07 / Sep / 2018
Los Fondos de Aportaciones, inscritos en el Ramo 33 del PEF, están en la Ley de Coordinación Fiscal desde 1998, seis años después del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica de principios de 1992, igual que un decreto firmado por gobernadores y los líderes del SNTE y la SEP, que formalizó las malas prácticas de los logros alcanzados por cada sección sindical en los estados. En ese momento, alrededor de la mitad de las entidades federativas tenían un sistema, hoy le llaman subsistema de educación básica estatal, pagado con recursos estatales, siendo en varios estados abrumador, como en Chihuahua, Baja California, Edomex y Veracruz, que destinaban más de la mitad de sus ingresos de participaciones, el 60 por ciento en algún caso, contando con facultades impositivas de bajo potencial recaudatorio, debido a la concentración de facultades impositivas en el gobierno federal a partir de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que nació en 1980, dejando en suspenso impuestos que la Constitución les permite utilizar. Y lo hicieron porque se intentaba también un mejor reparto de los recursos de libre disposición, en apoyo a los estados de menor desarrollo económico y social. La entidad que tenía el sistema educativo estatal más grande era el Estado de México; sin embargo, desde 2005 se le empieza a ayudar, dejando que los recursos que le sobraban en el subsistema federal pudiesen gastarlo en el subsistema estatal.
Desde 2008, apenas 16 años después de la creación del acuerdo, se crea una fórmula para la distribución de los recursos del FAEB, en 2008, totalmente regresiva para los estados de menor desarrollo económico, que favorecía a las entidades con mayor población y que tenían subsistema estatal, principalmente al Estado de México, a costa de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros que no recibían correctamente los recursos pactados desde 1992.
Debe quedar claro que ni el FAEB ni ninguno de los recursos de los fondos del Ramo 33 son concurrentes, de ahí la equivocación de quienes hablan de que algunos estados aportan más recursos que otros. Subrayo, lo gastan en los subsistemas estatales, como en el caso de Oaxaca: la administración anterior decidió gastar 500 millones al año en uniformes y se registró como gasto en educación, pero nunca concurrente al FAEB, hoy FONE.
Uno de los factores para ayudar a los estados con sistemas propios fue que la fórmula seguida distribuía otros factores: la población en edad escolar, no sólo la matrícula de las escuelas públicas financiadas por el FAEB, además sumaba a los niños de escuelas del subsistema estatal y las privadas, lo que constituía un subsidio a los subsistemas estatales, particularmente del Estado de México y en mucho menor medida Puebla. Hubiera sido positivo si esto se hacía con recursos federales adicionales y no a costa del gasto de los estados en el subsistema federalizado. Adicionalmente, el 20 por ciento de “calidad educativa”, concepto que nunca se definió, se sumó al indicador de la población.
Incluso en la aplicación de la fórmula para el presupuesto no se hacía con la del final del proceso, que incluía la inflación y los aumentos salariales, polarizando aún más la distribución de los recursos entre las entidades con más gasto propio e incrementando los déficits de los gobiernos estatales y, por lo tanto, las observaciones de la ASF a los mismos por el retraso en los pagos a terceros institucionales.
Es un tema que tendrá que revisarse en el futuro, ya que hoy con el FONE, que está vivo desde 2015, tienen cuatro subfondos, uno de ellos es para compensar a los estados que “perdieron con el cambio de fórmula” al centralizarse las nóminas en la SEP, lo que no incluyó a los maestros estatales, pero la compensación se concentra en un solo estado.
David Colmenares Páramo
Leer más
Etiquetas: Educación Básica FAEB FONE PEF Ramo 33 SEP SNTE
29 / Jun / 2018
La coyuntura permite reflexionar sobre un tema que domina México: está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, y durante las campañas electorales que acaban de terminar, fue un tema de coincidencia entre los candidatos que serán votados. Combatirla es responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se multiplican los libros y ensayos en todos los ámbitos en contra de la corrupción; como muestra, recientemente el CIDE publicó una serie de libros sobre el tema, entre los que destacan dos: uno llamado Rendición de Cuentas, y otro, ¿Podemos reducir la corrupción en México? María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde acaban de publicar un libro –Dinero bajo la Mesa– sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, editado por Integralia y Mexicanos contra la Corrupción; la OCDE sacó su segundo Informe de Avances sobre la Implementación del Sistema Nacional de Fiscalización de México, en colaboración con la ASF, y está por salir un buen trabajo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, de Eliseo Rosales.
Desafortunadamente pocos son quienes abordan el tema preventivo de la corrupción; por ejemplo, la recurrencia en las observaciones de las auditorías realizadas a varios entes durante muchos años, siendo la mejor muestra de ello la que se hacía por el pago incorrecto de los sueldos de los trabajadores de la educación y salud, comisionados a las diferentes secciones sindicales. Al respecto, era evidente que se conjuntaban dos factores, el primero como parte del proceso de desconcentración de la administración de los recursos educativos, pactada en 1992, que llevó consigo el reconocimiento de los privilegios obtenidos por cada sección sindical, de acuerdo con una publicación de mayo del mismo año en el DOF. Todo se solventaba con el reintegro de los recursos que generalmente se hacía con recursos estatales.
Afortunadamente con la creación del FONE esto ha desaparecido, ya que las nóminas se elaboran de manera centralizada en la SEP.
Por ello, apostamos a que sea combatido con mayor eficacia con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Fiscalización, apoyados por otros instrumentos normativos como son los jurídicos de la armonización contable, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades, entre otras.
Nos falta completar al Sistema, hay espacios pendientes de cubrir, como el nombramiento de funcionarios centrales en el combate a la corrupción y la aplicación de sanciones, retrasados por cuestiones políticas, y aún falta un trabajo más profundo en el rediseño de procesos y acciones que frenen las malas prácticas en el ejercicio del gasto público.
Es un asunto presente en el mundo, en algunos países más que en otros. Por ejemplo, en un trabajo de Transparencia Internacional –el Índice de Percepción de la Corrupción 2017– elaborado para 180 países, México ocupa el lugar 135. Según este Índice, los primeros cinco lugares los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, y los últimos, Yemen, Afganistán, Siria, Sudan del Sur y Somalia. Las diferencias están marcadas entre países con niveles de desarrollo importantes, con la satisfacción de las necesidades básicas de su población, destacando la educación y la alimentación; por otro lado, la pobreza, la guerra y la inestabilidad social. No podemos dejar de considerar las condiciones socioeconómicas al analizar el impacto de las políticas públicas y la recurrencia de la corrupción.
En la ASF trabajamos en mejorar el enfoque preventivo, capacitar mejor a nuestros auditores, establecer el servicio fiscalizador de carrera; en suma, en reestructurar la operación de la institución.
David Rogelio Colmenares Páramo
Leer más
Etiquetas: CIDE corrupción FONE OCDE SEP Sistema Nacional Anticorrupción SNA
Síguenos