Fiscalización de la reconstrucción

13 / Jul / 2018

Foto ASF-David ColLos desastres naturales, sean huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, son frecuentes en nuestro país. Somos en territorio el número 14 del mundo. Hay regiones donde son más recurrentes, sólo el año pasado tenemos el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, que de un serio problema de sequía, su presa más importante estaba casi vacía, llueve torrencialmente una semana y en pocos días la emergencia era que se desbordaría la presa. Y luego en septiembre vienen los sismos, dejando devastada la región. Por supuesto, mientras más pobreza exista, la infraestructura sea precaria y exista mucha, mucha corrupción, el impacto será mayor.

La reconstrucción cuesta mucho y son pocos los estados que cuentan con recursos para enfrentar su costo. Un ejemplo notable fue el de la CDMX, que tenía el año pasado un fondo con mayores recursos que los del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). La ciudad pudo hacerlo porque, desde el gobierno del presidente electo, recauda, aun con las limitaciones de la coordinación fiscal, más de la mitad de sus ingresos propios, frente a una dependencia mayor al 90 por ciento del resto de las entidades federativas.

Con todo lo útil del Fonden, éste está amarrado a una política de pari passus, muchas veces imposibles de cumplir, por lo que los estados con mayor recurrencia a los desastres y haciendas públicas limitadas han recurrido al endeudamiento de los bonos cupón cero de Banobras.

Adicionalmente, en 2017, Sedesol flexibiliza las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para que pueda ser utilizado en la reconstrucción, claro son recursos fiscalizables por la ASF.

Han sido muchos los actores, por lo que la sociedad civil y los propios afectados han denunciado el desvío de los recursos en niveles que parecen ser escandalosos, por parte de algunos de los responsables de las tareas de reconstrucción de los tres órdenes de gobierno.

Por ello, la Auditoría Superior ha decidido ampliar sus auditorías con una visión integral en la fiscalización de estos recursos y sobre el desempeño de las diferentes entidades y dependencias responsables de las acciones. La gran diversidad en el origen de los recursos, y su volumen, exige de una estrategia así. No ignorando, por supuesto, la realidad social del país.

El gran esfuerzo ciudadano, que se reflejó en el acopio y envío de materiales de consumo e incluso de construcción, debió entregarse efectivamente a los damnificados, sobre todo cuando se trata de los más pobres de los pobres, de los nueve estados afectados por los sismos.

Las erogaciones del Fonden ascendieron, en 2017, a 19 mil millones para la atención de daños ocasionados por los sismos de septiembre; se autorizaron a esos nueve estados 14 mil millones, lo cual incluye 7.5 mil millones para la reconstrucción y restitución física de bienes afectados.

Por ejemplo, se pondrá atención a la correcta entrega de recursos a damnificados, como la identificación de pagos duplicados.

Se requiere de esta visión integral, ya que son muchos los actores, así como las fuentes de recursos, de un proceso que sigue.

Temas como la entrega de apoyos a la población, mediante el censo de afectados que levantó la Sedatu; la correcta entrega de recursos a los damnificados, mediante identificación de pagos duplicados y cargos no reconocidos; los recursos que estas entidades atendieron en apego a los transitorios, y beneficios que se dieron en los fondos locales, etcétera.

Las revisiones incluirán a las instancias involucradas en regular, operar, vigilar, ejecutar y fiscalizar que los apoyos, así como la atención a los desastres por el sismo, hayan sido entregados conforme a la normativa aplicable y la política pública de atención de desastres.

David Rogelio Colmenares Páramo


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El Sistema Nacional de Fiscalización ante desastres

14 / Sep / 2017

La semana pasada se presentaron diversos fenómenos naturales que nos han hecho recordar el alto grado de exposición de nuestro país a una gran variedad de eventos geológicos e hidrometeorológicos que se pueden traducir en pérdidas económicas y humanas muy considerables. En esto, como en la totalidad de las actividades sociales, el riesgo puede ser minimizado en la medida en que existan mecanismos de prevención, preparación y atención de emergencias.

Es importante mencionar que la presencia de auditores gubernamentales donde se llevan a cabo las labores de rescate y auxilio a la población, podría entorpecer el buen desarrollo de las mismas; se requiere, por lo mismo, una actitud prudente y con sentido de oportunidad, ello en ningún modo se puede traducir en pasividad.

A primera vista, el papel de los entes fiscalizadores, en estos casos, se limitaría a la mera revisión del cumplimiento de las metas de protección civil, así como a la verificación de la gestión de los recursos en las etapas posteriores al siniestro, con el fin de cerciorarse que fueron utilizados bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

En este contexto, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), que es presidido de manera dual por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió, como parte de sus estatutos, la gestión de temas emergentes, entre los que se puede considerar la participación de la auditoría gubernamental en la fase preventiva, de atención y reconstrucción, relacionadas con un desastre natural.

Una práctica innovadora y con visión proactiva que la ASF propone desarrollar, junto con la SFP, es la implementación de un programa de creación de capacidades para los responsables de las acciones ulteriores a los eventos del huracán Katia y el sismo del 7 de septiembre de 2017.

En particular, se pretende promover capacitación expedita a los gobiernos estatales y municipales involucrados, con el fin de proporcionarles referencias técnicas y operativas concretas que, al ser implementadas, minimicen la posibilidad de desvíos, sobrecostos y asignación ineficiente de recursos, entre otras problemáticas potenciales.

Podemos destacar, por ejemplo, la definición y aplicación de tabuladores homogéneos de mano de obra; el establecimiento de procedimientos adecuados para la facturación de materiales; la necesidad de fijar especificaciones mínimas de calidad con sustento técnico; la estandarización de formas de pago de los trabajos a desarrollarse, así como las medidas pertinentes de control para el seguimiento y supervisión de las obras.

Eventos tan desafortunados como los que hoy ocupan el interés de la opinión pública han sido percibidos como espacios en los que, para mayor agravio de las víctimas, se pueden registrar manejos irregulares ante la ausencia de un ambiente de control que conlleve la detección de los mismos y, en su caso, la aplicación de medidas correctivas.

Estas situaciones no deben producirse, puesto que minan el esfuerzo auténtico que muchas organizaciones e instituciones públicas desean hacer para ayudar a quienes resultan damnificados. Por ello, la máxima transparencia en el manejo de recursos y el establecimiento de esquemas que permitan su mejor uso debe ser la norma para enfrentar este tipo de contingencias. El SNF debe constituirse en un foro que atienda esta temática.


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