La pobreza y desigualdad

14 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColHacia 1993, en el Congreso Nacional de Economistas de ese año, escribí un texto sobre la estructura nacional de la desigualdad, teniendo frescos los resultados del trabajo de Coplamar, que era la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Marginadas, que realizó un estudio sobre la insatisfacción de las necesidades esenciales en México, agrupado en siete volúmenes, que se publicaron en 1982: alimentación, educación, vivienda, salud, geografía de la marginalidad y macroeconomía de las necesidades esenciales en México. El séptimo fue Necesidades esenciales y estructura productiva en México. Para profundizar en el tema sugiero leer los diversos trabajos realizados por Julio Boltvinik, quien inclusive llegó a analizar con detalle las fallas del Ramo 33, particularmente del FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Lo anterior porque en el combate contra la corrupción uno de los obstáculos a vencer son las cifras de la pobreza y la marginalidad.

Somos un país de extremos, por ejemplo, de los dos mil 445 municipios, la mayoría se encuentra en umbrales de alta y muy alta marginalidad, mayoritariamente concentrados en el sur sureste. Otro ejemplo, de los 570 municipios de Oaxaca, 500 son rurales y solamente 10 urbanos. En tanto, Aguascalientes, las Baja Californias y Campeche no tienen municipios rurales, y Chiapas, de los 118, sólo cuenta con cuatro urbanos.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza y la pobreza extrema en entidades federativas es de dos quintas partes; sin embargo, comparando dos estados con la misma población, alrededor de cinco millones de habitantes, en Nuevo León es de 14 por ciento y en Chiapas de 77 por ciento. Es más, según la misma Coneval, de 2014 a 2016, la pobreza se reduce en Nuevo León un 28 por ciento, esto es que 285 mil personas superaron la pobreza, mientras que en Chiapas la misma aumentó en 153 mil personas.

Adicionalmente, revisando la distribución de los recursos federalizados, las transferencias no condicionadas, esto es las participaciones que son recursos propios, y las transferencias condicionadas, como los recursos de salud, educación, combate a la pobreza y seguridad, en 2018 está programado que reciba más recursos por esta vía Chiapas que Nuevo León. Como las participaciones se distribuyen por población domiciliada, reciben más o menos lo mismo. En las transferencias condicionadas recibe más Chiapas que Nuevo León, la diferencia está en el gasto federalizado; sin embargo, no ha sido suficiente para remontar la pobreza extrema en ese estado del sureste; por un lado, porque no se ha revisado con claridad el destino de los recursos condicionados, y, por el otro, por el elevado grado de abuso local en el ejercicio del gasto público, tanto estatal, como federal. Lo mismo pasaría si comparamos Oaxaca con Jalisco, etcétera.

Seguimos viendo la concentración, por ejemplo en el caso de la deuda pública, en la mitad de la deuda subnacional de cinco estados, con todos los vicios que se generan en aquellos que han abusado de este mecanismo de financiamiento alternativo o complementario, como han sido los casos evidentes de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y otros, que se han endeudado más para hacer negocios que infraestructura o desarrollo económico.

La vida tiene contrastes a lo largo de la historia, lo vemos en la literatura y en la realidad. No es posible que, entre los mexicanos, sólo por el hecho de nacer en uno u otro estado, algunos sean de primera o de segunda. La injusticia y la desigualdad han llegado a extremos inaceptables en un país como el nuestro. Combatir la pobreza y la corrupción son dos vías para superar la desigualdad y tener un mejor país.

David Colmenares Páramo


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Fiscalización de la reconstrucción

13 / Jul / 2018

Foto ASF-David ColLos desastres naturales, sean huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, son frecuentes en nuestro país. Somos en territorio el número 14 del mundo. Hay regiones donde son más recurrentes, sólo el año pasado tenemos el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, que de un serio problema de sequía, su presa más importante estaba casi vacía, llueve torrencialmente una semana y en pocos días la emergencia era que se desbordaría la presa. Y luego en septiembre vienen los sismos, dejando devastada la región. Por supuesto, mientras más pobreza exista, la infraestructura sea precaria y exista mucha, mucha corrupción, el impacto será mayor.

La reconstrucción cuesta mucho y son pocos los estados que cuentan con recursos para enfrentar su costo. Un ejemplo notable fue el de la CDMX, que tenía el año pasado un fondo con mayores recursos que los del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). La ciudad pudo hacerlo porque, desde el gobierno del presidente electo, recauda, aun con las limitaciones de la coordinación fiscal, más de la mitad de sus ingresos propios, frente a una dependencia mayor al 90 por ciento del resto de las entidades federativas.

Con todo lo útil del Fonden, éste está amarrado a una política de pari passus, muchas veces imposibles de cumplir, por lo que los estados con mayor recurrencia a los desastres y haciendas públicas limitadas han recurrido al endeudamiento de los bonos cupón cero de Banobras.

Adicionalmente, en 2017, Sedesol flexibiliza las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para que pueda ser utilizado en la reconstrucción, claro son recursos fiscalizables por la ASF.

Han sido muchos los actores, por lo que la sociedad civil y los propios afectados han denunciado el desvío de los recursos en niveles que parecen ser escandalosos, por parte de algunos de los responsables de las tareas de reconstrucción de los tres órdenes de gobierno.

Por ello, la Auditoría Superior ha decidido ampliar sus auditorías con una visión integral en la fiscalización de estos recursos y sobre el desempeño de las diferentes entidades y dependencias responsables de las acciones. La gran diversidad en el origen de los recursos, y su volumen, exige de una estrategia así. No ignorando, por supuesto, la realidad social del país.

El gran esfuerzo ciudadano, que se reflejó en el acopio y envío de materiales de consumo e incluso de construcción, debió entregarse efectivamente a los damnificados, sobre todo cuando se trata de los más pobres de los pobres, de los nueve estados afectados por los sismos.

Las erogaciones del Fonden ascendieron, en 2017, a 19 mil millones para la atención de daños ocasionados por los sismos de septiembre; se autorizaron a esos nueve estados 14 mil millones, lo cual incluye 7.5 mil millones para la reconstrucción y restitución física de bienes afectados.

Por ejemplo, se pondrá atención a la correcta entrega de recursos a damnificados, como la identificación de pagos duplicados.

Se requiere de esta visión integral, ya que son muchos los actores, así como las fuentes de recursos, de un proceso que sigue.

Temas como la entrega de apoyos a la población, mediante el censo de afectados que levantó la Sedatu; la correcta entrega de recursos a los damnificados, mediante identificación de pagos duplicados y cargos no reconocidos; los recursos que estas entidades atendieron en apego a los transitorios, y beneficios que se dieron en los fondos locales, etcétera.

Las revisiones incluirán a las instancias involucradas en regular, operar, vigilar, ejecutar y fiscalizar que los apoyos, así como la atención a los desastres por el sismo, hayan sido entregados conforme a la normativa aplicable y la política pública de atención de desastres.

David Rogelio Colmenares Páramo


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