Primera entrega de Informes Individuales: ¿qué esperar?

24 / Jun / 2017

El próximo 30 de junio, de acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tendrá lugar un evento que representa un hito en la fiscalización superior en nuestro país: la primera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Vigilancia.

Hasta antes de la reforma de 2016, por disposiciones legales, los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública eran dados a conocer catorce meses después del cierre del año fiscal revisado, lo que ocasionaba constantes cuestionamientos de los propios legisladores, y de otros sectores, respecto al retraso considerable de la emisión de las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre todo, a la luz de no llegar a tiempo para servir como referencia para los debates sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El nuevo mecanismo está basado en la consideración de que la labor fiscalizadora puede tener más utilidad para sus usuarios si la presentación de los resultados se segmenta en varios momentos a lo largo del año; esto permitirá el establecimiento de una dinámica distinta, caracterizada por una mayor oportunidad y, por consiguiente, la posibilidad de que los insumos generados por la auditoría gubernamental incrementen su relevancia en la labor legislativa.

Se prevé que los informes individuales —que corresponden a cada auditoría realizada— sean presentados en tres entregas: en los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente; en esta última fecha los informes individuales restantes se acompañarán, como quedó consignado en la Ley, de un Informe General Ejecutivo.

De esta manera, el concepto que se utilizaba previamente, el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública”, y que agrupaba a la totalidad de las revisiones practicadas a un año fiscal determinado, fue transformado, a fin de subrayar el peso que puede tener una revisión en particular para referencia del Poder Legislativo y otros grupos de interés.

Tal y como se ha realizado hasta ahora, en los informes individuales se dará cuenta de las observaciones, recomendaciones y acciones que se deriven de las revisiones practicadas. Cabe aclarar que, con la notificación del respectivo Informe Individual a las entidades auditadas, por parte de la ASF, quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones a las que haya habido lugar. Esto es importante, puesto que permite acelerar los tiempos para la solventación de los hallazgos o el inicio de las acciones subsecuentes, como podrían ser el comienzo de los procedimientos resarcitorios.

Poco a poco, los mecanismos previstos para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo las modificaciones al proceso de fiscalización superior, van tomando su lugar. Estas disposiciones obligan a todas las instituciones involucradas a introducir modificaciones en sus rutinas administrativas, pero sobre todo, en el enfoque de sus actividades dentro del marco de un contexto más complejo y en el cual se han fijado grandes expectativas.

En aquellos temas de la competencia de la ASF, mantendremos nuestro compromiso de suministrar a los legisladores, la ciudadanía y los medios de comunicación, información objetiva y confiable respecto a la gestión de los recursos públicos; componente central para la mejora administrativa y el diseño de medidas preventivas en materia de la lucha contra la comisión de actos irregulares o contrarios al interés general.


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¿Qué esperar del Informe de la ASF?

18 / Feb / 2015

En México, para el ciudadano común, la imagen de lo público es negativa. Esto incluye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Quienes participamos en tareas del sector público enfrentamos el escepticismo de amplios sectores ciudadanos.

Esta avasallante realidad se alimenta de lo que pasa hoy pero, en realidad, es el resultado de la distancia que el funcionario público ha generado, desde hace décadas, entre su trabajo y el interés social.

La democracia, pensábamos, solucionaría esta relación de desconfianza. Ahora, queda claro que fuimos ingenuos. Un cuerpo enfermo no necesariamente se cura por el simple hecho de cambiar de doctor, o por renovar la manera en cómo se elige a éste. Una familia fracturada no soluciona sus problemas sin tener que pasar por el amargo trance de una crisis. Creo que ahí es dónde estamos ahora.

Tal vez en 30 o 40 años, con una mayor perspectiva, se pueda entender que esta etapa de desconfianza -donde hay un clamor para que la integridad, la eficiencia, la eficacia y la economía se instalen de manera definitiva en la cotidianidad de los servidores públicos- era necesaria para encontrar un rumbo positivo.

Esta transformación no debe concebirse como algo mágico; por el contrario, debe consistir en establecer una cultura de legalidad, orden, control y rendición de cuentas, creando un sistema donde cada funcionario público enfrente un ambiente liderado por la fiscalización, la transparencia y las sanciones efectivas, en el que sus incentivos personales se alineen con el interés público. De hecho el choque entre el interés personal y de la mayoría, en una democracia, debería catalogarse como conflicto de interés.

Hay dos factores que deben ser ponderados, por quienes toman las decisiones políticas en este país, a fin de contribuir, en la práctica, a que se den los cambios necesarios.

El primero es aceptar que esta etapa negativa de credibilidad e imagen no es un asunto de partidos, es un asunto de Estado. Con base en los argumentos expuestos, se puede construir la hipótesis de que esta crisis se suscitaría independientemente de la composición partidista de gobiernos y entidades públicas. En tanto no se conciba la solución como un asunto sistémico, no hay margen para el optimismo.

Segundo, los problemas vinculados con la gestión gubernamental trascienden al año fiscal. Es cierto que por facilidad operativa, el funcionamiento de los entes públicos debe medirse por años. El presupuesto se aprueba de esa manera y la Cuenta Pública se elabora sobre una base anual. Sin embargo, los incentivos que enfrentan los funcionarios públicos no son anuales sino permanentes; esa es la respuesta a la reiterada pregunta “¿qué partido en el poder fue peor o mejor en cuanto al manejo de los dineros públicos?”.

En este contexto, hoy la ASF presenta el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Esta entrega incluye mil 402 auditorías, ocho evaluaciones de políticas públicas y tres estudios. Se incorpora, como lo comenté en otras participaciones, un Informe General en el que se identifican trece áreas del sector público con riesgos que propician la recurrencia de observaciones y que van más allá del año que se revisa.

Sin dejar de cumplir con el marco legal vigente, el Informe que presenta la ASF contribuye a una visión de largo plazo en la búsqueda de que su labor trascienda las coyunturas políticas.


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¿Qué es el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública?

15 / Feb / 2012

Actualmente, dentro del esquema de pesos y contrapesos de nuestro régimen democrático, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desempeña su labor como órgano de la Cámara de Diputados encargado de examinar el ejercicio anualizado del gobierno. La ASF revisa, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos, los estados y municipios, e incluso los particulares cuando reciben este tipo de recursos

La labor auditora se hace a partir de la recepción de la Cuenta Pública que cada año presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados, en la que se resume la totalidad de las transacciones, operaciones y gastos efectuados con recursos federales, basado en las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La fiscalización que lleva a cabo la ASF debe cumplir con los principios de anualidad y la posterioridad. La anualidad se refiere a que se revisan las cuentas de un año fiscal en particular, y la posterioridad alude a que esta se lleva a cabo una vez que los gastos han sido efectuados. La ASF no tiene facultades para revisar proyectos y programas en curso o gastos que no han sido reportados en la Cuenta Pública.

Como lo señala la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación, una vez que fueron practicadas y concluidas las auditorías programadas durante el año correspondiente, se procede a la integración del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, que constituye el producto final del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación.


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