Autonomía de auditorías estatales

21 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColEsta semana tuve oportunidad de compartir una reunión con el auditor superior de Veracruz, uno de los pocos que van a concluir su gestión, así como con el futuro auditor de Chihuahua, quien fue electo con la participación de una comisión ciudadana conformada por académicos, empresarios y especialistas, la cual se encargó de diseñar una herramienta de evaluación para los candidatos, aceptada por el Congreso local, lo cual puede marcar un hito virtuoso respecto a la selección de los titulares de los organismos de fiscalización superior de los congresos locales, cuya independencia de los poderes locales y su compromiso con la calidad del trabajo fiscalizador deben ser parte fundamental de su desempeño.

No es un tema nuevo hablar de la dependencia que han tenido muchas de las ASOFIS respecto a la influencia que tiene sobre ellos el poder político, sobre todo en el espacio local. Incluso en el caso de los delegados federales ha sido evidente como los gobernadores, excepciones honrosas las hay, por supuesto, determinan quienes han sido los delegados de las dependencias federales, que muchas veces han sido más operadores políticos, y el peso que tienen al proponer a los congresos locales la terna o al candidato para ser el titular del órgano fiscalizador.

También es reconocido que la mayoría de ellos no han terminado los siete años que deberían estar, ya que, con los cambios de gobierno estatal, son obligados a renunciar, y cuando se resisten se han dado muchas presiones para que lo hagan: les meten segundos mandos, los aprietan presupuestalmente e incluso han llegado a desaparecer la Auditoría Superior del estado, creando un órgano alterno con otro nombre.

Ese tipo de actuación ha sido multicolor, lo cual es un obstáculo para el fortalecimiento institucional y un buen resultado de las revisiones que realicen las auditorías superiores de los estados.

En principio deben de ser independientes de los gobiernos estatales, ya algunos lo son; sin embargo, aún faltan muchos para que cumplan adecuadamente con sus responsabilidades. Existen la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la ASOFIS, que preside el auditor superior de la Federación. Juntos participan con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que encabezados por la Secretaría de la Función Púbica conforman el Sistema Nacional de Fiscalización, una de las estructuras que forman el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se requiere, por tanto, que las ASOFIS tengan autonomía de gestión y autonomía presupuestal, que sean electos a partir de propuestas en que participen los ciudadanos e incluso la propia ASF, encontrando mecanismos que les den seguridad presupuestal.

Esta es una práctica recomendada por la OCDE y el INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, con 192 Auditorías Superiores de pleno derecho, de la que forma parte la ASF, la cual además preside las OLACEFS, a nivel latinoamericano. Esta última una organización autónoma, independiente y apolítica.

Para avanzar en el enfoque preventivo, es necesario que desde su selección se use la tecnología y la transparencia en el proceso de selección, y que los nuevos gobernadores y congresos locales comprendan la importancia de que a los auditores se les respete su independencia, y entonces sí a revisar y a prevenir.

La ASOFIS además de tener un esquema de reuniones regionales de manera periódica, son seis zonas, con tareas específicas, celebra reuniones ordinarias privadas de la comisión permanente, que por cierto próximamente celebrará una de ellas.

La coordinación intergubernamental es un instrumento fundamental del federalismo como forma de gobierno. Lo real es que somos un país federalista a medias con muchos espacios centralistas, tenemos que rescatar este concepto y fortalecerlo en todos los ámbitos de la política pública. La auditoría gubernamental es uno de los más importantes.

David Colmenares Páramo


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Nueva concepción de las auditorías estatales

08 / Dic / 2016

La presente es una coyuntura adecuada para refundar a la institución de la fiscalización superior en los estados

Cuando se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), se reconoció el papel preponderante de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en esta nueva política del Estado federal mexicano.

De manera implícita, se asumió que la auditoría gubernamental contribuye a los objetivos del Sistema en dos vertientes: la primera se refiere al valor de la información que se genera como resultado de la fiscalización practicada y que se plasma en los informes de auditoría, para la toma de decisiones de distintos grupos de interés, incluyendo, de manera principal, al Poder Legislativo y a los propios entes auditados; mientras que la segunda se orienta a la vinculación entre los hallazgos de auditoría y la aplicación de sanciones en los ámbitos administrativo y penal.

Este posicionamiento de la fiscalización no debe dejar a un lado al nivel estatal. Por ello, es indispensable que la legislación de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), esté alineada con el nuevo marco de atribuciones de la ASF. Esto nos lleva necesariamente al tema prioritario de la independencia y autonomía, así como al problema que representa la adecuación estructural y de capacidades de dichos órganos auditores.

Si bien en la normativa de muchos estados se hace mención a los principios que garantizan la confiabilidad de los resultados de las revisiones practicadas, a partir de la imparcialidad y juicio objetivo de las instituciones responsables de la vigilancia del uso de los recursos públicos, subsisten importantes brechas en cuanto a la verdadera capacidad de autogestión de las EFSL y su inmunidad a presiones externas.

Una parte importante del problema radica en la poca valoración que, en ocasiones, se hace de la labor auditora. Los vaivenes en la política estatal afectan la continuidad de un trabajo que requiere ser percibido como completamente separado del gobierno en turno. No se reconoce la importancia que, inclusive, tiene una fiscalización superior efectiva para propiciar la mejora de la gestión gubernamental en la esfera estatal. Por consiguiente, no entra dentro de la concepción ciudadana que la auditoría gubernamental busca la defensa del interés general y el mejoramiento de la operación de las dependencias del Estado.

La presente es una coyuntura adecuada para superar estas situaciones y refundar a la institución de la fiscalización superior en el contexto de la administración estatal. El papel que deberán desempeñar en materia anticorrupción depende fundamentalmente de que la sociedad civil las asuma como entes confiables, técnicamente capacitados y cuya información contribuya sustancialmente a abatir la comisión de irregularidades y propicie un ambiente de control que desincentive actos ilegales. Dada la condición actual de algunas EFSL, esta identificación no puede darse.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha dado a la fiscalización superior un rol de gran importancia para la consecución de sus metas; esto conlleva una inversión sostenida, tanto desde el punto de vista financiero, como de la creación de capacidades de los funcionarios encargados de dichas responsabilidades. Esto debe ser reconocido por todos los sectores involucrados —incluyendo a las Legislaturas locales— como una obligación que hay que cumplir a la brevedad.

En este orden de ideas, se inserta la firma de un convenio entre la ASF y las EFSL, a llevarse a cabo el próximo 19 de diciembre, en el contexto de la nueva ley que regula la actuación del órgano de auditoría federal, con el objeto de definir con precisión cómo se llevará a cabo la fiscalización de las participaciones federales, así como los criterios de coordinación entre estas instituciones. Este evento debería convertirse en una especie de acto fundacional de la nueva realidad de la fiscalización en las entidades federativas.

Auditor Superior de la Federación


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Debate anticorrupción: impasse propicio para la reflexión

26 / May / 2016

Al cerrarse el periodo regular de debates en la Cámara de Senadores, se abrió un paréntesis en la definición de la legislación secundaria para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Dada la importancia que tienen los instrumentos jurídicos que forman parte de este paquete legislativo y su impacto en la administración pública de México, es conveniente aprovechar estos momentos para hacer un balance de lo avanzado hasta ahora, así como los temas pendientes para alcanzar un acuerdo satisfactorio.

Adicionalmente, se impone ponderar debidamente las consecuencias que pueden desprenderse de la inclusión de nuevos conceptos, atribuciones y modificaciones a los mandatos de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la vigilancia del buen uso de los recursos públicos, y el paso, a veces complicado, de la teoría a la praxis.

El presente proceso de discusiones marca un hito en la historia legislativa del país, en tanto incorpora a organizaciones sociales en su dinámica; esta situación representa un cambio cualitativo pero, a su vez, genera retos inéditos ante los que se cuenta con una experiencia limitada. A lo anterior se suman las dificultades inherentes al tema en discusión —la prevención y el castigo de la corrupción en la gestión pública— y las percepciones y expectativas de amplios sectores de la ciudadanía, que desean ver vindicadas, en el más corto de los plazos, la frustración y la impaciencia derivadas de muchos años de padecer sus efectos.

Es aceptable un posicionamiento claro y definido por parte de los diferentes actores que intervienen en este proceso; es comprensible la existencia de disensos en cuanto a la concepción de las medidas a tomar o a los instrumentos para aplicarlas; es esperable la introducción de un matiz político y partidista en las discusiones. Sin embargo, ninguno de estos elementos debe privar por encima de consideraciones de orden mucho más práctico, o bien sobre una visión objetiva de las circunstancias y posibilidades reales de las estructuras existentes.

Un caso es la concepción de dotar a la Auditoría Superior de la Federación de facultades investigativas para involucrarse en la comisión de cualquier falta administrativa catalogada como grave, aún sin vinculación con el ejercicio del gasto. Es decir, transformarla en una especie de Ministerio Público en el ámbito administrativo. Es de agradecerse la fe que algunos actores sociales depositan en las capacidades de esta institución al desear dotarla de esta facultad; sin embargo, esta propuesta deja de lado sustanciales diferencias con esta tarea y aquellas relacionadas con la auditoría gubernamental, para la que nos hemos preparado a lo largo de los últimos quince años. Si tal es la voluntad del Legislativo, la ASF hará lo consiguiente para cumplir su mandato, pero no es la única involucrada.

En efecto, los cambios que se operen a nivel federal tendrán impacto en otras esferas, puesto que a nivel estatal y municipal deberán replicarse estas estructuras. Dados los límites existentes en materia de autonomía e independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Estatales, severos en algunos casos, se abre innecesariamente un riesgo de introducir distorsiones graves o externalidades negativas —como un uso partidista de dichas facultades a partir de la influencia de los Ejecutivos estatales sobre los órganos fiscalizadores— que ocasionarían problemas adicionales a los que se pretende resolver.

En este proceso una manifestación de prudencia sería cuestionar si el hecho de que una idea parezca atractiva a primera vista, para la mayoría equivale a que dicha concepción sea aplicable en la realidad. Hasta las mejores intenciones deben aplicarse en el plano de la realidad, y si desean convertirse en hechos concretos deben ajustarse a lo que existe, no a su nivel de popularidad.

Finalmente, considero que sería muy bien recibido por la opinión pública que, dentro del plazo estipulado, al menos se aprobara la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual parece contar con un consenso amplio en el Senado de la República.


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