Corrupción y recursos

06 / Jul / 2018

Foto ASF-David ColPara entender el efecto de la corrupción sobre el presupuesto, debemos empezar por analizar la importancia de la política de ingresos, el ejercicio del gasto público, a fin de clarificar mejor su distribución, su destino y la estructura por órdenes de gobierno.

Hoy tenemos una política tributaria centralizada donde el poder recaudatorio de los impuestos está, según datos de la OCDE, concentrado en los impuestos federales coordinados, teniendo los gobiernos estatales y municipales alrededor del seis por ciento del total, esto es el potencial recaudatorio de las fuentes de ingresos locales. De ahí el peso presupuestal en las finanzas subnacionales, de las transferencias de libre disponibilidad y las condicionadas.

El principal rubro de los ingresos propios de estos últimos años son las participaciones de los ingresos federales, cuyo porcentaje es alrededor del 25 por ciento de la recaudación federal participable; sin embargo, es insuficiente para cubrir los gastos necesarios para satisfacer el desarrollo de infraestructura y la política social en los estados.

El CEESP ha manifestado que la inversión pública en infraestructura corresponde a la de los años 40, mientras que las participaciones, en un 90 por ciento, son gasto corriente. La recaudación se ha mantenido gracias a los IEPS, entre ellos el más importante: el de la gasolina. Sin embargo, no ha sido suficiente para atender las necesidades del desarrollo.

En cuanto a los municipios, estos reciben sus recursos por medio de fórmulas estatales que no siempre son adecuadas y muchas de ellas en detrimento de los mismos, de ahí la relevancia de que la ASF tiene como prioridad la revisión de la aplicación de las mismas.

La tarea aún no está completa, ya que en los municipios recae la obligación de cubrir los servicios básicos, como agua, seguridad pública, alumbrado, servicios de limpia.

Si las fórmulas de distribución no contienen criterios de eficiencia administrativa y sólo se basan en población, como es el caso de la fórmula de San Luis Potosí, que tiene el 95 por ciento de su distribución con respecto a su población, no existe ningún incentivo para el municipio de elevar su recaudación o hacer su gasto más eficiente.

Esta misma situación obliga a los alcaldes en turno a tomar la decisión de proveer servicios de calidad o hacer nueva obra pública, que finalmente tendrá un costo de mantenimiento que quizás no puedan pagar.

Su última opción es adquirí deuda para su proyecto de gestión, la cual elevará los compromisos de gastos de las próximas administraciones; pero no todos tienen acceso al crédito.

Hoy con la nueva Ley de Disciplina Financiera se establece que los recursos que no sean gastados en tiempo, serán reintegrados a la Federación.

Lo que se requiere es una buena planeación del gasto para que las obras se terminen en tiempo, pero también depende que los recursos sean entregados y gastados con oportunidad; ya que si bien es poco el recurso que se destina para infraestructura, es lamentable que este se pierda por una mala gestión de las obras.

Por ello también es importante fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, por una parte, para que la sociedad conozca qué obras se estarán realizando en su comunidad en el año y de esta forma puedan vigilar que se den a tiempo y sin irregularidades.

De acuerdo con un estudio del BID, apostar a la transparencia y la tecnología ayuda a prevenir la corrupción y con ello disminuir los costos de las obras.

Ya que vigilar la gran cantidad de obras distribuidas en todo el país requiere de estrategias conjuntas, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, está creando vínculos desde la ASOFIS con todas las auditorías superiores locales y con la Función Pública para ampliar la efectividad de la fiscalización.

David Rogelio Colmenares Páramo


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Contra la corrupción, el desarrollo

29 / Jun / 2018

Foto ASF-David ColLa coyuntura permite reflexionar sobre un tema que domina México: está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, y durante las campañas electorales que acaban de terminar, fue un tema de coincidencia entre los candidatos que serán votados. Combatirla es responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.

Se multiplican los libros y ensayos en todos los ámbitos en contra de la corrupción; como muestra, recientemente el CIDE publicó una serie de libros sobre el tema, entre los que destacan dos: uno llamado Rendición de Cuentas, y otro, ¿Podemos reducir la corrupción en México? María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde acaban de publicar un libro –Dinero bajo la Mesa– sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, editado por Integralia y Mexicanos contra la Corrupción; la OCDE sacó su segundo Informe de Avances sobre la Implementación del Sistema Nacional de Fiscalización de México, en colaboración con la ASF, y está por salir un buen trabajo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, de Eliseo Rosales.

Desafortunadamente pocos son quienes abordan el tema preventivo de la corrupción; por ejemplo, la recurrencia en las observaciones de las auditorías realizadas a varios entes durante muchos años, siendo la mejor muestra de ello la que se hacía por el pago incorrecto de los sueldos de los trabajadores de la educación y salud, comisionados a las diferentes secciones sindicales. Al respecto, era evidente que se conjuntaban dos factores, el primero como parte del proceso de desconcentración de la administración de los recursos educativos, pactada en 1992, que llevó consigo el reconocimiento de los privilegios obtenidos por cada sección sindical, de acuerdo con una publicación de mayo del mismo año en el DOF. Todo se solventaba con el reintegro de los recursos que generalmente se hacía con recursos estatales.

Afortunadamente con la creación del FONE esto ha desaparecido, ya que las nóminas se elaboran de manera centralizada en la SEP.

Por ello, apostamos a que sea combatido con mayor eficacia con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Fiscalización, apoyados por otros instrumentos normativos como son los jurídicos de la armonización contable, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades, entre otras.

Nos falta completar al Sistema, hay espacios pendientes de cubrir, como el nombramiento de funcionarios centrales en el combate a la corrupción y la aplicación de sanciones, retrasados por cuestiones políticas, y aún falta un trabajo más profundo en el rediseño de procesos y acciones que frenen las malas prácticas en el ejercicio del gasto público.

Es un asunto presente en el mundo, en algunos países más que en otros. Por ejemplo, en un trabajo de Transparencia Internacional –el Índice de Percepción de la Corrupción 2017– elaborado para 180 países, México ocupa el lugar 135. Según este Índice, los primeros cinco lugares los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, y los últimos, Yemen, Afganistán, Siria, Sudan del Sur y Somalia. Las diferencias están marcadas entre países con niveles de desarrollo importantes, con la satisfacción de las necesidades básicas de su población, destacando la educación y la alimentación; por otro lado, la pobreza, la guerra y la inestabilidad social. No podemos dejar de considerar las condiciones socioeconómicas al analizar el impacto de las políticas públicas y la recurrencia de la corrupción.

En la ASF trabajamos en mejorar el enfoque preventivo, capacitar mejor a nuestros auditores, establecer el servicio fiscalizador de carrera; en suma, en reestructurar la operación de la institución.

David Rogelio Colmenares Páramo


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ASF y OCDE: un ejercicio de rendición de cuentas

13 / Oct / 2016

El ejercicio de la fiscalización superior supone que una entidad tenga a su cargo la revisión de la gestión de todos aquellos entes que hagan uso de recursos públicos. Pero, si el ente auditor es también
receptor de fondos presupuestales, es legítimo hacer la pregunta respecto a la manera en que éste rinde cuentas de su actuación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como cualquier organización gubernamental, debe hacer transparente, tanto el uso que hace de los dineros públicos, como su desempeño y acciones. Si bien la normativa aplicable tiene previstos mecanismos específicos para que la ASF rinda cuentas, un elemento central es que esta institución se sujete a revisiones formales por parte de organismos de probada reputación y solvencia técnica, lo que constituye una buena práctica reconocida a nivel internacional.

El pasado 10 de octubre, la OCDE presentó el Estudio sobre Gobernanza Pública del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) en el que se plantean las fortalezas y debilidades de la fiscalización en México, que incluye el ámbito estatal.

La parte central del reporte que recibimos la constituye las recomendaciones preliminares, ya que dicha información será uno de los insumos principales para que la ASF comience a diseñar una estrategia de transición para afrontar los importantes retos que impone el nuevo marco normativo, y que incorpora las disposiciones para luchar contra la corrupción.

La OCDE resaltó la necesidad de fortalecer la autonomía y capacidades de gestión de los órganos fiscalizadores locales, así como establecer mejores mecanismos de coordinación, evitar duplicidades y traslapes en el desarrollo de las actividades de auditoría, ampliar la cobertura de la fiscalización, generar estrategias de fortalecimiento institucional y de creación de capacidades, mismos que están siendo atendidos puntualmente en el contexto de los trabajos del SNF.

En lo concerniente al tema de la autonomía e independencia de las entidades de fiscalización superior locales, el Estudio deja de manifiesto que ambos constituyen una condición indispensable para asegurar que la auditoría gubernamental contribuya a alcanzar los objetivos del SNF. Estos factores deben de ir acompañados por prácticas de máxima publicidad de los informes de auditoría, presupuestos suficientes y la homologación de las capacidades técnicas del personal que labora en estas instituciones respecto a las de la ASF.

Adicionalmente, tres elementos del estudio resultan de especial trascendencia: (1) la adaptación de nuestra metodología de planeación y programación conducente a conservar una visión técnica, neutral y objetiva; (2) la relevancia de aprovechar el vínculo entre la ASF y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para incentivar la adopción de innovaciones en materia de datos abiertos, entre otras, y (3) la salvaguarda de la posición estratégica que la ASF ocupa como ente fiscalizador, es decir, el producto principal de la institución es y seguirá siendo la ejecución de auditorías.

Tener en claro estas nociones es clave para lograr un equilibrio entre las visiones que acotan el valor de las fiscalización superior a la mera imposición de sanciones, y las que, en cambio, proponen concebir a la auditoría gubernamental como una herramienta que favorece la gobernanza del sector público en su conjunto.

Este ejercicio es muestra del proceso de rendición de cuentas con el que está comprometida la ASF y representa un valor añadido en tanto que la experiencia de los países que colaboraron con la OCDE —Alemania, Brasil, Estados Unidos y los Países Bajos— avalan la confiabilidad y validez de las recomendaciones realizadas.


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