos a partir de propuestas en que participen los ciudadanos e incluso la propia ASF, encontrando mecanismos que les den seguridad presupuestal.
Esta es una práctica recomendada por la OCDE y el INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, con 192 Auditorías Superiores de pleno derecho, de la que forma parte la ASF, la cual además preside las OLACEFS, a nivel latinoamericano. Esta última una organización autónoma, independiente y apolítica.
Para avanzar en el enfoque preventivo, es necesario que desde su selección se use la tecnología y la transparencia en el proceso de selección, y que los nuevos gobernadores y congresos locales comprendan la importancia de que a los auditores se les respete su independencia, y entonces sí a revisar y a prevenir.
La ASOFIS además de tener un esquema de reuniones regionales de manera periódica, son seis zonas, con tareas específicas, celebra reuniones ordinarias privadas de la comisión permanente, que por cierto próximamente celebrará una de ellas.
La coordinación intergubernamental es un instrumento fundamental del federalismo como forma de gobierno. Lo real es que somos un país federalista a medias con muchos espacios centralistas, tenemos que rescatar este concepto y fortalecerlo en todos los ámbitos de la política pública. La auditoría gubernamental es uno de los más importantes.
David Colmenares Páramo
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Etiquetas: ASOFIS autonomia EFSL INTOSAI OCDE OLACEFS
06 / Jul / 2018
Para entender el efecto de la corrupción sobre el presupuesto, debemos empezar por analizar la importancia de la política de ingresos, el ejercicio del gasto público, a fin de clarificar mejor su distribución, su destino y la estructura por órdenes de gobierno.
Hoy tenemos una política tributaria centralizada donde el poder recaudatorio de los impuestos está, según datos de la OCDE, concentrado en los impuestos federales coordinados, teniendo los gobiernos estatales y municipales alrededor del seis por ciento del total, esto es el potencial recaudatorio de las fuentes de ingresos locales. De ahí el peso presupuestal en las finanzas subnacionales, de las transferencias de libre disponibilidad y las condicionadas.
El principal rubro de los ingresos propios de estos últimos años son las participaciones de los ingresos federales, cuyo porcentaje es alrededor del 25 por ciento de la recaudación federal participable; sin embargo, es insuficiente para cubrir los gastos necesarios para satisfacer el desarrollo de infraestructura y la política social en los estados.
El CEESP ha manifestado que la inversión pública en infraestructura corresponde a la de los años 40, mientras que las participaciones, en un 90 por ciento, son gasto corriente. La recaudación se ha mantenido gracias a los IEPS, entre ellos el más importante: el de la gasolina. Sin embargo, no ha sido suficiente para atender las necesidades del desarrollo.
En cuanto a los municipios, estos reciben sus recursos por medio de fórmulas estatales que no siempre son adecuadas y muchas de ellas en detrimento de los mismos, de ahí la relevancia de que la ASF tiene como prioridad la revisión de la aplicación de las mismas.
La tarea aún no está completa, ya que en los municipios recae la obligación de cubrir los servicios básicos, como agua, seguridad pública, alumbrado, servicios de limpia.
Si las fórmulas de distribución no contienen criterios de eficiencia administrativa y sólo se basan en población, como es el caso de la fórmula de San Luis Potosí, que tiene el 95 por ciento de su distribución con respecto a su población, no existe ningún incentivo para el municipio de elevar su recaudación o hacer su gasto más eficiente.
Esta misma situación obliga a los alcaldes en turno a tomar la decisión de proveer servicios de calidad o hacer nueva obra pública, que finalmente tendrá un costo de mantenimiento que quizás no puedan pagar.
Su última opción es adquirí deuda para su proyecto de gestión, la cual elevará los compromisos de gastos de las próximas administraciones; pero no todos tienen acceso al crédito.
Hoy con la nueva Ley de Disciplina Financiera se establece que los recursos que no sean gastados en tiempo, serán reintegrados a la Federación.
Lo que se requiere es una buena planeación del gasto para que las obras se terminen en tiempo, pero también depende que los recursos sean entregados y gastados con oportunidad; ya que si bien es poco el recurso que se destina para infraestructura, es lamentable que este se pierda por una mala gestión de las obras.
Por ello también es importante fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, por una parte, para que la sociedad conozca qué obras se estarán realizando en su comunidad en el año y de esta forma puedan vigilar que se den a tiempo y sin irregularidades.
De acuerdo con un estudio del BID, apostar a la transparencia y la tecnología ayuda a prevenir la corrupción y con ello disminuir los costos de las obras.
Ya que vigilar la gran cantidad de obras distribuidas en todo el país requiere de estrategias conjuntas, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, está creando vínculos desde la ASOFIS con todas las auditorías superiores locales y con la Función Pública para ampliar la efectividad de la fiscalización.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: ASOFIS BID corrupción IEPS OCDE
29 / Jun / 2018
La coyuntura permite reflexionar sobre un tema que domina México: está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, y durante las campañas electorales que acaban de terminar, fue un tema de coincidencia entre los candidatos que serán votados. Combatirla es responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se multiplican los libros y ensayos en todos los ámbitos en contra de la corrupción; como muestra, recientemente el CIDE publicó una serie de libros sobre el tema, entre los que destacan dos: uno llamado Rendición de Cuentas, y otro, ¿Podemos reducir la corrupción en México? María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde acaban de publicar un libro –Dinero bajo la Mesa– sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, editado por Integralia y Mexicanos contra la Corrupción; la OCDE sacó su segundo Informe de Avances sobre la Implementación del Sistema Nacional de Fiscalización de México, en colaboración con la ASF, y está por salir un buen trabajo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, de Eliseo Rosales.
Desafortunadamente pocos son quienes abordan el tema preventivo de la corrupción; por ejemplo, la recurrencia en las observaciones de las auditorías realizadas a varios entes durante muchos años, siendo la mejor muestra de ello la que se hacía por el pago incorrecto de los sueldos de los trabajadores de la educación y salud, comisionados a las diferentes secciones sindicales. Al respecto, era evidente que se conjuntaban dos factores, el primero como parte del proceso de desconcentración de la administración de los recursos educativos, pactada en 1992, que llevó consigo el reconocimiento de los privilegios obtenidos por cada sección sindical, de acuerdo con una publicación de mayo del mismo año en el DOF. Todo se solventaba con el reintegro de los recursos que generalmente se hacía con recursos estatales.
Afortunadamente con la creación del FONE esto ha desaparecido, ya que las nóminas se elaboran de manera centralizada en la SEP.
Por ello, apostamos a que sea combatido con mayor eficacia con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Fiscalización, apoyados por otros instrumentos normativos como son los jurídicos de la armonización contable, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades, entre otras.
Nos falta completar al Sistema, hay espacios pendientes de cubrir, como el nombramiento de funcionarios centrales en el combate a la corrupción y la aplicación de sanciones, retrasados por cuestiones políticas, y aún falta un trabajo más profundo en el rediseño de procesos y acciones que frenen las malas prácticas en el ejercicio del gasto público.
Es un asunto presente en el mundo, en algunos países más que en otros. Por ejemplo, en un trabajo de Transparencia Internacional –el Índice de Percepción de la Corrupción 2017– elaborado para 180 países, México ocupa el lugar 135. Según este Índice, los primeros cinco lugares los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, y los últimos, Yemen, Afganistán, Siria, Sudan del Sur y Somalia. Las diferencias están marcadas entre países con niveles de desarrollo importantes, con la satisfacción de las necesidades básicas de su población, destacando la educación y la alimentación; por otro lado, la pobreza, la guerra y la inestabilidad social. No podemos dejar de considerar las condiciones socioeconómicas al analizar el impacto de las políticas públicas y la recurrencia de la corrupción.
En la ASF trabajamos en mejorar el enfoque preventivo, capacitar mejor a nuestros auditores, establecer el servicio fiscalizador de carrera; en suma, en reestructurar la operación de la institución.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: CIDE corrupción FONE OCDE SEP Sistema Nacional Anticorrupción SNA
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